TRABAJO
No. 1 CONSTRUYA UNA LINEA DE TIEMPO DONDE MUESTRE LA SITUACION DE EUROPA EN LOS
AÑOS 1800 a 1850 1860 a 1900 – o sea identifique cada uno de los hechos que tú
crees contribuyeron al origen de la gran guerra. En esa misma línea sitúe hechos históricos
que se desarrollaron en Colombia durante
los años 1850-1900 y que de una u otra forma
se relacionaron con estos acontecimientos de la vida en europea.
NOTA:
ESTE TRABAJO LO ENTREGAN EN FISICO EL 15 DE ABRIL. QUIEN LO RECOJERA SERA LA
ESTUDIANTE ANGY PAOLA HOYOS Y EL ESTUDIANTE JORGE RENDON.
DEBEN
TENER LOS BORRADORES DE ESTE TRABAJO POR LA SUSTENTACION UD. SABE QUE CADA
TRABAJO ES SUSTENTADO
1. Los
Antecedentes 1890-1914
El período que antecedió a la Gran Guerra, la conocida como “Belle Epoque”, se caracterizó en el terreno internacional por una creciente tensión entre las grandes
potencias.
La globalización económica y al auge del colonialismo incrementaron las
rivalidades. En ese contexto, una serie de crisis internacionales fueron
conformando dos alianzas enfrentadas. El asesinato del Archiduque austriaco
Francisco Fernando en Sarajevo en junio de 1914 fue el incidente que
desencadenó la primera guerra mundial.
El período que antecedió a la Gran Guerra, la conocida como “Belle Epoque”, se caracterizó en el terreno internacional por una creciente tensión entre las grandes
La nueva
política exterior alemana, la Weltpolitik, no explica por sí sola el
proceso que llevó a la Gran Guerra. Para comprender este camino es necesario
que reparemos en otras transformaciones de fondo que van alterar de manera
decisiva el mundo que transitaba del siglo XIX al XX.
1.1. Las transformaciones
del cambio de siglo y los conflictos entre las potencias.
El primer
cambio tiene lugar en el contexto de la globalización que estaba viviendo la
economía mundial. El ascenso de Estados Unidos y Japón, significó el paso de un
concierto europeo a un concierto mundial de potencias. Dos guerras en el
tránsito de siglo ejemplifican esta transformación: la guerra
hispano-norteamericana de 1898 y la guerra
ruso-japonesa de 1905.
El
segundo cambio vino propiciado por las transformaciones tecnológicas de la
segunda revolución industrial. El dominio de las nuevas tecnologías e
industrias provocó una nueva correlación de fuerzas entre las potencias. La
cada vez más poderosa Alemania comenzó a desafiar la hegemonía británica. Este
desafío se concretó en dos terrenos: la creciente competencia de la economía
germana y el acelerado rearmen naval alemán.
La
tercera transformación la encontramos en la expansión colonial europea de fines
del siglo XIX. La extensión de los imperios coloniales exacerbó la pugna por
territorios y mercados entre las potencias industriales europeas. La
competencia no solo se dio por razones económicas. A menudo cuestiones
políticas, geoestratégicas o de prestigio estuvieron detrás de los conflictos
coloniales.
La
expansión colonial tuvo importantes consecuencias:
La
tendencia de los imperios a crear economías cerradas imperiales propició una
feroz lucha por territorios. Posteriormente, cuando el reparto colonial hubo
concluido, las potencias se lanzaron a una guerra de aranceles. El
proteccionismo comercial fue otro elemento que enrareció las relaciones
internacionales.
En este
contexto, las rivalidades territoriales entre las potencias europeas se
agudizaron. Estos dos conflictos estuvieron en el origen de la primera guerra
mundial:
·
La
rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría por la hegemonía en los Balcanes
aumentó por la creciente debilidad turca y el nacionalismo eslavo alentado por
Rusia y dirigido contra los Habsburgo de Viena.
Un último
elemento que no debemos olvidar es la rivalidad psicológica entre los pueblos.
El nacionalismo fue sistemáticamente alentado por la prensa y por las campañas
de militares y grandes industriales y aceptado de forma entusiasta por partes
significativas de los pueblos. Los casos más evidentes se dieron en Francia,
Alemania y Gran Bretaña. El odio al vecino fue más la norma que la excepción.
1-CON BASE EN LA CONTITUCION POLITICA IDENTIFIQUE Y EXPLIQUE
CADA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, DANDO SU RESPECTIVA EXPLICACION DE CADA UNO Y UN EJEMPLO DONDE SE PUEDA
APLICAR CADA MECANISMO
2-QUE ES LA DEMOCRACIA Y
DONDE SE ORIGINO (HAGA UN BREVE RESUMEN)
3-COLOMBIA ES UN PAIS
DEMOCRATICO SI O NO PORQUE?
4-QUE ES PARTICIPACION,
PORQUE ES IMPORTANTE LA PARTICIPACION CIUDADANA.
5-COMO PARTICIPA UD. EN LA
CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA.
6- LEA SOBRE LAS 19
PREGUNTAS ACERCA DEL PLEBISCITO POR LA PAZ RELACIONE LAS 5 ANTERIORES PREGUNTAS CON ESTAS 19 PREGUNTAS
Y DIGA CUAL ES LA RELACION, CUAL SU SIGNIFICADO, CUAL ES LA IMPORTANCIA PARA EL
PAIS.
7-EN QUE CONSISTE ENTONCES
EL PLEBISCITO POR LA PAZ ¿ -HAGA UN COMENTARIO PERSONAL.
NOTA.: ESTE TRABAJO
DEBE ESTAR LISTO PARA SUSTENTAR
EL 22 DE ABRIL, DEBE REALIZARSE
EN EL RESPECTIVO CUADERNO DE APUNTES.
19 preguntas claves para
entender el plebiscito por la paz
El Ministerio del Interior presentó este lunes una explicación detallada
de algunas inquietudes que pueden surgir con el plebiscito por la paz, aprobado en
el Congreso de la República.
- ¿Es necesario refrendar los acuerdos de paz que realicen los gobiernos
con los grupos armados al margen de la ley?
No. Sin embargo, la refrendación ciudadana es una promesa del presidente Juan Manuel Santos con el pueblo colombiano, para así garantizar que los ciudadanos seremos los que tendremos la última palabra de lo acordado entre los negociadores delegados por el Gobierno y por el grupo guerrillero. Este será, el primer proceso de negociación en la historia del país que se llevará a las urnas para que tenga la validación popular.
No. Sin embargo, la refrendación ciudadana es una promesa del presidente Juan Manuel Santos con el pueblo colombiano, para así garantizar que los ciudadanos seremos los que tendremos la última palabra de lo acordado entre los negociadores delegados por el Gobierno y por el grupo guerrillero. Este será, el primer proceso de negociación en la historia del país que se llevará a las urnas para que tenga la validación popular.
- ¿Por qué se escoge la figura del plebiscito para la refrendación de
los acuerdos?
Porque el plebiscito es el mecanismo que la Constitución ordena para poner en consideración de los ciudadanos decisiones de carácter político, como en este caso la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Porque el plebiscito es el mecanismo que la Constitución ordena para poner en consideración de los ciudadanos decisiones de carácter político, como en este caso la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
- ¿Qué pretende el proyecto de ley estatutaria del plebiscito para la
paz?
Establecer las reglas que regirán el mecanismo de participación ciudadana para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto.
Establecer las reglas que regirán el mecanismo de participación ciudadana para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto.
- ¿Cuántas preguntas tendría el plebiscito?
El plebiscito que refrenda los acuerdos de paz tendrá sólo una pregunta en torno a la política del Gobierno para la culminación del conflicto armado, con dos respuestas posibles: Sí o No.
El plebiscito que refrenda los acuerdos de paz tendrá sólo una pregunta en torno a la política del Gobierno para la culminación del conflicto armado, con dos respuestas posibles: Sí o No.
Sin embargo, es
importante aclarar que al menos con 30 días de anterioridad se deberá adelantar
una campaña abierta de difusión masiva que de a conocer a todos los colombianos
la totalidad del contenido del acuerdo final.
- ¿Quién redacta la pregunta del plebiscito por la paz?
El presidente, con la firma de sus ministros, mediante un decreto que expedirá en su debida oportunidad, señalará la fecha y el contenido de la pregunta del plebiscito por la paz.
El presidente, con la firma de sus ministros, mediante un decreto que expedirá en su debida oportunidad, señalará la fecha y el contenido de la pregunta del plebiscito por la paz.
- ¿Cómo se convocaría este plebiscito para refrendar los acuerdos?
El presidente de la República deberá informar al Congreso su intención de convocar a este plebiscito y la fecha en que se llevará a cabo la votación.
El presidente de la República deberá informar al Congreso su intención de convocar a este plebiscito y la fecha en que se llevará a cabo la votación.
El Congreso tendrá
un mes para pronunciarse sobre esta convocatoria. Si no lo hace, el presidente
podrá convocar directamente al plebiscito en una fecha no superior a los 4
meses siguientes.
- ¿Para qué fecha el presidente convocará el plebiscito por la paz?
No existe una fecha dictaminada en el proyecto de ley, pero en todo caso la convocatoria será posterior a la firma del acuerdo final y máximo cuatro meses después que el presidente informe al Congreso la intención de convocarlo.
No existe una fecha dictaminada en el proyecto de ley, pero en todo caso la convocatoria será posterior a la firma del acuerdo final y máximo cuatro meses después que el presidente informe al Congreso la intención de convocarlo.
- ¿Cuántos votos serían necesarios para avalar los resultados del
plebiscito?
Para que el resultado mayoritario sea válido, deberá tener, como mínimo, 4'396.625 votos por el Sí.
Para que el resultado mayoritario sea válido, deberá tener, como mínimo, 4'396.625 votos por el Sí.
En caso de que el
No supere el Sí o este último presente un resultado inferior a 4'396.625 se
entenderá negada la refrendación de los acuerdos por parte de los colombianos.
- ¿Quiénes pueden votar el plebiscito?
Todos los ciudadanos en ejercicio inscritos en el censo electoral.
Todos los ciudadanos en ejercicio inscritos en el censo electoral.
- ¿Quiénes componen el censo electoral?
Todas aquellas personas que hayan registrado su cédula para cualquier elección, quienes hayan expedido su cédula por primera vez hasta cuatro meses antes de la respectiva elección.
Todas aquellas personas que hayan registrado su cédula para cualquier elección, quienes hayan expedido su cédula por primera vez hasta cuatro meses antes de la respectiva elección.
Se excluyen los
miembros activos de las Fuerzas Militares, de los ciudadanos condenados a pena
privativa de la libertad y pérdida de derechos políticos.
- Soy colombiano residente en el exterior, ¿puedo participar en el
plebiscito?
Sí, para ello se habilitarán oportunamente los servicios electorales de los consulados.
Sí, para ello se habilitarán oportunamente los servicios electorales de los consulados.
- ¿Qué validez tendrán los resultados de este plebiscito?
Los resultados de la votación, que se acojan a las pautas del umbral de mayorías (4'396.625 votos, ya sea por el Sí o por el No) tendrán carácter vinculante para el desarrollo constitucional y legal de los acuerdos, respetando el marco jurídico y las competencias de cada institución que se vea comprometida en su implementación.
Los resultados de la votación, que se acojan a las pautas del umbral de mayorías (4'396.625 votos, ya sea por el Sí o por el No) tendrán carácter vinculante para el desarrollo constitucional y legal de los acuerdos, respetando el marco jurídico y las competencias de cada institución que se vea comprometida en su implementación.
- ¿Qué garantías habrá para hacer campaña proselitista antes de la
votación del plebiscito?
Por lo menos 30 días antes de que los colombianos vayan a las urnas para votar el plebiscito, el Gobierno deberá divulgar la totalidad de los acuerdos por todos los medios masivos de comunicación, incluyendo prensa escrita, radio nacional y comunitaria, canales de televisión pública y privada, páginas web y redes sociales virtuales, con el fin de que los colombianos conozcan el contenido de lo acordado y sus alcances, para tomar una decisión informada al momento de sufragar.
Por lo menos 30 días antes de que los colombianos vayan a las urnas para votar el plebiscito, el Gobierno deberá divulgar la totalidad de los acuerdos por todos los medios masivos de comunicación, incluyendo prensa escrita, radio nacional y comunitaria, canales de televisión pública y privada, páginas web y redes sociales virtuales, con el fin de que los colombianos conozcan el contenido de lo acordado y sus alcances, para tomar una decisión informada al momento de sufragar.
De la misma manera,
los organismos del Estado y la Organización Electoral deberán disponer todas
las condiciones que garanticen efectivamente el cumplimiento de los principios
de la administración pública y la participación en condiciones de igualdad,
equidad, proporcionalidad e imparcialidad, de la campaña por el Sí o por el No.
- ¿Desde cuándo se podrá hacer campaña por el plebiscito?
Desde la fecha en que el presidente convoque mediante decreto señalando cuándo se realizará la votación, hasta el día anterior a dicha jornada.
Desde la fecha en que el presidente convoque mediante decreto señalando cuándo se realizará la votación, hasta el día anterior a dicha jornada.
Se podrán
desarrollar campañas por el Sí, por el No o por la abstención.
- ¿Quiénes pueden hacer campaña del Sí, el No y la abstención?
El Gobierno, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor, en contra o por la abstención deberán notificar su intención ante el consejo Nacional Electoral en un término no superior a 15 días contados a partir de la fecha en que se publique el decreto de convocatoria del plebiscito.
El Gobierno, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor, en contra o por la abstención deberán notificar su intención ante el consejo Nacional Electoral en un término no superior a 15 días contados a partir de la fecha en que se publique el decreto de convocatoria del plebiscito.
- ¿Cuáles serán las garantías para el acceso a medios de comunicación de
las campañas del Sí, el No y la abstención?
La organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública y la participación en condiciones de igualdad, equidad, proporcionalidad e imparcialidad, de la campaña por el Sí o por el No, para lo cual regulará el acceso a los medios de comunicación y demás disposiciones necesarias.
La organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública y la participación en condiciones de igualdad, equidad, proporcionalidad e imparcialidad, de la campaña por el Sí o por el No, para lo cual regulará el acceso a los medios de comunicación y demás disposiciones necesarias.
- ¿Cómo se financiarán las campañas?
El Consejo Nacional Electoral fijará la suma máxima de dinero que se podrá destinar al desarrollo de una campaña por el Sí, por el No o por la abstención y la suma máxima de los aportes de cada ciudadano u organización, estableciendo condiciones de equidad y transparencia.
El Consejo Nacional Electoral fijará la suma máxima de dinero que se podrá destinar al desarrollo de una campaña por el Sí, por el No o por la abstención y la suma máxima de los aportes de cada ciudadano u organización, estableciendo condiciones de equidad y transparencia.
Las campañas podrán
percibir ingresos por créditos, recaudos de recursos, contribuciones y
donaciones que podrán provenir de personas naturales y jurídicas siempre que
cada aporte, crédito, contribución o donación, no exceda el 10% de total
autorizado por el Consejo Nacional Electoral para cada campaña.
- ¿Cómo podré conocer el contenido del acuerdo final?
La ley dispone que el Gobierno Nacional, con por lo menos 30 días de anticipación, publicará y divulgará todo el contenido del acuerdo final para lo cual utilizará los sitios web de las entidades públicas del Ejecutivo, las redes sociales de las entidades públicas de la rama ejecutiva, periodos de amplio tiraje nacional, servicios de radiodifusión sonora comercial nacional y comunitaria, canales de televisión pública y privada y mediante el portal urna de cristal.
La ley dispone que el Gobierno Nacional, con por lo menos 30 días de anticipación, publicará y divulgará todo el contenido del acuerdo final para lo cual utilizará los sitios web de las entidades públicas del Ejecutivo, las redes sociales de las entidades públicas de la rama ejecutiva, periodos de amplio tiraje nacional, servicios de radiodifusión sonora comercial nacional y comunitaria, canales de televisión pública y privada y mediante el portal urna de cristal.
- Vivo en el campo, ¿cómo puedo enterarme de los acuerdos?
El proyecto de ley estatutaria del plebiscito por la paz señala la obligación del Estado de adelantar la publicación y divulgación del contenido del acuerdo final a través de sus entidades descentralizadas y a través de los mecanismos anteriormente descritos.
El proyecto de ley estatutaria del plebiscito por la paz señala la obligación del Estado de adelantar la publicación y divulgación del contenido del acuerdo final a través de sus entidades descentralizadas y a través de los mecanismos anteriormente descritos.
El Gobierno
nacional adelantará una campaña de divulgación masiva enfocada especialmente en
las zonas rurales, para lo cual utilizará las emisoras comunitarias, medios de
comunicación regional y todos los instrumentos para asegurar que todos los
ciudadanos del campo puedan conocer los textos completos del acuerdo final.
DEBERAS HACER UN ENSAYO QUE RECOJA LAS
CARACTERISTICAS SOCIALES ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA HISTORIA DE COLOMBIA EN
ESTOS CINCUENTA AÑOS, DEBERAS ENVIARLO A MI CORREO marizancen22@gmail.com, debes
identificar bien con subtitulo las características sociales, aparte las económicas y aparte las
políticas- es decir separadas por subtítulos y bien claras, como el tema es un
poco largo este ensayo debe contener
unas tres páginas aprox.
Fecha límite
de envío de 29 de abril a las 12M.
Colombia
años 1800 a 1850.
La Lenta
Ruptura con el Pasado Colonial (1810-1850)
El desarrollo económico de
Colombia después de 1810 osciló entre dos modelos: el que luchaba por
reconstruir los fundamentos coloniales de la economía nacional y el que
aspiraba a una ruptura con múltiples trabas que se oponían al desarrollo
moderno. El segundo, que habría de triunfar hacia 1850, oponía al
proteccionismo el libre cambio, a la intervención del Estado en el ordenamiento
de la economía la defensa de la empresa privada, y a los esfuerzos de
industrialización y protección de los productos nacionales la teoría de que la
agricultura y la minería para exportación deberían ser los ejes del desarrollo
nacional.
Los años que siguieron a 1820 mostraron los esfuerzos por reorientar la economía hacia uno u otro modelo. Los gobiernos posteriores a 1830 lograron sostener el patrón de desarrollo sobre parámetros de origen colonial. Sin embargo, a partir del primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849) se dieron los primeros pasos tendientes a reorientar la economía colombiana sobre fundamentos liberales. Este movimiento tomó pleno vuelo durante la administración de José Hilario López (1849-1853), en medio de un conflicto social creciente, por la movilización liberal de los sectores populares y la insurrección conservadora de 1851.
Los años que siguieron a 1820 mostraron los esfuerzos por reorientar la economía hacia uno u otro modelo. Los gobiernos posteriores a 1830 lograron sostener el patrón de desarrollo sobre parámetros de origen colonial. Sin embargo, a partir del primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849) se dieron los primeros pasos tendientes a reorientar la economía colombiana sobre fundamentos liberales. Este movimiento tomó pleno vuelo durante la administración de José Hilario López (1849-1853), en medio de un conflicto social creciente, por la movilización liberal de los sectores populares y la insurrección conservadora de 1851.
LA POBLACIÓN
Hasta 1810 la población de la
actual Colombia había sido estratificada por castas: negros, indios, libres de
todos los colores y blancos. Entre los blancos y los mestizos, grupos
dominantes de la sociedad colonial, existían matices que hacían muy difícil
homogeneizar sus intereses. Sin embargo, el desarrollo político de finales del
siglo XVIII los había llevado a establecer sistemas de alianzas, allí donde era
más importante su unión en torno a la ideología de “lo criollo” que una tajante
diferenciación de origen socioeconómico.
La independencia reforzó estos
sentimientos de cohesión y una de las primeras decisiones del Estado
republicano fue la supresión de las castas, quedando únicamente libres y
esclavos como categorías sociales básicas. Además, ya entrado el siglo, hubo un
mayor interés por conocer, no tanto los aspectos raciales de la sociedad, sino
aquellos que tenían que ver con su edad, estado civil y ocupación. Hasta 1850,
los negros esclavos fueron los únicos que continuaron siendo discriminados
formalmente, aunque en la práctica los indios también lo fueron.
La población había venido creciendo durante los cien años anteriores a 1810 a tasas que no iban más allá del 1% para el territorio colombiano en su conjunto. No obstante, a comienzos del siglo XIX se hablaba de una superpoblación, y la miseria abrumadora creaba inquietud en los aparatos políticos del Estado. En la primera mitad del siglo XIX se realizaron cuatro censos generales, en 1825, 1835, 1843 y 1851, que muestran importantes cambios demográficos tanto en el plano de la distribución geográfica como en el volumen de la población (véase el cuadro 3.1).
La población había venido creciendo durante los cien años anteriores a 1810 a tasas que no iban más allá del 1% para el territorio colombiano en su conjunto. No obstante, a comienzos del siglo XIX se hablaba de una superpoblación, y la miseria abrumadora creaba inquietud en los aparatos políticos del Estado. En la primera mitad del siglo XIX se realizaron cuatro censos generales, en 1825, 1835, 1843 y 1851, que muestran importantes cambios demográficos tanto en el plano de la distribución geográfica como en el volumen de la población (véase el cuadro 3.1).
CUADRO 3.1
EVOLUCION DE LA POBLACION COLOMBIANA
1778-1851
|
Porcentajes
|
|||||||
|
Deptos.
|
1778
|
1825
|
1835
|
1843
|
1851
|
1778
|
1851
|
|
Boyacá
|
289.824
|
409.969
|
550.472
|
638.142
|
739.839
|
37%
|
35%
|
|
Cauca
|
116.651
|
149.778
|
210.359
|
268.607
|
323.574
|
15
|
15
|
|
Mag/lena
|
169.221
|
117.983
|
239.269
|
254.119
|
273.371
|
22
|
13
|
|
Cund/marca
|
211.287
|
391.444
|
570.759
|
651.714
|
768.847
|
27
|
37
|
|
Totales
|
786.983
|
1.129.174
|
1.570.859
|
1.812.582
|
2.105.622
|
100
|
100
|
FUENTES: El presente cuadro se
ha levantado siguiendo la división territorial establecida por la Ley 25 de
junio de 1824 que creó para la actual Colombia 4 departamentos y 15 provincias
así: Depto. de Boyacá, constituido por las provincias de Tunja, Pamplona,
Socorro y Casanare; Depto. del Cauca, por las provincias de Popayán, Pasto,
Chocó y Buenaventura; Depto. del Magdalena, por las provincias de Cartagena,
Santa Marta y Riohacha, y Depto. de Cundinamarca, por las provincias de Bogotá,
Antioquia, Neiva y Mariquita. El censo de 1778 se hizo siguiendo un resumen
general realizado por el autor, que corrige muchos errores sobre los datos
hasta ahora conocidos. Para 1825, 35, 43 y 51, cf. A.H.N., Resúmenes Censos
Población 1825, 35, 43, 51 y Miguel Urrutia y Mario Arrubla (eds.), Compendio
de Estadísticas Históricas de Colombia, U. Nal., Bogotá, 1970, pp. 9-30. En
términos de población, las guerras de Independencia (1810-1820) y de los
Supremos (1839-42) no afectaron aparentemente la tendencia general del crecimiento
demográfico. Los efectos de los conflictos armados deben buscarse, más bien, en
las movilizaciones, reclutamientos y desarraigos que creaban en las localidades
y regiones un gran desorden coyuntural, haciendo que la estructura de la
distribución de la masa global de la población se viera afectada. Cuando los
conflictos no eran generalizados, sus secuelas podían dispersarse a nivel
nacional, pero el impacto local era significativo y se reflejaba en la merma de
la población en la zona afectada, mientras que se recuperaba en otras regiones.
Las guerras, como fenómeno demográfico, no causaban solamente perjuicios físicos que dejaron un rastro de crímenes, vagancia, ruina y bandidaje. Muchas gentes huían y otras se escondían o migraban, contribuyendo a deformar los cálculos y a redistribuir los espacios habitados. En primer lugar, las levas arrancaban fuerza de trabajo de las zonas agrícolas y mineras, impidiendo el normal proceso productivo. Los reclutamientos forzosos llegaron a ser tan desastrosos e inútiles para la población que los peones, indios y aun esclavos terminaban por ocultarse cuando el rumor de que el censo o recuento estaba ligado a una posible movilización. A su vez, los ejércitos en campaña actuaban contra la población civil, que huía de sus centros de habitación e iba a buscar refugio a zonas de paz o de defensa. Los ciudadanos urbanos se marchaban a otros pueblos y los trabajadores rurales monte adentro, donde no fuera posible sufrir los efectos de la devastación. Son conocidos los desarraigos ocurridos en Cúcuta con motivo de la campaña de los españoles contra Bolívar, los atentados contra la población civil durante la reconquista (1815-16) y los ocultamientos de la gente, en 1843, cuando se levantó el censo de la Nueva Granada.
El segundo hecho notable del poblamiento en la primera mitad del siglo XIX fue el desplazamiento de los polos de desarrollo colonial hacia centros más dinámicos. Entre 1778, fecha en que se elaboró, por su cobertura, el censo de la población más importante del período colonial y 1851, la actual República de Colombia tuvo importantes cambios en sus jurisdicciones administrativas, que hacen difícil seguir con cuidado las modificaciones operadas en la estructura de la población. En términos generales, y a pesar de los conflictos, las cifras muestran una tendencia al crecimiento, que se explica no sólo por el mejoramiento de los sistemas de vida, sino por la incorporación de regiones antes aisladas y, obviamente, por los mecanismos de control y cuidado en la elaboración de los padrones.
De tales fenómenos podemos deducir que en las últimas décadas del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX hubo cambios muy importantes en la distribución regional de la población. Tal como se observa en el cuadro 3.1, el departamento de Cundinamarca que, de acuerdo con la Ley 25 de 1824, agrupaba a las provincias de Bogotá, Neiva, Mariquita y Antioquia, pasó de 27 a 37% del total de la población colombiana, mientras que el del Magdalena, que cobijaba las provincias de Riohacha, Santa Marta y Cartagena, pasó de un 22 a un 13%. Los otros dos departamentos, Boyacá y Cauca, mantuvieron una proporción estable de la población. La región del Caribe fue la única que no pudo duplicar su población en el curso de 70 años, lo que supone un crecimiento anual inferior al 1%. En general, se observa un proceso de concentración de la población en las regiones centrales de Colombia y una estabilización en el suroccidente y el oriente del país. El fenómeno estuvo ligado a la función que estas regiones jugaron en la lucha política y militar y en la vida económica en los años posteriores a 1810.
Las guerras, como fenómeno demográfico, no causaban solamente perjuicios físicos que dejaron un rastro de crímenes, vagancia, ruina y bandidaje. Muchas gentes huían y otras se escondían o migraban, contribuyendo a deformar los cálculos y a redistribuir los espacios habitados. En primer lugar, las levas arrancaban fuerza de trabajo de las zonas agrícolas y mineras, impidiendo el normal proceso productivo. Los reclutamientos forzosos llegaron a ser tan desastrosos e inútiles para la población que los peones, indios y aun esclavos terminaban por ocultarse cuando el rumor de que el censo o recuento estaba ligado a una posible movilización. A su vez, los ejércitos en campaña actuaban contra la población civil, que huía de sus centros de habitación e iba a buscar refugio a zonas de paz o de defensa. Los ciudadanos urbanos se marchaban a otros pueblos y los trabajadores rurales monte adentro, donde no fuera posible sufrir los efectos de la devastación. Son conocidos los desarraigos ocurridos en Cúcuta con motivo de la campaña de los españoles contra Bolívar, los atentados contra la población civil durante la reconquista (1815-16) y los ocultamientos de la gente, en 1843, cuando se levantó el censo de la Nueva Granada.
El segundo hecho notable del poblamiento en la primera mitad del siglo XIX fue el desplazamiento de los polos de desarrollo colonial hacia centros más dinámicos. Entre 1778, fecha en que se elaboró, por su cobertura, el censo de la población más importante del período colonial y 1851, la actual República de Colombia tuvo importantes cambios en sus jurisdicciones administrativas, que hacen difícil seguir con cuidado las modificaciones operadas en la estructura de la población. En términos generales, y a pesar de los conflictos, las cifras muestran una tendencia al crecimiento, que se explica no sólo por el mejoramiento de los sistemas de vida, sino por la incorporación de regiones antes aisladas y, obviamente, por los mecanismos de control y cuidado en la elaboración de los padrones.
De tales fenómenos podemos deducir que en las últimas décadas del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX hubo cambios muy importantes en la distribución regional de la población. Tal como se observa en el cuadro 3.1, el departamento de Cundinamarca que, de acuerdo con la Ley 25 de 1824, agrupaba a las provincias de Bogotá, Neiva, Mariquita y Antioquia, pasó de 27 a 37% del total de la población colombiana, mientras que el del Magdalena, que cobijaba las provincias de Riohacha, Santa Marta y Cartagena, pasó de un 22 a un 13%. Los otros dos departamentos, Boyacá y Cauca, mantuvieron una proporción estable de la población. La región del Caribe fue la única que no pudo duplicar su población en el curso de 70 años, lo que supone un crecimiento anual inferior al 1%. En general, se observa un proceso de concentración de la población en las regiones centrales de Colombia y una estabilización en el suroccidente y el oriente del país. El fenómeno estuvo ligado a la función que estas regiones jugaron en la lucha política y militar y en la vida económica en los años posteriores a 1810.
LA AGRICULTURA
A fines del siglo XVIII la
agricultura colombiana había vivido un período de auge y expansión, gracias al
crecimiento de la demanda de los centros urbanos y mineros y de los mercados
intercoloniales por la vía del contrabando. Sin embargo, la expansión de otras
economías coloniales había generado competencias comerciales que hicieron
entrar en contradicción los intereses de los empresarios agrícolas con las
políticas del sistema colonial en su conjunto.
La ilusión de una independencia que habría de adecuar las quejas de estos empresarios a sus expectativas económicas fue un acicate que movilizó sus sentimientos de solidaridad con la causa republicana. Pero el proceso de independencia, que no pudo ser pacífico sino violento, dio al traste con muchos de los anhelos de los empresarios vinculados tanto a la agricultura y a la ganadería como a otras actividades de la economía neogranadina. La independencia, al convertirse en una guerra civil, luego en una guerra nacional contra la reconquista y, finalmente, en una guerra de liberación, arruinó vidas y bienes de importantes empresarios y sectores de la economía colonial durante los años que siguieron a 1810.
Después de 1819 comenzaron a hacerse esfuerzos de reconstrucción y conservación de las estructuras económicas vigentes, aunque las secuelas de la guerra impidieron que en la década del veinte hubiera una total readecuación de la economía. Fue sólo en la década del treinta cuando se reordenó la economía nacional y los viejos herederos del sistema de haciendas, propio del siglo XVIII, se lanzaron a una ofensiva de reconstrucción de los antiguos órdenes. Sin embargo, era muy difícil contener los avances dejados por veinte años de lucha, que habían logrado agrietar el orden colonial en el campo, crear nuevas relaciones de trabajo, buscar nuevas perspectivas de mercado y reorientar la economía agraria hacia aquellos productos que parecían ofrecer mejores perspectivas de desarrollo.
La ilusión de una independencia que habría de adecuar las quejas de estos empresarios a sus expectativas económicas fue un acicate que movilizó sus sentimientos de solidaridad con la causa republicana. Pero el proceso de independencia, que no pudo ser pacífico sino violento, dio al traste con muchos de los anhelos de los empresarios vinculados tanto a la agricultura y a la ganadería como a otras actividades de la economía neogranadina. La independencia, al convertirse en una guerra civil, luego en una guerra nacional contra la reconquista y, finalmente, en una guerra de liberación, arruinó vidas y bienes de importantes empresarios y sectores de la economía colonial durante los años que siguieron a 1810.
Después de 1819 comenzaron a hacerse esfuerzos de reconstrucción y conservación de las estructuras económicas vigentes, aunque las secuelas de la guerra impidieron que en la década del veinte hubiera una total readecuación de la economía. Fue sólo en la década del treinta cuando se reordenó la economía nacional y los viejos herederos del sistema de haciendas, propio del siglo XVIII, se lanzaron a una ofensiva de reconstrucción de los antiguos órdenes. Sin embargo, era muy difícil contener los avances dejados por veinte años de lucha, que habían logrado agrietar el orden colonial en el campo, crear nuevas relaciones de trabajo, buscar nuevas perspectivas de mercado y reorientar la economía agraria hacia aquellos productos que parecían ofrecer mejores perspectivas de desarrollo.
Hasta 1850 persistió el
carácter desigual de nuestro desarrollo agrícola-ganadero, sin que los primeros
intentos de desarrollo agrícola modernos hubieran podido romper la vigencia de
formas de explotación profundamente enraizadas en las estructuras regionales de
origen colonial. El tabaco, en el Tolima y el Valle, no fue capaz de sustituir
la vieja hacienda colonial, que luchó por preservar su unidad, por modernizarse
y por tecnificarse. Los sistemas de tenencia familiar se conservaron en muchas
regiones de Colombia y más bien se consolidaron con las políticas agrarias
posteriores a la Independencia. El esfuerzo por liberar mano de obra esclava e
india condujo a la consolidación de pequeños tenedores, como proyección del
espíritu de seguridad personal que había venido desarrollándose desde finales
del siglo XVIII.
1. Destrucción de la hacienda por la guerra
La Independencia, que asumió un carácter de guerra civil en los primeros años de su declaratoria, desató entre la sociedad instintos de revancha, defensa y venganza. Para lograr sus objetivos, los sectores dirigentes no vacilaron en invitar a las castas a solidarizarse con su causa, sin prever que éstas podrían ejercer su propio derecho a la retaliación, movidas por un mayor resentimiento, al haber sido víctimas, durante siglos, de maltratos, opresiones e injusticias. Así, la guerra fue envolviendo en su loca carrera a cuanto hombre, mujer y niño fue encontrando a su paso, que se afiliaron a banderas reivindicatorias tachonadas de promesas de igualdad, justicia y libertad.
Los negros esclavos, los indios, los mestizos y los libertos marcharon con los ejércitos en contienda o recibieron el apoyo para que pudieran levantar las banderas de la rebelión y la resistencia armada. Atendieron las voces que los llamaban a castigar por sus propios medios a los enemigos de turno y cuando se lanzaron a defender las causas en contienda, su grito libertario expresó el afán de libertad absoluta y la necesidad de cobrar con violencia las deudas de la injusticia institucionalizada. Así surgió el deseo de robar lo que siempre había parecido un sueño poseer: unas vacas, unos animales de carga, unos bienes. Este fue el patrimonio de esos años. Al saqueo personal se unía el saqueo oficial, es decir, aquel que practicaban los ejércitos para beneficio de sus causas.
Como la guerra no se decidía en las ciudades sino en los campos, las haciendas se convirtieron en un factor muy importante para el abasto de alimentos, reclutas y semovientes. Fue igualmente el cuartel y la base de la intendencia militar. Así, pues, debemos decir que la economía rural, en sus haciendas, en sus grandes y medianas propiedades, sufrió políticas de secuestro total, embargo de bienes y saqueo de ejércitos y organizaciones paramilitares.
En efecto, uno de los mecanismos más comunes empleados durante la guerra de Independencia fue el secuestro ordenado contra los enemigos de turno, tanto en las guerras civiles como en la operación de reconquista. En la guerra civil entre Cartagena y Santa Marta, como aquélla entre Santa Fe y Tunja, antes de 1815, los ejércitos en contienda practicaban los secuestros de los bienes de los españoles o de quienes emigraban temerosos de las posibles represalias. Esta migración, como el abandono de importantes haciendas y empresas económicas, fue lo que obligó a los comisionados políticos del gobierno general de las provincias unidas a nombrar, en 1814, al coronel José Acevedo y Gómez como subpresidente y jefe superior político de la Villa de Zipaquirá y Nemocón para que regulara el abasto de los pueblos y mantuviera el orden político y económico, con el fin de lograr que los bienes de los enemigos estuvieran a buen recaudo1. Era evidente que la guerra había creado una especie de pánico que llevó a muchos individuos a vender ganados, esclavos y semovientes antes que fuera tarde. Una buena administración de estas unidades de producción aseguraba, por lo menos, el sustento de los ejércitos en campaña y servía de base a la intendencia militar.
1. Destrucción de la hacienda por la guerra
La Independencia, que asumió un carácter de guerra civil en los primeros años de su declaratoria, desató entre la sociedad instintos de revancha, defensa y venganza. Para lograr sus objetivos, los sectores dirigentes no vacilaron en invitar a las castas a solidarizarse con su causa, sin prever que éstas podrían ejercer su propio derecho a la retaliación, movidas por un mayor resentimiento, al haber sido víctimas, durante siglos, de maltratos, opresiones e injusticias. Así, la guerra fue envolviendo en su loca carrera a cuanto hombre, mujer y niño fue encontrando a su paso, que se afiliaron a banderas reivindicatorias tachonadas de promesas de igualdad, justicia y libertad.
Los negros esclavos, los indios, los mestizos y los libertos marcharon con los ejércitos en contienda o recibieron el apoyo para que pudieran levantar las banderas de la rebelión y la resistencia armada. Atendieron las voces que los llamaban a castigar por sus propios medios a los enemigos de turno y cuando se lanzaron a defender las causas en contienda, su grito libertario expresó el afán de libertad absoluta y la necesidad de cobrar con violencia las deudas de la injusticia institucionalizada. Así surgió el deseo de robar lo que siempre había parecido un sueño poseer: unas vacas, unos animales de carga, unos bienes. Este fue el patrimonio de esos años. Al saqueo personal se unía el saqueo oficial, es decir, aquel que practicaban los ejércitos para beneficio de sus causas.
Como la guerra no se decidía en las ciudades sino en los campos, las haciendas se convirtieron en un factor muy importante para el abasto de alimentos, reclutas y semovientes. Fue igualmente el cuartel y la base de la intendencia militar. Así, pues, debemos decir que la economía rural, en sus haciendas, en sus grandes y medianas propiedades, sufrió políticas de secuestro total, embargo de bienes y saqueo de ejércitos y organizaciones paramilitares.
En efecto, uno de los mecanismos más comunes empleados durante la guerra de Independencia fue el secuestro ordenado contra los enemigos de turno, tanto en las guerras civiles como en la operación de reconquista. En la guerra civil entre Cartagena y Santa Marta, como aquélla entre Santa Fe y Tunja, antes de 1815, los ejércitos en contienda practicaban los secuestros de los bienes de los españoles o de quienes emigraban temerosos de las posibles represalias. Esta migración, como el abandono de importantes haciendas y empresas económicas, fue lo que obligó a los comisionados políticos del gobierno general de las provincias unidas a nombrar, en 1814, al coronel José Acevedo y Gómez como subpresidente y jefe superior político de la Villa de Zipaquirá y Nemocón para que regulara el abasto de los pueblos y mantuviera el orden político y económico, con el fin de lograr que los bienes de los enemigos estuvieran a buen recaudo1. Era evidente que la guerra había creado una especie de pánico que llevó a muchos individuos a vender ganados, esclavos y semovientes antes que fuera tarde. Una buena administración de estas unidades de producción aseguraba, por lo menos, el sustento de los ejércitos en campaña y servía de base a la intendencia militar.
CUADRO 3.2
HACIENDAS EMBARGADAS DURANTE LA RECONQUISTA
(1815-16)
HACIENDAS EMBARGADAS DURANTE LA RECONQUISTA
(1815-16)
CUADRO 3.2
HACIENDAS EMBARGADAS DURANTE LA RECONQUISTA
(1815-16)
HACIENDAS EMBARGADAS DURANTE LA RECONQUISTA
(1815-16)
|
Propietario
|
Hacienda
|
Jurisdicción
|
Año
|
|
|
José
Nicolás de Rivas
|
La
Chamicera
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Domingo
Bastidas
|
La
Laguna
|
Usme
|
1816
|
|
|
|
Casablanca
|
Usme
|
1816
|
|
|
Josef
María López
|
Matarredonda
|
Neiva
|
1816
|
|
|
Francisco
López
|
Buenavista
|
Neiva
|
1816
|
|
|
Emigdio
José Troyano
|
Cayundá
|
Anolaima
|
1816
|
|
|
Camilo
Torres
|
Comerciante
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Agustín
del Valle
|
Comerciante
|
Barranquilla
|
1816
|
|
|
Bartolomé
Molinares
|
Comerciante
|
Barranquilla
|
1816
|
|
|
José G.
Gómez
|
Cura
|
Lorica
|
1815
|
|
|
José M.
Torres
|
Cura
|
S.
Nicolás
|
1815
|
|
|
Fco. de
la Cruz González
|
Hda.
Corito
|
Serrezuela
|
1816
|
|
|
Mariano
Grillo
|
Potr.
Garzón
|
Serrezuela
|
1816
|
|
|
Antonio
Rumbao
|
Minero
|
Zaragoza
|
1816
|
Gregorio
San Germán
|
|
Minero
|
|
Zaragoza
|
1816
|
|
|
Diego
Lobón
|
Minero
|
Zaragoza
|
1816
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Propietario
|
Hacienda
|
Jurisdicción
|
Año
|
|
|
Manuel
Cobo
|
Comerciante
|
Zaragoza
|
1816
|
|
|
Francisco
Pradilla
|
Hda. La
Peña
|
Suratá
|
1816
|
|
|
Ignacio
Amaya
|
Hacendado
|
Fontibón
|
1816
|
|
|
José
Acevedo
|
Hacendado
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
José
Madrid Domínguez R
|
Hacendado
|
Espinal
|
1816
|
|
|
Nicolás
Manuel Tanco
|
|
Honda
|
1816
|
|
|
José
María Castillo
|
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Manuel
García
|
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Estanislao
Gutiérrez
|
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Pantaleón
Gutiérrez
|
Techo -
La Herrera
|
Fontibón
|
1816
|
Serrezuela-Zanquino
|
|
Juan
Agustín Torres
|
Hda. El
Volcán
|
Faca-Anolaima
|
1816
|
|
|
Ignacio
Días
|
H. Mana
Blanca
|
Faca
|
1816
|
|
|
Luis
Dionisio Caycedo
|
H.
Saldaña y Contreras
|
La Mesa
|
1816
|
|
|
José
Sta. María
|
Hacienda
|
Fontibón
|
1816
|
|
|
Pedro
Groot
|
Bermeo
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Mariano
Grillo
|
Potr.
Garzón
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Francisco
Díaz
|
Las
Monjas
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Pedro
Felipe Valencia
|
|
Santa
Fe
|
1816
|
|
|
Francisco
García Hevia
|
Casas
|
Pamplona
|
1816
|
|
|
Joaquín
Sarmiento
|
Cura
(Hdas.)
|
Socorro
|
1816
|
|
|
Jorge
Tadeo Lozano
|
Chinauta
(Hda.)
|
Tibacuy
|
1816
|
|
|
Jorge
Tadeo Lozano
|
S.
Fortunato (Hda.)
|
Soacha
|
1816
|
|
FUENTE: A.H.N. (Bogotá),
Secuestros.
Sería interminable el volumen
de testimonios sobre extracción de ganados, esclavos, alimentos y, en fin,
cuanto pudiera ser utilizado por militares, saqueadores y herederos, dispuestos
a sobrevivir con cuanto pudieran subrepticiamente vender. La guerra no sólo se
limitó al saqueo de los factores productivos, sino que también preservó y
acrecentó los bienes de quienes fueron fieles a la causa.
Cuando Pablo Morillo invadió
la Nueva Granada recibió múltiples quejas de muchos españoles que habían sido
perseguidos por los patriotas antes de 1816. Sus bienes, secuestrados por los
gobiernos de la primera república (1810-1815), se les deberían restituir. Como
recompensa a sus sacrificios, Morillo dispuso que las tierras, bienes y
haciendas de los criollos derrotados les fueran entregadas para paliar sus
dificultades económicas (véase el cuadro 3.2). Otros españoles o criollos que
permanecieron neutrales durante los años de independencia, cuando notaron que
las tropas del rey avanzaban por los diferentes costados de nuestras
cordilleras, procedieron a entregar víveres y alimentos, contribuyendo a
solidificar la intendencia de los invasores, quienes luego les premiaron sus
servicios al rey. Los secuestros de bienes no fueron patrimonio de la
reconquista sino de la primera y aún de la segunda república, ya que después de
1819 muchos españoles y defensores de la causa real perdieron todo su
patrimonio, a más de que muchos de ellos, en la huida, fueron perseguidos por
ciudadanos corrientes que hacían cacerías de españoles para fusilarlos después
del triunfo de agosto de 1819. En 1819, muchas de las haciendas de los
españoles regresaron a manos de los patriotas, cerrándose el ciclo de revanchas
políticas que afectaron a un gran número de propietarios. La destrucción de las
haciendas conllevó una ruptura del sistema de créditos y abastos y de los
circuitos comerciales que tuvieron que buscar nuevas fuentes de vida.
2. La hacienda colonial en la primera mitad del siglo XIX
Es indudable que muchas haciendas entraron en decadencia, ya sea porque sus dueños tuvieron que dejar definitivamente el país o porque estaban ubicadas en aquellas regiones donde la guerra fue permanente. Otras lograron defenderse del conflicto o lo superaron manteniendo su vocación productiva hasta bien avanzado el siglo XIX. Así, algunas de las viejas familias coloniales se proyectaron sobre el siglo XIX como legítimos herederos de viejos sistemas de organización económica, mientras que otras tierras fueron adquiridas por modernos comerciantes deseosos de convertirlas en renovadas unidades de producción. Paralelamente, el Estado promovió la ocupación de tierras nuevas, aprovechando tierras públicas inexplotadas, medida que de todas formas pretendía resolver en forma marginal la demanda de los nuevos sectores de trabajadores liberados por la guerra.
Un caso que nos ayuda a ilustrar los esfuerzos de conservación, reordenación y readaptación de la hacienda colonial en la primera mitad del siglo XIX lo presenta la hacienda de Coconuco, que durante el siglo XVIII fue propiedad de la Compañía de Jesús y, después de 1767, pasó a manos de dos de las familias más ilustres de Popayán, los Arboleda y los Mosquera. Coconuco logró proyectarse hasta el siglo XX como una importante hacienda que fue capaz de adaptarse a las vicisitudes de los tiempos de agitación social y política que siguieron a 18202.
Como en otras haciendas de origen colonial, se introdujeron algunos cambios importantes en la producción y en los sistemas de trabajo. De un lado, el general Tomás Cipriano de Mosquera mostró un gran interés por la adquisición de semillas especializadas, tanto de trigo como de maíz. En sus instrucciones de 1842 decía: “Voy a remitir de Chile una cantidad de trigo para semilla siempre que calcule que puede estar en un potrero en Popayán y al efecto debe tenerse preparado un buen terreno. Si no llegare debe aprovecharse con otros trigos de los mejores de la hacienda”. La instrucción dada en 1842 por Mosquera refleja una gran preocupación por la organización productiva de la hacienda, no sólo en el aspecto de la agricultura sino de los ganados, especialmente en la preservación de las ovejas merinas y bogotanas.
Al mismo tiempo surgía también el problema de las relaciones con los indios y los esclavos convertidos ahora en terrajeros o peones. Se advertía que “los negros de Coconuco quizás será conveniente cambiarlos por otros dejando solamente a Miguel por viejo”. Igualmente se pedía que “los manumitidos que se quieran contratar los contratará particularmente en las minas y les dará algún aliciente por tener peones de mina en cambio de los esclavos cuando falten y de modo que queden utilidades”. Mientras Mosquera pensaba en la transición del esclavo al liberto, instruía con precisión a su administrador sobre las formas de pago dentro de la hacienda y sobre la política general que debería primar en la entrega de tierras en arrendamiento. Sobre los indios, a más de pedir que se les cancelaran las cuentas, establecía que: “Hay que cargar a los indios el arrendamiento de las tierras conforme al cobro, a saber: Por cada res dos reales al año. Por cada oveja un real y tres pesos por la casa y sementeras. A aquellos más pobres que siembran, peso menos.” Es decir, que los terrajes no sólo dependían del área cultivada por los indios sino del número de ganados que tuvieran en ellas. Aunque no conocemos detalles de esta relación contractual con los indígenas de la hacienda, es posible que muchas de las normas establecidas en los arrendamientos de los esclavos estuvieran también en vigencia para los indios. Lo cierto del caso es que era tradición de la hacienda, según se constata en la instrucción de Mosquera, en 1823, dar a los esclavos el día sábado “para que con él trabajen para vestirse y también el primer viernes cuando no haya ración de carne”. Esta costumbre de dejar los sábados y domingos a los esclavos era una tradición del siglo XVIII y fue común en las haciendas de los jesuitas. Con ello los esclavos generaban sus propios alientos y, de paso, contribuían a que el hacendado pudiera disminuir los costos de manutención. Dicha actitud, por tanto, no provenía sólo de la presión que la Iglesia podía ejercer sobre los amos para que sus esclavos santificaran domingos y días festivos, sino que respondía a fines propiamente económicos.
Frente a la irremediable liberación de los esclavos, las disposiciones que restringían las áreas de cultivo y los productos que se permitía cosechar fueron delimitados así por el mismo Mosquera en 1842: “Ningún esclavo puede sembrar trigo, ni hacer rocería en los montes de la hacienda que son todos los de Hispala, los del Rincón de Sachaquio, San Andrés y los montes de enfrente de la casa hasta el Sachaquio y los rastrojos del Vinagre y en el potrero de Usiquitra entre el Vinagre y Cauca y los rastrojos de Chiliglo, y la Agua Tibia y San Bartolo. Los esclavos deben solamente sembrar en Cauca desde el puente para arriba hasta los límites con los indios y luego desde el Tablo hasta la orilla del Cauca donde está la cerradura del potrero.” No había permiso para criar sino cinco cabezas de ganado por familia y estaba prohibido efectuar operaciones de compraventa sin conocimiento del administrador. ¿Cuáles eran las razones por las que los hacendados restringían la producción de alimentos básicos producidos por la hacienda? Parece ser que, en primer lugar, todos los arrendatarios debían producir alimentos complementarios al consumo interno de la hacienda y a los mercados locales para evitar fenómenos de competencia por parte de indios y negros. La hacienda imponía una especie de división forzosa del trabajo al obligar a los arrendatarios sembrar alimentos que a la hacienda no le interesaba producir. Por ejemplo, la hacienda restringía la producción de maíz y papa. Del maíz se podía cultivar sólo el indispensable para las raciones y para los animales y, de las papas, sólo las que a las criadas de la casa les fuera posible cosechar.
2. La hacienda colonial en la primera mitad del siglo XIX
Es indudable que muchas haciendas entraron en decadencia, ya sea porque sus dueños tuvieron que dejar definitivamente el país o porque estaban ubicadas en aquellas regiones donde la guerra fue permanente. Otras lograron defenderse del conflicto o lo superaron manteniendo su vocación productiva hasta bien avanzado el siglo XIX. Así, algunas de las viejas familias coloniales se proyectaron sobre el siglo XIX como legítimos herederos de viejos sistemas de organización económica, mientras que otras tierras fueron adquiridas por modernos comerciantes deseosos de convertirlas en renovadas unidades de producción. Paralelamente, el Estado promovió la ocupación de tierras nuevas, aprovechando tierras públicas inexplotadas, medida que de todas formas pretendía resolver en forma marginal la demanda de los nuevos sectores de trabajadores liberados por la guerra.
Un caso que nos ayuda a ilustrar los esfuerzos de conservación, reordenación y readaptación de la hacienda colonial en la primera mitad del siglo XIX lo presenta la hacienda de Coconuco, que durante el siglo XVIII fue propiedad de la Compañía de Jesús y, después de 1767, pasó a manos de dos de las familias más ilustres de Popayán, los Arboleda y los Mosquera. Coconuco logró proyectarse hasta el siglo XX como una importante hacienda que fue capaz de adaptarse a las vicisitudes de los tiempos de agitación social y política que siguieron a 18202.
Como en otras haciendas de origen colonial, se introdujeron algunos cambios importantes en la producción y en los sistemas de trabajo. De un lado, el general Tomás Cipriano de Mosquera mostró un gran interés por la adquisición de semillas especializadas, tanto de trigo como de maíz. En sus instrucciones de 1842 decía: “Voy a remitir de Chile una cantidad de trigo para semilla siempre que calcule que puede estar en un potrero en Popayán y al efecto debe tenerse preparado un buen terreno. Si no llegare debe aprovecharse con otros trigos de los mejores de la hacienda”. La instrucción dada en 1842 por Mosquera refleja una gran preocupación por la organización productiva de la hacienda, no sólo en el aspecto de la agricultura sino de los ganados, especialmente en la preservación de las ovejas merinas y bogotanas.
Al mismo tiempo surgía también el problema de las relaciones con los indios y los esclavos convertidos ahora en terrajeros o peones. Se advertía que “los negros de Coconuco quizás será conveniente cambiarlos por otros dejando solamente a Miguel por viejo”. Igualmente se pedía que “los manumitidos que se quieran contratar los contratará particularmente en las minas y les dará algún aliciente por tener peones de mina en cambio de los esclavos cuando falten y de modo que queden utilidades”. Mientras Mosquera pensaba en la transición del esclavo al liberto, instruía con precisión a su administrador sobre las formas de pago dentro de la hacienda y sobre la política general que debería primar en la entrega de tierras en arrendamiento. Sobre los indios, a más de pedir que se les cancelaran las cuentas, establecía que: “Hay que cargar a los indios el arrendamiento de las tierras conforme al cobro, a saber: Por cada res dos reales al año. Por cada oveja un real y tres pesos por la casa y sementeras. A aquellos más pobres que siembran, peso menos.” Es decir, que los terrajes no sólo dependían del área cultivada por los indios sino del número de ganados que tuvieran en ellas. Aunque no conocemos detalles de esta relación contractual con los indígenas de la hacienda, es posible que muchas de las normas establecidas en los arrendamientos de los esclavos estuvieran también en vigencia para los indios. Lo cierto del caso es que era tradición de la hacienda, según se constata en la instrucción de Mosquera, en 1823, dar a los esclavos el día sábado “para que con él trabajen para vestirse y también el primer viernes cuando no haya ración de carne”. Esta costumbre de dejar los sábados y domingos a los esclavos era una tradición del siglo XVIII y fue común en las haciendas de los jesuitas. Con ello los esclavos generaban sus propios alientos y, de paso, contribuían a que el hacendado pudiera disminuir los costos de manutención. Dicha actitud, por tanto, no provenía sólo de la presión que la Iglesia podía ejercer sobre los amos para que sus esclavos santificaran domingos y días festivos, sino que respondía a fines propiamente económicos.
Frente a la irremediable liberación de los esclavos, las disposiciones que restringían las áreas de cultivo y los productos que se permitía cosechar fueron delimitados así por el mismo Mosquera en 1842: “Ningún esclavo puede sembrar trigo, ni hacer rocería en los montes de la hacienda que son todos los de Hispala, los del Rincón de Sachaquio, San Andrés y los montes de enfrente de la casa hasta el Sachaquio y los rastrojos del Vinagre y en el potrero de Usiquitra entre el Vinagre y Cauca y los rastrojos de Chiliglo, y la Agua Tibia y San Bartolo. Los esclavos deben solamente sembrar en Cauca desde el puente para arriba hasta los límites con los indios y luego desde el Tablo hasta la orilla del Cauca donde está la cerradura del potrero.” No había permiso para criar sino cinco cabezas de ganado por familia y estaba prohibido efectuar operaciones de compraventa sin conocimiento del administrador. ¿Cuáles eran las razones por las que los hacendados restringían la producción de alimentos básicos producidos por la hacienda? Parece ser que, en primer lugar, todos los arrendatarios debían producir alimentos complementarios al consumo interno de la hacienda y a los mercados locales para evitar fenómenos de competencia por parte de indios y negros. La hacienda imponía una especie de división forzosa del trabajo al obligar a los arrendatarios sembrar alimentos que a la hacienda no le interesaba producir. Por ejemplo, la hacienda restringía la producción de maíz y papa. Del maíz se podía cultivar sólo el indispensable para las raciones y para los animales y, de las papas, sólo las que a las criadas de la casa les fuera posible cosechar.
Aunque representativo de los
intentos por adaptar la estructura de la hacienda colonial a las nuevas
condiciones creadas por la independencia, el caso de Coconuco no fue
ciertamente único. En el Tolima, la familia Barrios logró mantener la unidad de
su hacienda San Juan de la Vega incorporando nuevos pastos y técnicas y
luchando por definir los linderos3.
Aunque representativo de los
intentos por adaptar la estructura de la hacienda colonial a las nuevas
condiciones creadas por la independencia, el caso de Coconuco no fue
ciertamente único. En el Tolima, la familia Barrios logró mantener la unidad de
su hacienda San Juan de la Vega incorporando nuevos pastos y técnicas y
luchando por definir los linderos3. En algunas haciendas del Valle del Cauca
ocurrió un proceso similar, aunque las grandes propiedades sufrieron un proceso
de fragmentación generado por la herencia y por la necesidad de recursos
líquidos de los hacendados, en medio de una economía en estancamiento y de la
competencia creciente de propiedades medianas
4.
En otros casos, la transición al régimen republicano fue mucho más traumática. La historia de las haciendas de Santa Rosa del Arenal, San Bartolomé de Honda y Barrancas, en Mompox, que también fueron de la Compañía de Jesús y luego de la familia Mier y sus herederos, ilustran tal proceso. Tal vez el golpe más rudo sufrido por estas haciendas fue la actitud hostil de los esclavos después de la independencia. Como cerca de la mitad del valor de propiedades de este tipo estaba representado por esclavos, su rebelión constituía una pérdida irreparable. Los acreedores, preocupados por su decadencia, concurrían entonces a rematar lo que aún podían salvar de sus capitales5.
El último fenómeno fue mucho más común, ya que no se restringió únicamente a las haciendas esclavistas en decadencia. En efecto, había sido costumbre en la Colonia imponer capitales a censo sobre bienes rurales o urbanos. Esta imposición era de diferente naturaleza. Las grandes haciendas lo hicieron apelando a la fundación de obras pías o capellanías, reconociendo la renta del capital donado para tal fin. Otras propiedades medianas y pequeñas adquirieron capitales a censo (hipotecas) de la Iglesia, que garantizaron con sus propias tierras. En una economía en estancamiento y sujeta a periódicos conflictos armados, porciones crecientes de los productos líquidos de las haciendas debieron destinarse a dichos pagos. Muchos deudores tuvieron que entregar sus bienes a los prestamistas por la imposibilidad de atender las deudas correspondientes. La ruina condujo a los prestamistas a solicitar remates que acabaron por sumir en profundas crisis a muchas haciendas.
Irónicamente, la ruina de tales unidades les abrió perspectivas de inversión a aquellos empresarios que buscaban orientar la explotación del suelo hacia nuevos horizontes económicos. Sin embargo, sólo fue después de mitad de siglo cuando los nuevos artículos de exportación y la producción de ganado, azúcar y otros alimentos para el mercado interno les crearon a estos empresarios una serie de oportunidades en escala apreciable. Hasta mediados del siglo, las posibilidades fueron muy escasas. Algunas haciendas de la región de Ambalema pudieron entrar en el negocio del tabaco, apoyados en los primeros ensayos de exportación y en la desorganización del monopolio estatal. Al mismo tiempo algunos comerciantes, enriquecidos por la explotación de los nuevos circuitos comerciales abiertos con las colonias inglesas en las Antillas, pudieron tener acceso a algunas propiedades territoriales. Pero éstos fueron procesos marginales que sólo incidieron en pequeños espacios de la economía nacional.
Por consiguiente, hasta las reformas de mediados del siglo las fuerzas empresariales de carácter privado, tanto nacionales como extranjeras, no lograron destruir los sistemas coloniales. La economía agraria del país siguió viviendo básicamente en función de sus mercados y productos tradicionales, como el trigo en Bogotá o la caña de azúcar en el Socorro y Guaduas6.
3. La frontera agraria
Desde la Colonia el Estado había entregado a grandes empresarios extensiones ilimitadas de tierras baldías para su uso y colonización. El Estado republicano continuó con esta práctica después de 1820, llevado por el criterio de que tal política abría las perspectivas de nuevos recursos económicos.
La novedad en la entrega de baldíos durante el período anterior a 1850 radica en el intento de integrar la política de adjudicación de tierras con la inmigración de extranjeros a Colombia, para generar nuevas posibilidades de desarrollo agrícola. La creación de la Compañía Nacional de Colonización de Colombia, entre otras, refleja hasta cierto punto los objetivos de quienes buscaron asociarse con empresas extranjeras con el propósito de desarrollar cultivos de demanda en Europa. Esta compañía dispuso de un capital de $400.000 y se proponía colonizar tierras baldías y adelantar con el gobierno y con los particulares toda clase de operaciones. Dentro de dichos contratos con el Estado, la compañía se posesionaría de 500.000 fanegadas de tierras baldías de buena fertilidad, para ofrecerlas a los extranjeros que desearan poblarlas7.
Esta compañía, como ocurrió con otras solicitudes para ocupar tierras en diferentes regiones del territorio nacional (véase el cuadro 3.3), no cumplieron lo convenido. Al igual que otras empresas que surgieron como producto de las expectativas de altas rentas y ganancias que podían ofrecer las inversiones en Colombia, no encontraron las condiciones para su consolidación. Será después de 1850 cuando los procesos de adjudicación de tierras baldías habrán de acentuarse en Colombia, pero como consecuencia de la expansión del comercio exterior, que aseguró mercados a algunos de los productos tropicales del país.
4. La manumisión
Los esclavos, que habían constituido la base del trabajo en las haciendas cañeras, cacaoteras y ganaderas de las llanuras ardientes de Colombia, y que habían sido importantes en el desarrollo de la minería y en casi todo tipo de actividad económica y en los servicios, se vieron envueltos en la guerra de Independencia por disposición de sus amos o por decisión personal. Los ejércitos americanos y españoles proclamaron su libertad, en un acto más político que humanitario, buscando con ello ganar una importante fuerza para su causa.
Una vez concluida la Independencia, el Congreso de Cúcuta (1821) dictó la ley de manumisión de esclavos o libertad de partos, por medio de la cual todo hijo de esclavo nacido a partir de la promulgación de la ley sería libre. Las reacciones de los amos no se hicieron esperar, pues los esclavos constituían buena parte de su riqueza. Protestando y, sobre todo, dirigiendo las juntas de manumisión, los dueños de esclavos entrabaron el proyecto de libertad, forzando al Estado a moderar su postura. Más aún, la legislación sobre libertad de vientres contradictoriamente restableció la esclavitud, pues con ella se reconoció el derecho de los amos sobre los esclavos que, a pesar de haber luchado por la independencia y asumido posturas libertarias, tuvieron que aceptar su viejo status o sufrir las consecuencias de su insubordinación. La ley reconoció así la propiedad que había cuestionado la guerra.
A partir de entonces, los esclavos podían ser libres por decisión de los amos, ya porque compraran su libertad, ya porque hubieran nacido después de 1821. Normalmente los amos habían practicado desde la colonia el sistema de manumitir esclavos por decisión personal, pero en escala reducida. En la colonia, por otra parte, los esclavos trabajaban en sus charcas o cascajeros de oro, con cuyos ingresos podían acumular el valor de su manumisión. Su uno supone un precio de $150 como valor medio de un esclavo a fines del siglo XVIII y principios del XIX, serían necesarios cinco años completos de concierto para poder pagar la manumisión. Una situación tal era casi imposible. Los esclavos en ocasiones se comprometían durante 10 o 15 años a servirles ilimitadamente a sus amos a cambio de su libertad, al término de dicho período o al morir el amo. En ocasiones los amos o sus herederos no aceptaban estas reglas de juego y entonces los esclavos los demandaban por incumplimiento. Si alguna vez en tales condiciones llegó a otorgarse la libertad, fue gracias a un hecho excepcional.
De todos modos los esclavos nacidos después de 1821 tuvieron que esperar 18 años para obtener la libertad. Los amos reclamaron el costo de la alimentación de tales libertos y debían recibir, en servicios, el pago parcial de sus gastos. Sin embargo, en 1839, cuando los esclavos que tenían edad de ser manumitidos creyeron que había llegado el momento de su liberación, se vieron frente a una gran guerra (1839-42) y a una nueva ley “de aprendizaje”, que en forma compulsiva los obligó a firmar un contrato de trabajo con sus amos por siete años más, es decir, hasta los 25 años, un mecanismo mediante el cual se disimuló la prolongación de la esclavitud.
La decisión general del Estado, antes de la ley de aprendizaje, limitaba la manumisión a la posibilidad de disponer de recursos monetarios recolectados por las juntas encargadas de realizarla. Por eso los esclavos manumitidos fueron tan pocos que se convirtieron, por su escasez, en un símbolo de las buenas intenciones de los padres de la patria. Muy pocos esclavos se manumitieron en los primeros años de la ley, aunque algunos liberales, como José Manuel Restrepo, hablaban de miles (más precisamente, 3.000 entre 1833 y 1845). Sin embargo, luego de las disposiciones de 1842-48, que significaron un retroceso en el proceso de manumisión, el gobierno restituyó las juntas y se encaminó a promover la liberación definitiva de los negros. Esta fue promulgada finalmente el 21 de mayo de 1851 y puesta en vigencia a partir del 1º de enero de 1852. Los esclavos serían avaluados y se pagaría a los amos con bonos de deuda pública. Es decir, los esclavistas evitaron una manumisión sin indemnización, y al final, en 1852, vendieron al Estado sus cuadrillas, ya envejecidas, y aun algunos libertos, cuyas edades fueron alteradas para tal propósito.
Algunas haciendas lograron retener como arrendatarios a sus antiguos esclavos y a sus hijos, consolidando así una tendencia que se venía vislumbrando desde hacía varias décadas, según lo ilustra, entre otras, la evolución de la hacienda Coconuco. En estos casos, sin embargo, las rentas que pudieron establecer los propietarios en las condiciones sociales creadas por la liberación fueron apenas una fracción de las que producían las haciendas en su época de auge, pero ahora sujetas, además, a la inestabilidad creada por las guerras y por la resistencia de los antiguos esclavos a pagarlas. Algunos negros buscaron establecerse sobre una base totalmente independiente en las zonas de frontera cercanas a los viejos núcleos esclavistas. Este proceso fue particularmente exitoso en las antiguas regiones mineras del Chocó y la Costa Pacífica, donde la minería esclavista, en decadencia definitiva, se vio sustituida por una minería independiente relativamente extensa, aunque con una producción mucho más modesta que la característica de esta región del país a comienzos del siglo XIX.
5. La disolución de los resguardos
Siguiendo la tradición colonial, algunas de las primeras medidas de la República estuvieron dirigidas a proteger a los indígenas. En 1820 se ordenó la restitución de las tierras que les habían usurpado y en 1821 se reafirmó la vieja prohibición de emplearlos sin pagarles un salario y se determinó que se conservaría el oficio de Protector de Naturales. Sin embargo, la misma ley que ordenó estas últimas medidas determinó que las tierras de resguardo se repartieran en pleno dominio y propiedad privada a los indígenas. El principio fue reafirmado en 1832, aunque se prohibió entonces la venta de las parcelas adjudicadas durante los diez años posteriores a la entrega. Tal prohibición fue prolongada a veinte años en 1843. El proceso alcanzó su clímax en 1850, cuando se autorizó a las Cámaras de Provincia para “arreglar la medida, repartimiento, adjudicación y libre enajenación de los Resguardos de indígenas, pudiendo, en consecuencia, autorizar a éstos para disponer de sus propiedades del mismo modo y por los propios títulos que los demás granadinos”. Haciendo uso de dicha autorización, las Cámaras adoptaron normas que tendían a la extinción de los resguardos.
Pese a las ideas liberales, que consideraban la existencia de la propiedad colectiva como contraria a la búsqueda del provecho individual y al beneficio de los propios indios, éstos se opusieron en muchos casos, al repartimiento de las tierras y, en regiones como el Cauca y Nariño, muchos resguardos han logrado sobrevivir hasta nuestros días. En la altiplanicie cundiboyacense el proceso de disolución se cumplió cabalmente pero, en contra de lo que se ha argumentado a menudo, no es probable que las tierras de los resguardos disueltos constituyeran una parte importante de la propiedad rural, ni que los indígenas involucrados fueran muchos.
Por otra parte, el efecto inmediato de la disolución de los resguardos no parece haber sido la generación de latifundios; en muchas regiones se desarrolló por el contrario un sistema de propiedad en el que predominaba el minifundio. Sin embargo, en algunos pocos casos se ha documentado la pérdida de propiedad de las tierras por parte de los indios y su conversión en arrendatarios de las haciendas vecinas. Algunos pueden haberse incorporado a las filas de los trabajadores asalariados rurales, aunque ciertamente no en cantidades significativas. LA MINERÍA La guerra de Independencia afectó la producción de oro, desarticulando toda la estructura económica, fiscal, social y monetaria que se erigía sobre el buen funcionamiento de las minas. La fuga de los esclavos o su incorporación a los ejércitos contribuyó al abandono de los centros mineros. Algunos empresarios se vieron precisados a vender sus cuadrillas y otros tuvieron que huir de los centros productivos, como consecuencia del sistema de venganza y retaliaciones prevalecientes en aquellos años. Todo ello generó una gran escasez de oro y una notable disminución en la actividad de las casas de moneda. Además, las expectativas de inestabilidad política hicieron que muchos mineros atesoraran el metal, agravando de hecho la escasez del circulante. Como resultado de tales fenómenos, los patriotas se vieron obligados a emitir monedas de cobre durante la guerra para tratar de subsanar la crisis.
La reorganización de la minería no fue una tarea fácil. De una parte, exigió una inversión considerable de capitales y, de otra, el uso de tecnologías que hicieran rentable su explotación, particularmente en el caso de las minas de veta. Sobre estas bases, Antioquia terminó desplazando al Pacífico como principal productor del metal. Además, la reactivación de la producción comprometió no sólo los esfuerzos de grandes empresas nacionales y extranjeras, sino también a medianos y pequeños productores, que esparcieron a lo largo de las nuevas fronteras agrarias, en las inmediaciones de los viejos centros mineros.
1. La gran minería
El efecto principal de las guerras de la Independencia fue el golpe propiciado a la minería esclavista del Chocó y el Pacífico, que todavía representaba a fines de la Colonia poco más del 60% de la producción de oro en el actual territorio colombiano. Aunque en estas regiones del país se desarrolló una pequeña producción independiente relativamente amplia, la gran minería desapareció por algún tiempo y sólo se recobró con la entrada de grandes empresas extranjeras y el dragado moderno en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX. Además, la producción del metal debió reducirse sustancialmente, en un 40% entre 1801-1810 y 1811-1820, de acuerdo tanto con los registros de las casas de moneda como de los estimativos de Vicente Restrepo. Aunque la producción nacional logró recuperarse parcialmente en las primeras décadas de la República, ello sólo fue posible gracias a un desplazamiento de los centros de producción del metal hacia el Tolima, el Cauca medio y, particularmente, Antioquia, aprovechando en este último caso el gran impulso que había tomado la explotación del metal desde el siglo anterior.
En otros casos, la transición al régimen republicano fue mucho más traumática. La historia de las haciendas de Santa Rosa del Arenal, San Bartolomé de Honda y Barrancas, en Mompox, que también fueron de la Compañía de Jesús y luego de la familia Mier y sus herederos, ilustran tal proceso. Tal vez el golpe más rudo sufrido por estas haciendas fue la actitud hostil de los esclavos después de la independencia. Como cerca de la mitad del valor de propiedades de este tipo estaba representado por esclavos, su rebelión constituía una pérdida irreparable. Los acreedores, preocupados por su decadencia, concurrían entonces a rematar lo que aún podían salvar de sus capitales5.
El último fenómeno fue mucho más común, ya que no se restringió únicamente a las haciendas esclavistas en decadencia. En efecto, había sido costumbre en la Colonia imponer capitales a censo sobre bienes rurales o urbanos. Esta imposición era de diferente naturaleza. Las grandes haciendas lo hicieron apelando a la fundación de obras pías o capellanías, reconociendo la renta del capital donado para tal fin. Otras propiedades medianas y pequeñas adquirieron capitales a censo (hipotecas) de la Iglesia, que garantizaron con sus propias tierras. En una economía en estancamiento y sujeta a periódicos conflictos armados, porciones crecientes de los productos líquidos de las haciendas debieron destinarse a dichos pagos. Muchos deudores tuvieron que entregar sus bienes a los prestamistas por la imposibilidad de atender las deudas correspondientes. La ruina condujo a los prestamistas a solicitar remates que acabaron por sumir en profundas crisis a muchas haciendas.
Irónicamente, la ruina de tales unidades les abrió perspectivas de inversión a aquellos empresarios que buscaban orientar la explotación del suelo hacia nuevos horizontes económicos. Sin embargo, sólo fue después de mitad de siglo cuando los nuevos artículos de exportación y la producción de ganado, azúcar y otros alimentos para el mercado interno les crearon a estos empresarios una serie de oportunidades en escala apreciable. Hasta mediados del siglo, las posibilidades fueron muy escasas. Algunas haciendas de la región de Ambalema pudieron entrar en el negocio del tabaco, apoyados en los primeros ensayos de exportación y en la desorganización del monopolio estatal. Al mismo tiempo algunos comerciantes, enriquecidos por la explotación de los nuevos circuitos comerciales abiertos con las colonias inglesas en las Antillas, pudieron tener acceso a algunas propiedades territoriales. Pero éstos fueron procesos marginales que sólo incidieron en pequeños espacios de la economía nacional.
Por consiguiente, hasta las reformas de mediados del siglo las fuerzas empresariales de carácter privado, tanto nacionales como extranjeras, no lograron destruir los sistemas coloniales. La economía agraria del país siguió viviendo básicamente en función de sus mercados y productos tradicionales, como el trigo en Bogotá o la caña de azúcar en el Socorro y Guaduas6.
3. La frontera agraria
Desde la Colonia el Estado había entregado a grandes empresarios extensiones ilimitadas de tierras baldías para su uso y colonización. El Estado republicano continuó con esta práctica después de 1820, llevado por el criterio de que tal política abría las perspectivas de nuevos recursos económicos.
La novedad en la entrega de baldíos durante el período anterior a 1850 radica en el intento de integrar la política de adjudicación de tierras con la inmigración de extranjeros a Colombia, para generar nuevas posibilidades de desarrollo agrícola. La creación de la Compañía Nacional de Colonización de Colombia, entre otras, refleja hasta cierto punto los objetivos de quienes buscaron asociarse con empresas extranjeras con el propósito de desarrollar cultivos de demanda en Europa. Esta compañía dispuso de un capital de $400.000 y se proponía colonizar tierras baldías y adelantar con el gobierno y con los particulares toda clase de operaciones. Dentro de dichos contratos con el Estado, la compañía se posesionaría de 500.000 fanegadas de tierras baldías de buena fertilidad, para ofrecerlas a los extranjeros que desearan poblarlas7.
Esta compañía, como ocurrió con otras solicitudes para ocupar tierras en diferentes regiones del territorio nacional (véase el cuadro 3.3), no cumplieron lo convenido. Al igual que otras empresas que surgieron como producto de las expectativas de altas rentas y ganancias que podían ofrecer las inversiones en Colombia, no encontraron las condiciones para su consolidación. Será después de 1850 cuando los procesos de adjudicación de tierras baldías habrán de acentuarse en Colombia, pero como consecuencia de la expansión del comercio exterior, que aseguró mercados a algunos de los productos tropicales del país.
4. La manumisión
Los esclavos, que habían constituido la base del trabajo en las haciendas cañeras, cacaoteras y ganaderas de las llanuras ardientes de Colombia, y que habían sido importantes en el desarrollo de la minería y en casi todo tipo de actividad económica y en los servicios, se vieron envueltos en la guerra de Independencia por disposición de sus amos o por decisión personal. Los ejércitos americanos y españoles proclamaron su libertad, en un acto más político que humanitario, buscando con ello ganar una importante fuerza para su causa.
Una vez concluida la Independencia, el Congreso de Cúcuta (1821) dictó la ley de manumisión de esclavos o libertad de partos, por medio de la cual todo hijo de esclavo nacido a partir de la promulgación de la ley sería libre. Las reacciones de los amos no se hicieron esperar, pues los esclavos constituían buena parte de su riqueza. Protestando y, sobre todo, dirigiendo las juntas de manumisión, los dueños de esclavos entrabaron el proyecto de libertad, forzando al Estado a moderar su postura. Más aún, la legislación sobre libertad de vientres contradictoriamente restableció la esclavitud, pues con ella se reconoció el derecho de los amos sobre los esclavos que, a pesar de haber luchado por la independencia y asumido posturas libertarias, tuvieron que aceptar su viejo status o sufrir las consecuencias de su insubordinación. La ley reconoció así la propiedad que había cuestionado la guerra.
A partir de entonces, los esclavos podían ser libres por decisión de los amos, ya porque compraran su libertad, ya porque hubieran nacido después de 1821. Normalmente los amos habían practicado desde la colonia el sistema de manumitir esclavos por decisión personal, pero en escala reducida. En la colonia, por otra parte, los esclavos trabajaban en sus charcas o cascajeros de oro, con cuyos ingresos podían acumular el valor de su manumisión. Su uno supone un precio de $150 como valor medio de un esclavo a fines del siglo XVIII y principios del XIX, serían necesarios cinco años completos de concierto para poder pagar la manumisión. Una situación tal era casi imposible. Los esclavos en ocasiones se comprometían durante 10 o 15 años a servirles ilimitadamente a sus amos a cambio de su libertad, al término de dicho período o al morir el amo. En ocasiones los amos o sus herederos no aceptaban estas reglas de juego y entonces los esclavos los demandaban por incumplimiento. Si alguna vez en tales condiciones llegó a otorgarse la libertad, fue gracias a un hecho excepcional.
De todos modos los esclavos nacidos después de 1821 tuvieron que esperar 18 años para obtener la libertad. Los amos reclamaron el costo de la alimentación de tales libertos y debían recibir, en servicios, el pago parcial de sus gastos. Sin embargo, en 1839, cuando los esclavos que tenían edad de ser manumitidos creyeron que había llegado el momento de su liberación, se vieron frente a una gran guerra (1839-42) y a una nueva ley “de aprendizaje”, que en forma compulsiva los obligó a firmar un contrato de trabajo con sus amos por siete años más, es decir, hasta los 25 años, un mecanismo mediante el cual se disimuló la prolongación de la esclavitud.
La decisión general del Estado, antes de la ley de aprendizaje, limitaba la manumisión a la posibilidad de disponer de recursos monetarios recolectados por las juntas encargadas de realizarla. Por eso los esclavos manumitidos fueron tan pocos que se convirtieron, por su escasez, en un símbolo de las buenas intenciones de los padres de la patria. Muy pocos esclavos se manumitieron en los primeros años de la ley, aunque algunos liberales, como José Manuel Restrepo, hablaban de miles (más precisamente, 3.000 entre 1833 y 1845). Sin embargo, luego de las disposiciones de 1842-48, que significaron un retroceso en el proceso de manumisión, el gobierno restituyó las juntas y se encaminó a promover la liberación definitiva de los negros. Esta fue promulgada finalmente el 21 de mayo de 1851 y puesta en vigencia a partir del 1º de enero de 1852. Los esclavos serían avaluados y se pagaría a los amos con bonos de deuda pública. Es decir, los esclavistas evitaron una manumisión sin indemnización, y al final, en 1852, vendieron al Estado sus cuadrillas, ya envejecidas, y aun algunos libertos, cuyas edades fueron alteradas para tal propósito.
Algunas haciendas lograron retener como arrendatarios a sus antiguos esclavos y a sus hijos, consolidando así una tendencia que se venía vislumbrando desde hacía varias décadas, según lo ilustra, entre otras, la evolución de la hacienda Coconuco. En estos casos, sin embargo, las rentas que pudieron establecer los propietarios en las condiciones sociales creadas por la liberación fueron apenas una fracción de las que producían las haciendas en su época de auge, pero ahora sujetas, además, a la inestabilidad creada por las guerras y por la resistencia de los antiguos esclavos a pagarlas. Algunos negros buscaron establecerse sobre una base totalmente independiente en las zonas de frontera cercanas a los viejos núcleos esclavistas. Este proceso fue particularmente exitoso en las antiguas regiones mineras del Chocó y la Costa Pacífica, donde la minería esclavista, en decadencia definitiva, se vio sustituida por una minería independiente relativamente extensa, aunque con una producción mucho más modesta que la característica de esta región del país a comienzos del siglo XIX.
5. La disolución de los resguardos
Siguiendo la tradición colonial, algunas de las primeras medidas de la República estuvieron dirigidas a proteger a los indígenas. En 1820 se ordenó la restitución de las tierras que les habían usurpado y en 1821 se reafirmó la vieja prohibición de emplearlos sin pagarles un salario y se determinó que se conservaría el oficio de Protector de Naturales. Sin embargo, la misma ley que ordenó estas últimas medidas determinó que las tierras de resguardo se repartieran en pleno dominio y propiedad privada a los indígenas. El principio fue reafirmado en 1832, aunque se prohibió entonces la venta de las parcelas adjudicadas durante los diez años posteriores a la entrega. Tal prohibición fue prolongada a veinte años en 1843. El proceso alcanzó su clímax en 1850, cuando se autorizó a las Cámaras de Provincia para “arreglar la medida, repartimiento, adjudicación y libre enajenación de los Resguardos de indígenas, pudiendo, en consecuencia, autorizar a éstos para disponer de sus propiedades del mismo modo y por los propios títulos que los demás granadinos”. Haciendo uso de dicha autorización, las Cámaras adoptaron normas que tendían a la extinción de los resguardos.
Pese a las ideas liberales, que consideraban la existencia de la propiedad colectiva como contraria a la búsqueda del provecho individual y al beneficio de los propios indios, éstos se opusieron en muchos casos, al repartimiento de las tierras y, en regiones como el Cauca y Nariño, muchos resguardos han logrado sobrevivir hasta nuestros días. En la altiplanicie cundiboyacense el proceso de disolución se cumplió cabalmente pero, en contra de lo que se ha argumentado a menudo, no es probable que las tierras de los resguardos disueltos constituyeran una parte importante de la propiedad rural, ni que los indígenas involucrados fueran muchos.
Por otra parte, el efecto inmediato de la disolución de los resguardos no parece haber sido la generación de latifundios; en muchas regiones se desarrolló por el contrario un sistema de propiedad en el que predominaba el minifundio. Sin embargo, en algunos pocos casos se ha documentado la pérdida de propiedad de las tierras por parte de los indios y su conversión en arrendatarios de las haciendas vecinas. Algunos pueden haberse incorporado a las filas de los trabajadores asalariados rurales, aunque ciertamente no en cantidades significativas. LA MINERÍA La guerra de Independencia afectó la producción de oro, desarticulando toda la estructura económica, fiscal, social y monetaria que se erigía sobre el buen funcionamiento de las minas. La fuga de los esclavos o su incorporación a los ejércitos contribuyó al abandono de los centros mineros. Algunos empresarios se vieron precisados a vender sus cuadrillas y otros tuvieron que huir de los centros productivos, como consecuencia del sistema de venganza y retaliaciones prevalecientes en aquellos años. Todo ello generó una gran escasez de oro y una notable disminución en la actividad de las casas de moneda. Además, las expectativas de inestabilidad política hicieron que muchos mineros atesoraran el metal, agravando de hecho la escasez del circulante. Como resultado de tales fenómenos, los patriotas se vieron obligados a emitir monedas de cobre durante la guerra para tratar de subsanar la crisis.
La reorganización de la minería no fue una tarea fácil. De una parte, exigió una inversión considerable de capitales y, de otra, el uso de tecnologías que hicieran rentable su explotación, particularmente en el caso de las minas de veta. Sobre estas bases, Antioquia terminó desplazando al Pacífico como principal productor del metal. Además, la reactivación de la producción comprometió no sólo los esfuerzos de grandes empresas nacionales y extranjeras, sino también a medianos y pequeños productores, que esparcieron a lo largo de las nuevas fronteras agrarias, en las inmediaciones de los viejos centros mineros.
1. La gran minería
El efecto principal de las guerras de la Independencia fue el golpe propiciado a la minería esclavista del Chocó y el Pacífico, que todavía representaba a fines de la Colonia poco más del 60% de la producción de oro en el actual territorio colombiano. Aunque en estas regiones del país se desarrolló una pequeña producción independiente relativamente amplia, la gran minería desapareció por algún tiempo y sólo se recobró con la entrada de grandes empresas extranjeras y el dragado moderno en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX. Además, la producción del metal debió reducirse sustancialmente, en un 40% entre 1801-1810 y 1811-1820, de acuerdo tanto con los registros de las casas de moneda como de los estimativos de Vicente Restrepo. Aunque la producción nacional logró recuperarse parcialmente en las primeras décadas de la República, ello sólo fue posible gracias a un desplazamiento de los centros de producción del metal hacia el Tolima, el Cauca medio y, particularmente, Antioquia, aprovechando en este último caso el gran impulso que había tomado la explotación del metal desde el siglo anterior.
En las dos primeras regiones,
los principales esfuerzos estuvieron a cargo de empresas extranjeras, que
vieron en la minería de oro su principal oportunidad de inversión en la
naciente república. Pese a los capitales invertidos y a las innovaciones
técnicas, los esfuerzos iniciales de estas compañías no fueron exitosas.
En las dos primeras regiones,
los principales esfuerzos estuvieron a cargo de empresas extranjeras, que
vieron en la minería de oro su principal oportunidad de inversión en la
naciente república. Pese a los capitales invertidos y a las innovaciones
técnicas, los esfuerzos iniciales de estas compañías no fueron exitosas. En la
región de Mariquita se repitieron los fracasos de Juan José D’Elhuyar en las
últimas décadas del siglo XVIII (véase el capítulo anterior). En efecto, en
1824 el gobierno de Colombia arrendó las minas de Santa Ana y la Manta en esta
región del país a la casa inglesa Herring, Graham y Powels, por cuenta de la
Asociación Colombiana de Minas. Hasta 1836, la firma había invertido allí más
de $1.100.000, sin éxito.
En 1825 la casa Goldschmidt tomó en arrendamiento varias minas de oro y plata en Marmato y Supía. El mismo año llegó al Cauca Medio Juan B. Boussingault, quien compró, por cuenta de la Asociación Colombiana de Minas, varias minas en Marmato, Supía y Quiebralomo. La innovación más importante de Bous-singault fue la instalación de un molino simple de pisones, fabricado casi en su totalidad con madera, que sustituyó los molinos primitivos hasta entonces para triturar las rocas. Además, introdujo definitivamente los molinos de arrastre para amalgamar los metales preciosos con mercurio, un proceso ampliamente conocido en Perú y México desde siglos anteriores, que permitió reducir las pérdidas en el procesamiento de un 80 a un 25%. Pese a tales avances los resultados económicos de esta compañía tampoco fueron satisfactorios.
A diferencia del patrón típico en el Tolima y en Cauca Medio, los esfuerzos más importantes de organización de una nueva minería empresarial en Antioquia corrieron por cuenta de capitalistas de la región que contaron, sin embargo, con la asesoría de algunos técnicos extranjeros. En efecto, en 1824 la mina del Zancudo fue adquirida por José María Restrepo. En 1836 y 1845 la mina empleaba 250 trabajadores y utilizaba ocho molinos de pisones. Hacia 1826, Francisco Montoya y otros capitalistas formaron la Sociedad de Minas de Antioquia para explotar tres minas de veta en Santa Rosa. Para su explotación contrataron a Tyrell Moore, quien trajo a Antioquia el molino de pisones que ya se venía utilizando en Marmato. En la misma región de Santa Rosa, Mariano Toro explotó entre 1836 y 1846 una de las minas más grandes de la región. Algunas de estas empresas, por diversas razones, debieron transferir a nuestros inversionistas las minas que, con innovaciones técnicas, propias de la segunda mitad del siglo XIX, volvieron a ser altamente rentables. Sin embargo, la información disponible nos muestra que en la década de los cuarenta se produjo una nueva racha de descubrimientos y registros que ampliaron las perspectivas de la minería, por lo menos en Antioquia. Si observamos los registros de minas, vemos que en el espacio de diez años (1841-50) fueron registradas 106 minas, la mayoría de ellas de aluvión. De las 106 minas, diez fueron registradas en Anorí, ocho en Remedios, seis en Cáceres, seis en San Andrés y seis en Cañasgordas. Es decir, en los cinco pueblos citados se registró la tercera parte de las nuevas minas. La dirección y el espacio de la frontera minera se desplazó así hacia las zonas bajas del Cauca y del nordeste antioqueño, en una especie de retorno a regiones que habían sido importantes en los siglos anteriores.
Junto al auge minero que vivió Antioquia desde los años veinte, surgió cierto interés del Estado por introducir reformas a las disposiciones vigentes sobre registro y explotación de minas. En tal dirección apuntaban los informes de la época de los cónsules de Río Negro, Antioquia, Nordeste y Medellín. Estos discutían básicamente la necesidad de clasificar las minas de aluvión, señalar sus límites y hacer claridad en torno al uso de las aguas por parte de los propietarios. También se planteaba la necesidad de definir en términos legales las consideraciones que podían colocar a una mina en estado de abandono por parte de un propietario o una sociedad.
Con respecto a la tipología de las minas, el concejo mu-nicipal del cantón del Nordeste encontraba útil dividir las minas altas de aluvión en aventadero, sobresabanas y criadero, mientras que clasificaba las minas de aluvión bajas en tongas y sacas.
Cada municipio hizo su propia tipología a la luz de sus experiencias y se regularon los criterios sobre límites y extensión.
En lo referente a la política de aguas, era necesaria una rápida legislación debido a los complejos problemas que había de por medio. Recordemos que durante la Colonia no hubo una legislación importante sobre aguas para la Nueva Granada, lo que forzó a los legisladores del siglo pasado a buscar algunos antecedentes legales en los acuerdos de minería que regían para la Nueva España con el fin de adecuarlos a la realidad granadina8.
Sobre los aspectos tendientes a dilucidar el abandono de una mina, los alegatos también proliferaron. El consejo de Nordeste consideraba, para que hubiera consenso de que una mina estaba abandonada, que debían tenerse presentes estas reglas: “1a. En las minas altas será necesario que el desamparo sea por lo menos de un período de dos a tres años. 2a. En las bajas el abandono debe ser igual o exceder del término de 6 a años9. A la vez se aclaraba si el abandono era voluntario o de fuerza mayor. El mismo consejo sostenía: “En todo caso, como algunas ocasiones cesan los trabajos en una mina por la escasez de recursos de su dueño, a pesar de su voluntad, debe quedarle entonces a éste el derecho de levantar una información que acredite que no la desampara porque la desecha sino porque le faltan medios para llevar adelante los trabajos, y que tan luego como se halle en posibilidad volverá a emprenderlos, lo que será bastante para ponerse a cubierto su derecho de un nuevo registrador”10. Finalmente, debemos anotar que la tendencia a una distribución de la propiedad minera entre grandes, medianos y pequeños tenedores, nos repite el esfuerzo realizado por los antioqueños de actuar sobre necesidades sociales más amplias de lo ocurrido en otras regiones. Con la excepción de José María Barrientos, que registró dos minas de Anorí y una entre Yarumal y Campamento, la del general Juan María Gómez y socios, dueños de tres minas en San Andrés, y la de don Juan José Mora Berrío, poseedor de tres minas en Yolombó, los demás mineros poseían una o dos minas máximo. Más del 25% de los propietarios conformaba, por lo demás, la base de una sociedad de frontera, de cuyas propias condiciones de vida aún sabemos poco. ¿Quiénes eran estos mineros? ¿Qué recursos de capital poseían? ¿Cómo se vinculaban a los mercados? ¿Qué los indujo a vincularse a la minería del oro? He aquí estos y otros interrogantes para la futura investigación histórica.
2. La pequeña minería
Hemos visto antes que el auge minero en Colombia no comprometió sólo a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, sino que en torno a la expansión de la minería de aluvión se arremolinaron centenares de familias que trabajaban cascajeros y dependían de ingresos muy pequeños. Estos mineros, denominados mazamorreros a fines de la Colonia, crecieron con el siglo XVIII; con la libertad y manumisión de esclavos su número se acrecentó en las zonas mineras. Las dificultades de encontrar oportunidades diferentes hacían que el sector creciera junto a las grandes minas. Su producción fue muy importante en Antioquia, Tolima y Cauca, al igual que en el Chocó, pero es muy poco lo que aún conocemos sobre su actividad económica y social. Por un informe de 1832 sabemos que, al menos en el Cauca, no eran propietarios de suelos y su presencia era vista como factor de destrucción ecológica, constituyéndose de hecho en un problema social para la zona y para aquellos grandes señores cuyas minas limitaban con las de estos modestos trabajadores. Su actividad, descrita por un funcionario, muestra los grandes traumas que causaban en las regiones en su desorbitante esfuerzo por generar un ingreso: “Las dehesas más fecundas para siembras y ganados quedan convertidas en escombros y precipicios por todos lados. (...) Las aguas de fuentes y ríos como destinadas exclusivamente a las labores, se cargan de tanto quijo y arena, que se inutilizan a absolutamente para todos los usos más necesarios a la vida de los hombres y de sus rebaños principalmente en las estaciones secas. Por donde quieran que corran estos viles y mazamorras, se infecundizan los prados y bosques, en términos de no producir sino abrojos y malezas”11.
En 1825 la casa Goldschmidt tomó en arrendamiento varias minas de oro y plata en Marmato y Supía. El mismo año llegó al Cauca Medio Juan B. Boussingault, quien compró, por cuenta de la Asociación Colombiana de Minas, varias minas en Marmato, Supía y Quiebralomo. La innovación más importante de Bous-singault fue la instalación de un molino simple de pisones, fabricado casi en su totalidad con madera, que sustituyó los molinos primitivos hasta entonces para triturar las rocas. Además, introdujo definitivamente los molinos de arrastre para amalgamar los metales preciosos con mercurio, un proceso ampliamente conocido en Perú y México desde siglos anteriores, que permitió reducir las pérdidas en el procesamiento de un 80 a un 25%. Pese a tales avances los resultados económicos de esta compañía tampoco fueron satisfactorios.
A diferencia del patrón típico en el Tolima y en Cauca Medio, los esfuerzos más importantes de organización de una nueva minería empresarial en Antioquia corrieron por cuenta de capitalistas de la región que contaron, sin embargo, con la asesoría de algunos técnicos extranjeros. En efecto, en 1824 la mina del Zancudo fue adquirida por José María Restrepo. En 1836 y 1845 la mina empleaba 250 trabajadores y utilizaba ocho molinos de pisones. Hacia 1826, Francisco Montoya y otros capitalistas formaron la Sociedad de Minas de Antioquia para explotar tres minas de veta en Santa Rosa. Para su explotación contrataron a Tyrell Moore, quien trajo a Antioquia el molino de pisones que ya se venía utilizando en Marmato. En la misma región de Santa Rosa, Mariano Toro explotó entre 1836 y 1846 una de las minas más grandes de la región. Algunas de estas empresas, por diversas razones, debieron transferir a nuestros inversionistas las minas que, con innovaciones técnicas, propias de la segunda mitad del siglo XIX, volvieron a ser altamente rentables. Sin embargo, la información disponible nos muestra que en la década de los cuarenta se produjo una nueva racha de descubrimientos y registros que ampliaron las perspectivas de la minería, por lo menos en Antioquia. Si observamos los registros de minas, vemos que en el espacio de diez años (1841-50) fueron registradas 106 minas, la mayoría de ellas de aluvión. De las 106 minas, diez fueron registradas en Anorí, ocho en Remedios, seis en Cáceres, seis en San Andrés y seis en Cañasgordas. Es decir, en los cinco pueblos citados se registró la tercera parte de las nuevas minas. La dirección y el espacio de la frontera minera se desplazó así hacia las zonas bajas del Cauca y del nordeste antioqueño, en una especie de retorno a regiones que habían sido importantes en los siglos anteriores.
Junto al auge minero que vivió Antioquia desde los años veinte, surgió cierto interés del Estado por introducir reformas a las disposiciones vigentes sobre registro y explotación de minas. En tal dirección apuntaban los informes de la época de los cónsules de Río Negro, Antioquia, Nordeste y Medellín. Estos discutían básicamente la necesidad de clasificar las minas de aluvión, señalar sus límites y hacer claridad en torno al uso de las aguas por parte de los propietarios. También se planteaba la necesidad de definir en términos legales las consideraciones que podían colocar a una mina en estado de abandono por parte de un propietario o una sociedad.
Con respecto a la tipología de las minas, el concejo mu-nicipal del cantón del Nordeste encontraba útil dividir las minas altas de aluvión en aventadero, sobresabanas y criadero, mientras que clasificaba las minas de aluvión bajas en tongas y sacas.
Cada municipio hizo su propia tipología a la luz de sus experiencias y se regularon los criterios sobre límites y extensión.
En lo referente a la política de aguas, era necesaria una rápida legislación debido a los complejos problemas que había de por medio. Recordemos que durante la Colonia no hubo una legislación importante sobre aguas para la Nueva Granada, lo que forzó a los legisladores del siglo pasado a buscar algunos antecedentes legales en los acuerdos de minería que regían para la Nueva España con el fin de adecuarlos a la realidad granadina8.
Sobre los aspectos tendientes a dilucidar el abandono de una mina, los alegatos también proliferaron. El consejo de Nordeste consideraba, para que hubiera consenso de que una mina estaba abandonada, que debían tenerse presentes estas reglas: “1a. En las minas altas será necesario que el desamparo sea por lo menos de un período de dos a tres años. 2a. En las bajas el abandono debe ser igual o exceder del término de 6 a años9. A la vez se aclaraba si el abandono era voluntario o de fuerza mayor. El mismo consejo sostenía: “En todo caso, como algunas ocasiones cesan los trabajos en una mina por la escasez de recursos de su dueño, a pesar de su voluntad, debe quedarle entonces a éste el derecho de levantar una información que acredite que no la desampara porque la desecha sino porque le faltan medios para llevar adelante los trabajos, y que tan luego como se halle en posibilidad volverá a emprenderlos, lo que será bastante para ponerse a cubierto su derecho de un nuevo registrador”10. Finalmente, debemos anotar que la tendencia a una distribución de la propiedad minera entre grandes, medianos y pequeños tenedores, nos repite el esfuerzo realizado por los antioqueños de actuar sobre necesidades sociales más amplias de lo ocurrido en otras regiones. Con la excepción de José María Barrientos, que registró dos minas de Anorí y una entre Yarumal y Campamento, la del general Juan María Gómez y socios, dueños de tres minas en San Andrés, y la de don Juan José Mora Berrío, poseedor de tres minas en Yolombó, los demás mineros poseían una o dos minas máximo. Más del 25% de los propietarios conformaba, por lo demás, la base de una sociedad de frontera, de cuyas propias condiciones de vida aún sabemos poco. ¿Quiénes eran estos mineros? ¿Qué recursos de capital poseían? ¿Cómo se vinculaban a los mercados? ¿Qué los indujo a vincularse a la minería del oro? He aquí estos y otros interrogantes para la futura investigación histórica.
2. La pequeña minería
Hemos visto antes que el auge minero en Colombia no comprometió sólo a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, sino que en torno a la expansión de la minería de aluvión se arremolinaron centenares de familias que trabajaban cascajeros y dependían de ingresos muy pequeños. Estos mineros, denominados mazamorreros a fines de la Colonia, crecieron con el siglo XVIII; con la libertad y manumisión de esclavos su número se acrecentó en las zonas mineras. Las dificultades de encontrar oportunidades diferentes hacían que el sector creciera junto a las grandes minas. Su producción fue muy importante en Antioquia, Tolima y Cauca, al igual que en el Chocó, pero es muy poco lo que aún conocemos sobre su actividad económica y social. Por un informe de 1832 sabemos que, al menos en el Cauca, no eran propietarios de suelos y su presencia era vista como factor de destrucción ecológica, constituyéndose de hecho en un problema social para la zona y para aquellos grandes señores cuyas minas limitaban con las de estos modestos trabajadores. Su actividad, descrita por un funcionario, muestra los grandes traumas que causaban en las regiones en su desorbitante esfuerzo por generar un ingreso: “Las dehesas más fecundas para siembras y ganados quedan convertidas en escombros y precipicios por todos lados. (...) Las aguas de fuentes y ríos como destinadas exclusivamente a las labores, se cargan de tanto quijo y arena, que se inutilizan a absolutamente para todos los usos más necesarios a la vida de los hombres y de sus rebaños principalmente en las estaciones secas. Por donde quieran que corran estos viles y mazamorras, se infecundizan los prados y bosques, en términos de no producir sino abrojos y malezas”11.
El informe antes citado
trataba de probar la irracionalidad de la pequeña minería, defendiendo de paso
las grandes explotaciones. La conclusión lógica era pedir al gobierno un
reglamento que sirviera al gran empresario de código para sojuzgar a los
precarios individuos movilizadores de la frontera del oro.
El informe antes citado
trataba de probar la irracionalidad de la pequeña minería, defendiendo de paso
las grandes explotaciones. La conclusión lógica era pedir al gobierno un
reglamento que sirviera al gran empresario de código para sojuzgar a los
precarios individuos movilizadores de la frontera del oro. La legislación
debería buscar que “Todo minero esté obligado a pagar al propietario de tierras
lo menos un dos por ciento de los oros que respectivamente extrajera por vía de
indemnización.”
Proponía además que “Todo minero satisfaga inmediatamente y por separado los perjuicios y daños que ocasionare en cercos, labranzas y posesiones ajenas, por convenio o por sentencia.”
La evolución de la minería de oro en Mompox ilustra otro tipo de desarrollos, asociados al contrabando del metal. Aunque se trataba de un fenómeno corriente, en ésta como en otras regiones productoras se había agudizado bastante como consecuencia de las guerras de independencia y de la supresión de la casa de fundición en aquella ciudad. Entre 1801-05 el derecho de quintos produjo 18.126 castellanos dos tomines de oro (40.743 pesos 6 reales), tendencia que se mantuvo en los años siguientes, lo que indujo al gobernador de la provincia a manifestar hacia 1830 que el Estado había dejado de recibir en los últimos diez años más de $80.000. La ausencia de una casa de fundición y la ley de 1828 que ordenó fundir los oros en otras casas de fundición, puso a Mompox a depender de Medellín, donde se hallaba la casa más cercana.
Debido a las pocas relaciones comerciales existentes entre las provincias de Mompox y Antioquia, tal determinación estimuló el comercio ilegal de oro y mercancías en la primera de estas provincias. A lo anterior se unió la escasez de capital líquido entre la mayoría de los comerciantes de Mompox. El mismo gobernador observaba que todo ello se había traducido en desaliento para muchos empresarios y mineros de la región12. Como alternativa proponía la libre circulación del oro en polvo, al igual que su exportación en barras. La medida revitalizaría el comercio y haría bajar “el precio de los cambios” que afectaba fundamentalmente al consumidor de artículos extranjeros: “En una palabra, saldrá más oro de la tierra y vendría más plata del océano, dejando un cambio ventajoso a la balanza del país.” A pesar de que era imposible evitar el contrabando, por lo menos quedaba la posibilidad de recuperar la economía regional. Con esto ganaría el país, pues se estaban perdiendo no sólo los oros de Mompox, sino todo el que se producía en Simití y Cauca, que tampoco se enviaba a Medellín. LOS PROBLEMAS DEL COMERCIO
1. La visión de los consulados13
La reactivación de la economía y el comercio colombianos después de 1830 fue una de las preocupaciones del Estado y de los sectores que se habían visto comprometidos con la guerra. Interrogados sobre estos temas, los consulados del comercio de las más importantes ciudades colombianas expusieron sus ideas acerca de los principales problemas que afectaban la economía colombiana hacia 1830. A grandes rasgos proponían, como condiciones necesarias para superarlos:
1. Consolidar la paz y la unión como condiciones mínimas para un progreso económico.
2. Fomentar la agricultura, teniendo cuidado de estimular el auge de sectores que no estuvieran desarrollados en otras regiones, con lo cual se evitaría la competencia y la posible ruina de los nuevos empresarios.
3. Impulsar el cultivo del tabaco como producto básico de exportación. Para lograrlo era necesario suprimir el estanco y permitir el libre cultivo.
4. Estimular la agricultura de origen colonial como el cacao, el trigo y el algodón, que habían decaído como consecuencia de la competencia extranjera y como resultado de la ruptura de viejos circuitos comerciales.
5. Crear condiciones socioeconómicas que permitieran a los colombianos recuperar el control de los mercados internos, que estaban siendo controlados por los extranjeros, lo que había creado una escasez de circulante monetario entre los comerciantes nacionales.
6. Finalmente, impulsar las mejoras en las vías de comunicación, tan importantes para la disminución del costo final de las mercancías y los productos de todo género y para la ampliación del espacio mercantil. Entre estas mejoras figuraban no sólo los caminos interprovinciales, sino la navegación por el río Magdalena.
Todos los problemas expuestos por la clase comercial y empresarial de los años treinta indican con claridad el vértice de sus preocupaciones, ante un país compuesto por viejos y nuevos intereses. Al Estado le correspondería hacer un esfuerzo para satisfacer las demandas que en forma realista buscaban conciliar los variados intereses empresariales, sectoriales y regionales.
Durante estos años surge, si pudiéramos decirlo así, una protesta “nacionalista” que expresa un abierto rechazo al libre comercio, no sólo por las secuelas que dejaba sobre la economía sino por la dependencia que se estaba creando con respecto a los mercados extranjeros, con detrimento y ruina del empresariado nacional: “Un pueblo debe tener a la mira no depender de otro en lo que es indispensable para subsistir”, sentenciaba el comercio de Bogotá.
La queja se veía corroborada por hechos tan concretos como la competencia provocada por la introducción de harinas extranjeras, especialmente las provenientes de Estados Unidos, al igual que la competencia a la industria tabacalera, sustituida y castigada por los tabacos de Virginia. La destrucción de viejos mercados, como el de las harinas de trigo entre Ocaña y Mompox, y el del algodón de Girón, que se exportaba, eran atribuidos a concepciones librecambistas que habían permitido la irrupción de productos desde el extranjero, dando al traste con los mercados, redes y flujos antes citados. La disputa en torno a la comercialización del trigo estaba muy enraizada en la conciencia de los criollos, pues durante todo el siglo XVIII la lucha para evitar que se trajeran harinas inglesas había desatado polémicas sin fin. Ahora, en plena república, no eran los ingleses sino otras potencias. Se argumentaba que el trigo cultivado en Ocaña había sido reemplazado por el de Estados Unidos, que venía mezclado con “harinas de habas, garbanzos y otros granos”.
La preocupación fundamental que parece surgir de los informes era la de lograr una gran transformación y un fortalecimiento de la agricultura en las zonas tradicionales de producción mediante la habilitación de nuevas regiones, con el fin de desarrollar mercados de consumo interno más sólidos y crear excedentes susceptibles de ser exportados. El modelo buscaba “sustituir” importaciones agrícolas, abastecer los mercados nacionales y acceder luego al comercio internacional. Este era un viejo modelo colonial, que se oponía al del nuevo empresario interesado en buscar las ventajas del comercio internacional. He aquí dos modelos de desarrollo económico sobre los cuales debatían entre sí los empresarios e inversionistas. Pensar que las economías latinoamericanas de la primera mitad del siglo XIX no tenían opciones o modelos diferentes al que se impuso a mediados del siglo, basado en el librecambio, resulta erróneo, según se deduce de los informes de los cónsules de comercio.
2. Proteccionismo y librecambio
Acorde con los conceptos prevalecientes, las primeras décadas de la república fomentaron un proteccionismo moderado, reflejado ante todo en la defensa de algunos sectores agrícolas afectados por la competencia extranjera, pero también en la promoción de los primeros ensayos de industrialización.
La evolución de los aranceles no es fácil de seguir durante estos años debido a la complejidad de las normas correspondientes. Durante la mayor parte del período se conservó el sistema español de aforo por arancel. De acuerdo con este sistema, la ley determinaba una larga lista de precios oficiales de bienes de importación, sobre los cuales se cobraba una tasa determinada. Como no había ninguna intención de ajustar los valores oficiales a las fluctuaciones frecuentes de los precios de las mercancías, el sistema equivalía a un derecho específico de tantos centavos por vara de tela o por kilogramo de arroz. Por tal motivo, ya desde principios de la década del treinta habían comenzado a introducirse algunos derechos claramente específicos, y en 1844 se reemplazaron en su totalidad los gravámenes existentes por impuestos de esta naturaleza.
Para conocer con exactitud el efecto real de los gravámenes durante aquellos años, sería necesario disponer de una considerable cantidad de información sobre los precios de los bienes importados, de la cual carecemos enteramente. No obstante, algunos trabajos existentes permiten reconstruir parcialmente la evolución de los aranceles14. De acuerdo con dichos estudios, los gravámenes establecidos en 1821 fueron moderados (de un 20% en promedio sobre los valores oficiales), ciertamente inferiores a los que prevalecían a fines de la Colonia (35 a 40%). Sin embargo, como la mayoría de los gravámenes se cobraban antes en la metrópoli, el efecto fiscal de los derechos de importación estipulados por el Congreso de Cúcuta consistió en un aumento de los ingresos de la naciente república. Fuera de los derechos de importación propiamente dichos, se mantuvieron o crearon otros gravámenes que tenían la misma base. El más importante de ellos era la alcabala o impuesto a las ventas, pero también existían otros de menor cuantía (los derechos de consulado, tonelaje, lazareto y consulares, estos últimos diferentes a los primeros).
A partir de 1828 se inició un movimiento proteccionista que tuvo su momento culminante en 1833. Para ese entonces el gravamen conjunto de importación y alcabala más común para las telas se había elevado al 29% sobre los valores oficiales existentes, contra sólo 20% en 1821. Debido, sin embargo, al contrabando inducido por los elevados niveles arancelarios, desde fines de 1834 se redujeron de nuevo los gravámenes, hasta llegar a mediados del año siguiente a un 22%. A comienzos de la década del cuarenta se inició un nuevo proceso proteccionista. En 1842 se elevó en dos puntos el derecho de importación y en 1844 se emprendió una reforma mucho más radical del arancel. Aunque los gravámenes sobre las telas no parecen haber variado mucho, se elevaron considerablemente los derechos de importación de los bienes agrícolas. Tal reforma fue la culminación de la fase proteccionista, ya que los principios liberales se reflejaron en 1847 en una simplificación del régimen arancelario y en una reducción drástica de los gravámenes existentes. Los impuestos de importación a las telas ordinarias de algodón y lana, a los alimentos y al hierro se redujeron a la mitad o menos de los niveles anteriores. En el caso de las telas finas, la disminución fue algo menor (20 a 30%). Curiosamente, la reforma gravó las importaciones de herramientas, que hasta entonces habían permanecido libres de todo derecho.
La magnitud de los derechos arancelarios existentes hasta la reforma de 1847 no parece haber sido exagerada. El arancel ad valorem promedio (es decir, la relación entre los recaudos arancelarios y el valor de las importaciones) fue de un 22% durante la década del treinta y aumentó a 27% en la primera mitad de la década del cuarenta. De acuerdo con los conceptos prevalecientes, los gravámenes más elevados recaían sobre los alimentos importados. Hasta 1847 el azúcar fue de prohibida importación. En 1846, antes de las reformas liberales, el arroz pagaba el 173%, la harina el 63% y la manteca de cerdo el 70% de sus precios en puertos norteamericanos. En el caso de las telas ordinarias del algodón, los gravámenes oscilaban en torno a 80%, y en el de las telas finas de la misma fibra en torno a 40%; en ambos casos, sin embargo, los gravámenes típicos duplicaban los de fines de los años veinte ya que la baja en los precios internacionales de los textiles no había sido acompañada de una merma en los derechos correspondientes. Como puede apreciarse, para algunos bienes claves en las concepciones proteccionistas, los gravámenes eran elevados. Sin embargo, mucho más importante que el efecto de los aranceles era entonces la “protección natural” ofrecida por el atraso en el sistema de transportes, que aumentaba considerablemente el precio de un bien traído al interior del país.
Las concepciones proteccionistas no se limitaron al manejo del arancel. Simultáneamente se desarrolló una política de privilegios y estímulos a todo tipo de industrias modernas que quisieran organizarse en el país. Los privilegios establecían un monopolio temporal, no a la fabricación de un bien particular, sino a la técnica utilizada. Esta política era complementada con préstamos nacionales a las nuevas fábricas, con primas especiales y con la exención de impuestos para la maquinaria y herramientas necesarias. Con base en tales privilegios, en la década del treinta tuvo lugar un pequeño ensayo de industrialización en Bogotá y sus cercanías, que incluyó fábricas de loza fina, papel, vidrios, tejidos, paños, sombreros y una ferrería (la de Pacho, establecida desde 1827, pero que se inició en firme sólo en 1838). Las fábricas enfrentaron disponibilidades de todo tipo, asociados al tamaño del mercado, a la calidad o disponibilidad de mano de obra calificada y materias primas, a la guerra de los Supremos y a las maniobras financieras y posterior quiebra de Judas Tadeo Landínez a comienzos de 1842. Algunas de ellas, sin embargo, lograron sobrevivir y continuaron como pioneras de la industrialización colombiana en las décadas posteriores.
3. El comercio exterior
Después de 1820 el gobierno de Colombia inició un proceso de apertura de su comercio exterior con aquellos países que veían en las nuevas repúblicas perspectivas de nuevos mercados. Inglaterra y, en menor medida, Francia y Estados Unidos, sustituyeron a España como principales socios comerciales. Sin embargo, el comercio directo con los países europeos sólo se generalizó a mediados de siglo. Hasta entonces, gran parte de la actividad comercial se realizó con Jamaica y otras colonias inglesas en las Antillas. Allí se llevaba oro y algunas mercancías —“frutos”, para utilizar el término colonial— y se adquirían bienes europeos, en particular textiles ingleses.
Siguiendo el patrón de fines de la Colonia, el oro siguió representando las tres cuartas partes de las exportaciones. De acuerdo con los estimativos de Vicente Restrepo, después de una recuperación en las primeras décadas de la República, la producción del metal llegó a $2.540.000 anuales en los años cuarenta, un nivel todavía inferior al de la primera década del siglo ($3.060.000). Las regulaciones coloniales según las cuales sólo se permitía exportar oro y plata amonedados, para garantizar el pago del quinto y los derechos de amonedación, se conservaron en las primeras décadas de la República. Sin embargo, es evidente, por los registros de las Casas de Moneda, que cerca de un tercio de la producción no cumplía esa norma legal. Toda la producción no amonedada, sin duda, salía del país ilegalmente. Para tratar de cobrar indirectamente los derechos de quinto, en 1828 se estableció un impuesto del 6% a la “exportación presunta” de oro, que se cobraba sobre las importaciones. Dicho tributo fue eliminado en 1833. Más tarde, en 1846, como parte de la reforma monetaria emprendida por la administración Mosquera, que introdujo el sistema decimal y reguló la confusa circulación interna, se autorizó la exportación de oro sin amonedar, sujeta a un derecho único del 6%. Todos los gravámenes al oro fueron posteriormente derogados como parte de las reformas liberales de mediados de siglo.
Proponía además que “Todo minero satisfaga inmediatamente y por separado los perjuicios y daños que ocasionare en cercos, labranzas y posesiones ajenas, por convenio o por sentencia.”
La evolución de la minería de oro en Mompox ilustra otro tipo de desarrollos, asociados al contrabando del metal. Aunque se trataba de un fenómeno corriente, en ésta como en otras regiones productoras se había agudizado bastante como consecuencia de las guerras de independencia y de la supresión de la casa de fundición en aquella ciudad. Entre 1801-05 el derecho de quintos produjo 18.126 castellanos dos tomines de oro (40.743 pesos 6 reales), tendencia que se mantuvo en los años siguientes, lo que indujo al gobernador de la provincia a manifestar hacia 1830 que el Estado había dejado de recibir en los últimos diez años más de $80.000. La ausencia de una casa de fundición y la ley de 1828 que ordenó fundir los oros en otras casas de fundición, puso a Mompox a depender de Medellín, donde se hallaba la casa más cercana.
Debido a las pocas relaciones comerciales existentes entre las provincias de Mompox y Antioquia, tal determinación estimuló el comercio ilegal de oro y mercancías en la primera de estas provincias. A lo anterior se unió la escasez de capital líquido entre la mayoría de los comerciantes de Mompox. El mismo gobernador observaba que todo ello se había traducido en desaliento para muchos empresarios y mineros de la región12. Como alternativa proponía la libre circulación del oro en polvo, al igual que su exportación en barras. La medida revitalizaría el comercio y haría bajar “el precio de los cambios” que afectaba fundamentalmente al consumidor de artículos extranjeros: “En una palabra, saldrá más oro de la tierra y vendría más plata del océano, dejando un cambio ventajoso a la balanza del país.” A pesar de que era imposible evitar el contrabando, por lo menos quedaba la posibilidad de recuperar la economía regional. Con esto ganaría el país, pues se estaban perdiendo no sólo los oros de Mompox, sino todo el que se producía en Simití y Cauca, que tampoco se enviaba a Medellín. LOS PROBLEMAS DEL COMERCIO
1. La visión de los consulados13
La reactivación de la economía y el comercio colombianos después de 1830 fue una de las preocupaciones del Estado y de los sectores que se habían visto comprometidos con la guerra. Interrogados sobre estos temas, los consulados del comercio de las más importantes ciudades colombianas expusieron sus ideas acerca de los principales problemas que afectaban la economía colombiana hacia 1830. A grandes rasgos proponían, como condiciones necesarias para superarlos:
1. Consolidar la paz y la unión como condiciones mínimas para un progreso económico.
2. Fomentar la agricultura, teniendo cuidado de estimular el auge de sectores que no estuvieran desarrollados en otras regiones, con lo cual se evitaría la competencia y la posible ruina de los nuevos empresarios.
3. Impulsar el cultivo del tabaco como producto básico de exportación. Para lograrlo era necesario suprimir el estanco y permitir el libre cultivo.
4. Estimular la agricultura de origen colonial como el cacao, el trigo y el algodón, que habían decaído como consecuencia de la competencia extranjera y como resultado de la ruptura de viejos circuitos comerciales.
5. Crear condiciones socioeconómicas que permitieran a los colombianos recuperar el control de los mercados internos, que estaban siendo controlados por los extranjeros, lo que había creado una escasez de circulante monetario entre los comerciantes nacionales.
6. Finalmente, impulsar las mejoras en las vías de comunicación, tan importantes para la disminución del costo final de las mercancías y los productos de todo género y para la ampliación del espacio mercantil. Entre estas mejoras figuraban no sólo los caminos interprovinciales, sino la navegación por el río Magdalena.
Todos los problemas expuestos por la clase comercial y empresarial de los años treinta indican con claridad el vértice de sus preocupaciones, ante un país compuesto por viejos y nuevos intereses. Al Estado le correspondería hacer un esfuerzo para satisfacer las demandas que en forma realista buscaban conciliar los variados intereses empresariales, sectoriales y regionales.
Durante estos años surge, si pudiéramos decirlo así, una protesta “nacionalista” que expresa un abierto rechazo al libre comercio, no sólo por las secuelas que dejaba sobre la economía sino por la dependencia que se estaba creando con respecto a los mercados extranjeros, con detrimento y ruina del empresariado nacional: “Un pueblo debe tener a la mira no depender de otro en lo que es indispensable para subsistir”, sentenciaba el comercio de Bogotá.
La queja se veía corroborada por hechos tan concretos como la competencia provocada por la introducción de harinas extranjeras, especialmente las provenientes de Estados Unidos, al igual que la competencia a la industria tabacalera, sustituida y castigada por los tabacos de Virginia. La destrucción de viejos mercados, como el de las harinas de trigo entre Ocaña y Mompox, y el del algodón de Girón, que se exportaba, eran atribuidos a concepciones librecambistas que habían permitido la irrupción de productos desde el extranjero, dando al traste con los mercados, redes y flujos antes citados. La disputa en torno a la comercialización del trigo estaba muy enraizada en la conciencia de los criollos, pues durante todo el siglo XVIII la lucha para evitar que se trajeran harinas inglesas había desatado polémicas sin fin. Ahora, en plena república, no eran los ingleses sino otras potencias. Se argumentaba que el trigo cultivado en Ocaña había sido reemplazado por el de Estados Unidos, que venía mezclado con “harinas de habas, garbanzos y otros granos”.
La preocupación fundamental que parece surgir de los informes era la de lograr una gran transformación y un fortalecimiento de la agricultura en las zonas tradicionales de producción mediante la habilitación de nuevas regiones, con el fin de desarrollar mercados de consumo interno más sólidos y crear excedentes susceptibles de ser exportados. El modelo buscaba “sustituir” importaciones agrícolas, abastecer los mercados nacionales y acceder luego al comercio internacional. Este era un viejo modelo colonial, que se oponía al del nuevo empresario interesado en buscar las ventajas del comercio internacional. He aquí dos modelos de desarrollo económico sobre los cuales debatían entre sí los empresarios e inversionistas. Pensar que las economías latinoamericanas de la primera mitad del siglo XIX no tenían opciones o modelos diferentes al que se impuso a mediados del siglo, basado en el librecambio, resulta erróneo, según se deduce de los informes de los cónsules de comercio.
2. Proteccionismo y librecambio
Acorde con los conceptos prevalecientes, las primeras décadas de la república fomentaron un proteccionismo moderado, reflejado ante todo en la defensa de algunos sectores agrícolas afectados por la competencia extranjera, pero también en la promoción de los primeros ensayos de industrialización.
La evolución de los aranceles no es fácil de seguir durante estos años debido a la complejidad de las normas correspondientes. Durante la mayor parte del período se conservó el sistema español de aforo por arancel. De acuerdo con este sistema, la ley determinaba una larga lista de precios oficiales de bienes de importación, sobre los cuales se cobraba una tasa determinada. Como no había ninguna intención de ajustar los valores oficiales a las fluctuaciones frecuentes de los precios de las mercancías, el sistema equivalía a un derecho específico de tantos centavos por vara de tela o por kilogramo de arroz. Por tal motivo, ya desde principios de la década del treinta habían comenzado a introducirse algunos derechos claramente específicos, y en 1844 se reemplazaron en su totalidad los gravámenes existentes por impuestos de esta naturaleza.
Para conocer con exactitud el efecto real de los gravámenes durante aquellos años, sería necesario disponer de una considerable cantidad de información sobre los precios de los bienes importados, de la cual carecemos enteramente. No obstante, algunos trabajos existentes permiten reconstruir parcialmente la evolución de los aranceles14. De acuerdo con dichos estudios, los gravámenes establecidos en 1821 fueron moderados (de un 20% en promedio sobre los valores oficiales), ciertamente inferiores a los que prevalecían a fines de la Colonia (35 a 40%). Sin embargo, como la mayoría de los gravámenes se cobraban antes en la metrópoli, el efecto fiscal de los derechos de importación estipulados por el Congreso de Cúcuta consistió en un aumento de los ingresos de la naciente república. Fuera de los derechos de importación propiamente dichos, se mantuvieron o crearon otros gravámenes que tenían la misma base. El más importante de ellos era la alcabala o impuesto a las ventas, pero también existían otros de menor cuantía (los derechos de consulado, tonelaje, lazareto y consulares, estos últimos diferentes a los primeros).
A partir de 1828 se inició un movimiento proteccionista que tuvo su momento culminante en 1833. Para ese entonces el gravamen conjunto de importación y alcabala más común para las telas se había elevado al 29% sobre los valores oficiales existentes, contra sólo 20% en 1821. Debido, sin embargo, al contrabando inducido por los elevados niveles arancelarios, desde fines de 1834 se redujeron de nuevo los gravámenes, hasta llegar a mediados del año siguiente a un 22%. A comienzos de la década del cuarenta se inició un nuevo proceso proteccionista. En 1842 se elevó en dos puntos el derecho de importación y en 1844 se emprendió una reforma mucho más radical del arancel. Aunque los gravámenes sobre las telas no parecen haber variado mucho, se elevaron considerablemente los derechos de importación de los bienes agrícolas. Tal reforma fue la culminación de la fase proteccionista, ya que los principios liberales se reflejaron en 1847 en una simplificación del régimen arancelario y en una reducción drástica de los gravámenes existentes. Los impuestos de importación a las telas ordinarias de algodón y lana, a los alimentos y al hierro se redujeron a la mitad o menos de los niveles anteriores. En el caso de las telas finas, la disminución fue algo menor (20 a 30%). Curiosamente, la reforma gravó las importaciones de herramientas, que hasta entonces habían permanecido libres de todo derecho.
La magnitud de los derechos arancelarios existentes hasta la reforma de 1847 no parece haber sido exagerada. El arancel ad valorem promedio (es decir, la relación entre los recaudos arancelarios y el valor de las importaciones) fue de un 22% durante la década del treinta y aumentó a 27% en la primera mitad de la década del cuarenta. De acuerdo con los conceptos prevalecientes, los gravámenes más elevados recaían sobre los alimentos importados. Hasta 1847 el azúcar fue de prohibida importación. En 1846, antes de las reformas liberales, el arroz pagaba el 173%, la harina el 63% y la manteca de cerdo el 70% de sus precios en puertos norteamericanos. En el caso de las telas ordinarias del algodón, los gravámenes oscilaban en torno a 80%, y en el de las telas finas de la misma fibra en torno a 40%; en ambos casos, sin embargo, los gravámenes típicos duplicaban los de fines de los años veinte ya que la baja en los precios internacionales de los textiles no había sido acompañada de una merma en los derechos correspondientes. Como puede apreciarse, para algunos bienes claves en las concepciones proteccionistas, los gravámenes eran elevados. Sin embargo, mucho más importante que el efecto de los aranceles era entonces la “protección natural” ofrecida por el atraso en el sistema de transportes, que aumentaba considerablemente el precio de un bien traído al interior del país.
Las concepciones proteccionistas no se limitaron al manejo del arancel. Simultáneamente se desarrolló una política de privilegios y estímulos a todo tipo de industrias modernas que quisieran organizarse en el país. Los privilegios establecían un monopolio temporal, no a la fabricación de un bien particular, sino a la técnica utilizada. Esta política era complementada con préstamos nacionales a las nuevas fábricas, con primas especiales y con la exención de impuestos para la maquinaria y herramientas necesarias. Con base en tales privilegios, en la década del treinta tuvo lugar un pequeño ensayo de industrialización en Bogotá y sus cercanías, que incluyó fábricas de loza fina, papel, vidrios, tejidos, paños, sombreros y una ferrería (la de Pacho, establecida desde 1827, pero que se inició en firme sólo en 1838). Las fábricas enfrentaron disponibilidades de todo tipo, asociados al tamaño del mercado, a la calidad o disponibilidad de mano de obra calificada y materias primas, a la guerra de los Supremos y a las maniobras financieras y posterior quiebra de Judas Tadeo Landínez a comienzos de 1842. Algunas de ellas, sin embargo, lograron sobrevivir y continuaron como pioneras de la industrialización colombiana en las décadas posteriores.
3. El comercio exterior
Después de 1820 el gobierno de Colombia inició un proceso de apertura de su comercio exterior con aquellos países que veían en las nuevas repúblicas perspectivas de nuevos mercados. Inglaterra y, en menor medida, Francia y Estados Unidos, sustituyeron a España como principales socios comerciales. Sin embargo, el comercio directo con los países europeos sólo se generalizó a mediados de siglo. Hasta entonces, gran parte de la actividad comercial se realizó con Jamaica y otras colonias inglesas en las Antillas. Allí se llevaba oro y algunas mercancías —“frutos”, para utilizar el término colonial— y se adquirían bienes europeos, en particular textiles ingleses.
Siguiendo el patrón de fines de la Colonia, el oro siguió representando las tres cuartas partes de las exportaciones. De acuerdo con los estimativos de Vicente Restrepo, después de una recuperación en las primeras décadas de la República, la producción del metal llegó a $2.540.000 anuales en los años cuarenta, un nivel todavía inferior al de la primera década del siglo ($3.060.000). Las regulaciones coloniales según las cuales sólo se permitía exportar oro y plata amonedados, para garantizar el pago del quinto y los derechos de amonedación, se conservaron en las primeras décadas de la República. Sin embargo, es evidente, por los registros de las Casas de Moneda, que cerca de un tercio de la producción no cumplía esa norma legal. Toda la producción no amonedada, sin duda, salía del país ilegalmente. Para tratar de cobrar indirectamente los derechos de quinto, en 1828 se estableció un impuesto del 6% a la “exportación presunta” de oro, que se cobraba sobre las importaciones. Dicho tributo fue eliminado en 1833. Más tarde, en 1846, como parte de la reforma monetaria emprendida por la administración Mosquera, que introdujo el sistema decimal y reguló la confusa circulación interna, se autorizó la exportación de oro sin amonedar, sujeta a un derecho único del 6%. Todos los gravámenes al oro fueron posteriormente derogados como parte de las reformas liberales de mediados de siglo.
El proceso de expansión de
exportaciones de origen agrícola y ganadero iniciado a fines de la Colonia
quiso reconstruirse después de la guerra. Los resultados de tales esfuerzos no
fueron muy favorables.
El proceso de expansión de
exportaciones de origen agrícola y ganadero iniciado a fines de la Colonia
quiso reconstruirse después de la guerra. Los resultados de tales esfuerzos no
fueron muy favorables. El principal “fruto” exportado en los primeros años del
siglo, el algodón, no pudo sostenerse ante la baja dramática de los precios
internacionales generada por la expansión del cultivo en Estados Unidos. Aunque
todavía sobrevivía en la década del treinta, desapareció poco después de los
registros de exportación. La quina, que también tuvo un corto período de auge a
fines de la Colonia, se había eclipsado casi totalmente a comienzos de la
República. En cambio, la exportación de cueros y palos de tinte siguió
incrementándose. Al lado de estos bienes surgieron, además, nuevos productos.
Entre ellos se destaca el tabaco, que comenzó a exportarse desde la década del
treinta como resultado del interés conjunto del gobierno y los comerciantes
(véase la sección siguiente).
En cualquier caso, antes de mediados de siglo, la apertura al comercio exterior fue muy limitada. Aunque la exportación de frutos creció un poco en relación con los niveles más altos de la Colonia (de $785.000 anuales en 1802-1804 a $849.000 en 1835-39 y $894.000 en 1841-45), la expansión no alcanzó a compensar la caída en la producción y exportación de oro. De esta manera, en la primera mitad del siglo XIX se vivió un estancamiento e incluso un retroceso del comercio de exportación. Como la población aumentó en un 80% aproximadamente, lo anterior indica que, a mediados del siglo, las exportaciones por habitante habían disminuido en más de un 40% en relación con los niveles de fines de la Colonia. El valor de las importaciones se mantuvo también relativamente inalterado. Sin embargo, gracias a la caída dramática de los precios de los textiles en el comercio internacional, las compras reales de estos bienes, que representaban entonces tres cuartas partes de las importaciones colombianas, se elevaron a un ritmo relativamente aceptable (un 3% anual), aun antes de la bonanza exportadora de mediados del siglo. LAS FINANZAS PÚBLICAS Uno de los aspectos más controvertidos durante la constitución y desarrollo del Estado republicano fue el relativo a las rentas. El desorden introducido por la guerra y las medidas adoptadas en los primeros años de la República habían creado traumas en la estructura tributaria. La supresión de algunos impuestos y la desorganización de la administración fiscal abrió un boquete considerable en los recursos del Estado, al tiempo que aumentaban considerablemente las necesidades de gasto.
Las nuevas demandas creadas por la Independencia tenían tres orígenes diferentes. El primero de ellos era la aparición de un ejército nacional, que no solamente debía garantizar el triunfo republicano sino que tuvo que hacer frente a la resistencia irregular que sobrevivió después de 1820. La Nueva Granada tuvo también que financiar los ejércitos que se enviaron al sur de América para luchar por la independencia del Ecuador y el Perú. A esto se unieron los levantamientos, las guerras civiles y las amenazas de reconquista. Se estima que, en 1825-26, cerca de las tres cuartas partes de los egresos del Estado se destinaron a atender gastos militares y, aún en 1826-27, los gastos del ejército y la marina alcanzaron el 62%. Aunque posteriormente dichas erogaciones se redujeron, su proporción volvió a hacerse importante en los años que precedieron a la guerra de los Supremos (1829-42), cuando la hacienda nacional tuvo que disponer de un 44% del presupuesto para guerra y marina. La segunda demanda provenía de la nueva burocracia estatal. A los gastos de los empleados civiles se unían los de la burocracia internacional, que comenzó a recorrer el mundo estableciendo embajadas, consulados y legaciones diplomáticas. Por último, la guerra de independencia y las necesidades generales durante los primeros años de la vida republicana dejaron como legado una deuda externa e interna considerable. En 1839, al ser dividida la deuda de la Gran Colombia, correspondió a nuestro país un 50% del total, que sumaba $31.8 millones con el exterior y $19.9 millones internamente. Ello equivalía a más de veinte veces los ingresos públicos de aquellos años. La imposibilidad de pagar semejante deuda se convirtió desde entonces en una amenaza constante, ya que los intereses no pagados se convertían en nuevo capital, en un permanente círculo vicioso.
Es importante anotar que, pese a que la contabilidad mostró un superávit en algunos años, éste no era más que un espejismo, que ocultaba la postergación de los pagos de la deuda pública y los gastos irrisorios en nuevos proyectos de desarrollo económico. Teniendo en cuenta la población del país, los gastos públicos por habitante, una vez deducidos los costos de recaudación de las rentas, oscilaban en los años treinta en torno a $1 y tendieron a disminuir en la siguiente década. Esta es una señal inequívoca de la absoluta indigencia en que se debatía la sociedad republicana en sus primeros años.
Durante los años de la primera república, varias juntas de gobierno habían procedido a eliminar algunas de las rentas más odiadas, entre ellas el tributo de indios, el impuesto a los mazamorreros y el monopolio de aguardiente. Dichas medidas, unidas a la desorganización general de la administración fiscal, generaron faltantes cuantiosos, que se cubrieron apelando a los saldos de las cajas reales, a la expropiación de los bienes de los realistas, al uso del papel moneda, en Cartagena, y a las emisiones de moneda de baja ley.
Después de la reorganización del sistema rentístico que emprendieron las autoridades españolas durante la Reconquista, los primeros gobiernos y congresos republicanos adoptaron una actitud más cautelosa. En 1821, el Congreso de Cúcuta abolió algunas rentas menores que eran consideradas particularmente opresivas, entre ellas nuevamente el tributo de indios y el impuesto a los mazamorreros, la alcabala para ventas internas (aunque se mantuvo, con una tasa reducida, para las operaciones de propiedad raíz), el impuesto sobre las ventas de víveres o sisa y la venta de cargos públicos15. Sin embargo, por razones estrictamente rentísticas, se mantuvieron los monopolios estatales sobre el tabaco y la sal, pese a la oposición que existía contra el primero, y se sustituyó el del aguardiente por un gravamen diferente. Además, los diezmos y el quinto también se preservaron, pese a que eran considerados como verdaderos frenos al desarrollo de la agricultura y la minería nacional.
Aunque la renta del tabaco fue reorganizada con bastante éxito en la década del treinta, el interés del gobierno y de los comerciantes en desarrollar nuevas fuentes de exportación y las propias necesidades fiscales del Estado, impulsaron diversos mecanismos mediante los cuales los intereses privados penetraron en el negocio e hicieron finalmente inatajable su privatización. El primero de ellos fue una forma de conciliar los intereses de los comerciantes y del monopolio. Después de un primer ensayo de exportación por cuenta del gobierno, este último decidió realizar subastas periódicas de tabaco entre algunas firmas interesadas en venderlo en el mercado internacional. Además el gobierno contrató algunos empréstitos cuya garantía se estipuló en tabaco; algunos de ellos estaban todavía vigentes al momento de la abolición del monopolio. Debido a la falta de recursos, el gobierno se vio también obligado en diversas ocasiones, en particular durante la guerra de los Supremos, a utilizar los fondos de caja del estanco para pagar sus gastos ordinarios. De esta manera, a la hora de hacer los pagos a los cosecheros, el estanco se encontraba sin fondos. Este hecho obligó al gobierno a contratar las siembras con aquellos hacendados que tuvieran acceso al crédito, permitiendo que éstos se iniciaran en el cultivo, que hasta entonces se reservaba a los pequeños propietarios.
A mediados de la década del cuarenta era creciente el interés de los comerciantes y de algunos hacendados en el negocio del tabaco. Por tal motivo, cuando la administración de Tomás Cipriano de Mosquera decidió entregar al sector privado las factorías de Ambalema, Palmira y Girón y crear algunas destinadas exclusivamente a la exportación, no tuvo dificultad para arrendar ninguna de ellas. La producción y exportación de tabaco se incrementó rápidamente bajo el nuevo sistema. Por eso, la presión para abolir el monopolio se hizo frontal. En 1848 el Congreso —en contra de la opinión del Ejecutivo— decretó la libertad del cultivo, estableciendo al mismo tiempo un impuesto de exportación. Al año siguiente se redujo este gravamen pero se creó un impuesto a las siembras de la hoja. La oposición a los nuevos tributos fue rápida y efectiva y en mayo de 1850 la producción y comercio del tabaco quedaron completamente libres de todo gravamen.
En el caso del aguardiente, las medidas de libertad fueron más tempranas. A ello contribuyó, sin duda, la mayor dispersión de su producción en todo el territorio nacional y la decisión de varias juntas revolucionarias de eliminarlo durante la primera república. La Reconquista consideró, además, que era peligroso en este caso revivir el monopolio y optó por imponer un gravamen de $2 por cántara de aguardiente producido. El Congreso de Cúcuta decretó igualmente la libertad de producción de aguardiente, pero creó un gravamen sobre la destilación y sobre la patente de venta al detal de dicho licor. Aunque en 1828 fue restablecido el monopolio, nuevamente se le sustituyó en 1834 por un sistema de patentes.
El ensayo más interesante en el terreno fiscal en los primeros años de la república fue el establecimiento de un impuesto a la renta. Este nuevo gravamen, creado en 1821 en el Congreso de Cúcuta, tenía dos modalidades. En el caso de los salarios, se trataba de un gravamen levemente progresivo: nulo para rentas inferiores a $150 anuales, del 2% para ingresos de entre $150 y $1.000, y de 3% para rentas superiores. Para los ingresos de capital, el gravamen era de un 10%, sobre una base que era en la práctica una renta presuntiva, pues equivalía al 5% de los capitales invertidos en la agricultura, la minería y la manufactura (incluidos los terrenos), y al 6% de los invertidos en el comercio. El gravamen funcionó en forma muy deficiente en ausencia de un catastro que sirviera para determinar, siquiera imperfectamente, el valor de las propiedades. Su producido resultó ser apenas una ínfima porción de lo estimado inicialmente. Fue suspendido temporalmente en 1823 y, después de una tentativa de mejorarlo, quedó abolido definitivamente en 1826. Sólo revivió como renta provincial a mediados del siglo
En cualquier caso, antes de mediados de siglo, la apertura al comercio exterior fue muy limitada. Aunque la exportación de frutos creció un poco en relación con los niveles más altos de la Colonia (de $785.000 anuales en 1802-1804 a $849.000 en 1835-39 y $894.000 en 1841-45), la expansión no alcanzó a compensar la caída en la producción y exportación de oro. De esta manera, en la primera mitad del siglo XIX se vivió un estancamiento e incluso un retroceso del comercio de exportación. Como la población aumentó en un 80% aproximadamente, lo anterior indica que, a mediados del siglo, las exportaciones por habitante habían disminuido en más de un 40% en relación con los niveles de fines de la Colonia. El valor de las importaciones se mantuvo también relativamente inalterado. Sin embargo, gracias a la caída dramática de los precios de los textiles en el comercio internacional, las compras reales de estos bienes, que representaban entonces tres cuartas partes de las importaciones colombianas, se elevaron a un ritmo relativamente aceptable (un 3% anual), aun antes de la bonanza exportadora de mediados del siglo. LAS FINANZAS PÚBLICAS Uno de los aspectos más controvertidos durante la constitución y desarrollo del Estado republicano fue el relativo a las rentas. El desorden introducido por la guerra y las medidas adoptadas en los primeros años de la República habían creado traumas en la estructura tributaria. La supresión de algunos impuestos y la desorganización de la administración fiscal abrió un boquete considerable en los recursos del Estado, al tiempo que aumentaban considerablemente las necesidades de gasto.
Las nuevas demandas creadas por la Independencia tenían tres orígenes diferentes. El primero de ellos era la aparición de un ejército nacional, que no solamente debía garantizar el triunfo republicano sino que tuvo que hacer frente a la resistencia irregular que sobrevivió después de 1820. La Nueva Granada tuvo también que financiar los ejércitos que se enviaron al sur de América para luchar por la independencia del Ecuador y el Perú. A esto se unieron los levantamientos, las guerras civiles y las amenazas de reconquista. Se estima que, en 1825-26, cerca de las tres cuartas partes de los egresos del Estado se destinaron a atender gastos militares y, aún en 1826-27, los gastos del ejército y la marina alcanzaron el 62%. Aunque posteriormente dichas erogaciones se redujeron, su proporción volvió a hacerse importante en los años que precedieron a la guerra de los Supremos (1829-42), cuando la hacienda nacional tuvo que disponer de un 44% del presupuesto para guerra y marina. La segunda demanda provenía de la nueva burocracia estatal. A los gastos de los empleados civiles se unían los de la burocracia internacional, que comenzó a recorrer el mundo estableciendo embajadas, consulados y legaciones diplomáticas. Por último, la guerra de independencia y las necesidades generales durante los primeros años de la vida republicana dejaron como legado una deuda externa e interna considerable. En 1839, al ser dividida la deuda de la Gran Colombia, correspondió a nuestro país un 50% del total, que sumaba $31.8 millones con el exterior y $19.9 millones internamente. Ello equivalía a más de veinte veces los ingresos públicos de aquellos años. La imposibilidad de pagar semejante deuda se convirtió desde entonces en una amenaza constante, ya que los intereses no pagados se convertían en nuevo capital, en un permanente círculo vicioso.
Es importante anotar que, pese a que la contabilidad mostró un superávit en algunos años, éste no era más que un espejismo, que ocultaba la postergación de los pagos de la deuda pública y los gastos irrisorios en nuevos proyectos de desarrollo económico. Teniendo en cuenta la población del país, los gastos públicos por habitante, una vez deducidos los costos de recaudación de las rentas, oscilaban en los años treinta en torno a $1 y tendieron a disminuir en la siguiente década. Esta es una señal inequívoca de la absoluta indigencia en que se debatía la sociedad republicana en sus primeros años.
Durante los años de la primera república, varias juntas de gobierno habían procedido a eliminar algunas de las rentas más odiadas, entre ellas el tributo de indios, el impuesto a los mazamorreros y el monopolio de aguardiente. Dichas medidas, unidas a la desorganización general de la administración fiscal, generaron faltantes cuantiosos, que se cubrieron apelando a los saldos de las cajas reales, a la expropiación de los bienes de los realistas, al uso del papel moneda, en Cartagena, y a las emisiones de moneda de baja ley.
Después de la reorganización del sistema rentístico que emprendieron las autoridades españolas durante la Reconquista, los primeros gobiernos y congresos republicanos adoptaron una actitud más cautelosa. En 1821, el Congreso de Cúcuta abolió algunas rentas menores que eran consideradas particularmente opresivas, entre ellas nuevamente el tributo de indios y el impuesto a los mazamorreros, la alcabala para ventas internas (aunque se mantuvo, con una tasa reducida, para las operaciones de propiedad raíz), el impuesto sobre las ventas de víveres o sisa y la venta de cargos públicos15. Sin embargo, por razones estrictamente rentísticas, se mantuvieron los monopolios estatales sobre el tabaco y la sal, pese a la oposición que existía contra el primero, y se sustituyó el del aguardiente por un gravamen diferente. Además, los diezmos y el quinto también se preservaron, pese a que eran considerados como verdaderos frenos al desarrollo de la agricultura y la minería nacional.
Aunque la renta del tabaco fue reorganizada con bastante éxito en la década del treinta, el interés del gobierno y de los comerciantes en desarrollar nuevas fuentes de exportación y las propias necesidades fiscales del Estado, impulsaron diversos mecanismos mediante los cuales los intereses privados penetraron en el negocio e hicieron finalmente inatajable su privatización. El primero de ellos fue una forma de conciliar los intereses de los comerciantes y del monopolio. Después de un primer ensayo de exportación por cuenta del gobierno, este último decidió realizar subastas periódicas de tabaco entre algunas firmas interesadas en venderlo en el mercado internacional. Además el gobierno contrató algunos empréstitos cuya garantía se estipuló en tabaco; algunos de ellos estaban todavía vigentes al momento de la abolición del monopolio. Debido a la falta de recursos, el gobierno se vio también obligado en diversas ocasiones, en particular durante la guerra de los Supremos, a utilizar los fondos de caja del estanco para pagar sus gastos ordinarios. De esta manera, a la hora de hacer los pagos a los cosecheros, el estanco se encontraba sin fondos. Este hecho obligó al gobierno a contratar las siembras con aquellos hacendados que tuvieran acceso al crédito, permitiendo que éstos se iniciaran en el cultivo, que hasta entonces se reservaba a los pequeños propietarios.
A mediados de la década del cuarenta era creciente el interés de los comerciantes y de algunos hacendados en el negocio del tabaco. Por tal motivo, cuando la administración de Tomás Cipriano de Mosquera decidió entregar al sector privado las factorías de Ambalema, Palmira y Girón y crear algunas destinadas exclusivamente a la exportación, no tuvo dificultad para arrendar ninguna de ellas. La producción y exportación de tabaco se incrementó rápidamente bajo el nuevo sistema. Por eso, la presión para abolir el monopolio se hizo frontal. En 1848 el Congreso —en contra de la opinión del Ejecutivo— decretó la libertad del cultivo, estableciendo al mismo tiempo un impuesto de exportación. Al año siguiente se redujo este gravamen pero se creó un impuesto a las siembras de la hoja. La oposición a los nuevos tributos fue rápida y efectiva y en mayo de 1850 la producción y comercio del tabaco quedaron completamente libres de todo gravamen.
En el caso del aguardiente, las medidas de libertad fueron más tempranas. A ello contribuyó, sin duda, la mayor dispersión de su producción en todo el territorio nacional y la decisión de varias juntas revolucionarias de eliminarlo durante la primera república. La Reconquista consideró, además, que era peligroso en este caso revivir el monopolio y optó por imponer un gravamen de $2 por cántara de aguardiente producido. El Congreso de Cúcuta decretó igualmente la libertad de producción de aguardiente, pero creó un gravamen sobre la destilación y sobre la patente de venta al detal de dicho licor. Aunque en 1828 fue restablecido el monopolio, nuevamente se le sustituyó en 1834 por un sistema de patentes.
El ensayo más interesante en el terreno fiscal en los primeros años de la república fue el establecimiento de un impuesto a la renta. Este nuevo gravamen, creado en 1821 en el Congreso de Cúcuta, tenía dos modalidades. En el caso de los salarios, se trataba de un gravamen levemente progresivo: nulo para rentas inferiores a $150 anuales, del 2% para ingresos de entre $150 y $1.000, y de 3% para rentas superiores. Para los ingresos de capital, el gravamen era de un 10%, sobre una base que era en la práctica una renta presuntiva, pues equivalía al 5% de los capitales invertidos en la agricultura, la minería y la manufactura (incluidos los terrenos), y al 6% de los invertidos en el comercio. El gravamen funcionó en forma muy deficiente en ausencia de un catastro que sirviera para determinar, siquiera imperfectamente, el valor de las propiedades. Su producido resultó ser apenas una ínfima porción de lo estimado inicialmente. Fue suspendido temporalmente en 1823 y, después de una tentativa de mejorarlo, quedó abolido definitivamente en 1826. Sólo revivió como renta provincial a mediados del siglo
TRABAJO No. 4
VAS
A REDACTAR TRES CONCLUSIONES DE LA HISTORIA DE LA UTILIZACION DE ESTA
PLANTA Y EL IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL QUE TIENE HOY
EN DIA EN EL MUNDO Y EN NUETRO PUEBLO COLOMBIANO.
DEBES
REDACTAR EN EL CUADERNO Y ESTAR LISTA
PARA SUSTENTAR EL 6 DE MAYO
La
coca: Planta del futuro: Un texto
del siglo XVIII
La
coca, una planta consumida durante siglos por algunos indígenas suramericanos,
fue descrita por los primeros europeos que vinieron a América: Vespucio habló,
en cartas anteriores a 1504, de unas hojas que los indios de las costas de
Venezuela masticaban, y Gonzalo Fernández de Oviedo, hacia 1535, reportó una
yerba conocida como hayo, coca o yaat, que los indios usaban para quitarse la
sed y el cansancio.
La
coca, usada probablemente en forma excepcional en las culturas precolombinas
—en rituales o para la guerra o las largas marchas— se generalizó por obra y
gracia de los españoles, que la promovieron y la convirtieron en uno de los
productos más importantes del virreinato del Perú. Ante la caída en la calidad
de la alimentación de los indígenas provocada por la conquista española y el
desplazamiento de la productiva agricultura local por la ganadería, se
convirtió en un paliativo ante la creciente desnutrición de los trabajadores
indígenas. Y aunque muchas veces sacerdotes y funcionarios trataron de lograr
su prohibición, considerando que servía para mantener idolatrías o promover
conductas condenables, el peso del dinero fue más fuerte y nunca se prohibió.
En
nuestro país, su tráfico libre se mantuvo, aunque ya lo hayamos olvidado, hasta
1938. A pesar de las calidades atribuidas a la coca —desde los efectos contra
el cansancio y el hambre hasta hacer olvidar sus desgracias a los desdichados—
no tuvo el éxito del tabaco o el chocolate entre los consumidores europeos. El
médico Nicolás Mondares llevó las hojas a Europa en 1580, pero no parecen haber
causado ninguna impresión: no es raro que en el viaje hubieran perdido su
eficacia. Y a pesar de su importancia económica, no fue sometida a estudios
cuidadosos hasta el siglo XVIII, cuando los productos naturales americanos
comenzaron a someterse a análisis y descripciones que buscaban clasificar las
plantas según los nuevos criterios de la botánica de Jussieu y Linneo y
estudiar su posible utilidad. Los más conocidos son tal vez el botánico
Hipólito Ruiz López, quien incluyó un dibujo de la planta en la Flora Peruviana
de 1788, y el médico peruano Hipólito Únanúe, quien en 1794 publicó la
"Disertación sobre el cultivo, comercio y las virtudes de la famosa planta
del Perú nombrada coca", en la que le atribuía efectos curativos y
analgésicos contra cólicos, asmas y reumatismos. Unanúe citaba, entre los
autores que habían estudiado la coca, al catalán Antonio Julián, de quien
publicamos un breve extracto sobre este tema.
Antonio
Julián fue un jesuita que vino al Nuevo Reino de Granada en 1749, para iniciar
una misión y convertir a los Guajiros. Aunque la misión no se fundó, Julián
recorrió la zona varias veces, antes de trasladarse en 1759 a Bogotá, donde fue
profesor de la Javeriana hasta 1767, cuando fue expulsado con todos los demás
miembros de su orden. Julián se fue a Roma, como la mayoría de ellos, y se
dedicó al estudio y la escritura hasta que murió en 1790. Era bastante
creativo: defendió la tesis de que el paraíso terrenal estaba en América, y que
Jesucristo había venido a predicar el cristianismo aquí, en los días que
siguieron a su resurrección. Su libro La Monarquía del Diablo... fue publicado
en italiano, en Roma, en 1790 y reeditado hace algunos años. En 1787 publicó en
Madrid La Perla de la América, un libro en elogio de Santa Marta que ha sido ya
reeditado tres veces: en 1854, 1951 y 1980. La Perla de la América: provincia
de Santa Marta hace parte de esos libros del siglo XVIII en que los españoles,
y sobre todo los jesuitas, se dedicaron a defender a su nación de los ataques
de historiadores y escritores como Raynal o Robertson, y a sugerir, apoyándose
en escritores ilustrados como Campo manes, medidas para promover el avance
económico de los dominios españoles.
El
libro ofrece detalladas descripciones de la región samaria, en especial de sus
tribus indígenas, pero uno de sus intereses es presentar los productos que
puedan convertirse en objeto de comercio con Europa. La lista es amplia:
tabacos y añiles, azucares y panelas, perlas y nácar, palo del Brasil de
Valledupar, cueros y loros de la Sierra Nevada, oro, plata y piedras preciosas,
algodones, hamacas guajiras, bálsamos, gomas, aceites, cacao, carey,
tamarindos, vainilla y canela, quinas, maderas y plantas medicinales, bagres,
cachamas y bonitos, animales tropicales y pájaros curiosos. Pero sobre todo el
producto que, si la corte española prueba y aprueba, podrá desplazar al té y el
café, y cargar las naves de Santa Marta a Europa: "la célebre yerba del hayo
o coca... que se cultiva en la provincia de Santa Marta". No le faltó
visión.
DE
LA CELEBRADA PLANTA LLAMADA HAYO, POR OTRO NOMBRE COCA, PASTO COMÚN DE LA
NACIÓN GUAJIRA
I.
Entro con singular gusto á discurrir de esta planta, no tanto para dar de ella
noticia á los curiosos, cuanto para promover su cultivo y uso en Europa, con
ventajas de la Monarquía de España, y mayor bien y salud de los pueblos y
naciones aun extranjeras. Estas han tirado á introducir el té, y café, se han
esforzado á promover las virtudes de estas yerbas, y se han dado maña para
entablar generalmente su uso, y llenar las ciudades de cafeterías para
despachar los frutos de sus colonias y regiones, con indecibles ventajas de sus
estados, y comercio. Y nosotros Españoles, tan fáciles á dejarnos llevar de las
ideas forasteras, y de abrazar sus modas, como desinteresados y generosos para
despreciar, ó no hacer caudal de las propias cosas, dejamos que se coman los
Indios, y se sustenten de una yerba que pudiera ser un ramo de comercio ventajosísimo
para la España, salud de la Europa, remedio preservativo de muchos males,
reparativo de las fuerzas perdidas, y prolongativo de la humana vida. Esta es
la yerba llamada Hayo, celebrada en la Provincia de Santa Marta, y en todo el
Nuevo Reino; y en el Potosí, y Reino del Perú, llamada Coca.
Antes
de decir sus virtudes quiero referir el uso que de ella hacen los Indios Guajiros.
Estos son ya los únicos que en todo el Nuevo Reino usan de esta yerba. El modo
es curioso, y ciertamente me causó al verlo, no menor admiración que risa. Diré
lo que vi, y de ahí se podrá conocer la general costumbre de toda la nación.
Hallándome en el río de la Hacha, compareció en frente de nuestra casa una
tropa de Guajiros que venían á ver al Señor Obispo que allí estaba de visita.
Parte de ellos eran Cristianos de la reducción de los Padres Capuchinos; parte
barbaros y gentiles, tan al descubierto, que preguntando yo á uno si quería
hacerse Cristiano, me respondió con gran ceño, y profunda voz un no redondo.
Salí, pues, á ver aquella tropa de Indios, y me encontré con unos mozos altos,
robustos, y bien formados, bien encarados, y de un color trigueño, y mas blanco
de el que suelen tener los demás Indios del Reino. Llevaban terciada sobre el
hombre derecho una manta de algodón bien tejida de sus mismas manos (porque
florecen mucho en estas labores) que les cubría la mayor parte del cuerpo, y
pendiente del cuello una mochila, o al forjita, que les caía debajo del brazo
izquierdo; y á la cintura, como los devotos peregrinos traían un calabocito con
un palito redondo y sutil metido dentro, y salía por la boquita. Dentro de
aquella al forjita traían las hojas del Hayo verdes y frescas, y dentro del calabocito
cal finísima, que ellos mismos hacen de las conchitas del mar, tan blanca y
bien amasada, que parece almidón, ó manjar blanco. Estaba yo gustoso
conversando con ellos, y veía que de tanto en tanto, ya el uno, ya el otro, metían
mano a la mochila, sacaban un puñado de yerba, se la metían en la boca, y
mascando y hablando se la iban tragando. Acabada la dosis echaban entonces la
mano al palito que salía por la boquita del calabazo; que en su lengua llaman Poporo,
revolvían un poquito aquella masa de cal, y sacaban un poco de ella en la punta
del palito, y luego con gran prolijidad se iban untando los labios, quitando
con aquel pincel lo verde que les había quedado del zumo del Hayo, y dejándolos
pintados de blanco. Tan pulidos como todo eso son los Guajiros. Pregunté yo a uno
de ellos, que parecía más risueño y tratable: ¿Por qué coméis así de esa yerba?
Y el bellaco Indio, metiendo los dedos en la nariz, como quien toma un polvo de
tabaco, me respondió: ¿Y blanco, por qué hace así? é hizo tal cual, como si
tomara tabaco. Confieso que me dejó sonroseado el Indio, y no supe que responderle;
porque en materia de usos y costumbres de diversas naciones, es difícil hallar
convincente disparidad.
II.
Antiguamente en lo más interior del Nuevo Reino se cultivaba esta planta, y se hacía
gran uso de sus hojas. Las Provincias más fértiles y abundantes de ella eran la
de Duitama, singularmente en el territorio de la Villa ó Parroquia de Soata, y
la de los Sutagaos, que eran los que desde Tunjuelito y Usme se extendían por
las orillas y cercanías del rio Fusagasugá, hasta el rio Magdalena. Y era de
tanta estimación esta yerba, que con ella, después de que era bien tostada,
sahumaban a sus Ídolos los Sacerdotes llamados Jeques. Ahora años hace ya cesó
el cultivo y uso de esta yerba en el centro del Reino, y solo ha quedado en la
Provincia de Santa Marta. En esta, fuera de las tierras de los mismos Guajiros
solamente hay dos pueblos donde se da la cosecha, y llámense Molino el uno, y
el otro Villanueva situados ambos al pie de la Serranía de Maracaibo, de la
parte de la Sierra Nevada, y en los confines del Valle de Upár: pueblos amenísimos,
y fertilísimos, singularmente de esta yerba. Son pueblos de indios mansos, y Cristianos,
que pudieran estar ricos con el comercio de esta planta, y son bien pobres y
miserables, porque el Indio no se cuida de amontonar riquezas, sino de pasar el
día como Dios le ayuda. Estos indios siembran y cultivan la planta del Hayo, y
vi con mucho gusto míos algunos campos y sementeras de ella que tenían junto á
sus pueblos. La siembran con orden y división de una planta a la otra, la
cultivan con mucho cuidado y limpieza, y no cogen de sus hojas hasta que por la
frutilla que echa conocen que ya están en sazón. La planta no crece mucho, pero
tampoco es tan pequeña que no llegue, cuando está sazonada, á cuatro ó cinco
palmos de altura. Se levanta de la tierra con su palito, del cual van saliendo
las hojitas. Es hermosa, y se dilata en varios ramitos, que dan hojas en
abundancia. No se realmente a qué planta de Europa se parezca más la planta del
Hayo, ni á que hojas sus hojitas. Pero diré que la planta en el palito, en los
ramos y pomposo de su cima se asemeja á ciertos arbolitos que en la América
llaman Chochos, pero no llega á ser tan alta la planta del Hayo. Las hojas no
son grandes, sino como las del té, ó las de otra yerba equivalente al té (sino
es la misma) que en abundancia se da en el Nuevo Reino, y se usa en defecto y
suplemento del té mismo, y la llaman Escobilla, y anda en opiniones si es ó no
es el té legítimo. Es la hoja del Hayo lisa, remata en una sola puntica, y
tiene un verde hermoso, que tira á obscuro. Cuando está la cosecha del Hayo en sazón
van los Indios cortando con la uña del dedo pulgar las hojas de una en una á raíz
del palito en que nacen, y tendiéndolas en una manta que tienen prevenida á
este efecto, van recogiendo así la cosecha, y después la meten en unas vasijas
de barro, esperando que vengan á comprarla, los comerciantes de Perlas con los Guajiros,
ú otras personas para su uso.
El
comercio es continuo, porque es continuo el uso de esta yerba hacen los Guajiros,
mascándola día y noche, á todas horas. Y son tan aficionados, y habituados á
ella, que dejarán primero de buscar de comer, que de andar prevenidos y
abastecidos del Hayo. Como el habituado al buen tabaco en polvo, no puede estar
sin casa, así el Indio Guajiro sin la mochila de esta yerba. Tanta verdad es,
que la costumbre pasa á naturaleza. Sabiendo los comerciantes esta pasión de
los Guajiros por el Hayo, van á estos pueblos del Molino y Villanueva, y con
lienzos, herramientas, y otras cositas á que tienen afición los Indios, les
compran la hoja del Hayo: con esta pasan al rio de la Hacha, ó á los pueblos y
reducciones de los Guajiros ya cristianos, donde también acuden los bárbaros, y
con unos y otros hacen sus cambalaches, dando los Guajiros tantas onzas de
Perlas por tantos celemines de la hoja del Hayo. Antiguamente no dejaba de
haber comercio de esta yerba también en lo interior del Nuevo Reino, porque á demás
del uso que de ella hacían las naciones bárbaras, como ahora los Guajiros, era
muy buscado el Hayo para el pasto y sustento de los Sacerdotes de los Ídolos,
que debían ser muy templados, y abstinentes, castos, y retirados, de pocas
palabras, y muy corto sueño.
Demuéstrense
las virtudes del Hayo, más apreciables que las del té, café, y mate de Paraguay
Estoy
admirado sumamente de que en Europa no se haga uso ninguno del Hayo, cuando
tanto se hace del té, y café. A tres causas lo atribuyo. Sea la primera la
ignorancia de las virtudes excelentes del Hayo, y no haber habido hombre
curioso que las descubra para el bien público. La segunda es el no ser la nación
Española tan ambiciosa de introducir últimas modas en otras naciones, como
paciente en admitir las ajenas. La tercera, porque las naciones extranjeras
tienen más lucro y ventajas en promover el uso del té y café, que no el del
Hayo, fruto de los dominios del Rey de España. La cuarta, aún podemos añadir, y
sea el que no ha llegado todavía el humor, y tiempo de hacer moda el tomar
Hayo. Mas puede ser que al Hayo, como á las demás cosas, llegue su tiempo, y
que con las noticias que voy á dar de sus admirables virtudes y efectos se introduzca
la moda no vana, no inútil, no perniciosa á las casas y personas, como otras
que vienen de allende, sino moda sana, utilísima, provechos sima á la salud, al
vigor y fuerza del cuerpo, y larga prospera conservación del individuo.
El
Ilustrísimo Señor Piedrahita, Obispo de Santa Marta, dice así (Cap. 2 de su
Hist. Gen.): "El juego del Hayo es de tanto vigor y sustento para los
Indios, que con él no sienten sed ni hambre; antes los alienta para el trabajo
que viene á ser el tiempo en que más lo usan; y asimismo debe de ser muy
provechoso para conservar la dentadura, por lo que se experimenta aun en los
Indios más ancianos". Yo añado, que es el Hayo decoctivo insigne, y
solutivo de los humores, pectoral, y sudorífico excelente, y antipocóndrico eficacísimo,
que mitiga y destruye los afectos y efectos hipocóndricos, disolviendo las
obstrucciones, que suelen ser la causa y principio de mal tan vario en sus
efectos, como pertinaz en el tormento y molestia de los pacientes. Todo esto lo
comprueba la experiencia en los que hacen uso frecuente de esta yerba.
El
uso puede ser en tres maneras. Antiguamente usaban los Indios tomar, ó mascar
las hojitas del Hayo tostadas primero en una vasija sobre el fuego y asi
tostadas las guardaban también, ó para el comercio, ó para el gasto de casa y
familia. Pero juzgo que tal uso no es el mas acertado para percibir los efectos
mas saludables del Hayo, porque en el fuego precisamente se ha de minorar, ó
disipar mucha parte de la sustanciosa virtud de la yerba, como al grano del
cacao se le va el jugo y manteca si se tuesta mucho, como se usa en Italia. El
otro modo de usarlo es á modo del té: se dejan secar por sí, y con el tiempo
las hojitas del Hayo, como las de rosa, borraja, y otras yerbas medicinales, y
puestas á hervir un poco, con la medida de agua correspondiente, se bebe esta,
tal cual la agua de rosa, amapola, y té, &c. y en cuantidad semejante. Así
es el Hayo un cordial, pectoral, y sudorífico excelente, y lo toman los
achacosos de hipocondría, singularmente cuando se ven atormentados en extremo
de sus dolores y síntomas molestísimos […]
§
III. Lo cierto es que por otros motivos, singularmente por el desmembramiento y
ruina de los pueblos indianos, y mortandad tan grande de Indios, que obligó á
la Real piedad de los Monarcas de España á prohibir los aplicaran á trabajar
las minas donde tantos morían, se dejó el cultivo y uso del Hayo en lo interior
del Reino, y quedo solo en los Guajiros. Estos chupando el jugo de esta yerba
se sustentan principalmente, se mantienen fuertes y robustos, con buena
dentadura, sin hipocondrías, ni otros tantos males que acompañan a muchos
pobres de Europa, que padecen hambre, y á muchos ricos deliciosamente, criados
entre té y café. Y es lástima que tantas familias pobres no tengan este
preservativo de hambre y sed, que tantos oficiales y artesanos carezcan de este
mantenimiento de fuerzas para el trabajo continuo, que tantos viejos y jóvenes
aplicados á la pesada tarea del estudio, y á componer libros, no gocen de esta
yerba contra la falta de espíritus, contra la consiguiente debilidad de cabeza,
y flaqueza de estómago, compañeras casi inseparables de la aplicación continua
á libros y estudio. Y finalmente, que tantos en la Europa giman en el duro
tormento de males crónicos, de obstrucciones hipocondriacas, males histéricos y
semejantes, aun con el uso del té, y café, y no puedan para su preservativo, ó
alivio, probar el uso del Hayo, que tan bien prueba á los Indios Guajiros, y á
los Españoles si llegan á usarlo.
ANTONIO
JULIAN - La perla de América: Provincia de Santa Marta. - Madrid: Antonio de
Sancha, 1787.
Jorge Orlando Melo
Revista Credencial Historia. (Bogotá - Colombia).
Edición 158 Febrero de 2003
Revista Credencial Historia. (Bogotá - Colombia).
Edición 158 Febrero de 2003
TRABAJO No.
5
CUESTIONARIO
1-QUE ES LA GLOBALIZACION
2-QUE ES LA TECNOLOGIA
3-CUAL ES LA RELACION DE LA GLOBALIZACION LA
TECNOLOGIA Y LA ECONOMIA
4-CUAL ES LA RELACION DE LA GLOBALIZACION CON LA EDUCACION.
5-CUAL ES LA RELACIN DE LA GLOBALIZACION-LA ECONOMIA-Y
LA POLITICA.
6-CUAL ES LA RELACION ENTRE LA GLOBALIZACION –LA
TECNOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
7-QUE ES DESARROLLO SUSTENTABLE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
NOTA: ESTAS PREGUNTAS LAS DEBE RESPONDER EN EL
CUADERNO Y TENERLAS LISTAS PARA SUSTENTAR
FECHA LÍMITE DEL TRABAJO: 13 DE MAYO LA CUAL SE
PUEDE ADELANTAR DE ACUERDO AL RENDIMIENTO DEL GRUPO.
La Globalización y la Tecnología de la Información
en la Educación
La
globalización es un fenómeno que afecta a todo el mundo de una u otra forma, y
es gracias a las tecnologías de la información que esto es posible. En la época
actual es totalmente concebible dicho fenómeno, mientras que hasta hace algunas
décadas era considerado una irrealidad debido a las dimensiones del manejo de
la información que se requieren para lograrlo. Actualmente se cuenta con bastos
recursos tecnológicos para dicha actividad y la tecnología que se encuentra
disponible puede hacer realidad lo que anteriormente pareciera una utopía.
La
tecnología permite a las compañías locales o nuevas lograr un nivel de
competencia con las transnacionales (en medida de lo posible) por medio de la
innovación que hace posible la participación en la economía mundial de algún
producto novedoso mediante la utilización de recursos tecnológicos como el
internet.
La
tecnología de la información ha transformado el rumbo de las empresas modernas;
el hombre actualmente no es capaz de dominar varias disciplinas como en su momento
lo hicieran los antiguos filósofos y buscadores de la verdad como Platón o
Aristóteles. Debido a la complejidad de las disciplinas es necesario
recurrir a los recursos que nos proporciona la tecnología. De esta forma el ser
humano es administrador de grandes conocimientos con apoyo de recursos
tecnológicos que lo dotan de capacidades superiores como el manejo de
información y datos en granes volúmenes que sólo es posible mediante el uso de
computadoras y tecnologías de la información.
Globalización es
un término que va de la mano de la palabra integración, de países, regiones,
mercados, economías, costumbres, culturas, etc. Se trata de un proceso que se
observa a un nivel mundial. Pero existe un problema: nadie puede explicar lo
que realmente quiere decir el término "globalización".
De
esta forma es necesario que se entienda que la globalización es en todos los
sentidos, político, social, cultural, educativo, etc. Y no únicamente económico
como lo vislumbra la mayoría de las personas. La expansión del capitalismo
nacida en las prácticas imperiales que comenzaran con las conquistas europeas
de ultramar en siglo XV, relanzadas con la Revolución Industrial del siglo XIX,
crearon un modelo en el que hoy día se hace especial énfasis, y que denominamos globalización. Dinámica que, desde el orden económico, estimula
preferentemente una demanda más homogeneizada de los consumidores a nivel
internacional y variados tipos de asociaciones, alianzas y conexiones.
Hoy
en día, este proceso está acompañado también de disposiciones de orden político
y cultural que conforman en el escenario mundial, una nueva definición de los
papeles que cumplen los gobiernos, Estados, empresas, organizaciones no
gubernamentales, etc. en los lineamientos estratégicos de poder y en la
concentración de esfuerzos por no claudicar ante la meta última y salvadora de
conquistar mercados mundiales que trasciendan las economías
nacionales. Esto lleva a una competencia donde lo
único que importa es lograr mejor calidad de producción para alcanzar más
mercados, aunque esto vaya en detrimento de los seres humanos.
La
mayor articulación de las economías de mercado se cumple por varios factores: a
través del crecimiento de la inversión extranjera directa, el aumento de las
empresas de responsabilidad compartida, y la integración de los mercados
financieros internacionales. Gracias al mayor
flujo de información (comercio electrónico), este mercado de capitales goza de
una apertura que le permite operar más allá de las regulaciones nacionales. El
aumento del capital de corto plazo dentro del flujo global de capital
internacional genera mayores posibilidades de inestabilidad económica y social.
La
decisión de abrir el mercado nacional y local, por parte de quienes definen las
políticas gubernamentales, se implementa a través de políticas fiscales,
presupuesto, tasa de cambio e impuestos. Históricamente, los gobiernos que
sufren una escasez crítica de capital
financiero se han visto en la necesidad de
tomar tales medidas, debido a los condicionamientos que las instituciones
financieras bilaterales y multilaterales ponen
a sus préstamos.
Éstas
exigen que los gobiernos tomen políticas fiscales acordes a la globalización.
Pero, es obvio que si esas políticas de ajuste estructural no van acompañadas
de políticas
sociales apropiadas (alivio a la pobreza,
cuidado de la salud, educación, etc.) excluirán a los pobres de los beneficios
del crecimiento económico e incluso determinarán su mayor empobrecimiento.
El
condicionamiento en el otorgamiento de créditos a la adopción de dichas
políticas ha sido el principal instrumento para obligar a los países pobres a
la liberalización, privatización, desregulación y retirada del Estado en las
actividades socio-económicas. El condicionamiento de los créditos se ha
convertido así en el principal mecanismo para la difusión mundial de paquetes
de medidas macroeconómicas que cuentan con el beneplácito de los gobiernos de
los países desarrollados.
Junto
con la mayor apertura en el flujo de bienes y capital, se pueden ver
contradicciones en las políticas nacionales de los países industrializados que
promueven la globalización. Por ejemplo, las políticas de migración de muchos
países, que restringen el movimiento poblacional a través de la frontera, son
contrarias a la creciente liberalización del mercado de capital financiero,
bienes y servicios.
Conclusiones
En
base a la información recabada y analizada se pude concluir que la globalización
afecta de manera diferente a los países, en la medida en que sean
tecnológicamente desarrollados o no, este fenómeno es más claro y concreto si
se plantean los eventos que provocan la vinculación de la globalización y la
tecnología:
- C
Crecimiento y expansión en las naciones que lideran el proceso o que
participan completamente en él.
- C
Crecimiento moderado o fluctuante en ciertas economías que intentan
incorporarse al marco de liberalización y globalización.
- C
Marginación o deterioro en los numerosos países que no logran superar
problemas como el bajo precio de los productos básicos o el de la deuda,
que no pueden resolver los conflictos acarreados por la liberalización y
que no se benefician de las oportunidades de exportación.
En
el caso de COLOMBIA es posible apreciar
que nos encontramos atrapados en la ignorancia acerca de las verdaderas
consecuencias o repercusiones de la globalización. Sólo una mínima parte
se ha ocupado de informarse a fondo de todo lo que atañe a ese fenómeno mundial;
la idiosincrasia del mexicano lo lleva a seguir lo que se le informe en los
medios masivos de comunicación, evitándole la "molestia" de leer,
preguntar, investigar por sí mismo la información de forma real y en función de
las necesidades que cada individuo quiere satisfacer.
En lo personal se vislumbran algunas
interrogantes que nos deberíamos hacer todos y que algunos ya se hacen desde
tiempo atrás: ¿Estamos realmente preparados para la globalización? ¿COLOMBIA cuenta con los recursos tecnológicos que
le permitan incursionar favorablemente en el fenómeno de la globalización,
simplemente se dejará llevar por las condiciones que establezcan las potencias?
¿No será indispensable que toda la sociedad se concientice sobre la importancia
de este fenómeno y las repercusiones que traerá para COLOMBIA y lo COLOMBIANOS, estemos o no preparados?
EFECTOS DE LA
GLOBALIZACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE
La globalización -A menudo solemos (suelo)
preguntarnos que es la globalización exactamente. ¿Será algo bueno? ¿Será algo
malo? ¿Me afectara o no me afectará? ¿Que beneficios obtendremos…y que
perjuicios (si los tiene)?etc., etc.…. -Existen muchas definiciones sobre que
significa la globalización, algunas tan claras y directas como esta: “La
globalización no es ni más ni menos que la extensión del capitalismo a escala
global” -La globalización es un proceso que se desarrolla gracias a los avances
tecnológicos que permiten una integración mundial de todas las economías. Estos
avances tecnológicos permiten realizar operaciones comerciales y financieras de
manera rápida y en cualquier mercado mundial. Con la globalización operaciones
mercantiles que antiguamente se realizaban a pequeña a escala, como cualquier
operación que se realiza en un mercado de pueblo, hoy se pueden realizar a
escala mundial. Uno de los avances más importantes ha sido Internet, que nos
permite obtener información de cualquier mercado del mundo en tiempo real.
-Existen tres tipos de globalización
diferente, aunque la filosofía del proceso es igual en los tres tipos:
-Globalización económica: consiste en la creación de un único mercado mundial
mediante la eliminación de los impedimentos que mantienen los países frente a
la libre circulación de capital y mercancías. Esta impulsada por las grandes
multinacionales, las grandes beneficiadas, y los centros de poder económico
internacional, como el FMI y el Banco Mundial.
-Globalización social:
se define como la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres
humanos y todas las sociedades. Un mundo socialmente globalizado sería aquel en
el que todos los seres humanos serían considerados iguales, independientemente
de sus creencias religiosas y culturales. Esta sociedad sería respetuosa con
estas diferencias y su principal fin sería crear una sociedad mejor para todos,
para todos sin excepción. –
Globalización política:
mediante la implantación de la democracia, ya que se considera a la democracia
como el mejor sistema político en cuanto a la capacidad de defender la justicia
y la igualdad de las personas. Efectos sobre el medio ambiente -La
globalización basada en el modelo económico capitalista tiene efectos muy
perjudiciales sobre el medio ambiente. -El capitalismo es un sistema económico
en el cual el mercado predomina. Mediante la globalización, se eliminan las
barreras comerciales entre los distintos países, y esto desencadena la
aparición de un mercado internacional a escala global, lo que ha provocado un
aumento en el consumo de recursos energéticos como consecuencia del transporte
entre los distintos países, ya sea de materias primas o de productos
manufacturados.
Este aumento en el consumo de recursos
energéticos, principalmente combustibles fósiles, incrementa la emisión de
sustancias contaminares, principales responsables del cambio climático y del
calentamiento global del planeta. –
Otro efecto colateral
de la globalización sobre el medio ambiente es el que “obliga” a los países más
pobres a aumentar la explotación de sus recursos, como pueden ser bosques o
recursos pesqueros, para satisfacer la demanda impuesta por el creciente número
de consumidores o por la necesidad de generar dinero para poder pagar las
deudas externas contraídas con los países ricos. Los países más pobres
encuentran en la sobreexplotación de sus recursos una manera de poder solventar
sus deudas.
Un dato curioso es que los llamados países
pobres son en realidad los que poseen las riquezas en cuanto a recursos, pero
son las empresas de los países ricos las que los explotan y las que realmente
obtienen el beneficio. -Otro hecho es que para poder ser más competitivos en
este mercado global, existen países que reducen sus estándares ambientales y
empresas que para reducir sus costos de producción reducen sus gastos en
seguridad ambiental.
Hoy en día, las grandes empresas
transnacionales no sólo colocan sus fábricas en países donde la mano de obra es
más barata, sino también en aquellos países cuya legislación ambiental es menos
severa y permite reducir costes en este ámbito, de modo que las empresas pueden
fabricar productos más baratos y más competitivos, que benefician al consumidor
en cuanto al dinero que tiene que gastarse para adquirir el producto. –
La globalización
promueve un mercado libre, y un mercado libre sin ningún tipo de control que lo
único que persigue es el beneficio económico, y esto va en contra de cualquier
acuerdo ambiental cuyo propósito sea la protección y conservación del medio ambiente
. -Además este mismo
capitalismo que esta asociado a la globalización va en contra de la
conservación medioambiental ya que suscita al consumismo exagerado y sin
justificación, con la consiguiente sobreexplotación de cualquier recurso en el
que pensemos (comida, combustibles, materiales como el plástico, etc...). ¿Es
posible una solución? –
Una de las soluciones
para evitar el deterioro del medio ambiente promovido por la globalización es
sencillo, simplemente evitemos que la globalización se produzca. -Para evitar
que las empresas transnacionales actúen de manera que el único objetivo sea el
de aumentar el beneficio económico en un mercado liberal y sin
regularizaciones, se debería crear una autoridad política que represente a la
mayoría de los habitantes y que regule las acciones que se llevan a cabo en
este mercado liberal, promoviendo un mercado racional y justo para todo el
mundo, que promueva la igualdad social a nivel global y que promueva acciones
que sean respetuosas con el medio ambiente. –
En la década de los 70,
cuando se empezó a tener conciencia del abuso que los seres humanos estábamos
provocando en el medio ambiente como consecuencia del desarrollo, surgió la
teoría de la educación ambiental. -La educación ambiental pretende concienciar
a todos los individuos de su dependencia con su entorno y que se debe sentir
responsable de su uso y mantenimiento, siendo capaz de tomar decisiones en este
sentido.
La educación ambiental promueve que las
personas adopten modos de vida que sean compatibles con la sostenibilidad,
adquirida mediante el consumo de los recursos de los que dispone el planeta a
la menor velocidad posible, de modo que estés se encuentren disponibles para
sucesivas generaciones y que el impacto ambiental provocado por nuestra actividad
humana y social sea el menor posible.
Debido a la creciente
preocupación que surge debido al deterioro medioambiental, surge el concepto de
desarrollo sostenible; concepto que quedó definido en 1987 en un informe de la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, “Nuestro Futuro Común”,como
"aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias".
-El problema de este
informe es que hoy en día no podemos determinar cuales serán las necesidades de
las futuras generaciones, y es difícil determinar que se puede explotar y que
no, y cúal debería ser la tasa de explotación de los distintos recursos para
que no se agoten, por lo que surge un vació que puede ser utilizado con efectos
contradictorios a los que en principio perseguía dicho informe. -Otro problema
es que dicho informe fue formulado desde la perspectiva del mundo occidental,
sin tener en cuenta a los países menos desarrollados.
Si se quiere desarrollar una política
medioambiental a nivel global, debería recoger las necesidades y los distintos
puntos de vista de los diferentes países, pobres o ricos. No hay que olvidar,
que el desarrollo económico de los países desarrollados se ha producido en gran
medida a la sobreexplotación del medio ambiente y sus recursos, por lo que no
se deberían aplicar las mismas leyes ambientales a países desarrollados, que
poseen el dinero y la tecnología necesarios para minimizar el impacto ambiental
de sus actividades, que a países en vías de desarrollo, que seguramente no
tengan capacidad de cumplirlas si son demasiado estrictas.
-Por todo ello, una de
las definiciones de desarrollo sostenible o sustentable que más me ha gustado
ha sido esta: “El desarrollo sustentable requiere la promoción de valores que
estimulen patrones de consumo dentro de los límites de lo ecológicamente
posible, y a los cuales todos los seres humanos puedan aspirar razonablemente,
implica además que las sociedades satisfagan las necesidades humanas
incrementando el potencial productivo y asegurando oportunidades equitativas
para todos, y no debe poner en peligro los sistemas naturales que constituyen
la base de la vida en la Tierra: la atmósfera, los suelos, las aguas y los
seres vivos" Muñóz, Marta Rosa 2003.
El problema del deterioro del medio ambiente
asociado a la globalización y la actividad humana es muy, muy complicado y
mucho más complejo que el visto en este ensayo; existen muchas variables que se
deberían conocer para reducir el daño medio ambiental lo máximo posible y en
muchos casos esto no es viable o no interesa desde el punto de vista económico
. Existen muchos
intereses, sobre todo de las grandes empresas transnacionales, que están en
contra de la aplicación de leyes medioambientales, pero su implantación es
justa y necesaria, ya que sino los que perderemos seremos todos. La
globalización debería ser utilizada como guía para promover el desarrollo
sustentable en todos los países, y mediante la aplicación racional de tasas de
explotación, intentar preservar los recursos naturales.
También debería
promover la igualdad social entre todos los seres humanos, evitando las
diferencias tan grandes que existen hoy en día entre las personas que tenemos
el privilegio de vivir en el mundo desarrollado y las personas que viven en
países subdesarrollados, creando una sociedad de todos y para todos los seres
humanos sin excepción, y este es seguro, el punto más importante.
TALLER
No. 6
EN
TU CUADERNO ESCRIBA DOS CONCLUSIONES
DONDE EXPONGA SU OPINION PERSONAL ACERCA DEL CAPITALISMO Y SOCIALISMO. DEBES
INVESTIGAR CUALES PAIESES EN EL MUNDO
TIENEN SOCIALISMO Y ESCRIBIR ALGUNAS FORMAS DE VIDA QUE APLICAN AL SOCIALISMO Y
LOS COMPARAS CON COLOMBIA NO SIN ANTES EXPLICARME QUE MODELO DE PRODUCCION
TIENE COLOMBIA CON RELACION A ESTOS EXPUESTOS AQUÍ. ESTA TAREA LA VAS A LEER AL
GRUPO Y VAS A DEFENDER TU POSICION
Diferencia
entre Capitalismo y Socialismo
se deben definir y entender su esencia,
y características principales. El capitalismo es un sistema económico en el que
los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de
bienes y servicios. Quienes crean o adquieren capital
permanecen como sus propietarios (capitalistas) durante el proceso de
producción, siendo privada la titularidad de éstos medios. El socialismo es una
ideología de economía política que defiende principalmente un sistema económico
y político basado en la socialización de los medios de producción, que puede
ser no-estatal (propiedad comunitaria) o estatal (nacionalización), así como
puede ser democrático o dictatorial. Por ello al socialismo se lo asocia a la
idea de búsqueda del bien común e igualdad social. La titularidad de los medios
de producción es pública y está en manos del Estado.
En la teoría, ambas ideologías aseguran
el bienestar de la población en general: según el Capitalismo, el
trabajador va a recibir más salario, mientras su trabajo produzca más ganancia.
Ésto beneficia tanto al obrero como al capitalista, ya que el último tendrá más
posibilidades de vender sus mercaderías, siendo que los obreros tendrán más
poder adquisitivo. Todos ganan y enriquecen; El Socialismo critica
ésta teoría proponiendo que las fábricas sean de todos. Serán administradas por
el gobierno y las ganancias serán destinadas al bien general, como obras y
servicios públicos.
En una sociedad capitalista, la persona tiene la
posibilidad de crecer económicamente, pudiendo poseer una empresa o fábrica,
grandes cantidades de tierras cultivables, o cualquier otro medio de producción
masiva. La contra es que ésta carrera por el bien material lleva a la gente a
tratar a otros seres humanos como materia prima o solo un medio para conseguir
ganancias. El Poder está en el Dinero.
En el socialismo todos tienen
las mismas posibilidades y todos trabajan para el bien de la comunidad, no solo
para el bien propio. La contra es que ésto no siempre se cumple, y
generalmente, al ser el gobierno dictatorial (según la teoría, la democracia
llega al final, después de un período de organización), el gobierno llega a
tener un control inmenso. El Poder está en el Estado.
Por otro lado se debe dejar específico
lo que es el concepto de socialismo y capitalismo.
Para poder entender los diferentes
regimenes o acontecimientos que suceden en la economía mundial,
El desarrollo está ligado al modo de
producción capitalista, en el que los individuos privados y las empresas de
negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios
mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los
mercados.
Éste asume como condiciones básicas la
libertad económica y la búsqueda de la acumulación de riquezas para el
bienestar, eso impulsa los avances tecnológicos que van a permitir mayor
productividad y como consecuencia un excedente.
En el capitalismo la libertad
económica se da bajo la premisa de la libre competencia lo que implica un
esfuerzo constante de los individuos de la sociedad para introducir mejoras en
sus medios de producción, que le permitan ofrecer al mercado productos de alta
calidad y competitivos. Eso asegura el progreso de los miembros de la sociedad,
debido a la motivación de éstos por introducir avances tecnológicos que le
permitan pues, mayor productividad y competitividad.
El socialismo es el término que, desde principios del siglo XIX, designa aquellas teorías y acciones políticas que defienden un sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal (parcial o completo) de los sectores económicos, lo que se oponía frontalmente a los principios del capitalismo. Aunque el objetivo final de los socialistas era establecer una sociedad comunista o sin clases, se han centrado cada vez más en reformas sociales realizadas en el seno del capitalismo. A medida que el movimiento evolucionó y creció, el concepto de socialismo fue adquiriendo diversos significados en función del lugar y la época donde arraigara. El socialismo suponía una reacción al extremado valor que el liberalismo concedía a los logros individuales
CUADRO
COMPARATIVO DEL SOCIALISMO Y CAPITALISMO
CUADRO COMPARATIVO PARA
OBSERVAR LAS DIFERENCIAS ENTRE ESTOS DOS SISTEMAS ECONÓMICOS
|
SOCIALISMO
|
CAPITALISMO
|
|
Economía
cerrada
|
Economía
abierta
|
|
Satisface
necesidades sociales o de la clase obrera
|
Obtener
mayores ganancias económicas
|
|
Este
sistema lo proporciona el estado
|
Las
empresas generan el capital económico
|
|
No
hay propiedad privada
|
Libre
competencia
|
|
No
existen tratados
|
Existen
tratados internacionales
|
|
Se
conforman con lo que le otorga el estado
|
Libertad
de elección
|
|
Producción
colectiva
|
El
trabajo individual implica un salario
|
EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN
|
POSITIVOS
|
NEGATIVOS
|
|
Nuevas
posibilidades del aumento de la efectividad de trabajo
|
La
creación de un mercado comercial, financiero e informativo, que influye
desfavorable para los mercados locales.
|
|
Aumento
de la competencia
|
Modifica
las relaciones sociales a favor de los más poderosos y del capital, en
perjuicio del trabajador.
|
|
Mejora
la vida de algunos grupos sociales
|
Este
mercado es subordinado por actividades de corporaciones transnacionales
|
|
Más
amplio mercado de mercancías y servicios
|
Flujo
incontrolado de los capitales hacia los países pobres puede crear crisis
económica
|
|
Mayor
oferta de los productos para comercio
|
Incrementa
la privatización de bienes y servicios, con el argumento de mayor eficacia de
gestión y aumento de rentabilidad empresarial.
|
|
Mejor
acceso a los capitales, tecnologías, informaciones y los beneficios,
relacionado con la escala
|
La
política de total ocupación es aparente, porque desocupación en el mundo está
creciendo hasta 30% de mano de obra
|
|
Aumento
de la efectividad de exportaciones e inversiones
extranjeras
|
Esto
es el resultado de nuevas tecnologías productivas, que no necesitan muchos
trabajadores
|
|
Mejor
aprovechamiento de mano de obra, recursos capitales, así como precios de
competencia y mejor división de trabajo internacional.
|
Se
profundizan las diferencias entre empleados en los sectores, que pertenecen a
los transnacionales y otros, donde los sueldos son más ba
|
TALLER No. 7 .
CUESTIONARIO PARA RESOLVER EN EL CUADERNO Y PREPARARSE PARA SUSTENTAR
1-
QUE ES UN MODELO ECONONOMICO
2-
CARACTERICEUN MODELO ECONOMICO PROTECCIONISTA
3-
CARACTERICE UN MODELO ECONOMICO GLOBALIZADO
4-
ENUMERE LAS FORMAS EN QUE UN MODELO ECONOMICO AFECTA EL MEDIO AMBIENTE
5-
CONSULTE EJEMPLOS DE DETERIORO AMBIENTAL EN
COLOMBIA CAUSADO POR LA PRODUCTIVIDAD
6-
CUANDO SE EMPIEZA A EVIDENCIARUNA ESTRECHA RELACION Y VINCULACION DE LA
PRODUCCION Y EL MEDIO AMBIENTE Y PORQUE.
7-
CUAL ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS PAISES
INDUSTRIALIZADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
8-
CUALES SON LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS
COMPROMETIDOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
9-
QUE SIGNIFICA DESARROLLO SOSTENIBLE Y
SUSTENTABLE
10-
PORQUE SE
PRESENTAN CONFLICTOS POLITICOS ENTRE PAISES ALREDEDOR DEL DESARROLLO Y EL MEDIO
AMBIENTE CUAL ES LA POSICION DE LOS PAISES RICOS
11-
EXPLIQUE
DIVERSAS ESTRATEGIAS QUE PUEDAN EVIDENCIAR DESARROLLO, CRECIMIENTO, Y
SONSERVACION AMBIENTAL
12-
CUALES SON LAS CUMBRES QUE SE HAN REALIZADO EN
EL MUNDO PARA FIJAR COMPROMISOS CON RELACION AL CUIDADO DEL PLANETA.
13-
HAGA UNA BREVE RESEÑA HISTORICACON RELACION A POLITICAS,
ESTRATEGIAS Y PROGRAMASQUE SE HAN REALIZADO EN COLOMBIA PARA LA CONSERVACION DE
LAS RIQUEZAS NATURALES E IDENTIFIQUE EN
EL ESCRITO CUALES SON ESAS RIQUEZAS NATURALES.
14-
DE ACUERDO AL DOCUMENTO ES PERTINENTE DECIR QUE
COLOMBIA ES UN PAIS RICO, CUAL ES ENTONCES LAS CAUSAS DE LA PORBREZA EN
COLOMBIA. EXPLIQUE CINCO CAUSAS.
EL MEDIO AMBIENTE Y
EL DESARROLLO ECONOMICO EN COLOMBIA
El medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se
miran por separado dentro del contexto actual de la economía. Medio ambiente
tiene que ver con el desarrollo económico, y este último ha afectado y afecta
el medio ambiente. En Colombia, como en cualquier país, el modelo de desarrollo
adoptado determina en cierta medida cómo el sector productivo se interrelaciona
e influye en el medio ambiente y los recursos naturales. Así, los modelos
proteccionistas y globalización de la economía colombiana han afectado y
afecta, este último, a nuestros recursos naturales.
Colombia posee un
patrimonio natural envidiable; sin embargo, su aprovechamiento no ha sido el
más adecuado y nos encontramos ad portas de una crisis de disponibilidad de
recursos naturales. Nuestro futuro está determinado por el manejo que le estamos
dando y daremos al medio ambiente; es nuestra responsabilidad el bienestar de
las futuras generaciones. *
Director del
Departamento de Economía GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ Economía y Desarrollo - Marzo
2002, vol. 1, N° 1 80 El desarrollo de la economía como “ciencia” empezó en el
siglo XVIII con la publicación del libro La riqueza de las naciones por ADAM
SMITH (1776). Y aunque SMITH desarrolló su teoría económica basada en ventajas
comparativas relacionadas con el aprovechamiento de la oferta natural y las características
ambientales de las diversas regiones, la economía se alejó de lo natural como
referente de análisis para su evolución teórica.
Así, hasta entrada la segunda mitad del siglo pasado, lo
ambiental y el desarrollo eran dos problemas que se entendían y miraban por
separado, en términos del desarrollo teórico económico. El economista no tenía
referentes ambientales para evaluar o proponer el desarrollo. Las reflexiones
sobre la relación entre ambiente y desarrollo surgieron cuando, en términos económicos,
se empezó a sentir el carácter limitado de la oferta natural. Como
consecuencia, se cuestionó el crecimiento sin límites, uno de los postulados
principales del paradigma económico dominante1. En 1972, en Estocolmo (Suecia),
se reconoció la interrelación y el conflicto entre medio ambiente y desarrollo
y se concluyó que la restricción era de carácter técnico.
Es decir, si bien
ciertos recursos eran limitados y podían agotarse, para que esto no frenase el
crecimiento la alternativa era tecnológica. La evolución en los arreglos
tecnológicos debería aportar la solución mediante sustitución de factores
productivos.
Luego, en la reunión
“La cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas en 1992, en Rio de Janeiro
(Brasil), se reconoció que la problemática entre medio ambiente y desarrollo
rebasaba lo técnico y que, por lo tanto, el deterioro del medio ambiente tiene
implicaciones sociales, políticas y necesariamente económicas.
Fenómenos planetarios
como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y el
agotamiento de la diversidad biológica, motivaron acuerdos a los que se
suscribieron la mayor parte de los países del planeta. En esta reunión se
cuestionó el modelo de desarrollo impulsado por los países de alto ingreso per
cápita, pues significa un consumo de energía que si se pretende a un nivel
similar para todos los habitantes del planeta amenazaría las condiciones de
vida en la Tierra.
Entender la
interrelación y problemática entre desarrollo y medio ambiente implica entender
el concepto de desarrollo sostenible, concepto nuevo en el contexto mundial,
que surge como una necesidad de enmarcar en un concepto una nueva forma de
entender y mirar el desarrollo, concepto que expresa una confrontación
política.
En 1980, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presenta un concepto
de desarrollo sostenible fundamentado en la necesidad de la conservación de lo
natural, sin proponer la revisión del estilo de desarrollo Uno de los primeros documentos en llamar la
atención sobre el conflicto entre calidad del medio ambiente y el crecimiento
económico fue The limits of growth de D. MEADOWS et al. (1969).
Existen claras diferencias entre países de alto consumo de
energía per cápita y aquellos de bajo consumo. Disminución del consumo de
energía en los países de alto ingreso per cápita significa disminución en el
consumo de bienes y servicios. Incremento acelerado del consumo de energía,
reproduciendo las estrategias del mundo “desarrollado” en el mundo “en vías de
desarrollo”, significa destrucción ecológica global
La confrontación
política queda planteada, el medio ambiente entra en conflicto. Fundación
Universidad Autónoma de Colombia DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: UNA MIRADA A
COLOMBIA 81 dominante. En 1987, en el documento Nuestro futuro común de la
Comisión Brundtland, se definió el desarrollo sostenible como el: “que
satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que
las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.”
Definición que es una
categoría que gira en torno a la sustentabilidad del crecimiento económico.
Desde entonces el concepto de desarrollo sostenible se ha
venido cuestionando y desarrollando.
En Colombia se definió el desarrollo sostenible como: “el que
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99
de 1993, artículo 3).
En la actualidad, la
idea que tiende a aceptarse en todo el mundo es que los problemas del medio
ambiente son los problemas de desarrollo y que la meta del desarrollo sostenible
debe ser la de conciliar el crecimiento económico para la población en general,
presente y futura, con la renovabilidad de los recursos, proceso que implica
cambios políticos, económicos, fiscales, industriales y de manejo de los
recursos naturales, bióticos y energéticos.
Hoy, partiendo de
ciertos postulados comunes, se dice que si bien la sostenibilidad implica lo
ecológico, lo económico y la diversidad cultural, las expresiones de desarrollo
sostenible son diversas en cada lugar, tanto por las diferencias biofísicas
como por las diferencias culturales. El cómo lograrlo, es decir, la estrategia
a seguir debe ser definida por cada proceso social particular (GONZÁLEZ, 1997).
Estrategias de
desarrollo e impacto ambiental en Colombia En Colombia.
La estrategia de desarrollo en la
segunda mitad del siglo XX y hasta la década de los noventa, se caracterizó por
una política proteccionista, para favorecer el desarrollo industrial nacional.
En general, se impulsó el modelo de
sustitución de importaciones en combinación con la promoción de exportaciones
A partir de 1990, el país se insertó en la
propuesta de globalización promovida por los países de mayor desarrollo
tecnológico y concentración de capital. Estos dos tipos de modelos
(proteccionismo y globalización) han determinado la forma como ha evolucionado
la industria, el comercio y la agricultura colombiana y su interrelación con
los recursos naturales y el medio ambiente.
Desde el punto de vista del desarrollo
sostenible, la sostenibilidad económica se da cuando el manejo y gestión de los
recursos naturales permite que sea atractivo continuar con el sistema económico
vigente; hay sostenibilidad social cuando los costos y beneficios son
distribuidos de manera adecuada entre la población actual (equidad intrageneracional)
y futura (equidad intergeneracional); y hay sostenibilidad ecológica (especies,
poblaciones y ecosistemas) cuando el ecosistema mantiene características que le
son esenciales para la sobrevivencia en el largo plazo.
GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ Economía y
Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 1 82 El proteccionismo generó crecimiento
basado en el abastecimiento del mercado interno, una estructura reguladora
débil, monopolios y oligopolios y un patrón de consumo ambientalmente costoso.
Bajo estas características, el proteccionismo
incentivó el empleo de tecnologías obsoletas altamente contaminantes, modos de
producción basados en el uso ineficiente de los recursos naturales, rezago
tecnológico, baja productividad, precios por encima de los internacionales,
dificultades para ampliar el mercado interno y externo, etc.
Todo lo anterior, llevó al crecimiento
acelerado de vertimiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas y
generación de residuos altamente tóxicos y, en general, a altos niveles de contaminación
y uso inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales. Todo esto
articulado a una acelerada destrucción de la base natural, consecuencia del
desarrollo manufacturero y de la expansión de sistemas agropecuarios
inadecuados para la diversidad biofísica colombiana.
Bajo el marco del proteccionismo, la industria
colombiana, buscando abastecer al mercado interno, se desarrolló, y continúa
desarrollándose, en los centros urbanos distantes de los puertos marítimos y de
los grandes ríos, contrario a lo que sucede con la industria en la mayor parte
del mundo. Lo anterior generó, y continúa generando, que los vertimientos de
las aguas residuales se efectué en ríos y cuerpos de agua de tamaño y, por lo
tanto, de escasa capacidad asimilativa.
El sector agropecuario, por otra
parte, se ha expandido a través de una colonización depredadora que junto al
surgimiento de los cultivos ilícitos son responsables, entre otros factores, de
más del 70% de la deforestación. El crecimiento urbano descontrolado, por otro
lado, se caracteriza por el crecimiento de aguas residuales no tratadas,
emisiones atmosféricas, generación de residuos altamente tóxicos y, en general,
altos niveles de contaminación que afectan negativamente la calidad de vida en
las ciudades.
Aunque la situación anterior ha empezado a
cambiar, en Colombia los efectos ambientales del crecimiento se manejaron como
externalidades que debían ser absorbidas por la sociedad. No había incentivos
económicos para optar por tecnologías ambientales.
El modelo de globalización de los noventa,
junto a la reactivación de los acuerdos comerciales en la década pasada y las
reformas legales e institucionales introducidas principalmente por la
Constitución de 1991 y por la Ley 99 de 1993, están obligando a reducir los
niveles de contaminación, lo que favorece al medio ambiente y a los recursos
naturales.
Bajo el nuevo modelo, los sectores
exportadores deben reducir sus niveles de contaminación si quieren competir en
el mercado internacional y con el reordenamiento institucional y el ajuste
legal (Constitución de 1991 y Ley 99 de 1993) existe más control e instrumentos
que están llevando a la disminución de los niveles de contaminación.
Entre los instrumentos económicos de control
de la contaminación se destacan la tasa retributiva que se encuentra
implementada y la tasa por uso del agua que se encuentra en proceso de
implementación. Fundación Universidad Autónoma de Colombia.
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: UNA MIRADA A
COLOMBIA
Mientras esto sucede a nivel interno, en los
países de alto ingreso per cápita, la ciudadanía presiona para que los efectos
ambientales generados por la producción manufacturera sean “internalizados” por
los agentes productivos. Esto obliga a los grandes conglomerados a impulsar
desarrollo tecnológico ambientalmente menos agresivo.
Estándares de calidad ambiental
empiezan a ser introducidos en los acuerdos internacionales de comercio,
obligando a los países de bajo desarrollo tecnológico a adquirir la tecnología
producida por los grandes conglomerados.
Los arreglos productivos considerados como
ambientalmente sanos o menos agresivos se abren mercado en el mundo entero.
Esto, sin embargo, no contrarresta el proceso de degradación ambiental global
que estamos viviendo, como tampoco transforma la dinámica ambiental al interior
del país. Por el contrario, la homogeneización de los mercados y de la cultura
genera importantes efectos ambientales negativos. .
Estado del medio ambiente y los recursos
naturales en Colombia5 Es evidente la interrelación entre la economía y los
recursos naturales en cualquier parte del planeta. El medio natural, como
componente de la base productiva, provee a la actividad económica de bienes de
consumo y recreativos. Como soporte físico de la producción, sirve de receptor
de los desechos de las actividades productivas y de consumo. Y en términos
biológicos, es el sustento de la vida misma. No obstante, los efectos del
crecimiento económico del mundo contemporáneo hacen no sustentable ecología,
social y económicamente esta relación, lo que ha llevado a que se ponga en
peligro al planeta Tierra y, con ello, al mismo hombre. Colombia es uno de los
países del mundo con mayor riqueza de recursos naturales.
Posee el 10% de la flora y fauna mundiales, el
20% de las especies de aves del planeta, 1/ 3 de las especies de primates de
América tropical, más de 56.000 especies de planas fanerógamas registradas y
cerca de mil ríos permanentes
No obstante, en un mundo donde los sistemas
productivos tienden a la homogeneización, esa diversidad se ha convertido en un
obstáculo para el desarrollo productivo. Sin embargo, alcanzar un verdadero
desarrollo exige convertir en ventaja esa diferencia, para lo cual son
necesarios desarrollos científicos y tecnológicos propios.
Son diversos los factores que
causan el deterioro ambiental, entre los que destacan: el libre acceso a la
mayoría de los recursos naturales, falta de mecanismos que permitan cobrar por
el daño que causan muchas actividades productivas, falta de incentivos que
conduzcan al sector producto a internalizar los costos ambientales derivados de
la producción y el consumo, falta de inversión estatal en tratamientos de
sistemas de agua residuales domésticas o de disposición de residuos sólidos, el
sector productivo actúa sin control y con tecnologías poco eficientes, pobreza
y falta de educación de gran parte de la población, patrones de consumo de los
grupos más ricos que se caracterizan por el uso ineficiente de los recursos
naturales renovables, La información
sobre el Estado del medio ambiente que se presenta en este apartado se basa
principalmente en SÁNCHEZ y URIBE (1994). GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ Economía y
Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 1 84.
Poca investigación en recursos
renovables y en el manejo de la contaminación. Algunos factores o
características internacionales que también afectan negativamente a los
recursos naturales y al ambiente, son la demanda de la fauna y la flora
silvestres, el consumo de drogas ilícitas que contribuye a la deforestación y
la presión para la homogeneización de los mercados. Todos estos factores han
llevado a que el panorama ambiental del país sea preocupante.
Durante los últimos veinte años, en Colombia
la calidad del ambiente se ha deteriorado a tasas que no tienen precedentes, lo
que ha llevado a la crisis ambiental. Crisis que se caracteriza por una alta
tasa de deforestación6, ocupación de áreas protegidas, alteraciones de los
ecosistemas naturales reguladores del recurso (páramos y humedales), deterioro
de los suelos, contaminación hídrica y contaminación atmosférica
La calidad del aire en ciudades como
Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Sogamoso tiene niveles de contaminantes
que superan las normas existentes. El principal problema de contaminación
atmosférica detectado son las emisiones de material particulado, óxidos de
azufre y óxidos de nitrógeno que son generados por la industria manufacturera,
las quemas a cielo abierto, las explotaciones extractivas y de combustión
incompleta de combustibles fósiles en los procesos de generación de energía; y,
las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, que provienen
principalmente del parque automotor.
El país es rico en
recursos hídricos pero se manejan de manera inadecuada. De los municipios del
país, menos del 5% tratan las aguas residuales.
Diariamente se
descargan al entorno natural cera de cuatro y medio de millones de metros
cúbicos de aguas residuales. El desarrollo urbano no tiene control efectivo. No
existen programas eficientes de control y prevención de la contaminación, lo
que ha llevado a que haya déficit de agua en el 14% del territorio nacional; se
han degradado ecosistemas acuáticos como la bahía de Cartagena, se han
deteriorado ríos importantes (Bogotá, Cali, Otún, de Oro, entre otros), se ha
reducido la existencia de peces, y se han alterado ecosistemas importantes como
la ciénaga Grande de Santa Marta, el complejo cenagoso de Zapatosa y Teca, la
ciénaga de la Virgen, el lago de Tota y la laguna de Cocha y Fúneque, entre
otros.
Las principales
fuentes de contaminación hídrica son los residuos domésticos, los residuos
industriales, los residuos de las actividades agropecuarias, los residuos de
las explotaciones mineras y lixiviadas. La carga de residuos líquidos
peligrosos proviene básicamente de la mala disposición de residuos sólidos y
residuos de los 6 En el país no existe consenso sobre cuál es la tasa de
deforestación anual; sin embargo, se estima que la deforestación puede estar
entre las 300.000 y 800.000 hectáreas al año. Se considera que se ha eliminado
una tercera parte de la cobertura vegetal total nacional.
Aunque este indicador
es ambiguo por el tamaño de los municipios, se sabe que de las grandes ciudades
únicamente Bucaramanga cuenta con plantas para tratar las aguas residuales. En
Bogotá y Medellín se están construyendo las plantas de tratamiento de las aguas
residuales y Cali cuentan con planes de construcción de plantas para igual
propósito. Fundación Universidad Autónoma de Colombia DESARROLLO Y MEDIO
AMBIENTE: UNA MIRADA A COLOMBIA 85 centros de salud, de la escorrentía de
contaminantes atmosféricos depositados por la precipitación y los residuos de
la industria manufacturera, en particular la industria de procesamiento de
petróleo, la química de las curtiembres. En el país no existe control eficiente
al ruido.
La falta de sistemas
de control del ruido en las empresas ha llevado a que la primera causa de
enfermedad profesional sea la hipoacusia. En los centros urbanos del país el
ruido es causado por los vehículos de transporte, el comercio, la construcción,
y la industria manufacturera. El límite permitido de ruido para una zona
industrial es de 75 dB.
Sin embargo, en
ciudades como Barranquilla el ruido alcanza niveles de 95 dB en horas del medio
día, en las zonas cercanas a las vías del centro; en Cali, el nivel promedio
mensual de ruido registrado durante enero de 1994 fue de 89 dB para el 90% de
los lugares considerados; en Pereira, las mediciones realizadas en 1992 en la
popa, alcaldía y aeropuerto registraron un valor promedio de 92 dB durante el
70% del tiempo; en Medellín, se presenta un nivel promedio de ruido de 87 dB a
las 7:30 a.m. y a las 10:30 a.m
Para 1995, se estimaba que existían 48
millones de hectáreas de bosques en pie en el país y que se había destruido más
del 30% de la cobertura forestal nativa. La tasa de deforestación es alta y la
reforestación de los últimos 6 años fue apenas de 94.000 ha. Las principales
causas de la deforestación, según el Ministerio de Minas y Energía (1994),
fueron la expansión de la frontera agropecuaria y la colonización (73,3%),
producción de madera (11,7%), consumo de leña (11%), incendios forestales (2%),
y cultivos ilícitos (2%). Para conservar la riqueza naturala cielo abierto o en
los cuerpos de agua. Aun en los municipios y ciudades donde se disponen los
residuos sólidos en rellenos sanitarios los problemas son graves. En el país no
existe ninguna ciudad con un relleno sanitario de seguridad para la disposición
de los residuos sólidos peligrosos. Como parte del interés por el análisis de
sustentabilidad, se ha impulsado el diseño de un sistema de cuentas
ambientales. En 1992 se creó el Comité Interinstitucional de Cuentas
Ambientales —CICA—, al que se le encargó definir y validar una metodología para
la elaboración de las cuentas ambientales para Colombia e integrarlas al
sistema de contabilidad ambiental y a los sistemas de información territorial y
ambiental del país. En este marco, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística —DANE— está impulsando desde principios de 1995 un proyecto piloto
orientado a implementar un sistema de contabilidad económico ambiental
integrado para Colombia (COLSCEA). El COLSCEA aplica un método de formulación
de cuentas satélites ambientales integradas a las cuentas nacionales.
El objetivo central del COLSCEA es construir
un instrumento que permita hacer un seguimiento detallado a las relaciones
existentes entre el comportamiento de los distintos sectores de la economía y
la evolución de las condiciones de existencia de los recursos naturales y de la
calidad del ambiente natural que se ven afectados por el desarrollo de la
actividad económica. El COLSCEA establece, también, registros de la evolución
de algunos recursos naturales y de la calidad del ambiente, concibiéndolos como
elementos del capital natural constitutivos del patrimonio nacional. Con los
resultados de este trabajo se espera contar con una herramienta que permita, entre
otras cosas, implementar una política ambiental más acorde con la situación
real de nuestros recursos naturales y ambientales.
No obstante, el COLSCEA se encuentra en sus
primeras etapas de estructuración. Fundación Universidad Autónoma de Colombia DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE: UNA MIRADA A COLOMBIA 87 III. La política ambiental global La
concepción y visión del problema del medio ambiente en el mundo evolucionó en
forma acelerada en los setenta y los ochenta, llegando a su momento culminante
en la reunión de Rio en 1992. la primera reunión de carácter mundial sobre
medio ambiente fue la Conferencia de las Naciones sobre el medio ambiente
humano, realizada en Estocolmo en 1972. En esta conferencia se hizo énfasis en
los aspectos técnicos de la contaminación provocada por la industrialización
acelerada, por la explosión demográfica y por la intensificación del proceso de
crecimiento urbano.
Se considera que el mayor logro de la
conferencia fue crear una conciencia mundial sobre el deterioro del medio ambiente
y abrir un debate sobre sus causas y consecuencias. En dicha conferencia se
promulgo la Declaración Internacional sobre el medio ambiente. Hasta la década
de los setenta, el problema del deterioro del medio ambiente era visto en el
mundo como un problema fundamentalmente de contaminación física al que se le
deberían dar soluciones técnicas y no se relacionaba con los problemas de
desarrollo.
En 1983, la Asamblea de las Naciones Unidas
constituyó la Comisión Mundial sobre medio ambiente y desarrollo con el fin de
reexaminar los problemas críticos ambientales y formular recomendaciones
realistas para resolverlos. Esta comisión, denominada Brundtland, efectivamente
examinó los problemas ambientales y formuló recomendaciones que presentó en
1987 en el informe Nuestro futuro común, que sirvió de base para la reunión de
Rio en 1992. En 1992 en Rio, Brasil, se celebró la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo o Cumbre de la Tierra.
Esta conferencia marcó una diferencia significativa
con la diferencia de Estocolmo y representó avances importantes en la
comprensión de la relación desarrollo y medio ambiente. Se intentó definir el
rumbo ambiental de la Tierra para el final del siglo pasado y el inicio del
presente y elaborar una carta magna que preserve el sistema ecológico y asegure
un desarrollo sostenible sin irrespetar los intereses de los distintos pueblos.
A la conferencia de Rio asistieron
representantes de 178 países, entre ellos 120 jefes de Estado, se emitió la
Declaración de Rio8, la Agenda 219, la Convención sobre 8 La declaración
contiene 27 principios básicos que deberán guiar la conducta de las naciones y
las personas en relación al medio ambiente y el desarrollo, con el fin de
asegurar la viabilidad futura y la integridad del planeta como un hogar vivible
para los seres humanos y para las otras formas de vida.
En esta agenda se traducen los principios
consagrados en la Declaración de Rio, contiene 40 programas con 115 áreas de
acción, que cubren los problemas críticos del medio ambiente y el desarrollo,
entre los que se destacan: cooperación internacional, lucha contra la
deforestación, lucha contra la pobreza, cambio de modalidades de consumo,
asentamientos humanos ambientalmente viables, protección de la atmósfera,
ordenamiento sostenible de la tierra, lucha contra la desertización, etc.de los
beneficios que resulten de ellos en forma justa y equitativa.
GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ Economía y
Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 1 88 cambio climático10, la Convención
sobre biodiversidad11 y la Declaración sobre bosques. Se evidenció que en
algunos países la sociedad civil participa cada vez más en los procesos
decisorios del ambiente y que los problemas del medio ambiente no pueden ser
disociados de los problemas del desarrollo. En la conferencia de Rio se
reconoció mundialmente la relación entre medio ambiente y desarrollo.
Y que el desarrollo sostenible es un objetivo
deseable, que para lograrlo se debe superar la pobreza absoluta en que vive más
de la mitad de los habitantes de la tierra, modificar los modelos de desarrollo
de los países industrializados y modificar los estilos de vida imperantes en
los países desarrollados. IV. Política ambiental en Colombia El manejo y
protección de los recursos naturales y el medio ambiente en Colombia se ha
caracterizado por la evolución de la legislación ambiental y ha sido
parcialmente influenciada por la política internacional en la materia. Hasta la
expedición del Código de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en 1974,
los recursos naturales se manejaron de una manera puntual con un criterio
patrimonial y de explotación más que de conservación y su manejo se hizo a
través de la creación de organismos que se ocupaban de la explotación de un
recurso determinado hasta la utilización integrada y múltiple de varios de
ellos.
Antes de 1974, existían una serie
de normas fragmentadas y dispersas. En 1908, por ejemplo, se estableció,
mediante el decreto 1279, el Departamento de Tierras Baldías y Bosques
Nacionales en el Ministerio de Obras Públicas que puso en práctica el pago de
obras con bosques, una de las causas del proceso de deforestación de muchas
zonas del país. En 1912, se adoptó el Código Fiscal Nacional que contenía
normas sobre uso de los bosques en terrenos baldíos con fines tributarios,
situación corregida con la Ley 119, que creó la Comisión Forestal en 1989. En
1957, se expidió el decreto 376 sobre pesca marítima.
En 1959 se expidió el decreto 1975 sobre pesca
en aguas dulces de uso público y se creó el INDERENA, establecimiento público
adscrito al Ministerio de Agricultura encargado de la protección y manejo de
los recursos naturales renovables; lo que se constituye en el primer esfuerzo
del país por conformar una estructura institucional autónoma que se encargara
de la protección, manejo, vigilancia, control, investigación, etc., de los
recursos naturales renovables. En 1974, con la expedición del Código Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, se empezó
a hablar en el país de una legislación ambiental. Este código se constituyó y
constituye la principal norma sustantiva en materia ambiental.
La convención busca detener el proceso de
cambio climático que experimenta el planeta por causas antropogénicas. 11 Los
objetivos básicos de la convención mundial sobre biodiversidad son conservar
los recursos biológicos de la tierra; asegurar que los países utilicen esos
recursos en forma sostenible, y promover la utilización y goce Fundación
Universidad Autónoma de Colombia
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: UNA MIRADA A
COLOMBIA 89 En los noventa, los avances han sido significativos. En este
período, se estructuró una política ambiental sistemática y rigurosa que
incluyó una sólida base institucional, financiera y técnica. La Constitución de
1991, por ejemplo, estableció la función ecológica de la propiedad, señaló los
deberes ambientales del Estado, los derechos ambientales de los ciudadanos,
ordenó la formulación de políticas ambientales como parte del Plan Nacional de
Desarrollo e introdujo la noción de desarrollo sostenible como meta para la
sociedad, entre otros aspectos. La Ley 99 de 1993, estableció el Sistema
Nacional Ambiental —SINA— modificó la legislación en materia de licencias
ambientales, tasas retributivas, tasas por uso del agua, destinación de
recursos financieros para la gestión ambiental, y sanciones por infracción de
las normas ambientales.
. Entre los decretos
reglamentarios de la Ley 99 de 1993, se destacan el que regula la expedición de
las licencias ambientales, el que reglamenta las tasas retributivas, los que
organizan los institutos de apoyo científico y técnico del ministerio, el que define
la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales y el que
reglamenta aspectos concernientes con la prevención y control de la
contaminación atmosférica, entre otros. Se destaca también que el 0,1% del PIB
(inversión pública) debe destinarse a la protección ambiental13. En los planes
de desarrollo del país, con excepción de la “Revolución pacífica” y del “Salto
social”, no aparece expresada explícitamente política alguna que se ocupe de
manera integral de los recursos naturales y el medio ambiente.
Los programas de desarrollo elaborados hasta
1990, consideraron los recursos naturales desde sus perspectivas de
aprovechamiento con un enfoque exclusivamente extractivo y de aprovechamiento
de corto plazo. En los sesenta, las políticas de desarrollo se formularon en
los llamados “planes comunes” de desarrollo de LLERAS CAMARGO, 1958-1962, y
LLERAS RESTREPO, 1966- 1970, y en ninguno de éstos se hacen referencias
explícitas a políticas ambientales.
Los setenta se iniciaron con la administración
PASTRANA, 1970-1974, y su plan de desarrollo “Las cuatro estrategias” no
incluyó explícitamente la dimensión ambiental en su política, pero sí propuso
acciones concretas en materia de saneamiento ambiental. En este último gobierno
se creó, mediante decreto 1040 de 1973, el Consejo Nacional de Población y
Medio Ambiente.
Además, la Ley 23 del mismo año
le dio facultades al ejecutivo para dictar el Código de los Recursos Naturales
Renovables en 1974. El plan “Para cerrar la brecha” de ALFONSO LÓPEZ, avanzó
legislativamente y en acuerdos bilaterales pero lo ambiental lo relaciona
específicamente con el ámbito construido y sólo marginalmente con lo natural.
En el “Plan de integración nacional” de la
administración TURBAY, se buscó crear condiciones para la explotación de los 12
Uno de los aspectos más importantes de la legislación es que convoca a que el
SINA sea descentralizado, democrático y participativo. Condiciones necesarias
para adelantar una gestión ambiental pública y privada.
Cifra pequeña comparada con los países
industrializados que destinan entre el 1,5% y el 2,7% del PIB a la gestión
ambiental. GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ Economía y Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N°
1 90 recursos naturales por parte del sector privado; sin embargo, los efectos
de este plan sobre la protección tanto del ambiente natural como del construido
no tuvieron una significación mayor que la de los anteriores planes de
desarrollo. En el plan de desarrollo “Cambio con equidad”, de la administración
BETANCUR entre 1982-1986, los temas del ambiente natural y construido
estuvieron comprometidos en las políticas sectoriales de la producción con un
enfoque ante todo de aprovechamiento y secundariamente de conservación. En el
“Plan de economía social” de BARCO, 1986-1990, no se distingue mucho de los
anteriores en lo ambiental, excepto en la política de desarrollo territorial.
No obstante, por primera vez un documento
oficial buscó integrar las políticas de desarrollo económico y social con las
de desarrollo espacial, siendo el primer intento explícito de incorporar la
dimensión ambiental en la planificación. En la administración GAVIRIA,
1990-1994, se introdujo por primera vez una política ambiental específica en un
plan de desarrollo “La revolución pacífica”. En este período, los avances en
materia ambiental fueron significativos porque se estructuró una política
ambiental sistemática y rigurosa que incluyó una sólida base institucional,
técnica y financiera.
En este período, los avances estuvieron
marcados, además del plan de desarrollo, básicamente por la Constitución de
1991 y la Ley 99 de 1993, como se muestra más adelante. En el plan “El salto
social” de la administración SAMPER, 1994-1998, el primero que se elabora bajo
la nueva Constitución colombiana, se formuló una política ambiental específica,
cuyo objetivo fue avanzar gradualmente hacia el desarrollo humano sostenible.
En este plan se consideró al ambiente como el factor básico del desarrollo
humano y de su sostenibilidad. Sin embargo, el capítulo de desarrollo sostenible
no logra permear las propuestas sectoriales contenidas en las demás partes del
plan.
Instrumentos para la gestión ambiental Los
instrumentos de política para el control de la contaminación se pueden
enmarcar, en forma general, en instrumentos de comando y control (CC),
instrumentos económicos o de mercado (IE o IM) y la provisión directa del
gobierno (PG). Los instrumentos de tipo CC establecen normas de emisión para
toda fuente emisora, de manera uniforme o diferenciada, y la fuente debe cumplir
con la norma. Los IC, de otra parte, buscan modificar el comportamiento de los
contaminadores mediante la alteración de los incentivos, precios relativos que
éstos enfrentan, sin que se requiera establecer un nivel específico de emisión
para cada fuente contaminante. En los instrumentos de CC se destacan las normas
de emisión (específicos a la fuente) y las normas tecnológicas (equipos,
procesos, insumos, producto). En los IE se destacan los cargos o subsidios por
efluente (basados en el precio), los permisos transables (basados en la
cantidad), los sistemas de depósitos de rembolso, los impuestos al producto,
los subsidios al producto y los subsidios a sustitutos e insumos de
abatimiento. En la provisión directa del Estado (PG) se destacan la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: UNA MIRADA A
COLOMBIA
Limpieza, el manejo de residuos y desechos y
el desarrollo tecnológico (SÁNCHEZ, J. 1996). En Colombia, antes de la Ley 99
de 1993, los instrumentos de política de gestión ambiental no se enmarcaban
dentro de una política integral para control de la contaminación o conservación
del recurso y, por lo tanto, no había claridad del papel que ellos deberían
asumir
Antes de la citada ley, los instrumentos no
buscaban modificar el comportamiento del contaminador o deforestador siendo
utilizados principalmente como instrumentos financieros.
Las deficiencias institucionales
y técnicas, las debilidades en el monitoreo y control, la falta de voluntad
política y la existencia de otras fuentes económicas más importantes y de fácil
recaudo debilitaron la aplicación de tales instrumentos de gestión ambiental.
De hecho, antes de la Ley 99 de 1993, el
presupuesto nacional era la más grande fuente de financiación del INDERENA y la
mayoría de las corporaciones autónomas regionales (GAVIRIA). Con la
constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993, se da un cambio en la política
ambiental colombiana. Los instrumentos económicos como herramientas de gestión
ambiental sufre un cambio radical al buscar modificar el comportamiento de los
agentes contaminadores y no ser sólo instrumentos financieros.
La parte financiera de las
instituciones encargadas de la gestión ambiental no proviene ahora sólo del
Estado. Los ingresos provienen también del gravamen sobre la propiedad inmueble
con destino a las corporaciones; de las tasas retributivas y por uso del agua;
de las transferencias del sector eléctrico a las entidades ambientales de las
cuencas aportantes o en cuya jurisdicción se encuentra el embalse; de los recursos
del fondo nacional de regalías; del 50% de las indemnizaciones impuestas en
virtud de acciones populares, los cuales corresponderán a la corporación con
jurisdicción donde se haya producido el daño ambiental. .
Evolución de la legislación ambiental en
Colombia14 En el orden jurídico nacional, los momentos que han marcado la
evolución de la legislación ambiental son: la expedición del Código Nacional de
los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente o decreto ley
2811 de 1974; la promulgación de la nueva Constitución en 1991; la aprobación
de la Ley 99 en 1993; la Ley 152 orgánica de planeación en 1994; y la Ley 188
en 1995.
Sin duda alguna, estos cuatro momentos resumen
la evolución de la política ambiental en Colombia en materia legislativa. El
decreto ley 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales Renovables y
Protección del Medio Ambiente, es la principal norma sustantiva que tiene el
país en el campo ambiental. Este decreto ley comprende un conjunto de normas
coherentes, cohesionadas y armónicas que persiguen un fin común; la
preservación 14 Esta parte del capítulo hace referencia básicamente al trabajo
de PONCE (1997). GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ Economía y Desarrollo - Marzo 2002, vol.
1, N° 1 92 y manejo sostenible de los recursos naturales renovables del país.
Este código contiene un título preliminar, 2 libros y el suplemento, conformado
por los decretos que lo han reglamentado. El libro 1 (del ambiente) se
subdivide en cuatro partes: definición y normas ambientales de política
ambiental, asuntos ambientales de ámbito o influencias internacionales, medios
de desarrollo de la política ambiental, y normas de preservación ambiental
relativas a elementos ajenos a los recursos naturales (ruido, residuos sólidos,
etc.).
El libro 2 trata sobre la propiedad, uso e
influencia ambiental de los recursos naturales y renovables y se subdivide en
13 partes: normas comunes, la atmósfera y el espacio aéreo, las aguas no
marítimas, el mar y su fondo, los recursos energéticos primarios, los recursos
geotérmicos, la tierra y los suelos, la flora terrestre, la fauna terrestre,
los recursos hidrobiológicos, la protección sanitaria de la fauna y la flora,
los recursos del paisaje y su protección, y los modos de manejo de los recursos
naturales renovables
Los decretos del suplemento se relacionan con
la reglamentación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. Con la Constitución de 1991, el tema ambiental alcanza su máxima
jerarquía jurídica. En ésta se consagraron aproximadamente 50 disposiciones que
se relacionan directa o indirectamente con el tema ambiental.
Lo más sobresaliente de la Constitución de
1991, respecto al tema ambiental, es que señala deberes ambientales del Estado
y los particulares; el Estado debe proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para lograr estos fines (art. 79), el Estado debe prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir
la reparación de los daños causados (art. 80); es deber de las autoridades
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectar al ambiente sano (art. 79); es deber del Estado velar por la protección
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular (art. 82); es deber del Estado regular el
ingreso y salida del país de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo
al interés nacional (art. 81) y cooperar con otras naciones en la protección de
los ecosistemas situados en zonas fronterizas (art. 80); son deberes de la
persona y el ciudadano proteger los recursos naturales y culturales del país y
velar por la conservación del ambiente sano (art. 95 #8)
La Constitución de 1991 integró la dimensión
ambiental a los planes y políticas de desarrollo a través del artículo 339. en
este artículo se dice que habrá un plan general de desarrollo conformado por
una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden
nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.
Este artículo se relaciona con el 340 que
conforma un Consejo Nacional de Planeación de carácter consultivo, que servirá
de foro para la discusión del “Plan nacional de desarrollo” y estará integrado por
representantes de las entidades territoriales y por los sectores económicos,
sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. Fundación Universidad Autónoma
de Colombia.
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: UNA MIRADA A
COLOMBIA A través de los artículos 339 y
340 se elevó la política ambiental al mismo nivel conferido a la política
económica y social, obligando a que se señalen objetivos, estrategias,
programas y metas ambientales que deben ser adoptadas por el gobierno nacional,
con lo que se garantiza una planeación integral, que considera los aspectos
económicos, sociales y ambientales, al tiempo que reconoce al sector ambiental
un espacio como interlocutor en la discusión del plan nacional de desarrollo.
Según PONCE (1997), al involucrar
el aspecto ambiental como parte fundamental del plan nacional de desarrollo, la
Constitución brindó la herramienta teórica más propicia para plasmar el
concepto de desarrollo sostenible como referente para el desarrollo del país.
En la Constitución se reconoce expresamente el concepto de desarrollo
sostenible en el artículo 80: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución...”. Con esta
disposición la Carta incorporó el concepto de desarrollo sostenible como una
finalidad del Estado y como una meta social (PONCE, 1997). Otras disposiciones
constitucionales sobresalientes en materia ambiental son: el otorgamiento de
competencias ambientales a las entidades territoriales; la manifestación de que
a la función social de la propiedad le es inherente una función ecológica: la
definición de importantes fuentes de financiación para la gestión ambiental (se
destacan la parte de los recursos del fondo nacional de regalías y el
porcentaje de los recaudos por concepto del impuesto predial).
Se destaca, también, la posibilidad de que el
presidente de la República decrete el estado de emergencia ecológica como uno
de los estados de excepción; la prohibición de fabricación, importación,
posesión, y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y la introducción al
país de residuos nucleares y residuos tóxicos; la inclusión de la valoración de
costos ambientales como principio del control fiscal; entre otras disposiciones.
La Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente. Este Ministerio debe
formular la política nacional ambiental y es el ente rector de la gestión
ambiental de país, encargado de definir las políticas y regulaciones a las que
se debe sujetar la recuperación, conservación, protección, ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Organizó el
sistema nacional ambiental —SINA—, conformado por el conjunto de orientaciones,
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la
ejecución de los principios generales ambientales contenidos en la ley y le
imprimió a éste el carácter de descentralizado democrático y participativo.
El Ministerio del Medio Ambiente coordina al
SINA y para todos los efectos se sigue el siguiente orden jerárquico:
Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales,
departamentos, distritos o municipios. La ley determina las funciones que
competen a cada una de estas instancias administrativas. GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ
Economía y Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 1 94 La Ley 99 de 1993 creó,
también, 5 institutos de investigación como apoyo científico y técnico del
ministerio, los departamentos administrativos de gestión ambiental (para los
municipios con más de 1´000.000 de habitantes) y asignó nuevos recursos para
apoyar la gestión ambiental. Creó, también, 16 nuevas corporaciones autónomas
regionales y reestructuró las 18 existentes, para un total de 34 corporaciones.
A todas las corporaciones se les redefinió la naturaleza jurídica se les
especializó exclusivamente en el ejercicio de competencias ambientales.
. Otro aspecto jurídico
sobresaliente de la Ley 99, fue la reforma al Código de los Recursos Naturales
Renovables en aspectos como las licencias ambientales, tasas retributivas y
tasas por uso del agua. Con la Ley 99 de 1993 se busca involucrar a la sociedad
civil en general y al sector privado en la solución de los problemas
ambientales.
En este sentido, se creó el Consejo Nacional
Ambiental18 y el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental19,
que son un espacio legal importante e idóneo para que la sociedad civil
participe en la reglamentación de las disposiciones ambientales (PONCE, 1997).
Con las leyes 52 de 1994 y 188 de 1995, aunque no pertenecen a la órbita del
derecho ambiental, aportan y constituyen un impulso a la legislación ambiental
en Colombia. La Ley 152 de 1994, establece los principios generales que rigen
las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales en
materia de planeación.
Entre estos principios sobresale el de
sustentabilidad ambiental, que plantea la necesidad de armonizar el desarrollo
socioeconómico con el medio natural, para que los planes desarrollo deben
considerar criterios que permitan estimar los costos y beneficios ambientales,
con miras a definir acciones que garanticen una adecuada oferta ambiental.
No obstante los avances que se
han expuesto en la legislación ambiental en Colombia, es necesario desarrollar
otras disposiciones e iniciar la aplicación de toda la legislación ambiental
disponible si queremos acercarnos a los principios del desarrollo sostenible.
En dicha aplicación es indispensable el concurso de los Las corporaciones que existían con
anterioridad a la Ley 99 de 1993 cumplían, también, funciones de desarrollo.
Se les da cabida a los indígenas, los negros,
las ONG y los productores en los consejos de las corporaciones autónomas
regionales. 18 En este consejo participan un representante de las comunidades
indígenas, un representante de las comunidades negras, un representante de cada
uno de los siguientes gremios: agrícola, industrial, minero, exportador y
forestal, un representante de las organizaciones no gubernamentales, y un
representante de la universidad. Entre sus funciones se encuentra recomendar
medidas que permitan armonizar la protección de los recursos naturales con la
ejecución de proyectos de desarrollo económico y social; y dar también
recomendaciones para coordinar las actividades de los sectores productivos con
las entidades del SINA, entre otras. 19 Está conformado por dos representantes
de las universidades y un representante de cada uno de los siguientes gremios:
agrícola, industrial y de minas o hidrocarburos. Su función es asesorar al
ministro del Medio Ambiente sobre la viabilidad ambiental de proyectos de
interés nacional y sobre la formulación de políticas y expedición de normas
ambientales. 20 Como por ejemplo, la regulación de la función social de la
propiedad, la zonificación ambiental, las disposiciones sobre el suelo, entre
otras.
Fundación Universidad Autónoma de Colombia
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: UNA MIRADA A COLOMBIA diversos sectores de la sociedad civil
proponiendo soluciones a problemas ambientales, ejecutándolas y fiscalizando su
cumplimiento. .
Implicaciones de la política ambiental sobre
el desarrollo La aplicación de una política ambiental que obligue y/o incentive
a los productores a internalizar los costos ambientales tiene efectos sociales
positivos pero desestimula a las empresas que más contaminan al incrementar sus
costos.
De hecho, empresas que arrojen
una rentabilidad negativa cuando incluya en sus costos los efectos ambientales
negativos que generan podrían desaparecer. La alternativa de tales empresas
será reestructurar su sistema productivo con procesos tecnológicos más limpios
y eficientes si quieren competir y permanecer en el mercado. La implementación
de una política ambiental causa, entonces, impactos sobre algunas de las
variables que determina el desarrollo económico y, por lo tanto, sobre el
desarrollo económico mismo. De esta forma, aunque difícil, es importante
determinar el efecto final de una política de esta naturaleza sobre el
desarrollo. A manera de ejemplo, se presentan enseguida los resultados del trabajo
de RAMÍREZ (1996), que busca, a través de un modelo de equilibrio general,
estimar el impacto probable de la aplicación de tasas retributivas por
contaminación hídrica sobre las principales variables macroeconómicas, sobre
los impuestos pagados por los sectores industriales, y sobre los precios y la
producción.
Hay que resaltar, sin embargo,
que existen otras medidas de política ambiental que también tienen efecto sobre
las variables aquí analizadas. Además, el modelo no cuantifica los efectos
ambientales positivos21. En el cuadro 1, se presentan los efectos sobre las
principales variables macroeconómicas de la fijación de una tasa por
contaminación hídrica.
Se encuentra que el efecto sobre
el crecimiento es negativo (debido a que no se consideran los impactos
positivos de la tasa) pero bajo, 0,017%, sí hay inversión compensatoria. La
caída del PIB podría ser más baja, puesto que una parte de las empresas
preferiría controlar las emisiones en lugar de pagar las tasas, lo que llevaría
a que el impacto sobre sus costos fuera menor y menor también la desaceleración
de su actividad económica.
Además, no se está considerando
los efectos positivos. El impacto sobre la inflación, por otro lado, es 0,019%
en el caso del control del 90% de la contaminación. En el cuadro 2 se muestra
el incremento en los impuestos pagados por cada uno de los sectores
industriales si se implementaran las tasas retributivas por contaminación
hídrica a las emisiones de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química
de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos totales (SST), para niveles de control
de 30%, 60% y 90%. Se encuentra que, con excepción de papel e imprenta, a tasas
correspondientes a un nivel de control del 30% el incremento de los impuestos
21 Los efectos ambientales positivos están relacionados con los costos
evitados, la disminución del daño ambiental, la productividad, etc. GERMÁN
SÁNCHEZ PÉREZ Economía y Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 1 96 pagados sería
inferior al 1% para todos los sectores. Aun para niveles de control del 60% el
incremento en los impuestos sería inferior al 1% para sectores como bebidas,
textiles y cueros, maderas y muebles, minerales no metálicos y metales no
elaborados.
La conclusión es que el incremento en los
impuestos para controlar la contaminación hídrica con tasas retributivas es muy
bajo para los niveles de control del problema del 60% y aun del 90%. Cuadro 1
Tasas por contaminación hídrica: efectos macroeconómicos (cambios
porcentuales)30% 60% 90% 90% control
inversión comp. PIB -0,003 -0,007 -0,040 -0,017 Consumo -0,005 -0,011 -0,067
-0,046 Exportaciones 0,000 -0,002 -0,010 -0,014 Importaciones -0,002 -0,005
-0,029 -0,005 DEFPIB 0,001 0,003 0,016 0,021 IPC 0,002 0,003 0,019 0,025 Ahorro
externo 0,000 -0,001 -0,005 -0,002 Superávit fiscal 0,001 0,002 0,013 0,005
Ahorro privado 0,000 -0,001 -0,004 -0,003 Inversión 0,000 0,001 0,004 0,000
Empleo urbano -0,003 -0,006 -0,039 0,016 Cuadro 2 Tasas por contaminación
hídrica: incremento en los impuestos pagados23 Sector Grado de control 30% 60%
90% Otros agropecuarios 0,59 1,24 7,30 Carnes 0,93 1,94 11,35 Bebidas 0,10 0,20
1,15 Textiles y cueros 0,31 0,65 3,79 Maderas y muebles 0,32 0,67 3,92 Papel e
imprentas 1,45 3,03 17,79 Químicos 0,65 1,35 7,92 Minerales no metálicos 0,17
0,32 1,76 Metal, no elaborado 0,06 0,13 0,76 22 Fuente: RAMÍREZ, J.M. (1996), en
Planeación y Desarrollo, vol. XXVII, nº 2. 23 Fuente: RAMÍREZ, J.M. (1996), en
Planeación y Desarrollo, vol. XXVII, nº 2. Fundación Universidad Autónoma de Colombia.
Se encuentra que los efectos son muy leves aun para niveles de control del 90%
de la contaminación.
NOTA QUE TAL MIS HIJOS QUERIDOS HAN REZADO MUCHO.... ESPERO QUE TENGAN LA MENTE MUY DESPEJADA....PARA QUE LEAN Y ESCRIBAN.... POR QUE EL DESOCUPE CAUSA MUCHO PERO MUCHO DAÑO Y ESO NO QUIERO PARA USTEDES.... ESTUDIEN MUCHO.. CREO QUE YA FUE SUFICIENTE DESCANSO.....CHAOOOO......