1-DE CADA UNO DE LOS TEMAS AQUÍ EXPUESTOS DEBERÁN REDACTAR UN ENSAYO QUE CONTENGA LAS PARTES MENCIONADAS EN LA CLASE: INTRODUCCIÓN JUSTIFICACIÓN, OBJETIVO, Y CONCLUSIÓN O CONCLUSIONES. ESTOS TRABAJOS DEBERÁN SER ENVIADOS AL CORREO ELECTRÓNICO: marizancen22@gmail.com-
CADA TRABAJO DEBE TENER LETRA ARIAL, TAMAÑO No. 12 A UN ESPACIO Y CON SU RESPECTIVO TITULO Y MARGENES DE NORMAS. DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y ORDENADO. CADA TRABAJO SE SUSTENTA Y SE SUSTENTA CON BORRADOR EN MANO.
SIGA POR FAVOR LAS INSTRUCCIONES. SE VA A DAR CUENTA QUE TODOS LOS TEMAS CONSERVAN UNA ESTRECHA RELACIÓN PERO A LA VEZ UN ES EVIDENTE Y ESPECIFICA DIFERENCIA
TEMA No. 1 "LOS COLOMBIANOS SOLO TIENEN LO NECESARIO" FECHA DE ENVÍO DEL ENSAYO
VIERNES 11 DE MARZO A MAS TARDAR 5: 00 P.M
TEMA No.2 LINEA DE TIEMPO: DE ESTE TRABAJO DEBE REDACTAR UNA CONCLUSIÓN DE LO APRENDIDO O DE LO QUE HIZO, DE ACUERDO A LO QUE LEYÓ ESA CONCLUSIÓN NO DEBE SOBREPASAR TRES PÁRRAFOS DEBIDAMENTE CORRELACIONADOS. FECHA DE ENVÍO DE LA CONCLUSIÓN
LUNES 4 DE ABRIL A MAS TARDAR 12 M.
LOS DEMÁS TEMAS AQUÍ EXPUESTOS SE RESUELVEN EN EL ORDEN DE CONTENIDO Y EN LAS SIGUIENTES FECHAS DE PLAZO MÁXIMO:
TEMA No. 3 MIÉRCOLES 13 DE ABRIL 12 M
TEMA No. 4 MIÉRCOLES 20 DE ABRIL 12 M
TEMA No. 5 MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 12 M
TEMA No.6 MIÉRCOLES 4 DE MAYO 12 M
TEMA No. 7 MIÉRCOLES 11 DE MAYO 12 M
TEMA No. 8 MIÉRCOLES 18 DE MAYO 12 M.-HACER UN MAPA CONCEPTUAL Y SUSTENTAR Y ESTE DEBERÁ PRESENTARLO EN FÍSICO.
EL TIEMPO QUE QUEDA DEL PERIODO LO UTILIZAREMOS PARA TRABAJAR EN COMPETENCIAS CIUDADANAS QUE NO ES MAS QUE HACERLE UN REPASO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. EL PERIODO SEGUNDO INICIA EL 04 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO.
LAS NOTAS PARA USTEDES DEL SEGUNDO PERIODO DEBEN ESTAR CUADRADAS A MAS TARDAR LA ULTIMA SEMANA DE MAYO. OKEY.... SE QUIEREN GRADUAR? ENTONCES ESTUDIEN MUCHO.
querido estudiantes ANTES DE ESCRIBIR Y ENVIAR CONSULTE por favor identifique las diferencias y características de cada uno de estos conceptos , relacionemos , analicemos, comparemos , y digamos como esta Colombia y hacia donde con respectos a estos fenómenos. recuerde que es el PIB, PIN, INGRESO PERCA PITA, INFLACIÓN, DEFLACIÓN, regalías impuestos divisas, salario mínimo, canasta familiar, para poder entender, intereses, presupuesto familiar, etc. cada uno de estos temas.
TEMA 3
DIFERENCIA ENTRE DESARROLLO, POBREZA, DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA
Sin embargo, las políticas seguidas por el gobierno central pueden tener un mayor impacto que las decisiones tomadas a nivel regional, pues ciertas herramientas utilizadas por aquel son más efectivas en afectar más directamente la estructura de incentivos para producir que las herramientas utilizadas por las administraciones regionales.
Un caso claro de políticas manejadas por el gobierno central que afectan en forma evidente el desarrollo de las regiones es aquel de las políticas de comercio exterior, las cuales favorecerán o perjudicaran aquellas regiones que tienen potencial exportador según el modelo de desarrollo que el país escoja, sea uno que favorezca o no a la actividad de exportación; es decir, la mayor o menor apertura de una economía al comercio exterior será favorable o desfavorable para aquellas regiones que participan en forma activa en la producción de bienes y servicios cuyo principal comprador es el extranjero, antes que otras regiones del mismo país.
La política económica colombiana ha fluctuado entre favorecer el modelo del desarrollo “hacia adentro” y uno de desarrollo “hacia fuera”. Mientras que el primero basa el crecimiento de la producción doméstica en la expansión del 1Documento presentado en el Primer Foro de la Costa Atlántica, Santa Marta, marzo de 1981. 13 mercado doméstico, el segundo pone énfasis en el mercado externo como la fuente de crecimiento de la demanda por su producción. Así, el primero le da especial importancia a la sustitución de importaciones y el segundo considera clave para el éxito económico la promoción de las exportaciones.
Colombia ha experimentado con los dos enfoques y evidentemente ellos han afectado en forma diferencial a la Costa Atlántica, una región cuya característica principal es ser un área productora de bienes de exportación y con un enorme potencial para exportar productos agrícolas tropicales.
El objeto de este trabajo es presentar unas hipótesis sobre el impacto económico de los modelos de desarrollo económico seguido entre 1950 y 1980 y que pudieron haber incido el desarrollo de la Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre), y las perspectivas de la región según sea la política comercial externa por seguir en los próximos años. 2. Modelos de desarrollo en Colombia entre 1950 y 1980 Los treinta años comprendidos entre 1950 y 1980 enmarcan dos períodos bastantes diferenciados del enfoque de la política económica del país, en particular la referente al comercio exterior. Es así como el período comprendido entre los años 1950-1966 puede considerarse como de sustitución de importaciones y el período de 1966 a 1980 como de “promoción de exportaciones”, aunque para ser correctos es más de uno de menor gravamen a las exportaciones .
El primero de los dos períodos anteriores se caracterizó por otorgar altas tasas de protección a ciertos sectores de la economía productores de bienes sustitutos de importaciones, por imponer fuertes restricciones administrativas a las importaciones de bienes y servicios, por tener un peso tremendamente sobrevaluado (tasa de cambio muy baja) y, en algunos años por impuestos a las exportaciones.
Las exportaciones de café fueron gravadas en forma explícita y con tasas de cambio diferenciales o con impuesto ad valorem. El segundo período, 1967-1980, se caracteriza por una reducción gradual de la protección a los sectores más protegidos y por un apoyo explícito a las exportaciones a través de un subsidio directo y de crédito; sin embargo, entre 1967-1969 las restricciones a las importaciones fueron muy fuertes, de manera que La política de sustitución de importaciones comenzó en Colombia en 1931 como resultado de los acontecimientos económicos de la Gran Depresión de 1929; esta política pretendía hacernos autosuficientes en productos agrícolas e industriales. Sin embargo, se le puso mayor énfasis al desarrollo industrial., que la era importante de la liberación de importaciones comienza en la década de los 70. Un punto notable para destacar en este período es el ajuste gradual de la tasa de cambio que permitió mantener y aumentar los incentivos reales a las exportaciones, lo que despejó considerablemente el panorama de los inversionistas que deseaban entrar en actividades de exportación. Como punto anecdótico vale la pena mencionar que quien se opuso al establecimiento de este sistema al comienzo de la década de los 60 luego lo implantaría como presiente de Colombia en 1967. El manejo flexible de la política cambiaria, más los desarrollos ocurridos en los mercados internacionales en la década de los 70, en los cuales hubo un aumento fuerte en los precios de los productos de importación y exportación de Colombia, permitieron reducir la protección relativa al sector importador y, por ende, significó un mejor tratamiento para el sector exportador.
Los acontecimientos de la década de los 70 representan un cambio radical en relación con lo que estábamos acostumbrados en los 50 y 60 y significan un tratamiento más favorable para el sector exportador en general y para el agrícola en particular. Durante esta década se observa un tratamiento más equitativo a las diversas actividades productivas y, por lo tanto, a las diferentes regiones del país; es así como vemos surgir en forma rápida las economías de ciertas regiones y decaer las de otras.
En la medida en que había regiones productoras de bienes que antes eran tratadas discriminatoriamente y ahora no, su ingreso real ha tendido a mejorar; mientras tanto, aquellas regiones cuya actividad económica estaba concentrada en la producción de bienes de sectores protegidos han visto declinar su ingreso en relación con el de otras regiones del país. El problema de proteccionismo excesivo en la década de los 50 y 60 fue el resultado de una tremenda confusión entre industrialización, modernización y consecución de altos niveles de vida.
Mientras es cierto que la gran mayoría de los países que tienen un alto nivel de vida son industrializados, no necesariamente se requiere industrializarse para alcanzar un alto nivel de ingreso; así, aunque Canadá es un país cuyo ingreso proviene sobre todo del sector primario –agricultura y minería– y sus exportaciones tienen una alta proporción de bienes primarios, nadie se atrevería a decir que este no es un país “industrializado”, como sinónimo de un país con alto nivel de ingreso.
Argentina en los primeros treinta años de este siglo tenía uno de los niveles de ingreso per cápita más altos del mundo y estos provenían esencialmente de la actividad agrícola. Esta misma confusión entre industrialización, modernización y alto nivel de ingreso impidió ver todo el proceso de desarrollo tecnológico que hubo en la agricultura mundial o través del desarrollo de nuevas variedades, nuevos insumos químicos o invenciones de maquinaria más eficiente y más adecuada a las diversas circunstancias de los países; de hecho, las técnicas de producción en la agricultura se han modernizado en forma tan rápida como las del sector industrial, y en el caso particular de Colombia es quizás en el sector agrícola donde han ocurrido los avances tecnológicos más importantes del país.
Por otra parte, la actividad de exportar mantiene a los exportadores de productos básicos tan actualizados de los acontecimientos internacionales como a los de productos elaborados o a los importadores de bienes intermedios y bienes de capital que se utilizan en la producción de bienes elaborados en el sector industrial.
De la aparente necesidad de sustituir importaciones de productos semielaborados o elaborados con el fin de “agregar valor nacional”, no importaba a cual costo, el resultado de tratar de elaborar bienes semielaborados y elaborados fue el de gravar las actividades productoras de bienes primarios a través de precios controlados, más bajos que los internacionales, con el fin de reducir los costos de producción de las actividades transformadoras para hacerlas competitivas internacionalmente. El resultado fue desestimular la producción de bienes primarios y la adopción de nuevas tecnologías, reduciendo así el ingreso potencial de las regiones productivas de este tipo de bienes.
En la aplicación y diseño de la política económica resultante de las ideas anteriores no se vio clara la dirección de casualidad de que para tener una industria de exportación constitutiva de importaciones eficiente era necesario tener una producción de bienes primarios internacionalmente, pues en la medida en que esta última sea competitiva existe una alta probabilidad de que las actividades transformadoras de este insumo también sean eficientes a niveles internacionales.
Poco sentido tendría establecer una industria para abastecer el mercado doméstico y exportar basada en la utilización de un insumo doméstico cuya competitividad internacional se desconoce o es muy frágil. El resultado final de todas estas políticas que pretendían modernizarnos, elevarnos el nivel de vida y mejorar los términos de intercambio de nuestra exportaciones –esencialmente de productos primarios– fue el de restringir el volumen de comercio y el de tirar los términos de intercambio domésticos en contra del sector primario del país.
En la medida en que la protección aumentaba, se restringían las importaciones y el volumen de exportaciones requerido para financiarlas se reducía; por lo tanto, al necesitarse menos exportaciones era necesario darles menos estímulos. Es clara la conclusión: la política de protección desestimulaba la producción de bienes primarios al bajarles su precio, y 16 ponía en ejecución interna lo que se criticaba acerbamente a nivel internacional, cual era el “envilecimiento” de los precios internacionales de los productos primarios por supuestas maniobras de los países industrializados.
Esta retórica de no permitir la explotación de los países de la periferia por los del centro ha sido el asidero intelectual para justificar la explotación de las regiones periféricas por las regiones del centro de un mismo país; la aplicación de un tratamiento desigual en materia de incentivos para los productos procedentes de distintas regiones sirve para explicar, en parte, por qué unas regiones, a pesar de ser tan “ricas”, son tan pobres y por qué otras son tan “ricas” aun cuando no tienen los recursos para serlo. El sistema de política comercial que imperó durante los 50 y 60 y que todavía impera en el país, aunque en forma más atenuada, fue un mecanismo para extraer recursos de unas regiones periféricas y transferirlos en forma velada o explícita hacia otras regiones (centro); la Costa Atlántica, por ser una región productora de bienes primarios, sufrió las consecuencias negativas de una política que pretendía eliminar la explotación de la periferia por el centro.
La economía de la Costa Atlántica dentro de la economía colombiana Para comprender el impacto de la política económica global y de la polí- tica de comercio exterior en particular es conveniente situar en su adecuada perspectiva a la economía costeña. Se puede concluir que la Costa Atlántica es una región esencialmente agrícola, pues el sector agropecuario contribuye con 35 por ciento del pib regional; sigue en orden de importancia en el sector comercio que genera el 21.1 por ciento del pib de la región mientras que el sector industrial contribuye sólo con el 14 por ciento del valor agregado de la región. En relación con la participación de la Costa en el pib sectorial es notoria la contribución de la agricultura costeña a la agricultura colombiana, con el 28 por ciento de valor agregado por el sector; esta contribución es aún más notoria cuando observamos que la Costa contribuye con sólo el 19 por ciento de pib colombiano. De nuevo cabe destacar 3 Aun cuando aquí nos referimos sólo a la Costa Atlántica, nuestras afirmaciones son generalizables a las zonas productoras de bienes primarios de exportación del país –cafetera y de agricultura tropical.
La participación del sector comercio de la Costa dentro del sector comercio colombiano y también la importancia del resto del sector primario costeño dentro de la producción de dicho sector en el país.
De lo anterior se puede concluir que la Costa Atlántica es, esencialmente, una región de bienes primarios, con una alta participación del sector comercio en la producción de la región, y que la actividad manufacturera presenta una proporción relativamente pequeña de la producción total de la región;.
en resumen, la Costa puede caracterizarse como una región productora de bienes primarios.
¿Qué tipo de bienes esperamos entonces que comercie la Costa Atlántica? Siendo fundamentalmente la Costa una región productora de bienes primarios, su principal renglón de exportación lo constituirán estos productos, mientras que sus principales renglones de importación serán bienes manufacturados que adquiere del resto del país o de los mercados internacionales. Es claro, entonces, que para aumentar el ingreso real de los habitantes de la Costa es crucial subir el precio de sus productos de exportación en relación con el de los productos de importación; en la medida en que la política económica induzca a una reducción en los términos de intercambio de los productos primarios, el ingreso de los costeños se disminuirá. En el contexto dentro del cual estamos colocando nuestra discusión conviene aclarar que las exportaciones e importaciones costeñas son aquellas que se hacen y provienen del resto del país o del extranjero respectivamente. En otras palabras, producto interno bruto de la Costa Atlántica por sectores y departamentos: 1975 Millones de pesos de 1970 DEPARTAMENTO TOTAL AGROPECUARIO INDUSTRIA COMERCIO RESTO DEL SECTOR PRIMARIO * OTROS SECTORES Atlántico 9,865.3 641.4 2,614.4 2,355.8 165.8 4,087.9 Bolívar 7,321.9 2202 1,340.9 1,267.5 281.4 2,230.1 Córdoba 4,664.1 2,703.3 151.4 882.5 108.5 818.4 Guajira 1,676.3 336.7 86.8 970.1 42.1 240.6 Magdalena 3,765.5 1,903.9 203.7 349.8 265.7 1,042.4 Cesar 4,048.3 2,146.4 183.6 1,067.3 103.3 547.7 Sucre 2,555.2 1,795 72.9 262.8 32.1 392.4 Total Costa 33,896.6 11,728.7 4,653.7 7,155.8 998.9 9,359.5 Total Colombia 176,477.6 42,565.1 33,932.0 29,558.5 4,004.5 66,417.5 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, dnp, (1977). Cuentas regionales de Colombia: 1960-1975,
*preció al cual se venden los productos manufacturados dentro de la unión y aquél al cual se venderían si se permitiera la importación de terceros países, libre de gravámenes. La misma actitud debería esperarse del miembro exportador de productos primarios, quien trataría de venderlos a un precio más alto que el internacional en el mercado doméstico de la unión aduanera. Sin embargo, si el exportador de productos primarios produce por encima de las necesidades de los miembros de la unión, habrá un excedente para exportar hacia los mercados internacionales, mientras que si en el caso de productos manufacturados hay un déficit, sería necesario importar de terceros países.
Por lo tanto, mientras los primeros pueden competir en los mercados internacionales los segundos no pueden hacerlo, lo cual garantiza que estos últimos soliciten ser protegidos y serán los beneficiarios directos de la misma unión económica. Se puede argumentar que en la Costa también se pudieron establecer industrias para producir bienes manufacturados y ganarse el margen de preferencia resultante de la aplicación de un alto arancel; sin embargo, la escasa participación de la industria en la producción de la Costa es signo evidente de que en ésta no existían las condiciones para tener una industria competitiva doméstica e internacionalmente, dada una política económica de altos aranceles, fuertes restricciones a las importaciones y un peso tremendamente sobrevaluado.
La imposición de altas barreras arancelarias condujo a la generalización de un fenómeno bastante conocido en el país desde la época colonial: el contrabando. Esta dificultad es el producto de medidas económicas que inducen su aparición; mientras éstas subsistan, el contrabando continuará, con sus consiguientes efectos sobre la honorabilidad de las autoridades aduaneras, independientes de su origen –costeñas o del interior–.
Al sector industrial de la Costa Atlántica le conviene más, para su desarrollo, una tasa de cambio real alta y libertad de importación que una tasa de cambia baja acompañada de aranceles altos, pues la competencia de los productos de contrabando resultante de la aplicación de esta últimas políticas disuade a cualquier inversionista para establecer cierto tipo de industrias en la zona; como ejemplo, sería bueno conocer cuántas industrias de ensamble de televisores están establecidas en la Costa y cuántos televisores ensamblados en el interior compran los habitantes de la Costa en relación con sus compras totales de televisores. .
La política de comercio exterior y su impacto sobre la economía costeña La discusión de la sección precedente sirve para enmarcar el análisis del impacto que la política de comercio exterior, seguida en el país durante las últimas tres décadas, tuvo sobre el resultado económico de la Costa Atlántica.
El marco dentro del cual se diseñó la política de comercio exterior colombiana entre 1950 y 1980 fue el de proteccionismo, con distintos niveles de intensidad más fuertes en las décadas del 50 y 60 y más moderados en la década del 70. Esta política se manifestó en la restricción del volumen de importaciones por medio de altos aranceles y fuertes restricciones cuantitativas, haciendo prácticamente innecesario el manejo de la tasa de cambio para desestimularlas. Por otra parte, como el volumen de importaciones era reducido, el esfuerzo exportador que el país necesitaba hacer para financiar sus importaciones era mucho menor y, por consiguiente, se podían mantener incentivos bajos para las exportaciones.
El resultado de este juego en el manejo de las herramientas de comercio exterior fue el de tener que pagar precios muy altos por los bienes manufacturados sustitutos de importaciones producidos en el país y obtener precios muy bajos por los productos de exportación –café y otros productos primarios originados de las zonas tropicales como banano, algodón tabaco y carne, entre otros–. Las medidas anteriores tuvieron exactamente un efecto igual al que pudo tener un impuesto a las exportaciones y un subsidio a la producción de bienes sustitutos de importaciones, excepto que por no ser estos subsidios colocados en forma explícita y visible se diluía cualquier oposición política que se pudiera hacer en contra de estas medidas.
Un ejemplo numérico sirve para ilustrar mejor la relación entre tasa de cambio y aranceles. Si para restringir el volumen de importaciones a un cierto monto, 1,000 millones de dólares digamos, es necesario que el costo de importar 20 sea 50 pesos por dólar, hay una infinidad de combinaciones de aranceles y tasas de cambio que nos permiten conseguir este objetivo; así, si la tasa de cambio es 10, 25 ó 50 se requiere un arancel a las importaciones de 400, 100 o cero por ciento respectivamente para que el costo de importación sea de 50 pesos por dólar.
Como se puede ver, el resultado es el mismo si se mira sólo por el lado de las importaciones; sin embargo, para las exportaciones es crucial la manera como se escoja restringir las importaciones ya que sus ingresos por divisa generada pueden ser de 10, 25 ó 50 pesos según se impongan aranceles altos o bajos. La selección de la forma de otorgar protección es también fundamental para aquellas actividades productoras de bienes sustitutos de importaciones que no se encuentra protegidas por aranceles, pues el efecto de la política es el mismo que aquél que observábamos para las exportaciones. En Colombia no sólo se gravó el sector primario.
En efecto, muchas actividades dentro del sector industrial fueron desprotegidas y por esto se observa hoy en día muy poco desarrollo en algunas ramas del sector industrial, en especial en las productoras de bienes intermedios y de capital, insumos básicos en la producción de bienes terminados.
También es importante anotar que no solamente se perjudicaron a las actividades que estaban en operación, sino también a todas aquellas actividades que no se pusieron a funcionar precisamente porque el gravamen era tan alto que se eliminaba su rentabilidad, como fue el caso de la exportación de flores y de plantas ornamentales, entre otros.
¿Cómo encaja la Costa Atlántica dentro del análisis anterior? Siendo clara la naturaleza exportadora de productos primarios de la región, es evidente que la Costa ha sido perjudicada por la política proteccionista seguida en el país en el período 1950-1980. Más aún, por sus características de localización y dotación de recursos, poco podría aprovecharse de la protección otorgada al sector industrial, ya que esta actividad no era rentable en la región; por lo tanto, la Costa tenía que comprar productos industriales de las fábricas del interior, a un sobreprecio en relación con el precio vigente en los mercados internacionales, o importarlos ilegalmente a un sobreprecio cuyo principal beneficiario era el contrabandista.
Al no poder vender sus productos primarios de exportación a precios altos en los mercados internacionales, los agricultores y ganaderos de la Costa tenían como mercado alternativo para sus productos el mercado del interior, el cual también pagaba precios bajos por ellos. Así, en la medida en que la tasa de cambio real fuera baja, el precio recibido por ventas realizadas en el mercado doméstico también iba a ser bajo.
Un examen de la política de comercio exterior colombiana entre 1960 y 1975 indica que durante ese período ha habido una liberación gradual del comercio exterior en el país, en especial desde 1970; una mirada a los indicadores agrícolas muestra que la participación de la región en el sector agropecuario colombiano pasó del 20.3 por ciento en 1960 al 26.6 por ciento en 1974, y sólo la agricultura aumentó su participación del 11.5 por ciento al 20.8 por ciento en ese mismo período. En el caso particular de la Costa Atlántica no existe incompatibilidad de corto ni de largo plazo entre la promoción del sector agrícola y del industrial, como sí podría serlo para otras regiones del país; sólo basta que se tome la política adecuada de comercio exterior para explotar el potencial productivo de la región.
Diferencia entre Crecimiento y Desarrollo Económico
Dentro del
escenario macroeconómico; Crecimiento económico es un concepto
que habitualmente se confunde con Desarrollo económico,
representando este un error –aún cuando se encuentran estrechamente ligados-,
debido a la enorme diferencia existente entre los significados variables,
indicadores e importancia para una nación; que guardan estos dos términos. Es
debido a ello que hoy señor lector, aclararemos esta situación, en procura de
disipar toda duda que surja respecto al tema en mención.
En aras de
conseguir el objetivo planteado en un principio, haremos uso de un gráfico lo
suficientemente ilustrativo como para esbozar con claridad, la diferencia entre
Crecimiento y Desarrollo Económico:
La agresividad
del capitalismo a nivel mundial, hace muy complejo el que países en vías de
desarrollo alcancen el tan anhelado Desarrollo Económico; pues,
los presidentes de las naciones contentan a sus electores con resultados que
evidencian exclusivamente un crecimiento económico; ignorando estos que quienes
crecen económicamente son los mismos de siempre: Los Empresarios; y que la
brecha entre ricos y pobres tiende a hacerse más amplia. En otras
palabras, los pobres son más pobres y con menores niveles de calidad de vida, y
los ricos más ricos con todas las posibilidades existentes en salud, educación,
empleo, agua, luz, teléfono, entre un sinnúmero de etcéteras.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Es la medida de
los bienes y servicios producidos por una nación.
El indicador más
importante del crecimiento económico es el PIB (Producto Interno Bruto) que
define el valor en dólares de todo lo que produce una nación en un año.
Resulta de la
suma de Exportaciones, ventas y demás activos.
Posee una
contra-parte o impedimento. En otras palabras, como hay crecimiento económico
también puede haber decrecimiento; debido esto a:
–
Sobre-endeudamiento o déficit.
–
Mala administración nacional
–
Disminución de las exportaciones
DESARROLLO
ECONOMICO
Es la medida de
la mejora en el nivel de vida de una población.
Entre sus
indicadores se encuentran:
–
Índice de alfabetismo
–
Empleabilidad
–
Cobertura en salud
–
Tasa de población en condiciones de pobreza extrema
–
PIB Pércapita
Los países en
vías de desarrollo casualmente persiguen el Desarrollo Económico; el alcanzar
los niveles estándar de bienestar para sus habitantes.
Por eso como
miembros de un sistema capitalista (hablando para el caso colombiano) debemos
tener en cuenta esta distinción, para con ello poder exigir a nuestros gestores
y tener una consciencia de lo que en realidad significan los balances que se
nos entregan mensual, trimestral o anualmente.
Antes de
culminar me gustaría resaltar el hecho de que los países que cuentan con
mayores niveles de desarrollo económico son Noruega, Suecia, Suiza, Estados
Unidos, China, Japón y Alemania. En Latinoamérica Brasil y Chile. Y los peores
son –actualmente y por sus crisis- España, Grecia; aunque su diferencia es
abismal frente a casos como Haití, Venezuela, y gran parte de las naciones del
continente africano.
Si una
persona recibe más de $211.807 mensuales ya supera la pobreza
Según
el Dane, 784.000 personas salieron de la pobreza en el 2014.
Colombia
es el 14.º país con mayor desigualdad dentro de 134 observados por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Mientras la pobreza en el país
mantuvo la caída que presenta desde al año 2002, la desigualdad dejó de ceder y
se mantiene en su nivel del 2012, de acuerdo con el Dane.
Este martes, el Dane presentó el
informe sobre pobreza que muestra, como lo había anticipado EL TIEMPO, una
reducción cercana a los dos puntos porcentuales con cerca de 800.000
colombianos menos en esa condición.
Los colombianos que en el 2014
estaban en condición de pobreza monetaria (que no alcanzan a tener el ingreso
que garantiza comprar una canasta básica) eran el 28,5 por ciento de la
población, por debajo del 30,6 por ciento registrado en el 2013.
De esta manera, hay 784.000 pobres menos, para un total de
13’210.000 personas.
Así mismo, el informe explica que una
persona, al tener un ingreso por encima de 211.807 pesos al mes, supera la
pobreza. Así, un hogar de cuatro miembros, deja de ser pobre si recibe más de
847.228 pesos.
En cambio, la desigualdad se
mantuvo prácticamente igual a la del 2012 y 2013. En esos años el coeficiente
de Gini (en donde 0 es igualdad total y 1, desigualdad absoluta) fue de 0,539,
y en 2014 de 0,538.
Con ese indicador, Colombia es el 14.º país con mayor desigualdad
dentro de 134 observados por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
De otra parte, la llamada pobreza
multidimensional, otra forma de medirla en la que se combinan indicadores de
educación, salud y trabajo, entre otros, también bajó, de 24,8 por ciento en el
2013 a 21,9 por ciento en 2014, que interpretado de otra manera significa que
de 11’564.000 personas en situación de pobreza en 2013 se pasó en el año
anterior a 10’336.000, es decir, 1’228.000 menos.
Este comportamiento, visto desde las
regiones colombianas, muestra a la zona oriental como la de mejores resultados,
puesto que tuvo la mayor variación entre los dos años medidos, al reducir en
544.000 personas en condición de pobreza multidimensional.
La siguieron Bogotá y la región
Atlántica, con reducciones de 254.000 y 234.000 colombianos en esta condición,
respectivamente. El Valle fue la zona con la disminución más baja, al pasar de
733.000 a 718.000.
En cuanto a la pobreza monetaria,
la ciudad que tuvo los peores números fue Cúcuta, que subió de 31,3 en 2013 a
33,1 por ciento el año pasado.
En la otra orilla está Bucaramanga,
que al bajar su nivel de pobreza a 8,4 por ciento desbancó a Bogotá como la
ciudad que sufre menos este flagelo. De tal manera, Bucaramanga es la única en
estar por debajo del 10 por ciento.
Bogotá es ahora segunda, con 10,1 por
ciento, pero prácticamente no tuvo progresos en el último año. En el 2013 su
nivel era de 10,2 por ciento.
Otro indicador que llama la atención
en la reducción de alrededor de 14 puntos porcentuales que mostró Montería
entre un año y otro, puesto que pasó de 34,8 a 20,9 por ciento.
Así mismo, ciudades como Pasto,
Pereira, Barranquilla, Cartagena y Villavicencio lograron mejorar sus
porcentajes entre 2,4 y 6 puntos.
Sobre las cifras del Dane, el presidente
Juan Manuel Santos dijo este martes que cuatro
millones 400.000 colombianos salieron de la pobreza entre 2009 y 2014.
Señaló, además, que cuando comenzó su
mandato de cada 100 colombianos 40 eran pobres y que hoy el número de pobres
por cada 100 es de 28. Admitió que la situación de pobreza en el país sigue
siendo difícil, pero que ya comenzó a bajar.
“Antes crecíamos, pero las
desigualdades también crecían; hoy, reversamos esa tendencia”, puntualizó
Santos.
Para Ana María Ibáñez, decana de
Economía de la Universidad de los Andes, los resultados no le parecen
sorprendentes.
“La economía ha venido creciendo y
así lo hizo en 2014 y la tasa de desempleo también cayó. Ambas dinámicas
contribuyen de manera importante a reducir la pobreza. Sin embargo, la caída en
pobreza no es alta y las tasas de pobreza todavía distan de las de otros países
de la región. Además, el Gini, que mide la desigualdad, prácticamente no se
movió, lo que indica que el crecimiento está beneficiando más a las personas de
altos ingresos”, advierte Ibáñez.
Eduardo Sarmiento, de la Escuela
Colombiana de Ingeniería, señala que “sí se ha ido registrando una disminución
de la pobreza, que en buena medida obedece a cambios metodológicos. Lo grave es
que estos avances no tienen una reciprocidad en la distribución del ingreso”.
Y agrega que eso se ve reflejado en
el coeficiente de Gini, que no muestra cambios en los últimos tres años.
De acuerdo con la directora del
Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Tatyana Orozco de la Cruz, los
programas sociales como Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros del
Gobierno Nacional como Adulto Mayor y los de Primera Infancia contribuyeron de
manera contundente en la reducción de las cifras de pobreza.
“Las cifras reveladas indican que el
Gobierno Nacional alcanzó y superó la meta del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, que se había pactado en 32 por ciento para pobreza y en 9,5 por
ciento para pobreza extrema”
Este último dato, relacionado con la pobreza extrema (cuando
el ingreso no alcanza para comprar los nutrientes esenciales), efectivamente
pasó de 9,1 en 2013 a 8,1 por ciento en 2014, lo que significa que 407.000
personas superaron esa condición.
En este indicador, Cúcuta vuelve a
ser la ciudad que arroja el resultado más preocupante ya que, pese a reducir
levemente la cifra en relación con el 2013 (estaba en 6,0), alcanzó el año
pasado un 5,7 por ciento.
En cambio, Bucaramanga registró el
menor índice de pobreza extrema, con un 1,1 por ciento.
Desigualdad Social: Qué es y qué podemos hacer
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
Históricamente las desigualdades sociales tienen un fundamento natural, basado en las distintas habilidades, recursos y aptitudes de los seres humanos. Sin embargo, la lucha contra la desigualdad debería orientarse a conseguir una sociedad en la que todos los individuos de un país pudieran disfrutar de los mismos derechos como ciudadanos.
La abolición de la esclavitud fue uno de los avances más importante para la eliminación de las desigualdades sociales. Sin embargo, sigue siendo legal en Mauritania, mientras que en muchas regiones del mundo continúa siendo una práctica habitual a pesar de la condena pública de sus países.
La tarea política prioritaria debe ser trabajar para construir un nuevo orden social (político, social y económico) sustentado en una justa distribución de la riqueza social, ya que de seguir con estas desigualdades, la lucha contra la justicia fiscal y las acciones para erradicar la pobreza quedarán sin efecto alguno.
Desde InspirAction creemos que combatir la desigualdad social empieza por exigir una política fiscal justa:
- Luchando por conseguir que los impuestos propicien una justa distribución de las rentas.
- Controlando exhaustivamente los paraísos y evasiones fiscales, así como toda acción que implique fraude fiscal, sin olvidarnos del blanqueo de capitales.
Por otro lado, es necesario restablecer valores en la educación, la formación, la reducción del desempleo y en suma, un sistema más equitativo de reparto de riquezas, que haga posible una sociedad con menos desigualdades.
Nuestro compromiso es trabajar en proyectos de desigualdad para poder ofrecer un futuro con más oportunidades a sus minorías:
TEMA 4
sector
industrial colombiano necesita innovar
El
creciente interés por los recursos naturales de Colombia condujo al registro de
niveles sin precedentes de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el año
pasado. Sin embargo, algunos analistas han expresado su preocupación con
respecto al hecho de que el interés de los inversionistas sigue centrado de
manera casi exclusiva en la minería y la energía, sectores considerados
insostenibles en el largo plazo, dejando al sector industrial y en particular
al manufacturero sufriendo para competir en el escenario internacional.
La inversión extranjera alcanzó la cifra récord de 15.823 millones de dólares en 2012 según el Banco de la República, lo que supuso un aumento del 17,7 por ciento en comparación al 2011, situando a Colombia en el puesto número 28 en la clasificación de países por entrada de IED.
Mientras la IED en petróleo y minería fue de los 7.627 millones de dólares el año pasado (frente a 7.463 millones en 2011), la productividad del sector industrial está disminuyendo. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelaron una reducción significativa en la producción industrial en 2012, equivalente al 0,7 por ciento.
El sector industrial se enfrenta a varios retos considerables, encabezados por la continua valorización del peso y la entrada masiva de importaciones con aranceles reducidos (o, en algunos casos, exentas de estos), especialmente provenientes de Asia. Las importaciones han aumentado de manera constante desde que el país firmó una serie de tratados de libre comercio (TLC) con destacadas potencias comerciales, como Estados Unidos y, más recientemente, la Unión Europea y Corea del Sur.
Los analistas han hecho un llamado a Colombia para que introduzca nuevas reformas que, afirman, representarían un importante apoyo para el sector industrial. En su "Evaluación Económica de Colombia", la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) instó a la mejora de la infraestructura de transporte, al aumento de la inversión privada y la productividad, y a la eliminación de algunas de las barreras que enfrentan los empresarios.
De igual forma, el de la OCDE y otros análisis recientes han puesto de relieve la necesidad de abordar aspectos cruciales de la educación superior, lo que allanaría el camino para que la industria llegue a ser más productiva e innovadora. Actualmente, Colombia ocupa el puesto número 92 de 141 en el Índice de Eficiencia e Innovación (IEI) y el 65 en el Índice Global de Innovación (GII).
La importancia de promover la competitividad en el sector industrial fue uno de los temas explorados en la tercera Rueda de Innovación, organizada por el acelerador local de innovación Connect Bogotá.
Andrea Kates, experta en innovación industrial, afirmó ante los cientos de investigadores presentes en el evento que la innovación puede ser fundamental en la generación de empleo. También se refirió al papel fundamental que representa la colaboración entre investigadores, universidades y empresas a la hora de impulsar la innovación, afirmando que "genera nuevas fuentes de conocimiento y oportunidades".
En el evento quedó recalcada la especial importancia que cobra para las pequeñas y medianas empresas adoptar la innovación, teniendo en cuenta los problemas y retos a los que se enfrentan en un mercado abierto.
Colombia se encuentra ubicada detrás de Chile, Brasil y Costa Rica en lo que respecta al nivel de apoyo público que recibe la innovación empresarial, de acuerdo con el GII. Sin embargo, los esfuerzos para hacer frente a la situación están cobrando mayor fuerza liderados por iNNpulsa, una institución gubernamental centrada en apoyar la iniciativa empresarial orientada al mercado.
Catalina Ortiz, gerente de iNNpulsa, afirmó recique el objetivo de la institución es aumentar la contribución del sector privado a la inversión. Los 40.000 millones de pesos anunciados en el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe) se sumarán a los 70.000 millones que ya tenía presupestada la entidad para esta tarea.
La inversión extranjera alcanzó la cifra récord de 15.823 millones de dólares en 2012 según el Banco de la República, lo que supuso un aumento del 17,7 por ciento en comparación al 2011, situando a Colombia en el puesto número 28 en la clasificación de países por entrada de IED.
Mientras la IED en petróleo y minería fue de los 7.627 millones de dólares el año pasado (frente a 7.463 millones en 2011), la productividad del sector industrial está disminuyendo. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelaron una reducción significativa en la producción industrial en 2012, equivalente al 0,7 por ciento.
El sector industrial se enfrenta a varios retos considerables, encabezados por la continua valorización del peso y la entrada masiva de importaciones con aranceles reducidos (o, en algunos casos, exentas de estos), especialmente provenientes de Asia. Las importaciones han aumentado de manera constante desde que el país firmó una serie de tratados de libre comercio (TLC) con destacadas potencias comerciales, como Estados Unidos y, más recientemente, la Unión Europea y Corea del Sur.
Los analistas han hecho un llamado a Colombia para que introduzca nuevas reformas que, afirman, representarían un importante apoyo para el sector industrial. En su "Evaluación Económica de Colombia", la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) instó a la mejora de la infraestructura de transporte, al aumento de la inversión privada y la productividad, y a la eliminación de algunas de las barreras que enfrentan los empresarios.
De igual forma, el de la OCDE y otros análisis recientes han puesto de relieve la necesidad de abordar aspectos cruciales de la educación superior, lo que allanaría el camino para que la industria llegue a ser más productiva e innovadora. Actualmente, Colombia ocupa el puesto número 92 de 141 en el Índice de Eficiencia e Innovación (IEI) y el 65 en el Índice Global de Innovación (GII).
La importancia de promover la competitividad en el sector industrial fue uno de los temas explorados en la tercera Rueda de Innovación, organizada por el acelerador local de innovación Connect Bogotá.
Andrea Kates, experta en innovación industrial, afirmó ante los cientos de investigadores presentes en el evento que la innovación puede ser fundamental en la generación de empleo. También se refirió al papel fundamental que representa la colaboración entre investigadores, universidades y empresas a la hora de impulsar la innovación, afirmando que "genera nuevas fuentes de conocimiento y oportunidades".
En el evento quedó recalcada la especial importancia que cobra para las pequeñas y medianas empresas adoptar la innovación, teniendo en cuenta los problemas y retos a los que se enfrentan en un mercado abierto.
Colombia se encuentra ubicada detrás de Chile, Brasil y Costa Rica en lo que respecta al nivel de apoyo público que recibe la innovación empresarial, de acuerdo con el GII. Sin embargo, los esfuerzos para hacer frente a la situación están cobrando mayor fuerza liderados por iNNpulsa, una institución gubernamental centrada en apoyar la iniciativa empresarial orientada al mercado.
Catalina Ortiz, gerente de iNNpulsa, afirmó recique el objetivo de la institución es aumentar la contribución del sector privado a la inversión. Los 40.000 millones de pesos anunciados en el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe) se sumarán a los 70.000 millones que ya tenía presupestada la entidad para esta tarea.
En buena medida, el rumbo de la
economía colombiana a partir de 2012 ha estado marcado por la debilidad del
sector industrial. En efecto, la industria ha tenido uno de los peores
desempeños dentro de los sectores productivos: en 2012 la producción se
contrajo 0,7%, y en el 1T13 la caída fue de 6,1%. Ante la atención que este
tema ha suscitado un análisis de Bancolombia que busca caracterizar la
situación de la industria en Colombia.
Entre los principales hallazgos
se encuentra que, ante la contracción reciente, el sector ha comenzado a
ajustar sus niveles de contratación de empleo. También se resalta que la
política fiscal, la recuperación del sector externo y la política monetaria son
mecanismos efectivos para recuperar en los próximos meses la dinámica de la
industria manufacturera.
El sector industrial es
importante por el alto valor agregado que genera, el desarrollo de capital
humano que propicia, su capacidad de estímulo a la investigación y el
desarrollo (I+D) y, como resultado de ello, a la innovación, todo lo que se
traduce en incrementos en la productividad y competitividad de un país. Es
además una rama de la producción que posee un amplio poder de generación de
empleo. Por todo ello, la producción industrial se relaciona positivamente con
el bienestar de la población: la evidencia refleja, tanto para el caso
colombiano como para otros países, una fuerte asociación entre el crecimiento
del ingreso por habitante y la producción del sector manufacturero.
Así mismo, se realizó un
análisis del crecimiento del mercado de vehículos, la coyuntura actual y las
perspectivas del sector, en medio de los avances estructurales y
transformaciones económicas del país, que han permitido avances importantes en
la capacidad de compra y el acceso al crédito de los hogares. Actualmente se
observa una desaceleración en las ventas del sector, luego de un ciclo de
expansión acelerado entre 2010 y 2011; tal moderación se mantendría en los
próximos meses, dado que los hogares están atravesando por un proceso de
desapalancamiento. Sin embargo, hacia 2020 el tamaño del sector podría
duplicarse frente a los niveles actuales.
Para que el crecimiento del
sector se consolide y sea sostenible en el tiempo las autoridades económicas y
los agentes privados deben avanzar en varios temas importantes: la superación
de los cuellos de botella en la infraestructura del país; el diseño y
aplicación de políticas públicas y económicas que promuevan el uso racional del
transporte privado amigable con el medio ambiente; y por último, el desarrollo
e implementación de planes de largo plazo que promuevan mejoras estructurales
en la movilidad.
El
desarrollo más acelerado de la industria nacional, con mayor eficiencia y
competitividad internacional, debe constituirse en un objetivo fundamental de
la política económica, y en general, de los esfuerzos de los colombianos para
conseguir una sociedad con mayor bienestar y con más equidad. Por eso, los
autores de esta Ponencia, ambos funcionarios ejecutivos de FEDEMETAL, han visto
con interés y complacencia los anuncios que ha hecho el Gobierno de que se
buscará una reestructuración de la industria. Entendemos esa reestructuración
como un propósito genuino de mejorar la capacidad de la industria para crecer y
para cumplir su función social.
Colombia
ha logrado construir un sector industrial de indudables méritos, que representa
un aporte significativo al desarrollo nacional. Ese aporte ha sido decisivo
para que nuestro país se haya convertido, en un lapso relativamente breve, de
predominantemente rural a predominantemente urbano, y para que, en general, se
haya modernizado, permitiendo a su población mejores niveles de vida y
acrecentando notablemente la riqueza nacional.
Sin
embargo las realizaciones del sector industrial podrían y deberían haber sido
aún más importantes. De hecho, es decisivo para el país que el ritmo de
crecimiento de la industria sea bastante más alto que el logrado en las décadas
pasadas, y que su capacidad de exportar, y de satisfacer adecuadamente las
necesidades de las comunidades y usuarios nacionales sea más efectiva.
Últimamente,
las condiciones en que se realiza el esfuerzo industrializador no han sido
favorables. Sorprende lo importante del terreno que se perdió, y las
oportunidades que se desperdiciaron por no haberse continuado el esfuerzo que
dio frutos entre 1950 y 1975. Si Colombia hubiera podido mantener entre 1974 y
1988 la misma tasa de crecimiento del sector industrial que se logró entre 1965
y 1974, nuestra producción manufacturera sería hoy dos veces más grande. Si se
hubiera mantenido el mismo ritmo de aumento en las exportaciones
manufactureras, estaríamos exportando hoy 3.550 millones de dólares corrientes
en productos industriales, en vez de los 1.099 millones de dólares que
actualmente estamos exportando. El empleo manufacturero aumentaría en 50.000
puestos de trabajo, lo cual representaría por sí solo, una disminución del 1.3%
en la tasa de desempleo que registra el DANE para las principales 7 ciudades.
Este escenario de posibilidades, representaría un aumento de 1.1 puntos del
producto total y hubiese colocado en 1986, el coeficiente de industrialización
en 27.9 lo cual nos pondría en un puesto de avanzada en la América Latina1, 2.
O sea,
que el panorama sería distinto, mucho más favorable, si solamente hubiéramos
logrado mantener la situación expansiva en el sector industria que alcanzó en
las décadas anteriores a 1975, aun sin haber contado, en todo ese período, con
bonanzas notorias en el mercado de nuestros artículos tradicionales de
exportación, o con otros recursos externos extraordinarios.
Existen,
por lo tanto, síntomas de que el comportamiento y resultados de la industria
colombiana no han alcanzado el nivel de excelencia de épocas anteriores, a
pesar de que durante los últimos tres años han aparecido señales de
reactivación, que recientemente tienden a mitigarse.
Esa
sensación de "insuficiencia", que hasta ahora ha sido tratada en
términos puramente cuantitativos, se agudiza en el ámbito de lo cualitativo, al
comparar las realizaciones de la industria con objetivos y propósitos que son,
precisamente los que se han vuelto indispensables en los últimos años. Según
esos nuevos propósitos y objetivos, se necesita que el sector industrial crezca
a tasas aún superiores a los niveles que parecerían tan satisfactorios entre
1960 y 1974. Se necesita además, que la industria mejore notablemente su
eficiencia y su productividad, no sólo para ofrecer bienes mucho más baratos y
de mejor calidad a los consumidores nacionales, sino para poder entrar a
competir ampliamente en los mercados externos.
Esos
propósitos requieren profundos cambios en el ambiente general de la economía y
en la forma en que se desenvuelve la industria.
Las
palabras que más adecuadamente puedan corresponder a ese objetivo son,
precisamente, las que han dado el título al presente foro: El desarrollo
industrial frente a la reestructuración. Dos elementos esenciales e
indivisibles para una estrategia industrial.
Partimos
de la base de que es urgente dinamizar el proceso industrial, y hacerlo más
eficiente y competitivo. Eso indica dos cosas:
a)
Que actualmente las circunstancias no se prestan para lograr un alto dinamismo;
b)
Que nuestra industria tiene problemas estructurales que limitan su mayor
productividad por lo menos en términos relativos.
La
Reestructuración no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un
más rápido crecimiento industrial y una mayor capacidad de competencia, tanto
al nivel del mercado interno como del mercado internacional.
¿Por qué se habla de ineficiencias y limitaciones de la
industria nacional?
La idea
de que nuestra industria tiene limitaciones adquiere sentido si el estado de
esa industria, sus volúmenes de producción, la calidad y variedad de la misma,
se comparan con lo que esos parámetros debieran ser para cumplir con los
objetivos y propósitos antes mencionados.
Podemos,
por ejemplo, destacar los siguientes hechos:
a)
Nuestro coeficiente de industrialización (proporción del valor agregado en el
sector industrial frente al total del PIB), es inferior al conjunto de países
de la América Latina. Nuestro nivel actual de industrialización es inferior al
de México, Argentina, Brasil y Chile, lo cual no era así en décadas anteriores.
En efecto, el coeficiente colombiano bajó, de 22.6 en la década del 70 a 21.4
en le los ochenta3.
Esto
indica una tendencia a la desindustrialización. Si comparamos con la década del
setenta, es evidente que el esfuerzo industrial no ha correspondido al tamaño
global de la economía nacional, ni al grado de urbanización a que ésta ha
llegado, ni a la necesidad de crear una capacidad exportadora en manufacturas.
O sea, nuestra industria es pequeña en términos relativos y en términos
absolutos.
b)
Nuestra industria tiene costos relativamente altos, si se los compara con los
de los países industrializados, aun en aquellas líneas de producción en donde
la disponibilidad de factores podría hacer prever ciertos niveles de
competitividad en los mercados mundiales.
Esos
costos altos generan una serie de efectos negativos para nuestra economía:
i)
Afectan la capacidad real de consumo de la población colombiana, haciéndole más
difícil el acceso a una serie de bienes que satisfacen necesidades básicas, o
que permitirían la incorporación de la población a modos de vida más modernos y
halagüeños.
ii)
Afectan los costos de bienes colocados en estadios verticalmente más avanzados
en el proceso de producción.
iii)
Hacen difícil la expansión de las exportaciones, pues le quitan competitividad
a la producción nacional de manufacturas.
Las
causas de esos altos costos, como lo veremos luego, se explican principalmente
por factores macroeconómicos y tienen que ver con el entorno económico general
en que deben funcionar las empresas industriales. También se deben en muchos
casos a deficiencias, y a falta de recursos, en las empresas mismas.
Qué significaría, para la economía nacional, corregir, o
aliviar, esas insuficiencias
Si se
planteara, como propósito nacional, un escenario en el cual las deficiencias
anotadas desaparecieran, y la industria nacional lograra crecer a tasas anuales
de entre 8 y 10%, en forma sostenida, y a lo largo de 15 ó 20 años, y con creciente
competitividad el panorama general de nuestra economía experimentaría cambios
significativos que le darían una verdadera oportunidad a nuestra democracia
para consolidarse decididamente.
En
efecto, una tasa sostenida de crecimiento industrial de 8.5% le agregaría, como
se adelantó atrás, un punto porcentual al crecimiento global de la economía en
forma directa, fuera de los efectos indirectos. Esto querría decir que si se
lograra la cifra mencionada arriba, el crecimiento global de la economía podría
superar el 6%4 anual por los solos efectos directos.
En lo
que respecta a la balanza de pagos, la inyección de divisas que puede
representar la capacidad de exportación de una industria más competitiva puede
ser muy significativa. En Corea del Sur, por ejemplo, el aporte de las nuevas
exportaciones manufactureras aumentó en la segunda época de la
re-industrialización coreana (1971-1979) de 1.000 a 15.000 millones de dólares,
respectivamente, lo cual significó aproximadamente un aumento anual de 39%5. Aún
reconociendo que la estructura de las exportaciones colombianas es bastante
distinta a la de Corea en ese tiempo, y que por lo tanto no puede esperarse en
nuestro caso que una expansión de las exportaciones manufacturadas produzca un
cambio tan radical como el que ocurrió en Corea, una mayor competitividad de
nuestra industria tendría efectos muy importantes sobre las exportaciones
colombianas.
Un
aumento a una tasa de crecimiento anual de las exportaciones industriales al
14% mostraría que para 1994 el PIB nacional se habría incrementado en más del
4% y el desempleo se reduciría en 1.2% en comparación a lo que resultaría con
las tasas actuales. De estas simulaciones6, realizadas con el propósito
de visualizar con mayor precisión, al menos la perspectiva de los próximos 4
años, se concluye que un aumento mayor del 8% anual en el PIB industrial
implicaría un aumento importante en la demanda final por bienes de este sector
y tendría consecuencias sobre el esfuerzo que la industria debe realizar en dos
direcciones:
- La
necesidad de incrementar la inversión industrial.
-
Mejorar la competitividad para hacer efectivo el potencial exportador.
Tenemos,
por lo tanto, de un lado algunas debilidades y limitaciones en nuestra
industria nacional, que limitan su papel de suministrador de bienes abundantes
y baratos, tanto para el mercado interno como para el exterior, y que afectan
su capacidad de crecimiento. Del otro lado, podemos prever un panorama
altamente promisorio, en el cual la industria colombiana jugaría un papel
decisivo para el desarrollo nacional, si pudiera superar sus actuales
debilidades. La tarea que se impone, por lo tanto, es la de analizar las
limitaciones, ver hasta qué punto ellas son susceptibles de aliviarse, y
emprender un vigoroso programa de desarrollo industrial.
FACTORES QUE IMPLICAN LA BAJA COMPETITIVIDAD RELATIVA DE LA INDUSTRIA
El que
la industria colombiana no esté creciendo todo lo que debiera, y el que muchos
de sus productos tengan costos altos, que los hacen menos competitivos internacional mente, puede explicarse por factores o hechos como los siguientes:
. Factores
generales, especialmente de orden interno
a) Las
condiciones macroeconómicas en que está funcionando la economía no son
favorables para una expansión suficiente de la demanda por productos
industriales. Si la política económica es restrictiva, creando limitaciones a
la expansión de la demanda agregada, o si el consumo interno debe restringirse
con el fin de aliviar presiones sobre la balanza de pagos creando así un
superávit comercial destinado a pagar deuda externa, es difícil pensar en un
vigoroso crecimiento del sector industrial.
b) Las
fuentes financieras son escasas, y costosas, constituyen una severa limitación
para las nuevas inversiones, y un factor preponderante de altos costos en los
procesos de producción. En Colombia, los costos financieros representaron más
del 12% del excedente bruto de la industria manufacturera en 1986, mientras que
en 1970 sólo representaban el 7.5%7. La comparación es muy
diciente, asimismo, cuando se hace con otros países.
c) El
gran peso en los costos industriales representado por la deficiente
infraestructura del país:
- El
costo de la electricidad industrial por kWh en Colombia es 5 veces superior al
de Venezuela, y se compara desfavorablemente con los costos de países
desarrollados8.
- El
costo de cargue y descargue en los puertos es cuatro veces más alto que el
correspondiente a los costos de países exportadores9.
- Los
fletes marítimos son superiores en más del 50% por tonelada métrica10.
- La
limitación estructural del transporte interno por carretera no permite
aprovechar economías de escala en niveles superiores a las 40 toneladas por
unidad transportadora.
d) La
falta de un apoyo más decisivo del Estado, en aspectos que deberán contribuir a
una sana expansión del sector industrial. A ese respecto, podemos mencionar la
falta de una adecuada política de compras estatales, la cual podría ampliar la
demanda por productos nacionales, haciendo más favorables sus economías de
escala, la participación con capital accionario estatal en las inversiones que
se necesiten cuando el capital privado no sea suficiente y la ausencia de
programas de ciencia y tecnología que puedan ser aprovechadas por el sector
privado.
Esta
ausencia del Estado, en áreas en donde podría ayudarse al desarrollo
industrial, es uno de los factores que contribuyen a mantener altos costos de
producción.
e) La,
ineficiencia general del Estado, representada en el formidable costo de pérdida
de tiempo, papeleo, falta de decisiones administrativas claras, falta de persistencia
en las políticas y en los procedimientos, falta de un amplio programa de
capacitación de los funcionarios, lentitud en las decisiones y en algunas
instancias, corrupción administrativa.
f) La
participación efectiva de la industria nacional en proyectos del Estado que
están financiados por la banca multilateral se encuentra frecuentemente
restringida por las condiciones desfavorables que exigen dichos organismos a
las ofertas nacionales, no obstante los esfuerzos que han venido desarrollando
empresas del Estado como ISA y la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá con el
apoyo del Ministerio de Minas y el Ministerio de Desarrollo.
Los
obstáculos que tienen que superar los oferentes nacionales en las licitaciones;
internacionales financiadas por organismos multilaterales son, por ejemplo, los
siguientes:
- Los
precios exigibles en las cotizaciones de la industria nacional deben
presentarse en pesos colombianos, a diferencia de los exigibles a los
extranjeros, en dólares americanos, o en cualquier moneda fuerte. Es evidente
que esta exigencia impone altos costos financieros adicionales a la oferta
nacional por cuanto los efectos de la devaluación del peso colombiano desde la
fecha de presentación de la oferta al tiempo límite de entrega deben ser absorbidos
por la cotización nacional en desmedro de su posición competitiva.
- Se
exige cotizar precios CIF bodegas de la empresa estatal para la oferta
nacional, entre tanto que para la oferta extranjera permite cotización en
precios CIF puerto colombiano. En consecuencia se introduce como factor
discriminatorio en contra de la industria colombiana los siguientes factores de
costo que deberán pagarse a la nacionalización de los bienes extranjeros como
son el impuesto de Ley 75; recargos en las tarifas de fletes; costos por cargue
y descargue; Empocol, bodegajes, gastos de nacionalización, impuestos
consulares, e IVA (10%).
- Todos
los costos anteriores deben ser pagados por la industria nacional al importar
la materia prima y otros insumos y por tanto deben ser transferidos al precio
final.
- El no
tomar en cuenta dichos rubros para efectos de la comparación de las propuestas,
agrega una apreciable ventaja a la oferta extranjera, en contra de la oferta
nacional por cuanto acepta de aquélla valores muy por debajo del valor real de
los bienes objeto de la licitación.
- Los
precios exigibles a las ofertas no permiten reajuste alguno durante el período
del contrato. Ante las bruscas variaciones de los precios de las materias
primas en el mercado internacional es previsible que los precios de las
cotizaciones sean en consecuencia altos por cuanto deben tomar en consideración
estas posibles variaciones.
- En la
forma de pago también se dan ventajas a los proponentes extranjeros. Mientras
que el pago se hace FOB puerto de embarque a los extranjeros, a los nacionales
se hace CIF bodegas de la empresa contratante y además después de cumplir una
serie de trámites burocráticos que alargan dichos pagos.
- El
margen de preferencia que se otorga a la industria nacional, desvirtuado en
muchos de los casos por los factores anteriores, tiende también a no aplicarse
ante los condicionantes que se imponen al valor agregado nacional.
- La
ausencia de medidas para evitar y contrarrestar el dumping y prácticas
desleales de comercio en los procesos de licitación para el análisis y
comparación de las ofertas.
g) La
asignación de recursos al desarrollo científico y tecnológico en el país es
sólo simbólica, si comparamos los niveles de su gasto como proporción del PIB.
El coeficiente de gasto colombiano en esta importante área de apoyo al
desarrollo económico está 3 veces por debajo de países como Argentina, Brasil,
México y Chile y más de dos veces por debajo de Venezuela11. Como porcentaje del
presupuesto total, estos gastos alcanzaron su mayor nivel, 2.59% en 1979 y
descendieron a 0.90% en 1985 con sólo reducidos incrementos (1.3% para 1987)12.
Estas
cifras reflejan la marginal percepción de las políticas por una variable
fundamental, que ha sido justamente uno de los motivadores mayores de la
reestructuración industrial en los países desarrollados en lo que se ha
denominado la revolución tecnológica. Sus tres áreas esenciales: la informática
o disciplinas de base microelectrónica que ha transformado los procesos de
manufactura y las comunicaciones, los nuevos materiales y la ingeniería
genética.
h) La
inadecuada localización geográfica de la industria.
La
forma en que históricamente se fue desarrollando el país, especialmente desde
la Independencia, significó que una parte muy considerable del esfuerzo
económico se realizara en el Altiplano y en las regiones del interior. Ese
desequilibrio geográfico tiene que corregirse, no sólo por lo que esa
localización significa desde el punto de vista de la armonía social y política
entre las diferentes regiones del país, sino porque en la actualidad se está
desaprovechando el enorme potencial que las regiones costeras representan para
poner en marcha un proceso más acelerado de desarrollo, basado en las
excelentes condiciones que ellas tienen para producir y para exportar. Esto es
válido especialmente para la región del Caribe, pero también lo es para la del
Pacífico, si su disponibilidad de infraestructura mejora notoriamente.
La
actual distribución geográfica de la producción industrial, con más del 65% de
la misma concentrada en regiones alejadas un promedio de 200 kilómetros de los
puertos marítimos, es importante factor de sobre costos principalmente para las
industrias que quieran dedicarse a la exportación y corresponde a un modelo de desarrollo en el cual el abastecimiento del mercado interno era el único
criterio para decidir la localización de las inversiones.
i) La
lenta incorporación de tecnologías modernas.
Aunque
algunas empresas nacionales están dotadas de maquinarias modernas, la
generalidad de la industria nacional está bastante atrasada en lo que se
refiere a equipos y a procesos de producción si se las compara con otros
países, aun los latinoamericanos.
El
lograr una mayor capacidad competitiva a nivel internacional, y la baja de
costos y de precios para los consumidores nacionales, dependen en buena medida
de que ese atraso tecnológico se alivie.
El
problema no es fácil de resolver. Una economía como la colombiana no puede
aspirar a que sus unidades de producción tengan la misma sofisticación de
equipos que las fábricas similares de países desarrollados.
j) La
inflexibilidad del régimen laboral.
Las
cargas laborales, sobre todo en las empresas más modernas, pueden haberse
convertido en un factor que eleva notoriamente los costos de producción, y que,
además, genera distorsiones en el mercado de factores, con los consiguientes
efectos sobre el empleo y sobre las decisiones de inversión.
2.2
Factores que pueden emanar de la estructura de los mercados industriales
La
mayor parte de los problemas de baja productividad y altos costos, y la
consiguiente falta de competitividad internacional en muchos subsectores de la
industria colombiana se explica por los factores enumerados atrás. Pero también
pueden existir problemas que saldrían de la forma en que están estructurados
los mercados de algunos bienes, o del manejo de las importaciones o de la
balanza de pagos. En algunos círculos, la idea de reestructuración del sector
se reduce, en efecto, a crear condiciones de mayor competencia en los mercados.
Por eso, es importante incluir esos temas entre las posibles causas de
ineficiencia o de limitaciones al crecimiento industrial:
a) Se
plantea la tesis de que el actual sistema de protección a la industria
nacional, a base del arancel o de restricciones cuantitativas a las
importaciones, se presta para la creación y el sostenimiento de empresas
ineficientes, que funcionan sin competencia. El desmonte, o por lo menos la
racional distribución de los niveles de protección, propiciaría, según esa
tesis, una mayor especialización de la industria colombiana en las líneas de
producción con mayores ventajas comparativas, estimularía la eficiencia y
tendría importantes beneficios para los consumidores.
b) El
país ha tenido períodos que se repiten con más o menos frecuencia, de
sobrevaluación del peso, lo cual afecta la competitividad internacional de los
productos nacionales, y estimula notoriamente las importaciones. El nivel de la
tasa de cambio siempre estuvo por debajo de su valor real cerca de 10 años,
desde 1975.
c) El
excesivo énfasis en la atención al mercado interno puede significar que se
desaprovechen las ventajas y posibilidades ofrecidas por una mayor apertura al
comercio internacional, postergando los esfuerzos para incrementar
exportaciones.
d) La
deficiente estructura arancelaria.
A pesar
de los esfuerzos que el gobierno ha hecho últimamente para racionalizar los
perfiles arancelarios, el arancel no constituye todavía un instrumento efectivo
para promover una industria eficiente. Existen todavía desviaciones importantes
en los niveles arancelarios de los diversos grados de valor agregado, que
perjudican la producción competitiva de algunos bienes. Esas desviaciones se
convierten en un importante factor de costos para la industria nacional.
La
protección que ha dado el arancel así como una mayor transparencia competitiva
ha sido desvirtuada muchas veces ante la ausencia de mecanismos e instrumentos
que prevengan y corrijan prácticas desleales de comercio como la
subfacturación, el dumping y el contrabando técnico y reconozcan ágilmente y en
forma permanente la existencia y evolución de la producción industrial.
La industria jala ahora las demás locomotoras de la economía
El impulso fue liderado por las
industrias de coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles, que
aumentaron un 26,6 por ciento interanual en enero, gracias a la operación de
Reficar.
Foto: Archivo particular
Por su parte, las ventas minoristas aumentaron un 2,2 por
ciento.
La producción industrial de Colombia se disparó en enero
impulsada por el constante aumento de la actividad en la segunda mayor
refinería del país, mientras que el crecimiento de las ventas minoristas se
desaceleró, según cifras del Dane reveladas este lunes.
El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas señaló que las cifras
son sumamente satisfactorias. "Es claro que la industria despegó, es la
principal locomotora de la economía, apoyada en un elemento que la hace
sostenible y duradero este crecimiento: los colombianos se acostumbran a
consumir productos hechos en el país, con mano de obra colombiana", dijo.
La producción de la industria se incrementó un 8,2 por ciento en
el primer mes del año, en contraste con la contracción de 3 por ciento que
marcó en enero del 2015.
El impulso fue liderado por las industrias de coquización,
refinación de petróleo y mezcla de combustibles, que aumentaron un 26,6 por
ciento interanual en enero, como reacción a la normalización de la operación de
la Refinería de Cartagena (Reficar) tras una prolongada parálisis por su
modernización.
Otras alzas se registraron en la elaboración de bebidas, la
fabricación de productos minerales no metálicos, de vehículos automotores y de
productos farmacéuticos, así como de sustancias químicas medicinales.
De las 39 actividades industriales, 24 registraron variaciones
positivas y las restantes 15 tuvieron un comportamiento negativo, explicó el
Dane.
Por otra parte, las ventas minoristas en la cuarta economía de
América Latina subieron un 2,2 por ciento en enero, muy por debajo del alza de
6,3 por ciento que marcaron en el mismo mes del año previo, en una muestra de
la moderación del consumo doméstico en medio de la desaceleración de la
economía local.
Los principales incrementos se registraron en las ventas de
alimentos, víveres en general y bebidas no alcohólicas, así como en la
comercialización de repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos;
y prendas de vestir y textiles.
En tanto, las ventas de vehículos y motocicletas fueron el
principal factor de desaceleración del comercio minorista.
El Gobierno tiene como meta una expansión del Producto Interno
Bruto (PIB) de un 3 por ciento para este año, levemente inferior al 3,1 por
ciento del 2015, aunque los analistas y el propio Banco Central proyectan que
el crecimiento será inferior a esa cifra.
Producción industrial creció 4,8% en
noviembre, según el Dane
Desde junio, la producción
industrial ha venido presentando cifras positivas en las publicaciones del
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que
la producción industrial en noviembre de 2015 tuvo un crecimiento de 4,8%,
siendo la cifra más alta del año.
De acuerdo con el
reporte de la entidad, los sectores productivos que más jalonaron el
crecimiento de la industria fueron refinación de petróleo y mezcla de combustibles
(17,4 %), elaboración de bebidas (6,6%) y fabricación de productos
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales (11,1 %), que en conjunto
sumaron 3,8 puntos porcentuales a la variación total.
En cuanto al personal ocupado por la industria, en noviembre se
encontró un aumento de 0,7 % frente al mismo período de 2014.
“El personal vinculado a término indefinido aumentó 1,4 % y el personal
contratado a término fijo disminuyó 0,1 %, según área funcional el personal
vinculado directamente con los procesos de producción en la industria creció
0,9 % y el vinculado a labores administrativas aumentó 0,4 %”, indica el Dane.
Desde
junio, la producción industrial ha venido presentando cifras positivas en las
publicaciones del Dane. En ese mes, el crecimiento de la industria fue 1,5 %,
mientras que en julio el crecimiento fue de 0,30 %; en agosto la variación fue
positiva en 2,6 %; en septiembre, el crecimiento registrado fue de 2 % y en
octubre de 1,3 %.
En el año corrido, la producción industrial registró un incremento de 0,7
% y es liderada por el comportamiento de la elaboración de bebidas, que reportó
un aumento de 5,5 %.
Cabe recordar que el dato de 12 meses no se encuentra disponible por
cuenta del cambio en la metodología de la Encuesta Mensual Manufacturera.
En once meses
En el año corrido, la producción industrial registró un
aumento de 0,7%, siendo liderada por el subsector de bebidas, que repuntó 5,5%,
dijo Mauricio Perfetti, director del Dane.
En este periodo, 19 de las 39 actividades industriales
representadas por la encuesta del Dane registraron variaciones positivas,
incluyendo támbién renglones claves como procesamiento y conservación de carne,
pescado, crustáceos y moluscos, cxuya producción aumentó en 6,5 %, mientras la
fabricación de productos de plástico lo hizo en 5,1 % y las industrias
dedicadas a la fabricación de sustancias químicas básicas tuvieron un
incremento del 6,1%.
Hacia un crecimiento de 7,5%
El
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pronosticó que al cierre de 2016 el
sector que más habrá crecido será el industrial con una variación positiva de
7,5% respecto a 2015.
Explicó
que el sector viene de 10 años de crecimientos negativos, pero le apuesta a que
en esta coyuntura económica hay una tasa de cambio “favorable para muchas
industrias que ven competitivo reemplazar las importaciones por producción
nacional, especialmente en manufactura liviana”.
También
indicó que, según sus estudios y los del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), la entrada en operación de la refinería de Cartagena, Reficar,
ayudará al comportamiento de la industria y jalonará el subsector de
refinamiento que representa 1% del PIB y que crecería 50%.
Un
comportamiento similar tendrá el sector de la construcción, otro que se perfila
como muy dinámico. En edificaciones, recordó que el año pasado se lanzó
la segunda versión del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe 2),
uno de cuyos componentes son todos los programas de vivienda.
Lo
anterior será fundamental para cerrar el año con un crecimiento del PIB de
3,2%, dijo.
TEMA 5
Inflación y desempleo que es cada uno ¿cuál de estos males elegir?
Si
se controla uno se sube el otro. Gobierno no tiene plata para hacer gasto
público.
Bogotá
explica el 67 por ciento del incremento del desempleo en el mes de enero.
A una inflación creciente, que ya va
en 7,59 por ciento, se le sumó sorpresivamente un desempleo que saltó a 11,9
por ciento en enero, más de un punto por encima con respecto al mismo mes del
año pasado.
Con la inflación al doble de la meta,
el Banco de la República viene subiendo sus tasas de interés de referencia, que
ya van en 6,25 por ciento, para apretar el consumo y la inversión, en fin, la
demanda, con la meta de presionar menos los precios.
Aún así, la inflación no cede
todavía, pero el incremento en las tasas tiene un efecto indeseable: puede
frenar la producción y el empleo. Por eso, ahora, con la cifra de desempleo al
alza revelada por el Dane en la semana que pasó, vienen las preguntas sobre qué
hacer ante el dilema de atacar la inflación con armas que pueden debilitar el
empleo.
Carlos Gustavo Cano, codirector del
Banco de la República, entidad encargada de la política monetaria en el país,
destapa sus cartas.
¿Qué es más importante: controlar la
inflación o dinamizar la economía y no dejar subir la tasa de desempleo?
El mandato constitucional de la Junta
del Banco es velar por una inflación baja y estable. Al menos por dos razones
fundamentales. Uno, la inflación castiga más a los pobres, que subsisten de
ingresos del trabajo en vez de rentas de capital.
Dos, el control de la inflación es
condición esencial para garantizar la sostenibilidad del crecimiento.
¿Cuál sería la alternativa para salir
de esa rueda en la que estamos: si se suben las tasas y se controla la
inflación, se frena el crecimiento?
Solo pretender crecer, sin controlar
la inflación, es un dividendo espurio, insostenible.
¿Cree que será necesario subir más las
tasas?
No tengo duda. La actual tasa (6,25
%) sigue siendo expansiva, frente a una inflación de 7,5 %, la más alta en
siete años, que ha completado doce meses por encima del límite superior del
rango meta (2 % – 4 %), y que hoy supera en 2,5 veces la meta puntual del 3 %.
El efecto más reciente de esta
situación es el aumento del desempleo, lo que no parece ser nada pertinente en
un momento en el que se estaba intentando bajar la pobreza y la desigualdad.
¿Qué podría hacerse para no afectar estas metas?
El repunte del desempleo obedece al
enorme impacto negativo sobre el ingreso nacional y la cuenta corriente
provocado por el desplome de los precios del petróleo, que llegó a representar
el 55 por ciento de las exportaciones, a captar la mayor parte de la inversión
extranjera y a generarle al gobierno nacional una quinta parte de sus ingresos.
El principal requisito para recuperar la economía de modo sostenible y duradero
consiste en propiciar el reanclaje de la inflación y sus expectativas a la
meta, en mantener el régimen de flotación cambiaria para contribuir a reducir
el abultado desequilibrio externo, y en adelantar cuanto antes la tan invocada
reforma tributaria estructural a fin de asegurar la consolidación fiscal.
Además de la subida del desempleo
también habría deterioro del poder adquisitivo porque los aumentos salariales
son menores a la inflación. Esto impactaría el consumo y seguiría el efecto.
¿Hay alternativa?
Con fundamento en el endurecimiento
de la postura monetaria y en la normalización del clima a partir del segundo
trimestre, los modelos probabilísticos del Banco muestran que en el segundo
semestre habrá fuerte caída de los precios de alimentos y que la inflación
comenzará a converger hacia el rango meta alcanzándolo de nuevo en el 2017.
El alza de la inflación ha sido por un
problema de oferta (los precios del petróleo y el fenómeno de El Niño). Si es
así, ¿por qué se pretende frenar con tasas que afectan la demanda y no la
oferta?
La política monetaria no debería
reaccionar ante choques de oferta como el de alimentos. Excepto si se afectan
las expectativas de inflación, como ha ocurrido. En política monetaria no hay
nada más importante que las expectativas. De otro lado, todos los indicadores
relevantes de la inflación se hallan al alza. En cifras anuales a 31 de enero
de 2014, 2015 y 2016, el IPC se incrementó 2,1 %; 3,8 % y 7,5 %,
respectivamente.
Los alimentos, 1,2 %; 5,4 % y 12,3 %.
La inflación sin alimentos, 2,5 %; 3,8 % y 5,5 %. Sin alimentos ni regulados,
2,7 %; 3 % y 5,7 %. Y el promedio de las básicas, que en enero aumentó por
décimo sexto mes consecutivo, 2,6 %; 3,2 % y 5,7 %. Luego es evidente la
existencia de presiones de demanda.
¿Por qué hay persistente demanda
interna. Podría esto ser una señal de que la regulación de la inflación no está
siendo efectiva?
Precisamente, por subsistir presiones
de demanda y por hallarse las expectativas desancladas de la meta, la política
monetaria debe responder.
En la actual situación, para no dejar
caer la tasa de empleo, ¿sería útil aplicar política contra cíclica con gasto
público?
El fisco fue el gran perdedor de la
caída de los precios del crudo. La renta petrolera, que alcanzó el 3,3 % del
PIB en 2013, ha llegado a su fin este año. Ese es el ‘hueco’. Luego carece de
margen para esa política. Por el contrario, el gobierno tiene que reducir
fuertemente el gasto si pretende cumplir la regla fiscal a que lo obliga la
ley.
¿Qué hacer con el otro dilema: no se
puede aumentar el déficit, pero tampoco hay ingresos?
Reforma tributaria estructural.
¿Cuál es el límite para que se empiece
a considerar que hay crisis?
Para evitar una crisis, el país debe
atacar los déficits gemelos, estos es, el fiscal y el de la cuenta corriente. Y
no ahorrar esfuerzo en el control de la inflación.
A pesar de la caída del petróleo, el año pasado hubo menos pobres en
Colombia. En 2016, con un panorama mucho más complejo, será difícil no perder
estos avances. El desempleo, sin embargo, sube.
·
·
· En Colombia hay dos
for-mas que se complementan para calcular la pobreza. La primera se basa en los
ingresos de los hogares y se le conoce como pobreza monetaria. Para la segunda
se miden cinco indicadores relacionados con las carencias que podrían tener las
familias y se le llama pobreza multidimensional.
Pues bien, según el
Dane, Colombia avanzó el año pasado en ambas mediciones frente a 2014. De
acuerdo con el indicador monetario, el porcentaje de colombianos en situación
de pobreza bajó de 28,5 por ciento a 27,8 por ciento. Esto equivale a decir que
171.000 personas dejaron de ser pobres. Bajo este mismo indicador, también se
redujo la pobreza extrema de 8,1 por ciento a 7,9 por ciento. Como quien dice,
24.000 personas abandonaron la miseria. En cuanto a la medición multidimensional,
el resultado también es favorable. Según este, 700.000 personas salieron de la
pobreza entre 2014 y 2015, pues el indicador bajó de 21,9 por ciento a 20,2 por
ciento.
El ritmo al que
avanza Colombia en la lucha contra la pobreza parece lento –sería deseable que
fuera más rápido–, pero llama la atención que la reducción observada en 2015 se
haya presentado en un año tan difícil, en el que el precio del petróleo bajó de
100 a 50 dólares, lo cual redujo la capacidad de gasto público y quitó ritmo a
la economía.
Para el director de
la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, la explicación está en el buen
comportamiento del empleo, lo cual se notó en la tasa de desocupación, que tuvo
descensos a lo largo de 2015. El ingreso laboral es determinante en los hogares
pues les permite adquirir la canasta básica alimentaria.
Los programas de
protección social del gobierno, incluido el plan de vivienda gratis, también
ayudaron a reducir la pobreza el año pasado. A pesar de la situación fiscal
compleja, el Estado pudo mantener el esquema de transferencias a los más
pobres. Ahora bien, más allá de estas mejoras, hay un gran interrogante sobre
la posibilidad de mantener estos indicadores. El horizonte se vislumbra
complicado y, en esta medida, el reto mayor estará en evitar que los avances
del pasado se pierdan.
Según la Cepal, será
fundamental enfocar los esfuerzos en mantener el empleo, para que la población
más pobre que logró subir un escalón se sostenga en ese nivel. En esto, la
política para reactivar la industria y el agro será clave. El problema es que
enero ya dio señales preocupantes. El Dane reportó que la tasa
de desempleo nacional en el primer mes de 2016 ascendió a 11,9 por
ciento, superior en más de un punto a enero de 2015. Para las 13 ciudades
principales la tasa fue 14,1 por ciento.
El sorpresivo aumento
en el desempleo, en especial en el ámbito urbano, hace temer por un cambio
en la tendencia favorable del mercado laboral. Según la unidad de
investigaciones de Bancolombia, la desaceleración de la economía es el
principal determinante de este cambio. Para 2016, la mayoría de los pronósticos
de crecimiento del PIB no van más allá del 2 por ciento, lo cual no deja margen
al optimismo en el mercado del trabajo.
Los economistas
suelen decir que Colombia requiere crecer a tasas del 4 por ciento para bajar
más rápidamente la tasa de desempleo y acelerar la reducción de la pobreza.
Ahora que se habla de un menor ritmo, la situación se complica. Y esto es
especialmente preocupante para el grupo de la población que ha mejorado su
situación pero se encuentra en lo que se llama línea vulnerable, una posición
desde la que fácilmente puede descolgarse o empeorar. En esto será fundamental
conservar los esquemas de cobertura social, un desafío más en la actual
estrechez fiscal del país.
Y, sin duda, es
definitivo cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano. La directora de
Prosperidad Social, Tatyana Orozco, afirma que en el último año han hecho
intervenciones integrales en lo rural con el concurso de ministerios como los
de Educación y Agricultura en programas de generación de ingresos, seguridad
alimentaria o Más Familias en Acción para llegar a los hogares más pobres.
Por último, el
gobierno celebró que Colombia se ha vuelto un país de clase media. Aunque en
esto hay un gran debate técnico sobre lo que es ese segmento y los niveles que
comprende este rango, lo cierto es que los indicadores muestran un avance. En
2002, la mitad de los colombianos estaba en condición de pobreza (el 49,7 por
ciento). Hoy en esta situación se encuentra poco más de la cuarta parte de la
población (27,8 por ciento). Ciertamente, un grupo escaló hacia una mejor
condición.
El problema es que la
desigualdad del ingreso todavía se mantiene en niveles altos y se reduce muy
lentamente. El coeficiente de Gini, que marca 0 para la equidad perfecta y 1
para la total desigualdad, pasó de 0,538 en 2014 a 0,522 en 2015. Los expertos
señalan que mover a la baja este indicador ha sido muy difícil en Colombia,
pues depende de una combinación de factores, entre ellos de una mejor
estructura tributaria. Cabe anotar que en 2002, el Gini estaba en 0,572. Aunque
Colombia ya no está en el grupo de los más desiguales, tampoco está en el de
los más justos.
TEMA 7
Primero cayó
el petróleo, ahora el carbón
El desplome en los precios del mineral tiene al sector en una situación
tan crítica como la del petróleo. La inminente huelga en Cerrejón terminaría de
agravar las cosas.
·
Si por la industria
petrolera llueve, por la del carbón no escampa. El año pasado el precio de la
tonelada del mineral cayó 28 por ciento, un descenso que se suma a las bajas
consecutivas de los últimos cinco años, tiempo durante el cual la cotización
pasó de 124 dólares la tonelada a 42. Es decir, se redujo en 66 por ciento.
La situación es tan
complicada que las grandes mineras del mundo, que por décadas han dominado el
mercado, ya anuncian drásticos planes de ajuste de gastos, recorte de personal,
venta de activos y suspensión en el pago de dividendos, entre otras acciones.
Es el caso de Glencore, Anglo American y BHP Billiton, compañías que tienen
millonarias inversiones en Colombia y han visto caer el precio de sus acciones
en bolsa al tiempo que las agencias calificadoras les reducen el grado de
inversión. Para el país, el desplome del precio es muy grave, pues el carbón es
el segundo producto que exporta después del crudo.
Colombia, cuarto
exportador mundial de carbón después de Indonesia, Australia y Rusia, no ha
logrado cumplir la meta que se había fijado para 2012, de producir 97 millones
de toneladas. El año pasado llegó a 85,5 millones, una caída del 3,4 por ciento
frente a 2014. Para 2016 hay gran incertidumbre frente al volumen que alcanzará
si sigue el descenso en las cotizaciones.
El año pasado, las
exportaciones colombianas de este mineral, que habían alcanzado un nivel récord
de ventas externas en 2011, con 7.500 millones de dólares, cayeron 34 por
ciento, lo que produjo entradas por 4.140 millones de dólares.
Como en el caso del petróleo,
el panorama sería aún más oscuro si no hubiera sido por la mayor devaluación
que ha ayudado a amortiguar el golpe de los precios. En el país hay muchas
expectativas por la suerte de las principales carboneras, que aportan
millonarios recursos en regalías a las regiones pobres. Roberto Junguito,
presidente de Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina,
dice que la crisis del sector afectó las utilidades de la compañía, que cayeron
86 por ciento en 2015. En enero de este año el panorama se complicó aún más,
hasta el punto que ya hay pérdidas.
Para hacerle frente a
la situación, la empresa puso en marcha un plan de ajuste y mejoras en
eficiencia y productividad, con el que espera lograr ahorros por 155 millones
de dólares al año. Además, el 14 por ciento de los equipos está inactivo,
porque con los actuales precios no resulta rentable extraer el mineral de
ciertas partes de la mina. El año pasado produjeron 33,2 millones de toneladas
y están haciendo lo posible por mantener este nivel en 2016.
A la difícil
coyuntura de precios, Cerrejón afronta un tema laboral muy complejo. Los
trabajadores votaron el jueves a favor de declarar la huelga ante la
imposibilidad de llegar a un acuerdo con las directivas en temas salariales,
educativos, de salud y ambientales. Tienen diez días para definir la hora cero
de la que sería la segunda huelga en menos de tres años, ya que la primera,
declarada en 2013, duró 32 días y provocó millonarias pérdidas, con efectos
sobre la economía del país.
Junguito afirma que
una nueva huelga sería una estocada para la compañía, los propios trabajadores
–que entre directos y contratistas suman 12.600– y para La Guajira, que vive de
las regalías mineras y cuyos habitantes enfrentan graves problemas de miseria y
desnutrición. El año pasado, por impuestos y regalías, Cerrejón le giró al
Estado 377 millones de dólares, es decir, más de 1 billón de pesos.
Santiago Ángel,
presidente de la Asociación Colombiana de Minería, considera que en esta nueva
coyuntura es indispensable que el gobierno estudie otorgar estímulos en la
reforma tributaria porque Colombia, después de Indonesia, es uno de los países
donde el sector paga las mayores tasas impositivas. Adicionalmente, dice que
hay que trabajar en asociaciones público–,privadas (APP) para sacar adelante
proyectos que podrían quedar estancados con los precios actuales.
Apretarse
el cinturón
Ante la coyuntura tan
complicada, las grandes mineras del mundo están reportando cifras en rojo que
las han llevado a revisar su plan de inversiones. La británica Anglo American,
la quinta más grande, registró una caída del 26 por ciento en sus ingresos el
año pasado, mientras que sus pérdidas alcanzaron un nivel histórico de 5.600
millones de dólares. Estos malos resultados llevaron a que el precio de su
acción en la Bolsa de Londres bajara más del 70 por ciento, con lo que su
capitalización bursátil (valor en bolsa) se derrumbó a 6.300 millones de
dólares. La calificadora de riesgo Moody’s rebajó a nivel de chatarra la deuda
de la compañía, que asciende a 12.000 millones de dólares.
EL EMPLEO EN EL SECTOR : El sector es intensivo en capital, de ahí que los empleos directos son muy bajos.
En 2009, el sector demandó 212.612 empleos, solamente 1,13% del empleo
nacional, mientras su participación en el PIB fue de 11,14%, una muestra de la
fuerte intensidad en capital de este sector.
En el Cuadro 4 se presenta una discriminación del empleo en 2009 por
subsectores. Del total, 183.000, el 86,01% se produjo en la minería, seguido por
electricidad y gas con 12,22% y refinación con solamente 1,77%.
La productividad del sector energético minero es alta en comparación con otros
sectores.
En 2009 fue de 212,6 millones de pesos de 2005 o 17.715.761 de pesos por mes en comparación con 21,9 millones de pesos para el promedio nacional, es decir 9,71 veces mayor, lo que muestra que este sector es muy intensivo en capital.
En 2009 fue de 212,6 millones de pesos de 2005 o 17.715.761 de pesos por mes en comparación con 21,9 millones de pesos para el promedio nacional, es decir 9,71 veces mayor, lo que muestra que este sector es muy intensivo en capital.
La discriminación por subsectores muestra que la productividad es muy diferente.
Refinación es el menos intensivo en trabajo, con una productividad de 1954
millones por año, seguido de electricidad y gas con 423 millones y minería con 183
millones de pesos.
Es decir, que una política de empleo no puede contar con el efecto directo del
sector energético minero sino que hay producir eslabonamientos en los sectores
manufacturero y de servicios para que el impacto sobre el empleo sea notable.
LA BALANZA DE PAGOS : Los efectos del sector minero energético se reflejan en varios de los componentes
de la balanza de pagos, tanto en la cuenta corriente como en la de capital.
Normalmente, solamente se mira a las exportaciones y a las inversiones directas
y se olvidan las importaciones, el pago por servicios y las remesas de utilidades,
dándose una impresión más positiva del sector y de la inversión de la inversión
extranjera de lo que es en realidad.
Por ejemplo, para 2002, según el Banco de la República, los ingresos por
exportaciones de petróleo y derivados fueron de 3.428 millones de dólares, pero
al tener en cuenta todo los demás factores, el balance global se reduce a 2.315
jmillones de dólares. Situación similar ocurre para la explotación de minerales.
En la presentación del proyecto de ley sobre las regalías, el gobierno presentó
diferentes cifras para determinar hasta el año 2020 sus proyecciones de
producción, impuestos y regalías provenientes de los hidrocarburos, el carbón, el
níquel y el oro, dejando de lado productos como la plata, el platino, las esmeraldas
y otros.
Clave es la determinación de la posible oferta futura de petróleo, gas natural,
carbón, oro y níquel, lo cual depende de las reservas, los precios internacionales y
las inversiones para extraer y exportar los productos.
En petróleo, es bueno recordar que el país en los noventa llegó a producir 815.816
barriles por día en 1999, mientras que en 2010 el promedio estuvo cerca de
800.000 barriles, lo cual señala que en el pasado tuvimos años mejores que los
transcurridos desde el 2000.
Las proyecciones de la producción de petróleo y gas natural del gobierno nacional
en la exposición de motivos al Congreso de la República muestran para el primero
una producción creciente de 800.000 barriles por día en 2010 a un máximo de
1.450.000 barriles por día en 2020, y una producción estable de gas natural en
barriles equivalentes de de 200.000 barriles por día en 2010 a un pico de 250.000
barriles por día de 2013 en adelante.
Al ritmo de producción proyectada por el gobierno nacional de 2010 a 2020, en
estos 11 años se habrán consumido 4.891 millones de barriles de petróleo. Dado
que las reservas a finales de 2009 eran de 1988 millones de barriles, significa que
hay que descubrir reservas por 2.903 millones de barriles, para quedar en cero
reservas al final de 2020, lo cual no puede ser porque el país sería importador a
partir de este año. Es decir, se necesita descubrir reservas de por lo menos 4891
millones de barriles, para quedar con reservas en 2020 iguales a las de finales de
2009 si se quiere continuar siendo exportador de petróleo. En otras palabras,
estas proyecciones son totalmente optimistas, excepto que se descubrieran
campos tipo Cusiana-Cupiagay Cira-Infantas de más de 500 millones de
reservas, lo cual es otro albur.
Las probabilidades de descubrir petróleo en Colombia son de 20%, con tamaños
promedio de reservas por campos entre 15 y 30 millones de barriles. Nunca se ha
logrado en Colombia tener más de 100 pozos exploratorios. En el período 2002-
2010 el promedio fue de 52 pozos, con promedio de 79 pozos de 2007 a 2010.
Supongamos la cifra optimista de 100 pozos por año de 2010 a 2020 y una
probabilidad de 22 millones de barriles por campo descubierto, que con 20 pozos
exitosos daría 4.840 millones de barriles de nuevas reservas, apenas suficientes
para atender las proyecciones de producción del gobierno si se cumplen estas
metas de reservas.
Por supuesto que se contestará que hay que considerar la revaluación de reservas de campos maduros a través de recuperación secundaría o aún terciaria. Aún así, se puede afirmar que nos encontramos ante unos valores de producción bastante optimistas. En gas natural las predicciones son más conservadoras, pero aún optimistas porque no se prevé en el panorama nuevos descubrimientos. Pero igual que con el petróleo, en estos once años se habrán consumido por lo menos 4.000 gpc (gigapies cúbicos) por encima de las reservas probadas a finales de 2009 de 3.700 gpc y por debajo de las potenciales de 7.5000 gpc (probadas más probables), por lo cual nos encontramos aquí con proyecciones también optimistas.
Por supuesto que se contestará que hay que considerar la revaluación de reservas de campos maduros a través de recuperación secundaría o aún terciaria. Aún así, se puede afirmar que nos encontramos ante unos valores de producción bastante optimistas. En gas natural las predicciones son más conservadoras, pero aún optimistas porque no se prevé en el panorama nuevos descubrimientos. Pero igual que con el petróleo, en estos once años se habrán consumido por lo menos 4.000 gpc (gigapies cúbicos) por encima de las reservas probadas a finales de 2009 de 3.700 gpc y por debajo de las potenciales de 7.5000 gpc (probadas más probables), por lo cual nos encontramos aquí con proyecciones también optimistas.
Las proyecciones de la producción de carbón son bastante optimistas: un aumento
de 68%, al pasar de 92 millones de toneladas en 2010 a 160 millones de
toneladas en 2020. A diferencia del petróleo, las reservas probadas de carbón
son altas para las necesidades de Colombia dado el escaso uso interno de este
energético. Un ejemplo lo muestras: el consumo interno de toda la historia de
Colombia es apenas igual al consumo de carbón en 2009 de los Estados Unidos.
El problema es que para que se concreten las proyecciones del gobierno hay que
contar con in versiones cuantiosas en infraestructura ferroviaria y portuaria.
En oro se proyecta que la producción aumentará de 53 toneladas en 2009 a 93
toneladas en 2020, un incremento de 40%, que se basa en la atracción de las
multinacionales ante las perspectivas de la continuación de precios altos en el
mercado internacional. La experiencia histórica ya ha demostrado que precios
altos son seguidos por caídas fuertes
. LOS PRECIOS . Predecir precios de energéticos y productos primarios es un acto de
brujería
Predecir los precios en el mediano y largo plazo es un proceso prácticamente de
brujería porque las variables que entran en juego son numerosas. Hay un factor
impredecible como es la política que puede dar lugar a movimientos bruscos en
los precios. El otro, es el estado de la economía mundial, con sus crisis y
expansiones.
En condiciones normales, con una economía mundial creciente en el mediano y
largo plazo, los precios del petróleo deben aumentar continuamente e igual los del
gas natural, carbón y commodidites en general. Sin embargo, hay que ser
precavidos puesto que la economía mundial se encuentra en la fase recesiva de
lo que corresponde al ciclo de Kondratiev de largo plazo y son varios los síntomas
que muestran que el capitalismo se encuentra en crisis. En Europa se están dando
remedios tipo FMI a las economías, las mismas medicinas que se aplicaron en
Latinoamérica en los ochenta y noventa con resultados desastrosos, y es de
esperar que tampoco resultarán en el Viejo Continente, hoy manejado por una
tecnocracia ultraneoliberal.
Las proyecciones de los precios del crudo WTI por parte del gobierno, que es la
referencia para Colombia, en comparación con las estimaciones del
Departamento de Energía de los Estados Unidos, son moderadas, de US 77 el
barril en 2010 a US 83 el barril en 2020, contra precios por encima de US$ 100
dólares el barril en el escenario de refeeencia de La Agencia de Administración de
Energía en su International Outlook de julio 2010.. Paralelamente, los precios FOB
del carbón se mantienen en US 83 la tonelada, los del níquel bajan de US8 la libra
en 2010 a US6 la libra en 2020 y los del oro se proyectan se mantendrán en
US1.250 la onza. Igual que con el petróleo, puede ocurrir cualquier cosa.
Lo más razonable en estas situaciones tan impredecibles es la de trabajar con
escenarios. Partir de un escenario base en que se cumplen los deseos del
gobierno en cuanto a producción y precios y establecer otros con producciones
menores de petróleo, carbón y oro y con precios más altos y bajos.
La repartición de los impuestos y regalías se concentran en el gobierno
De acuerdo con la exposición de motivos del gobierno para la aprobación de la ley
de regalías, de 2010 a 2020 se recibirían por pago de impuestos y regalías
$302.253 millones de los hidrocarburos, el carbón, el níquel y el oro, de los cuales
$191.110 millones en impuestos y $111.143 millones en regalías. Del total de la
renta minera, un mínimo de $244.870 provendrían de los hidrocarburos, es decir,
el 81,0%, fundamentalmente por el papel de ECOPETROL (Cuadro 11).
Hay varias cifras para comentar. El bajo valor de los impuestos pagados por
empresas diferentes a ECOPETROL así como las cifras bajas de regalías por la
explotación de oro, carbón y níquel que no guardan relación con los incrementos
en los precios de 2007 en adelante.
El gobierno no lo menciona, pero hay otros impuestos que llegan directamente a la
nación que son los impuestos a los combustibles (gasolinas y diesel), que de 2010
a 2020 suman $70.000 millones si no se modifica la estructura actual de precios.
O sea, que la renta minera, sin incluir los impuestos predial, de industria y
comercio y otros se aproximaría a $ 372.253 millones que, en principio, 30,66%
irían para las regiones y 69,34% para la Nación.
Sin embargo, la ley de regalías aprobada 2011, un 10% alimentará un fondo de
ciencia y tecnología, un 10% un fondo de pensiones, otro 30% iría para un Fondo
de Ahorro y Estabilización manejado por el Banco de la República para atender
cambios en la situación fiscal. Si esto es así, la renta minera para las regiones se
reduce a 19,1%, o $71.132 millones. En otras palabras, la gran tajada del ponqué
se queda en la Nación. Lo interesante está en que el gobierno no menciona en
ninguna parte los impuestos a lo Las regalías se definieron en una época de precios bajos de los minerales, del
carbón y del petróleo.
Se pueden aumentar, especialmente en minerales y carbón. El gobierno, tanto en el plan como en las afirmaciones de los ministros de minas y energía no se menciona el tema de modificar las reglas de las regalías, especialmente las mineras. Hay un temor exagerado a tocar el asunto, una especie de prevención de que la inversión extranjera desaparecería. Los niveles de las regalías son los siguientes: Oro: 4,0% Oro de aluvión en contratos de concesión: 6,0% Níquel: 12,0% Plata: 4,0% Platino: 5,0% Carbón: en explotaciones menores a 3 millones de toneladas: 5% y en explotaciones mayores a 3 millones de tonelada. 10,0% Minerales metálicos: 5,0% Minerales no metálicos: 3,0% Sal: 10,0% Petróleo depende de la producción y el precio internacional Gas natural: depende del sitio y hay fórmula de reajuste para el gas de la Guajira Igual que con los hidrocarburos, los incrementos en precios internacionales benefician más a los productores que al país. Estos se benefician de unas ganancias extras que no tienen ninguna relación con mayor eficiencia, cuando el estado debería ser el mayor beneficiado.
Otro ejemplo de la confianza inversionista, muy benéfico para el productor pero perjudicial para el país. Por ejemplo, las regalías del oro son de 4% sobre el precio en boca de mina para la minería de veta, una cifra irrisoria con precios de 1.300 dólares la onza, apenas 62 dólares, porcentaje igual a cuando la onza valía 300 dólares antes de 2007. Hay una ganancia extraordinaria que se la apropia el productor, de un recurso natural no renovable que va contra toda lógica económica, cuando ese excedente debe ir a la Nación, es decir, a todos los colombianos. Es la llamada confianza inversionista, negocio muy bueno para el productor privado nacional y transnacional pero pésimo para el estado. El mismo argumento se aplica para el carbón, el níquel, la plata y otros recursos mineros. 4.5 Buena parte del excedente se lo apropian las transnacionales Hay un punto que casi no se menciona. Las transnacionales se quedan con parte muy importante de la renta petrolera por el nivel tan bajo de las regalías.
Un cambio a regalías variables en los minerales dependiendo del precio internacional mejoraría los ingresos. A continuación se harán unos ejercicios aproximados para mostrar el potencial de recursos adicionales si se introducen modificaciones en el nivel de las regalías. La regalía teórica para el oro es de 4%, un valor ridículo que no tiene nada que ver con los precios altos. Cuando se aprobó la ley de regalías la onza de oro estaba alrededor de US300 y no se estableció una fórmula para apropiarse del excedente cuando se produjeran precios fuera de lo normal. Supóngase que el costo de una onza de oro es de US300, entonces para un precio de US 1.250, la regalía es de US50, suma ridícula. Se tiene, entonces, una utilidad de US 900, pero como la regalía se considera un costo, el pago de impuesto de renta de US$ 280,5. A la Nación le quedan US 330,5 (US280,5+ US 50), 36,73% de las utilidades y a la multinacional US 569,5 (US900-US 330,5), es decir, 63,27%. lo cual es totalmente inequitativo porque la ganancia extraordinaria se va para la multinacional, con una tasa de rentabilidad altísima. Este es un cálculo aproximado de los grandes rubros que no tiene en cuenta filtraciones, subvenciones y trucos contables.
La solución es apropiarse de esa ganancia extraordinaria para el gobierno central y la región a través de regalías variables incrementales, pero el punto de partida de 4% es bajísimo. Esto es lo que se llama confianza inversionista: todas las ventajas para las transnacionalesSi la regalía del oro se aumentara de 4% a 20%, por ejemplo, se cambia la repartición a favor de la Nación, y de $2.182 miles de millones las regalías crecerían a $10.910 miles de millones. Si el mismo ejercicio se hace para el carbón, de pasar de una regalía promedio de 7,5% a 20,0%, las regalías aumentarían a $46.179 miles de millones. Y en la situación del níquel, las regalías aumentarían de $ 1.184 miles de millones a $2.819 miles de millones. El caso del petróleo es más aberrante por el tamaño del ponqué. Con la ley de regalías de 2002 la regalía de 20% se volvió variable, de un mínimo de 10% a un máximo de 25%, dependiendo de los promedios diarios de producción, que significó en la realidad reducir la regalía a un promedio de 10,9% en 2010. Una de las más bajas del mundo. Aunque el nuevo contrato de explotación aprobado en 2003 prevé un ajuste a la regalía según la variación del precio internacional, el ajuste es pequeño.
Simplemente, supóngase una regalía de 10,9%, un precio de petróleo de US80 dólares el barril y un crudo entre 22 y 29 grados API. Entonces, el derecho de entregar a la ANH, de acuerdo con el nuevo contrato petrolero, por un precio mayor al de referencia es el de una regalía adicional de 21,27% sobre el precio de referencia, para un promedio de 23,82% sobre los US$80,00. Al considerar los costos de producción (US 20 dólares el barril con costo de transporte) y el impuesto de renta, se llega a que la Nación se queda con US 32,57 por barril, el 56,28% de la utilidad, y la empresa con US 27,43 el barril, el 45,72 % (Cuadro 12). Sin embargo, estos cálculos no tienen en cuenta otros impuestos menores, cánones superficiarios y los beneficios y exenciones por impuesto de renta e IVA de acuerdo con la normatividad que se aplicó desde 2006. Es decir, al tenerlos en cuenta la participación del gobierno antes de 2010 baja a menos de 50% para el petróleo e igual sucede con el oro, el níquel y el carbón. En el caso del petróleo, un valor determinante es el costo de producción. Se partió de US 20 el barril, pero otros expertos como Oscar Vanegas lo fija en menos de US 10 el barril. Si esto es así, la situación mejora enormemente para la empresa petrolera. Si se aumenta el government take a 70%, que no es un valor arbitrario a nivel internacional, a través de un incremento en las regalías, se tendrían US 9,43 adicionales por barril, equivalente en el período 2010-2020 a $90.511 miles de millones.
Dado que la mayor producción es de ECOPETROL, aquí se estaría produciendo una redistribución de la renta petrolera entre el gobierno, ECOPETROL y las regiones, a favor de estas últimas. Es decir, al tenerse una regalía más alta, disminuye la utilidad para la empresa y el impuesto de renta para el gobierno, pero toda la renta petrolera queda en el país. Para la empresa privada ocurre algo similar, con la diferencia que 30 por ciento por lo menos de la renta vara para el exterior. Para 2009, de 671.000 barriles por día de producción, 426.000 barriles, el 63,49% le correspondieron a ECOPETROL de su operación directa y participación en contratos, y 245.000 barriles pertenecieron a empresas privadas. Cuadro 12. Distribución de las utilidades entre la nación y la empresa petrolera Concepto % US por barril Regalía 10,9 8,72 Regalía adicional 21,27 10,34 Total regalía 23,82 19,06 Impuesto de renta 33,00 13,51 Total government take 56,28 32,57 Total empresa 45,72 27,43 Fuente: supuestos: costo de producción de US 20 por barril, precio de referencia US 31,39 por barril para un crudo entre 22 y 29 grados API. 4.6 Las regiones ganan si se cambian las normas de las regalías En resumen, en lugar de $ 111.143 miles de millones en regalías pagadas, se pasaría a $ 240.879 miles de millones, 2.17 veces más, suma suficiente para mantener los ingresos de las regiones productoras en términos reales a los de 2009 o un poco más y para distribuir mayores recursos a los departamentos no productores.
Visto de otra manera, $129.736 miles de millones se los estarían apropiando injustamente las compañías privadas internacionales y privadas y ECOPETROL. Esto es para el futuro. Para el pasado, cuánta plata no se ha perdido. Esto es la con fianza inversionista: todo para las multinacionales. Al aumentar las regalías, el impuesto de renta se reduce en aproximadamente $25.000 miles de millones, lo que significa menos dinero para el gobierno central, aunque el total de regalías e impuestos termina mayor que con la situación actual, ascendiendo a $476.989 miles de millones en comparación con $ 372.253 miles de millones, una diferencia de $ 104.736 miles de millones, o 28,14%más. (Cuadro 13). Cuadro 13. Comparación entre regalías e impuestos según el gobierno y nuevos cálculos Miles de millones de pesos Concepto Nuevos cálculos Gobierno Diferencia Regalías Oro 10.910 2.182 8.728 Níquel 2.819 1.184 1.635 Carbón 46.179 17.317 28.862 Petróleo 180.971 90.460 90.511y Subtotal regalías 240.879 111.143 129.736 Impuestos 236.110 261.110 -25.000 Total regalías más impuestos 476.989 372.253 104.736 Fuente: Cuadro 1 y cálculos del autor 5. Las exenciones para el sector minero-energético Las exenciones para un sector con rentabilidades tan altas fue un absurdo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez., que atentó contra las finanzas públicos y que favoreció de una manera exagerada al capital.
De 2007 a 2009 las exenciones sumaron $6.306 miles de millones, que corresponden a deducciones por inversión en activos fijos ($ 3.426 miles de millones), rentas exentas (4 2.418 miles de millones) y descuentos tributarios ($ 472 miles de millones). Estos beneficios injustificados para el sector m inero representaron el 29,8% del total de las exenciones en renta del país que fueron de $ 21.173 miles de millones (Cuadro 14) Cuadro 14. Exenciones y beneficios para el sector minero en el período 2007- 2009 Concepto 2007 2008 2009 Deducciones por inversión en activos fijos 741 1.313 1.362 Rentas exentas 945 1.406 67 Descuentos tributarios 133 112 227 Total sector minero 1.819 2.831 1.656 Total país 5.737 7.399 8.037 Fuente: Marco fiscal de mediano plazo 6. Hay que producir un cambio profundo en la legislación minera El análisis anterior nos señala que el asunto de las regalías es doble.
Como repartir la renta petrolera y como cambiar las reglas que están favoreciendo injustificadamente a unas pocas compañías, especialmente extranjeras. En carbón, oro, níquel, plata, platino y esmeraldas. Los cálculos que se han presentado son preliminares pero muestran dos puntos: 1. Que hay que ser muy cautos con las proyecciones para evitar esperanzas exageradas. Se recomienda trabajar con escenarios para evitar sorpresas. 2. Que hay todo un trabajo por hacer en el tema de las regalías y los impuestos para que la mayor parte del excedente se quede en el país
. La regla fiscal y la ley de regalías Las leyes de la regla fiscal y de las regalías están relacionados. La regla fiscal tiene por objetivo limitar el déficit del gobierno central a un determinado valor, tal como ocurre en Europa con el valor máximo permitido de 3,0%, dentro de una concepción netamente ortodoxa. En cuanto a las regalías, el gobierno estableció desde su posesión que propondría un cambio en la distribución de las regalías que estaban muy concentradas en las regiones productoras para distribuirlas más equitativamente y ahorrar un porcentaje de las mismas, teniendo en cuenta que el boom minero iba a dar lugar a más recursos de regalías.
La ley definitiva y el decreto-ley reglamentario creó diez fondos u asignaciones : 1. Un Fondo de Ahorro y Estabilización para guardar 30% de las regalías para atender según sus autores emergencias fiscales y para invertir en el futuro para crecer mañana. Se argumenta que se ahorra hoy para favorecer a las generaciones futuras; 2. 10,0% para un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; 3. 10,0% para un Fondo de Pensiones; 4. 2,0% para un Fondo de Vigilancia y Control; 5. 1,0% para el Sistema de Monitoreo, Control y Evaluación; 6. 2,0% para administración del sistema general de regalías 7. 0,5% para los Municipios de Río Grande la Magdalena y del Canal del Dique; 8. 9,0 % para un fondo para asignación directa a los productores de hidrocarburos, y 9. y 35,5% repartidos entre un Fondo de Desarrollo Regional (para mejorar la competitividad de las entidades territoriales con proyectos de impacto regional) y un Fondo de Compensación Regional (para financiar proyectos en las entidades más pobres).
Un Fondo de Ahorro tiene sentido para atender emergencias como catástrofes (terremotos, ciclones, sequías prolongadas,…) y un pequeño porcentaje para contrarrestar depresiones económicas agudas en que los ingresos fiscales se desploman y es necesario adoptar una política anti cíclica, pero no se puede exagerar su valor, como el 30% que propuso el gobierno. El argumento es, más bien, al contrario, invertir hoy para que las generaciones futuras se beneficien. No hay razón de esperar crecer mañana cuando hay que hacerlo hoy para crear riqueza que beneficie a las generaciones presentes y a las futuras. Un país en desarrollo como Colombia, con múltiples necesidades en todos los campos.
Infraestructura super atrasada, desindustrialización, salud muy deficiente, un sistema educativo inequitativo y de baja calidad, déficit de vivienda de más de 4 millones, incluyendo vivienda para renovar, un campo atrasado y con rezago en desarrollo tecnológico, lo que requiere es invertir ahora, ya que la rentabilidad es alta, precisamente para dejar un mejor país para las siguientes generaciones. Colombia no es Holanda, ni Suecia, ni Finlandia. Todavía tenemos múltiples necesidades que no dan espera, de ahí que el tamaño de un Fondo de Ahorro no puede exagerarse. 8. El sector minero puede ser fuente de desarrollo Colombia es relativamente rico en recursos minero-energéticos y hay que aprovecharlos, pero con una concepción diferente a la que viene desde la colonia de simple proveedores de materias primas en busca de una renta.
Es decir, utilizar nuestra riqueza parea industrializarnos. Para esto hay que cambiar el modelo de simples oferentes de materias primas sin ningún valor agregado. El sector minero es muy intensivo en capital, así que el componente directo de mano de obra es bajo, de solamente 212.612 personas en 2009. Su potencial se encuentra en el desarrollo de los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. El sector requiere de bienes de capital, intermedios y de servicios que en alguna forma deberían producirse en el país y, por otra, los productos pueden sufrir un proceso de transformación, o sea, darles un valor agregado. Exportamos carbón pero muy poco lo utilizamos internamente.
Existen varias posibilidades: generar energía eléctrica con plantas térmicas, quemarlo en la industria para producción de vapor y calor; gasificarlo y licuarlo para producir gas natural, gasolinas y diesel. En petróleo, avanzar en petroquímica y refinarlo para vender productos finales. En cuanto al oro, fomentar su procesamiento, como la joyería. El sector necesita de personal altamente calificado, de consultoría, de construcción y de servicios especializados que podrían proveerse en un porcentaje alto por colombianos, pero ha hecho falta una política para que este sector impulse el desarrollo interno.
Es indispensable que rompamos con el modelo exportador de materias primas y recursos naturales que viene desde hace quinientos años. En la colonia éramos exportadores de oro; posteriormente, con la independencia nos concentramos en tabaco, quina, y café a partir de finales del siglo XIX hasta la década de los setenta en el siglo XX; desde mediados de los ochenta comenzaron las exportaciones de carbón y se reanudaron las de petróleo, y en siglo XXI estas pasar a ser las más importantes junto con las carbón, oro y níquel. Las exportaciones de productos manufacturados de bienes de consumo se concentran en Venezuela y Ecuador, con muy poca presencia en otros países. Es decir, no hemos cambiado nuestro papel de exportadores de materias primas y recursos naturales. El gran reto es el de pasar a otro modelo de desarrollo de más alto nivel tecnológico, lo que requiere combatir la mentalidad de que no podemos ser un país industrializado. Nuestra riqueza en minería es una gran oportunidad para dar ese vuelco.
CONCLUSIÓN el impacto del sector energético minero son muy variados. Hay impacto directo de la producción que han venido creciendo; el impacto sobre el empleo son bajos; sobre la balanza de pagos son muy positivos e igual sobre los ingreso del Estado; son vitales sobre la seguridad en el abastecimiento energético y el bienestar de los hogares, pero son aún débiles sobre el resto del aparato productivo, especialmente el manufacturero porque no ha existido una política industrial que tome como base el desarrollo del sector energético para proveer internamente el mayor porcentaje de bienes y servicios que demanda este sector y darle mayor valor agregado a los productos del sector.
El sector minero-energético colombiano es intensivo en capital, solamente explica 1,13% del empleo directo, pero tiene una participación alta en el PIB de 11,14% y en las exportaciones colombianas más de 60% en 2010 y en los ingresos por impuestos y regalías cerca de 24,0%. El empleo indirecto es bajo también porque el sector en la parte minera se ha concentrado en producir para exportar la materia prima y muy poco para darle valor agregado a través de encadenamientos hacia atrás y adelante. En petróleo y gas natural el país es relativamente rico, con 2 billones de reservas en petróleo y 4 gigapies en gas natural, pero dado el ritmo de producción y el potencial de reservas estimadas remanentes en el subsuelo, Colombia podría verse en dificultades al final del decenio de los veinte, ya que podríamos encontrarnos sin hidrocarburos. La euforia actual no permite tener una visión de largo plazo para definir una política energética integral. El país no piensa en fuentes nuevas y renovables de energía, en un esfuerzo intenso en uso racional y ahorro.
El Carbón es la excepción porque Colombia dispone de reservas suficientes para el consumo interno y las exportaciones para varias décadas, pero falta darle valor agregado como gasificación y licuefacción. El sector energético minero puede ser un motor de desarrollo importante si se logra que se produzcan encadenamientos con la demanda de bienes y servicios a que da lugar, lo que implica definir una política de industrialización voluntarista, impulsada por el Estado. De lo contrario, continuaremos siendo simplemente exportadores de materias primas como lo ha sido el país desde la época de la colonia. Otro punto que merece mencionarse es el relativo a las regalías que en el caso de metales preciosos son muy bajas y su incremento daría importantes recursos al gobierno central y las regiones.
Se pueden aumentar, especialmente en minerales y carbón. El gobierno, tanto en el plan como en las afirmaciones de los ministros de minas y energía no se menciona el tema de modificar las reglas de las regalías, especialmente las mineras. Hay un temor exagerado a tocar el asunto, una especie de prevención de que la inversión extranjera desaparecería. Los niveles de las regalías son los siguientes: Oro: 4,0% Oro de aluvión en contratos de concesión: 6,0% Níquel: 12,0% Plata: 4,0% Platino: 5,0% Carbón: en explotaciones menores a 3 millones de toneladas: 5% y en explotaciones mayores a 3 millones de tonelada. 10,0% Minerales metálicos: 5,0% Minerales no metálicos: 3,0% Sal: 10,0% Petróleo depende de la producción y el precio internacional Gas natural: depende del sitio y hay fórmula de reajuste para el gas de la Guajira Igual que con los hidrocarburos, los incrementos en precios internacionales benefician más a los productores que al país. Estos se benefician de unas ganancias extras que no tienen ninguna relación con mayor eficiencia, cuando el estado debería ser el mayor beneficiado.
Otro ejemplo de la confianza inversionista, muy benéfico para el productor pero perjudicial para el país. Por ejemplo, las regalías del oro son de 4% sobre el precio en boca de mina para la minería de veta, una cifra irrisoria con precios de 1.300 dólares la onza, apenas 62 dólares, porcentaje igual a cuando la onza valía 300 dólares antes de 2007. Hay una ganancia extraordinaria que se la apropia el productor, de un recurso natural no renovable que va contra toda lógica económica, cuando ese excedente debe ir a la Nación, es decir, a todos los colombianos. Es la llamada confianza inversionista, negocio muy bueno para el productor privado nacional y transnacional pero pésimo para el estado. El mismo argumento se aplica para el carbón, el níquel, la plata y otros recursos mineros. 4.5 Buena parte del excedente se lo apropian las transnacionales Hay un punto que casi no se menciona. Las transnacionales se quedan con parte muy importante de la renta petrolera por el nivel tan bajo de las regalías.
Un cambio a regalías variables en los minerales dependiendo del precio internacional mejoraría los ingresos. A continuación se harán unos ejercicios aproximados para mostrar el potencial de recursos adicionales si se introducen modificaciones en el nivel de las regalías. La regalía teórica para el oro es de 4%, un valor ridículo que no tiene nada que ver con los precios altos. Cuando se aprobó la ley de regalías la onza de oro estaba alrededor de US300 y no se estableció una fórmula para apropiarse del excedente cuando se produjeran precios fuera de lo normal. Supóngase que el costo de una onza de oro es de US300, entonces para un precio de US 1.250, la regalía es de US50, suma ridícula. Se tiene, entonces, una utilidad de US 900, pero como la regalía se considera un costo, el pago de impuesto de renta de US$ 280,5. A la Nación le quedan US 330,5 (US280,5+ US 50), 36,73% de las utilidades y a la multinacional US 569,5 (US900-US 330,5), es decir, 63,27%. lo cual es totalmente inequitativo porque la ganancia extraordinaria se va para la multinacional, con una tasa de rentabilidad altísima. Este es un cálculo aproximado de los grandes rubros que no tiene en cuenta filtraciones, subvenciones y trucos contables.
La solución es apropiarse de esa ganancia extraordinaria para el gobierno central y la región a través de regalías variables incrementales, pero el punto de partida de 4% es bajísimo. Esto es lo que se llama confianza inversionista: todas las ventajas para las transnacionalesSi la regalía del oro se aumentara de 4% a 20%, por ejemplo, se cambia la repartición a favor de la Nación, y de $2.182 miles de millones las regalías crecerían a $10.910 miles de millones. Si el mismo ejercicio se hace para el carbón, de pasar de una regalía promedio de 7,5% a 20,0%, las regalías aumentarían a $46.179 miles de millones. Y en la situación del níquel, las regalías aumentarían de $ 1.184 miles de millones a $2.819 miles de millones. El caso del petróleo es más aberrante por el tamaño del ponqué. Con la ley de regalías de 2002 la regalía de 20% se volvió variable, de un mínimo de 10% a un máximo de 25%, dependiendo de los promedios diarios de producción, que significó en la realidad reducir la regalía a un promedio de 10,9% en 2010. Una de las más bajas del mundo. Aunque el nuevo contrato de explotación aprobado en 2003 prevé un ajuste a la regalía según la variación del precio internacional, el ajuste es pequeño.
Simplemente, supóngase una regalía de 10,9%, un precio de petróleo de US80 dólares el barril y un crudo entre 22 y 29 grados API. Entonces, el derecho de entregar a la ANH, de acuerdo con el nuevo contrato petrolero, por un precio mayor al de referencia es el de una regalía adicional de 21,27% sobre el precio de referencia, para un promedio de 23,82% sobre los US$80,00. Al considerar los costos de producción (US 20 dólares el barril con costo de transporte) y el impuesto de renta, se llega a que la Nación se queda con US 32,57 por barril, el 56,28% de la utilidad, y la empresa con US 27,43 el barril, el 45,72 % (Cuadro 12). Sin embargo, estos cálculos no tienen en cuenta otros impuestos menores, cánones superficiarios y los beneficios y exenciones por impuesto de renta e IVA de acuerdo con la normatividad que se aplicó desde 2006. Es decir, al tenerlos en cuenta la participación del gobierno antes de 2010 baja a menos de 50% para el petróleo e igual sucede con el oro, el níquel y el carbón. En el caso del petróleo, un valor determinante es el costo de producción. Se partió de US 20 el barril, pero otros expertos como Oscar Vanegas lo fija en menos de US 10 el barril. Si esto es así, la situación mejora enormemente para la empresa petrolera. Si se aumenta el government take a 70%, que no es un valor arbitrario a nivel internacional, a través de un incremento en las regalías, se tendrían US 9,43 adicionales por barril, equivalente en el período 2010-2020 a $90.511 miles de millones.
Dado que la mayor producción es de ECOPETROL, aquí se estaría produciendo una redistribución de la renta petrolera entre el gobierno, ECOPETROL y las regiones, a favor de estas últimas. Es decir, al tenerse una regalía más alta, disminuye la utilidad para la empresa y el impuesto de renta para el gobierno, pero toda la renta petrolera queda en el país. Para la empresa privada ocurre algo similar, con la diferencia que 30 por ciento por lo menos de la renta vara para el exterior. Para 2009, de 671.000 barriles por día de producción, 426.000 barriles, el 63,49% le correspondieron a ECOPETROL de su operación directa y participación en contratos, y 245.000 barriles pertenecieron a empresas privadas. Cuadro 12. Distribución de las utilidades entre la nación y la empresa petrolera Concepto % US por barril Regalía 10,9 8,72 Regalía adicional 21,27 10,34 Total regalía 23,82 19,06 Impuesto de renta 33,00 13,51 Total government take 56,28 32,57 Total empresa 45,72 27,43 Fuente: supuestos: costo de producción de US 20 por barril, precio de referencia US 31,39 por barril para un crudo entre 22 y 29 grados API. 4.6 Las regiones ganan si se cambian las normas de las regalías En resumen, en lugar de $ 111.143 miles de millones en regalías pagadas, se pasaría a $ 240.879 miles de millones, 2.17 veces más, suma suficiente para mantener los ingresos de las regiones productoras en términos reales a los de 2009 o un poco más y para distribuir mayores recursos a los departamentos no productores.
Visto de otra manera, $129.736 miles de millones se los estarían apropiando injustamente las compañías privadas internacionales y privadas y ECOPETROL. Esto es para el futuro. Para el pasado, cuánta plata no se ha perdido. Esto es la con fianza inversionista: todo para las multinacionales. Al aumentar las regalías, el impuesto de renta se reduce en aproximadamente $25.000 miles de millones, lo que significa menos dinero para el gobierno central, aunque el total de regalías e impuestos termina mayor que con la situación actual, ascendiendo a $476.989 miles de millones en comparación con $ 372.253 miles de millones, una diferencia de $ 104.736 miles de millones, o 28,14%más. (Cuadro 13). Cuadro 13. Comparación entre regalías e impuestos según el gobierno y nuevos cálculos Miles de millones de pesos Concepto Nuevos cálculos Gobierno Diferencia Regalías Oro 10.910 2.182 8.728 Níquel 2.819 1.184 1.635 Carbón 46.179 17.317 28.862 Petróleo 180.971 90.460 90.511y Subtotal regalías 240.879 111.143 129.736 Impuestos 236.110 261.110 -25.000 Total regalías más impuestos 476.989 372.253 104.736 Fuente: Cuadro 1 y cálculos del autor 5. Las exenciones para el sector minero-energético Las exenciones para un sector con rentabilidades tan altas fue un absurdo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez., que atentó contra las finanzas públicos y que favoreció de una manera exagerada al capital.
De 2007 a 2009 las exenciones sumaron $6.306 miles de millones, que corresponden a deducciones por inversión en activos fijos ($ 3.426 miles de millones), rentas exentas (4 2.418 miles de millones) y descuentos tributarios ($ 472 miles de millones). Estos beneficios injustificados para el sector m inero representaron el 29,8% del total de las exenciones en renta del país que fueron de $ 21.173 miles de millones (Cuadro 14) Cuadro 14. Exenciones y beneficios para el sector minero en el período 2007- 2009 Concepto 2007 2008 2009 Deducciones por inversión en activos fijos 741 1.313 1.362 Rentas exentas 945 1.406 67 Descuentos tributarios 133 112 227 Total sector minero 1.819 2.831 1.656 Total país 5.737 7.399 8.037 Fuente: Marco fiscal de mediano plazo 6. Hay que producir un cambio profundo en la legislación minera El análisis anterior nos señala que el asunto de las regalías es doble.
Como repartir la renta petrolera y como cambiar las reglas que están favoreciendo injustificadamente a unas pocas compañías, especialmente extranjeras. En carbón, oro, níquel, plata, platino y esmeraldas. Los cálculos que se han presentado son preliminares pero muestran dos puntos: 1. Que hay que ser muy cautos con las proyecciones para evitar esperanzas exageradas. Se recomienda trabajar con escenarios para evitar sorpresas. 2. Que hay todo un trabajo por hacer en el tema de las regalías y los impuestos para que la mayor parte del excedente se quede en el país
. La regla fiscal y la ley de regalías Las leyes de la regla fiscal y de las regalías están relacionados. La regla fiscal tiene por objetivo limitar el déficit del gobierno central a un determinado valor, tal como ocurre en Europa con el valor máximo permitido de 3,0%, dentro de una concepción netamente ortodoxa. En cuanto a las regalías, el gobierno estableció desde su posesión que propondría un cambio en la distribución de las regalías que estaban muy concentradas en las regiones productoras para distribuirlas más equitativamente y ahorrar un porcentaje de las mismas, teniendo en cuenta que el boom minero iba a dar lugar a más recursos de regalías.
La ley definitiva y el decreto-ley reglamentario creó diez fondos u asignaciones : 1. Un Fondo de Ahorro y Estabilización para guardar 30% de las regalías para atender según sus autores emergencias fiscales y para invertir en el futuro para crecer mañana. Se argumenta que se ahorra hoy para favorecer a las generaciones futuras; 2. 10,0% para un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; 3. 10,0% para un Fondo de Pensiones; 4. 2,0% para un Fondo de Vigilancia y Control; 5. 1,0% para el Sistema de Monitoreo, Control y Evaluación; 6. 2,0% para administración del sistema general de regalías 7. 0,5% para los Municipios de Río Grande la Magdalena y del Canal del Dique; 8. 9,0 % para un fondo para asignación directa a los productores de hidrocarburos, y 9. y 35,5% repartidos entre un Fondo de Desarrollo Regional (para mejorar la competitividad de las entidades territoriales con proyectos de impacto regional) y un Fondo de Compensación Regional (para financiar proyectos en las entidades más pobres).
Un Fondo de Ahorro tiene sentido para atender emergencias como catástrofes (terremotos, ciclones, sequías prolongadas,…) y un pequeño porcentaje para contrarrestar depresiones económicas agudas en que los ingresos fiscales se desploman y es necesario adoptar una política anti cíclica, pero no se puede exagerar su valor, como el 30% que propuso el gobierno. El argumento es, más bien, al contrario, invertir hoy para que las generaciones futuras se beneficien. No hay razón de esperar crecer mañana cuando hay que hacerlo hoy para crear riqueza que beneficie a las generaciones presentes y a las futuras. Un país en desarrollo como Colombia, con múltiples necesidades en todos los campos.
Infraestructura super atrasada, desindustrialización, salud muy deficiente, un sistema educativo inequitativo y de baja calidad, déficit de vivienda de más de 4 millones, incluyendo vivienda para renovar, un campo atrasado y con rezago en desarrollo tecnológico, lo que requiere es invertir ahora, ya que la rentabilidad es alta, precisamente para dejar un mejor país para las siguientes generaciones. Colombia no es Holanda, ni Suecia, ni Finlandia. Todavía tenemos múltiples necesidades que no dan espera, de ahí que el tamaño de un Fondo de Ahorro no puede exagerarse. 8. El sector minero puede ser fuente de desarrollo Colombia es relativamente rico en recursos minero-energéticos y hay que aprovecharlos, pero con una concepción diferente a la que viene desde la colonia de simple proveedores de materias primas en busca de una renta.
Es decir, utilizar nuestra riqueza parea industrializarnos. Para esto hay que cambiar el modelo de simples oferentes de materias primas sin ningún valor agregado. El sector minero es muy intensivo en capital, así que el componente directo de mano de obra es bajo, de solamente 212.612 personas en 2009. Su potencial se encuentra en el desarrollo de los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. El sector requiere de bienes de capital, intermedios y de servicios que en alguna forma deberían producirse en el país y, por otra, los productos pueden sufrir un proceso de transformación, o sea, darles un valor agregado. Exportamos carbón pero muy poco lo utilizamos internamente.
Existen varias posibilidades: generar energía eléctrica con plantas térmicas, quemarlo en la industria para producción de vapor y calor; gasificarlo y licuarlo para producir gas natural, gasolinas y diesel. En petróleo, avanzar en petroquímica y refinarlo para vender productos finales. En cuanto al oro, fomentar su procesamiento, como la joyería. El sector necesita de personal altamente calificado, de consultoría, de construcción y de servicios especializados que podrían proveerse en un porcentaje alto por colombianos, pero ha hecho falta una política para que este sector impulse el desarrollo interno.
Es indispensable que rompamos con el modelo exportador de materias primas y recursos naturales que viene desde hace quinientos años. En la colonia éramos exportadores de oro; posteriormente, con la independencia nos concentramos en tabaco, quina, y café a partir de finales del siglo XIX hasta la década de los setenta en el siglo XX; desde mediados de los ochenta comenzaron las exportaciones de carbón y se reanudaron las de petróleo, y en siglo XXI estas pasar a ser las más importantes junto con las carbón, oro y níquel. Las exportaciones de productos manufacturados de bienes de consumo se concentran en Venezuela y Ecuador, con muy poca presencia en otros países. Es decir, no hemos cambiado nuestro papel de exportadores de materias primas y recursos naturales. El gran reto es el de pasar a otro modelo de desarrollo de más alto nivel tecnológico, lo que requiere combatir la mentalidad de que no podemos ser un país industrializado. Nuestra riqueza en minería es una gran oportunidad para dar ese vuelco.
CONCLUSIÓN el impacto del sector energético minero son muy variados. Hay impacto directo de la producción que han venido creciendo; el impacto sobre el empleo son bajos; sobre la balanza de pagos son muy positivos e igual sobre los ingreso del Estado; son vitales sobre la seguridad en el abastecimiento energético y el bienestar de los hogares, pero son aún débiles sobre el resto del aparato productivo, especialmente el manufacturero porque no ha existido una política industrial que tome como base el desarrollo del sector energético para proveer internamente el mayor porcentaje de bienes y servicios que demanda este sector y darle mayor valor agregado a los productos del sector.
El sector minero-energético colombiano es intensivo en capital, solamente explica 1,13% del empleo directo, pero tiene una participación alta en el PIB de 11,14% y en las exportaciones colombianas más de 60% en 2010 y en los ingresos por impuestos y regalías cerca de 24,0%. El empleo indirecto es bajo también porque el sector en la parte minera se ha concentrado en producir para exportar la materia prima y muy poco para darle valor agregado a través de encadenamientos hacia atrás y adelante. En petróleo y gas natural el país es relativamente rico, con 2 billones de reservas en petróleo y 4 gigapies en gas natural, pero dado el ritmo de producción y el potencial de reservas estimadas remanentes en el subsuelo, Colombia podría verse en dificultades al final del decenio de los veinte, ya que podríamos encontrarnos sin hidrocarburos. La euforia actual no permite tener una visión de largo plazo para definir una política energética integral. El país no piensa en fuentes nuevas y renovables de energía, en un esfuerzo intenso en uso racional y ahorro.
El Carbón es la excepción porque Colombia dispone de reservas suficientes para el consumo interno y las exportaciones para varias décadas, pero falta darle valor agregado como gasificación y licuefacción. El sector energético minero puede ser un motor de desarrollo importante si se logra que se produzcan encadenamientos con la demanda de bienes y servicios a que da lugar, lo que implica definir una política de industrialización voluntarista, impulsada por el Estado. De lo contrario, continuaremos siendo simplemente exportadores de materias primas como lo ha sido el país desde la época de la colonia. Otro punto que merece mencionarse es el relativo a las regalías que en el caso de metales preciosos son muy bajas y su incremento daría importantes recursos al gobierno central y las regiones.
Quiénes son
los responsables de la crisis eléctrica?
Aunque por la crisis eléctrica ya rodó una cabeza, la verdadera
responsabilidad de tener al país al borde de un apagón va mucho más allá de la
caída de un ministro.
La renuncia del ministro
de Minas, Tomás González, ocurrida la semana pasada, como consecuencia de la
crisis eléctrica, despertó toda clase de reacciones. Algunos la justificaron
pues esperaban que rodaran cabezas, en especial del alto gobierno; otros
opinaron que su salida no es suficiente y exigen que caigan más responsables; y
finalmente hubo quienes consideraron que Tomás González fue un chivo expiatorio
y que su retiro en nada cambia las cosas, pues el sector enfrenta un problema
estructural que viene de años atrás y que está en mora de ser corregido.
Más allá de la
emotividad de los comentarios que inundaron las redes sociales, hay que decir
que en un país donde pocos renuncian a sus cargos para asumir la
responsabilidad política - por el desempeño del sector que dirigen- y, por el
contrario, abundan los que se hacen los desentendidos -cuando las cosas no
marchan bien- al ministro González se le abona haber puesto el pecho y
responder con su puesto. “Mi deber es asumir la responsabilidad política de
esta situación, porque estoy convencido de que los ministros tenemos que
responder con nuestros cargos por el desempeño de los sectores que dirigimos”,
dijo en su carta de renuncia.
Pero la verdad sea
dicha, la responsabilidad por tener al país al borde de un apagón va mucho más
allá de la caída de quien fuera el quinto ministro de minas en los 6 años que
van de la administración de Juan Manuela Santos.
Si bien hasta ahora
no ha habido racionamiento y, a pesar del estrés al que se ha sometido el
sistema energético, se ha podido abastecer a los hogares, comercios e
industrias, quedan muchas preguntas sin respuestas.
Por ejemplo, por qué
el sector eléctrico llegó hasta el filo de la navaja cuando se ha dicho que
Colombia es una potencia en esta materia no solo dentro, sino fuera del país.
Su capacidad hídrica, ha sido destacada en el mundo entero y muchas de las
compañías del sector, traspasaron fronteras, y hoy son líderes en Centroamérica
y en varios países de Suramérica.
O cómo explicar,
también que, hace dos semanas, el Foro Económico Mundial (FEM) en un estudio
sobre el estado de los sistemas energéticos en 126 países, destacó a Colombia
como el octavo mejor del planeta. El informe señala que Colombia tiene un
sistema fuerte, que ha aumentado la cobertura de energía y gas y ha expandido
la generación eléctrica y en hidrocarburos. El índice que compara los
países tiene en cuenta tres aspectos: aporte al crecimiento, sostenibilidad
medioambiental y seguridad y acceso. “El sistema energético colombiano es
bastante fuerte y a pesar del Fenómeno de El Niño el país va muy bien. La
imagen que yo tengo del sistema energético colombiano es como la de un Ferrari,
qué es muy bueno, y que debe seguir preparándose, ir a pits y
seguir evolucionando”, dijo Roberto Bocca, director de industrias
energéticas y miembro del comité ejecutivo del FEM.
A cualquier ciudadano
de a pié le suena ilógico que le digan que el país tiene un sector eléctrico
fuerte y robusto -como anota el FEM- y al mismo tiempo le pidan que ahorre
energía, si no quiere que haya un apagón. Tampoco es compresible para los
consumidores qué, después de pagar en sus facturas una cantidad, para
garantizar el suministro del servicio eléctrico, le adviertan que si no baja el
consumo le cobrarán el doble.
Pues bien, las
respuestas a los anteriores interrogantes no son para nada sencillas, porque no
todo en este asunto es blanco y negro. Hay demasiadas aristas. El debate es muy
técnico, y, como si fuera poco, en la actual coyuntura el tinte político ha
polarizado la discusión.
También hay que
reconocer que nunca antes habían coincidido tantos líos para el sector
eléctrico, como en esta ocasión. Como bien lo han dicho muchos, se ha dado la
tormenta perfecta. Este es el fenómeno de El Niño más fuerte de la historia por
intensidad y prolongación. El caudal de los ríos y el nivel de los embalses
comenzaron a descender aceleradamente.
Cuando se encendieron
las térmicas para apoyar la generación hidráulica, diezmada por la sequía,
salió a flote una crisis financiera en las plantas que trabajan con
combustibles líquidos (diésel). Para evitar que un problema caja se volviera
una crisis energética, el gobierno debió atender la situación de manera
urgente, con medidas que implicaron aumento en tarifas para todos, lo que
levantó un avispero y cuestionamientos a la figura del cargo por confiabilidad,
hoy en el ojo del huracán y sobre el que más adelante se ahondará en este
artículo. Por esta misma circunstancia, y para agregarle una tensión más al
sistema, Termocandelaria, planta ubicada en Cartagena, entró en crisis. El 17
de octubre del año pasado paró, argumentando que no era rentable de operar, por
lo que debió ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y
obligada a generar, aún a pédida.
El 2015, cerró con
otra noticia fatal para el sistema. La central hidroeléctrica de El Quimbo, que
aporta el 5 por ciento de la demanda diaria nacional de energía, tuvo que
apagar sus máquinas, durante casi un mes, por orden de un juez, ante los
cuestionamientos ambientales en el Huila donde está ubicada.
Y como para completar
la tormenta, el 2016 comenzó con lo más inesperado. Un incendio en la central
hidroeléctrica de Guatapé, de propiedad de EPM, sacó del sistema a esta
importante generadora. El coletazo fue peor, pues afectó directamente a dos
centrales, Playas y San Carlos, con lo que se perdió el 11 por ciento de la
generación del sistema interconectado nacional. Lo peor es que mientras el agua
de los embalses bajaba de niveles del 30 por ciento, apareció otro daño
inesperado en una turbina de Termoflores, lo que puso a trabajar a media
máquina esta térmica.
A todo lo anterior se
sumó que Venezuela no cumplió el acuerdo por medio del cual la petrolera Pdvsa
se comprometió a entregarle a Colombia 40 millones de pies cúbicos de gas por
día, lo que ayudaría a las térmicas.
Aunque muchas de las
circunstancias descritas atrás, eran imposible de prever, y por ello no es
responsable hacer cacería de brujas para llevar a todos a la horca, si amerita
hacer una reflexión sobre lo que ha pasado. Evaluar si el país debió estar
mejor preparado para enfrentar estos riesgos inesperados; si ha habido fallas
en la ejecución de obras; si las medidas que se han tomado para mitigar el
impacto de El Niño llegaron demasiado tarde; y si las alarmas no sonaron a
tiempo. Por supuesto, hay que revisar los roles de los involucrados en toda la
cadena energética y conocer quiénes son los responsables, porque
definitivamente no todas los males pueden atribuirse a la mala suerte.
En un debate que
organizó la Universidad del Rosario, Luis Ignacio Betancur, experto en el
sector eléctrico nacional, dijo que “no es mala suerte lo que tuvimos,
fueron errores del Estado”. Según el analista, desde hace mucho tiempo eran
conscientes de los daños que podrían venir a futuro y nunca lo trataron de
evitar.
También algunos creen
que a alguien hay que pasarle la factura de cobro por la menor disponibilidad
de gas que tiene Colombia, lo que es parte importante de todo este problema. En
este tema hay demoras, muchas injustificadas y que vienen desde el anterior
gobierno.
En la distribución de
responsabilidades hay discrepancias entre los técnicos, los operadores del
sistema, los observadores económicos y los políticos.
Angela Montoya,
presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen),
insiste en que el sector eléctrico es robusto, contrario a lo que afirman otros
analistas y opina que las planta térmicas han hecho las inversiones para
garantizar el suministro de energía, o de lo contrario el país estaría con racionamiento
desde hace tiempo. “Lo que sucede es que el sector no es infalible”,
dice. Para Montoya, buscar un responsable o pedir que rueden cabeza, no arregla
el problema. “Las discusiones están migrando del tema técnico al político y
no creo que eso sea lo más conveniente”, anota.
El presidente de
Naturgas, Eduardo Pizano, afirma que ante una situación de emergencia como la
que vive el país las autoridades debieron actuar más rápidamente. “Para
tratar de solucionar los problemas de Guatapé en el menor tiempo posible, el
gobierno debía, incluso, mandar aviones de la fuerza aérea para traer los
cables que necesita EPM”.
Para el senador del
Centro Democrático, Iván Duque, uno de los más estudiosos del tema energético y
crítico en la actual coyuntura, al país no se le ha dicho toda la verdad sobre
lo que pasa con el sistema eléctrico. Según el parlamentario el gobierno actuó
con desidia, le faltó concentrarse en una gestión técnica y ser más propositivo
para encontrar solución a las dificultades, más allá de cualquier cálculo
político.
El senador Duque
lideró una proposición en el Congreso, que fue aprobada por el Senado, en la
que se les pide la renuncia a los miembros de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG) “debido a su actitud indiferente frente a la situación
alarmante que atraviesa el sector energético del país”.
Mientras algunos
creen esta entidad encargada de la regulación de los servicios de electricidad
y gas, tiene muchas velas en este entierro, otros operadores de la industria
eléctrica señalan que pedir la cabeza de todos los comisionados es puro
populismo, lo que no significa que no consideren necesario hacerle ajustes a
este organismo para que actúe más rápidamente acorde con las
circunstancias.
Los
de agache
Lo que ha pasado con
el sector eléctrico, ha generado tanta indignación, como el mismo caso de
Reficar. Comentaristas en medios afirman que los consumidores no pueden pagar
por los errores de los verdaderos responsables y piden sanciones.
En la polémica por el
cargo por confiabilidad, las acusaciones van y vienen. En los últimos diez
años, el país ha pagado por este concepto cerca de 16 billones de pesos que se
les ha entregado a los inversionistas (distribuido casi por iguales partes
entre el sector térmico y el hídrico) para garantizar la oferta de energía en
condiciones críticas, como las actuales.
En palabras más
sencillas, este cargo, es como si los colombianos pagaran por tener un taxi
disponible para cuando llegue el momento de necesitarlo para una carrera. El
conductor cobra por estar ahí parqueado, al pie de la casa y sin ocuparse, solo
esperando que lo reclame el cliente.
En el caso del sector
eléctrico, las térmicas por ejemplo, son como el taxi del símil anterior. El
cargo por confiabilidad es un ingreso muy importante para hacer inversiones
nuevas y mantenimiento y cumplir con el compromiso de suministrar energía en el
momento en que llega la sequía.
La controversia sobre
este punto surgió, porque algunas térmica (las que trabajan con combustible líquido)
al entrar a operar a plena capacidad, se quejaron de estar al borde de la
quiebra y ahí fue donde se armó Troya. El gobierno tuvo que intervenir y
apoyarlas. Aunque ellas tendrán que asumir una pérdida importante (más de dos
billones de pesos) para cumplir su compromiso, también a los consumidores les
pusieron su cuota de 1,1 billones, a través de tarifas, lo que para muchos es
injusto.
Esto desató un gran
debate sobre si se ha usado bien el dinero pagado por el cargo por
confiabilidad y dónde está la plata. La respuesta de las empresas generadoras
es que está invertida. Se han construido 9 centrales hidroeléctricas y tres
plantas térmicas. Adicionalmente en 2018 o 2019 entrará a operar Hidroituango,
proyecto que se logró gracias a estos recursos, así como Quimbo.
Las respuestas no
deja a todos satisfechos, en especial al ver la situación de ciertas plantas,
como Termocandelaria. Y es aquí donde algunos se preguntas dónde ha estado la
Superintendencia de Servicios Públicos, encargada de la vigilancia y control de
estas plantas. La entidad se defiende con el argumento de que su función es
vigilar que se cumpla la regulación en materia de suministro de energía pero no
hacer seguimiento de los proyectos. La Superintendente, Patricia Duque, dice
que en el caso de Termocandelaria, cuando no cumplió con la entregad de
energía, se les intervino. “Nosotros hicimos una evaluación a toda la cadena
de prestación del servicio. Visitamos 17 generadores térmicos que estaban
suministrando la energía, con excepción de Termocandelaria”.
Cuando se analiza la
situación de las térmicas, la Creg pasa al banquillo. La razón es que el precio
al que las térmicas pueden vender su energía, cuando llega la sequía, está
determinado por una fórmula diseñada por la Creg y que se conoce como “precio
de escasez”. Los operadores afirman que esta regla se ha quedado desfasadas
frente a la realidad del mercado y la Creg se ha demorado en actualizarla.
Resolver el problema de puntual de las térmicas, no es fácil. Es como buscar la
cuadratura del círculo. Que no se quiebren las térmicas, pero que tampoco se
afecten los consumidores con tarifas más elevadas.
Lo cierto es que a la
Creg le ha llovido el agua sucia por todos lados. El senador Iván Duque ha
cuestionado la gestión de la entidad y sostiene que, entre otras, no
alertó sobre la fragilidad en el suministro de gas.
Precisamente, el gas
es la otra pata de la discusión en la actual coyuntural. Una verdadera política
energética, incluye resolver un tema tan crítico como el gas. Aunque en el
gobierno algunos sostienen que el país podría estar nadando en gas y la actual
estrechez del sistema sería igual, expertos dicen que el real problema del
sector está en la menor disponibilidad de gas que tiene Colombia.
Llama la atención que
escasee es gas, pues siempre se ha dicho que el país tiene reservas suficientes
para ocho años. Es decir, no debería haber restricciones en la oferta, como sucede
hoy.
Si bien una de las
causas es la declinación de Chuchupa y Ballena, los grandes campos de gas de La
Guajira, que abastecían gran parte de la demanda nacional, no menos cierto es
que la red de gasoductos se quedó pequeña para transportar el energético. Esto
ha tenido demoras que muchos atribuyen a la Creg que no toma decisiones
oportunamente.
Uno de los proyectos
más importantes, y del que se viene hablando desde el gobierno Uribe, ha sido
las plantas de regasificación. Después de muchos tropiezos hace dos años
comenzó la del Caribe -está prevista para finales de 2016.- que permitirá
importar gas licuado. Este proyecto se ha demorado más de lo previsto, según
técnicos del sector, por la lentitud de la Creg que tiene que actuar decisiones
más rápidas, pero también se ha visto afectada por temas ambientales. Según la
Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) de no entrar en operación en el
tiempo previsto el país se vería enfrentado a serios problemas en la atención
de la demanda.
Para el presidente de
Naturgas, Eduardo Pizano, si bien la capacidad de gas está a su límite se puede
aumentar con los proyectos de expansión de Canacol, los planes de explotación
de gas costa afuera y con la citada planta de regasificación.
Como se ve, en esta
crisis las responsabilidades están muy compartidas. El ministerio como cabeza
del sector, es el director de la orquesta que tiene que hacer que todos sus
músicos lean bien la partitura. El hecho de que este gobierno lleve 6 ministros
de minas (contando a María Lorena en calidad de encargada) dice mucho en esta
coyuntura tan difícil. Es como si un equipo de fútbol cambiara de entrenador
cada año. Eso dificulta la continuidad de las políticas, el seguimiento a los
proyectos y la respuesta a los desafíos que se van presentando.
Ahora bien, si de
responsabilidades se trata también hay que hacer un llamado a EPM. Si bien a
esta empresa todos le reconocen el nivel de excelencia con el que opera, frente
al episodio del incendio, quedan varios interrogantes. Algunos relacionados con
los sistemas de control que tiene la empresa para prevenir eventos de esta
magnitud; también sobre el adecuado mantenimiento a los equipos y los
inventarios que dispone para atender circunstancias como las presentadas o
incluso sobre el plan de respuesta rápida a estos siniestros. Al fin y al cabo,
EPM es el guardián de una de las plantas de generación más importante del país.
Las autoridades
ambientales también tienen su cuota de responsabilidad en esta crisis por las
demoras en la aprobación de las licencias para proyectos claves para el
futuro, como fue el caso de Quimbo. Y por supuesto también los gobiernos
que tiene que apoyar mucho a las empresas cuando se meten en estos proyectos.
Cabe recordar que EPM tuvo que suspender Porce IV por la presencia de grupos
armados ilegales y porque las exageradas indemnizaciones de la población
asentada en la zona.
En conclusión ahora,
cuando baje la marea de esta crisis, es importante sacar muchas lecciones. Si
bien es justo reconocer que el mercado eléctrico nacional lleva en
vigencia de 20 años y ha demostrado tener un funcionamiento confiable y
eficiente y que a pesar de que se juntaron todos los males, en esta coyuntura
el país no se apagó, no hay que dormir sobre los laureles. Aunque en dos meses,
el fenómeno de El Niño se ira, hay que estar preparados porque con el cambio
climático, el país podría verse en condiciones más extremas que las
actuales. El tiempo dirá si de esta crisis saldrá un sector mucho más fuerte.
Ojalá que así sea.
Apagando
las luces
Los colombianos
acogieron el llamado del gobierno y voluntariamente comenzaron a ahorrar
energía.
Con el fin de
incentivar el ahorro, el gobierno lanzó el plan “Apagar Paga”. Por cada
peso que ahorre un hogar del consumo promedio de energía, recibirá otro peso
como incentivo. Esto se traduce en que por cada kilovatio/hora ahorrado los
usuarios residenciales y comerciales recibirán 450 pesos. Pero si el consumo es
mayor al del mes de febrero tendrán que pagar 450 pesos adicionales por cada
kilovatio extra que consuman.
Para las grandes
empresas como industrias cementeras, mineras, petroleras y grandes superficies
comerciales, que son los que más consumen energía, el gobierno anuncio que les
entregará una remuneración económica si utilizan sus propias plantas de
generación y no hacen uso del sistema interconectado nacional.
Para demostrar que
“el ahorro comienza por casa”, el gobierno anunció que todas las entidades
públicas tendrían que apagar las luces a partir de las 6 de la tarde. La medida
comenzó a regir desde el pasado lunes.
Esta intensa campaña
de ahorro se oficializó el lunes 7 de marzo, después de la visita sorpresiva
que hizo el presidente Juan Manuel Santos a la hidroeléctrica de Guatapé y de
hablar con Jorge Londoño, gerente de Empresas Públicas de Medellín, (EPM). En
ese momento el mandatario comprendió que el país estaba abocado a un
inminente racionamiento.
Su preocupación
aumentó cuando XM, operador del sistema interconectado, envió una carta al
Ministerio de Minas y Energía, al Consejo Nacional de Operación y a la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (Creg), para que se establecieran cortes
programados de energía durante las próximas cinco o seis semanas. Dichos cortes
debían ser equivalentes al 5 por ciento de la demanda de energía, es decir,
nueve gigavatios hora/día. A ello se sumó la propuesta del ex ministro de
Minas, Amylkar Acosta, de adelantar en 60 minutos la hora oficial del país, una
medida que se tomó durante el apagón de 1991.
El gobierno optó la
cruzada voluntaria que comenzó a dar resultados. El lunes de la semana pasada
el consumo bajó 1,7 por ciento; el marte 1,98, el miércoles se redujo 4,4 por
ciento y el jueves el ahorro llegó al 4,26 por ciento. Los departamentos que
más han contribuido a la campaña son Antioquia y Cundinamarca. Todavía no se ha
logrado la meta de ahorro del 5 por ciento, como mínimo, por lo que los
llamados al ahorro serán permanentes. A pesar de las lluvias de los últimos
días los embalses siguen en niveles cercanos al 28 por ciento.
PUBLICIDAD
No hay comentarios:
Publicar un comentario