2-CUALES SON LAS CAUSAS DE ESA CORRUPCIÓN--EXPLICA POR LO MENOS CINCO
3-COMO ESTAMOS EN NIVEL DE CORRUPCIÓN EN COMPARACIÓN CON LOS OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
.4-CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA
5-CUÁLES SON LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA MINIMIZAR ESTE FLAGELO DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA
CORRUPCION EN COLOMBIA
Cuando hablamas de corrupción nos referimos al mal uso del poder para así conseguir una ventaja ilegitima, generalmente de forma secreta y privada. En contraposición a la corrupción se encuentra la transparencia; por tal motivo podemos inferir sobre el nivel de corrupción o de transparencia de una entidad, municipio, departamento o estado.
Entre las formas de corrupción más comunes en nuestro país encontramos el uso ilegitimo de la información privilegiada, tráfico de drogas, sobornos, extorsiones, fraudes e impunidad.
En Colombia las principales causas de la corrupción son:
- Personas corruptas muchas veces carecen de una conciencia social; solo les interesa un bienestar personal y no el de la sociedad en sí.
- Personalidades antisociales y megalomanías; estos sujetos son aquellos que solo les interesa el poder; llegar a él sin importar las consecuencias que esto le traiga a el mismo. Aquí podemos citar una frase que se está volviendo muy celebre en Colombia ´´ ¿usted no sabe quién soy yo ?´´. A estas personas no les interesa pasar por encima de quien sea para evadir la ley.
- Impunidad efectiva en los actos de corrupción. Muchas veces la corrupción se sigue practicando debido a este, ya que estas personas cometen este delito y no les trae ninguna consecuencia y esto es gracias a un método que se utiliza mucho como es el soborno. Estas personas utilizan su dinero o apellido para conseguir aquello que ellos quieren.
La corrupción genera distorsiones en el sector público al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes. Los funcionarios pueden incrementar la complejidad de los proyectos del sector público para ocultar o allanar el camino pero tales tratos, distorsionando de este modo todavía más la inversión. La corrupción hace descender el cumplimiento de las regulaciones relacionados con la construcción, el medio ambiente, reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno.
La corrupción nos afecta a todos, de diferentes maneras, mediante la corrupción se desvían los ingresos departamentales, municipales y nacionales con los cuales nuestro país, nuestro departamento y nuestro municipio puedan empezar en diferentes aspectos.
La corrupción debilita el sector económico ya que genera ineficiencia y distorsiones considerables. Gracias a la corrupción se incrementa el costo de los negocios empresariales ya que a esto hay que sumar el precio de los desembolsos ilícitos, el costo del manejo de las negociaciones con los cargos públicos y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos o de detección.
“Aunque el Estado colombiano ya cuenta con buenas herramientas para luchar contra la corrupción, como el Estatuto anticorrupción, no se percibe que estas medidas sean efectivas. Estos avances normativos contrastan con los numerosos escándalos de corrupción que muchas veces terminan impunes”
Dichos escándalos terminan en la impunidad ya que muchas personas usan su dinero para librarse de la ley, o también muchas veces no se les da mucha importancia a causa de ser personas poderosas.
Damos término a este trabajo concluyendo que en la actualidad la corrupción es una problemática que invade y crece cada día más en la economía de Colombia.
Este hecho causa un gran impacto en la sociedad ya que afecta tanto al campo social como el económico y también los valores éticos y morales.
Toda esta problemática lleva una gran desigualdad social. Para combatir contra todo esto es necesario mejorar nuestro sistema educativo ya que esto atenta contra los planes económicos y demás ámbitos de nuestro país. Si contamos con un alto nivel de educación y cultural podemos defendernos de la corrupción.
A Pesar de que desde la expedición del Estatuto Anticorrupción, hace un lustro, las autoridades tienen más ‘dientes’ para la lucha contra este flagelo, lo cierto es que en la actualidad solo el 25 % de los condenados como corruptos están purgando detención intramural.Así lo revela el Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, justo este 18 de agosto, cuando en el país se conmemora el día de la lucha contra la corrupción.
Mediciones de este organismo indican que de 1.850 sanciones que se han logrado por delitos contra la administración pública, la mitad de los implicados no paga cárcel y del porcentaje restante, el 25% logra que le den casa por cárcel.
El panorama es más desolador si se tiene en cuenta que, al constatar los registros del Inpec, se tiene que el promedio de las penas para los delincuentes de cuello blanco es de apenas 24 meses y en muchas ocasiones es un periodo que se purga en pabellones especiales que les ofrecen privilegios con relación a los presos del común.
“Tenemos grandes artífices de escándalos que terminan saliendo libres en muy poco tiempo y ese es un mensaje equivocado. Por eso el Presidente le dio un mensaje al nuevo fiscal (Néstor Humberto Martínez Neira) diciéndole que revise el régimen de beneficios de colaboración con la justicia, el principio de oportunidad y los demás beneficios por trabajo y estudio, que se han convertido en instrumentos que generan consecuencias nefastas para la sociedad”, le dijo a Portafolio.co el ‘zar’ anticorrupción, Camilo Enciso.
El Observatorio ha hecho otros cálculos que dan luces ante la pregunta de qué tan corruptos somos los colombianos, basado en las actuaciones de los organismos de control estatales.
Entre el 2008 y el 2015, la Contraloría General de la República falló 784 procesos con responsabilidad fiscal, por un monto de 2,7 billones de pesos, mientras que, desde el 2009, las contralorías territoriales emitieron 1.911 sentencias por 228.000 millones de pesos.
Antes del Estatuto, el monto promedio anual de las decisiones fiscales fue de 59.000 millones y después se incrementó a un promedio de 699.000 millones. Así mismo, las sanciones pasaron de 345 a 840 por año. Enciso enfatiza en que esto habla bien de la mejoría en la eficacia de las normas. No obstante, solo el 31% de las multas fueron efectivamente pagadas (43.000 millones de pesos).
El 68% de los procesos se originaron en una auditoría, 15% de denuncias ciudadanas y 14% de indagaciones preliminares. Las multas impuestas.
En el campo penal, del 2008 al 2013 se emitieron 2.458 sanciones por delitos contra la administración pública, siendo también la tendencia favorable, pues hasta el 2011 fueron 234 y después la cifra ha venido creciendo a un ritmo anual del 61%. El cohecho (soborno) fue el delito que más se cometió, con 1.045 personas sancionadas, mientras que el peculado por uso es la conducta con más alto castigo, con 7 años de pena en promedio, según el Observatorio.
Y aunque las cifras pueden mostrar una situación alarmante, para Enciso, la tendencia es positiva, en la media de que reflejan las acciones para moralizar la conducta de los servidores públicos y los particulares.
En el 2013 el Gobierno formuló un Conpes anticorrupción que de acuerdo con Enciso ha tenido avances indiscutibles: “A junio 30 del 2014 estábamos en un cumplimiento del 28%. A diciembre 31 de ese mismo año fue 45%, a junio 30 del 2015 se llegó al 55%, y a diciembre 31 del 2015 fue el 63%. Hoy calculamos que estamos llegando al 80%”, dijo.
Entre los componentes de ese plan están el fortalecimiento a las oficinas de control interno de las entidades públicas, la expedición de la Ley antisoborno y la ley de lucha contra el contrabando, así como las normas sobre transparencia en el acceso a la información pública y la implementación del manual único de rendición de cuentas al ciudadano.
Fuera de eso, se creó el comité de coordinación contra la corrupción, integrado por la Policía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Dijín y la Presidencia. Igualmente, hoy existen un comando anticorrupción en el que están todos los órganos de control y 32 comisiones regionales de moralización en las que los órganos de vigilancia de los departamentos coordinan acciones.
La Oficina de Transparencia dice que prefiere no emitir datos sobre cuánto le cuesta la corrupción al país, pero existen otros cálculos según los cuales podrían ser cerca de 4 puntos del Producto Interno Bruto, es decir más de 20 billones de pesos.
Ideas para combatir la corrupción
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En nuestro país, se ha vuelto tan costumbre como la corrupción, hablar de la lucha contra ella, en épicas cruzadas que terminan sólo en buenas intenciones sin ninguna utilidad práctica.
Ya nos hemos resignado que desde los partidos es imposible llevar a la realidad esta lucha imprescindible y urgente, porque estos se han concentrado en los tejemanejes electorales, sin mayor preocupación por el bienestar de las masas a las que dicen representar.
Los organismos de control han sido incapaces de combatir la corrupción con dureza y sin contemplaciones, y el Gobierno está limitado tanto en su voluntad como en las herramientas que garanticen su eficacia.
En cuanto al Congreso, si estuviera decidido a crear leyes que impidieran las prácticas corruptas y propiciaran la transparencia, ¿quién garantiza que tales leyes serían cumplidas integralmente?
Para los ciudadanos sería tranquilizador ver que en el debate político todos los partidos se comprometieran con la idea de que el Congreso en el cual tienen representación legisla con digna integridad extremando los mecanismos de control a la gestión pública, y no sólo eso, sino que recuperarían la confianza en las instituciones y cumplirían con entusiasmo sus deberes con el Estado.
La mayor parte de las estrategias contra la corrupción que se han puesto en Marcha en Colombia se han limitado a estatutos que quedan en letra muerta, o en la creación de consejerías o programas que no posen la fuerza y la capacidad para cumplir con una misión tan hercúlea, contando solo con el apoyo de una exiguo grupo de ciudadanos
Tal vez estas consejerías deberían ser integradas por gente designada por las veedurías y las organizaciones de la sociedad civil y no por el mismo gobierno, que debería limitares a entregarle recursos y herramientas para que se labor sea eficaz.
Otra forma de reforzar el combate a la corrupción es que las veedurías trabajen de la mano de los fiscales y los controlen al mismo tiempo.
Los gobernantes territoriales deberían asegurarse de que el personal administrativo de base sea de carrera, que se le examine anualmente, en lugar de cambiar la mayoría de la nómina cuando hay cambio de alcalde o gobernador. Esto eliminaría además la continua y perversa injerencia de los políticos en las plantas administrativas.
Es preciso también que no solo las investigaciones administrativas se adelanten ante cualquier indicio de práctica corrupta, sino que se abran automáticamente investigaciones penales, de manera que los castigos sean más duros que la suspensión e inhabilitación.
Pero más que nada, deben fortalecerse las instancias de control ciudadano, porque son los ciudadanos quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar este perverso esquema de gestión gubernamental permeada por la corrupción.
Estas son apenas algunas breves ideas, no tan difíciles de aplicar, que pueden contribuir a desterrar la corrupción y sanear los despachos públicos.
Propuestas ciudadanas para evitar la corrupción
Después de un proceso de discusión pública en 13 localidades de Bogotá, 500 ciudadanos reconocieron que los problemas éticos en las comunidades refuerzan, de alguna manera, el problema de la corrupción. Resultados se socializarán en la semana de la transparencia.
Por: Redacción Bogotá
/Archivo
La corrupción es vista como un problema “necesario” y “normal” en 13 de las 20 localidades de la ciudad. Este es uno de los resultados de las ‘Mesas Locales para la formulación participativa de los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción’, organizadas por la Veeduría Distrital y en la que participaron 500 ciudadanos. El estudio será presentado durante la semana de la transparencia, que lidera este organismo de control, y que tendrá lugar del 3 al 9 de diciembre.
La investigación tuvo origen después de que la ciudad atravesara uno de las capítulos de corrupción más grandes en la historia del país: el carrusel de la contratación durante la administración de Samuel Moreno: “¿Dónde estábamos los ciudadanos, los medios de comunicación, e incluso los organismos de control cuando se produjo el carrusel de la contratación en Bogotá? La corrupción no es un hecho que vincula exclusivamente al sector público sino en el que son corresponsables varios actores de los niveles público y privado”, argumenta Adriana Córdoba, veedora distrital.
Las 13 localidades en donde se ha “normalizado” la corrupción son Rafael Uribe Uribe, Suba, Chapinero, Puente Aranda, Los Mártires, Bosa, La Candelaria, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Teusaquillo, Santa Fe, Fontibón y Tunjuelito. De acuerdo con el estudio de la Veeduría: “La corrupción se asume no como un delito, sino como una “forma de subsistir” de los sectores que han sido excluidos. Se acude a ella para lograr la atención del Estado, como una forma de retribuirse por medios propios las carencias generadas por la exclusión histórica que han vivido”.
Las prácticas de corrupción no aparecen solamente en sectores públicos o institucionales: “Ha penetrado los principios éticos de las personas, las familias, las comunidades, instaurando un forma de ser y comportarse frente a otras personas y a lo público. Algunas personas reconocen que a veces se es corrupto sin saber, creyendo que se está actuando bien”, dice la Veeduría.
Un factor común en las mesas locales es que los ciudadanos ven la corrupción como un problema que está en manos del Estado, “cuya respuesta ante este fenómeno al aplicar la justicia y legislar se da a favor de los corruptos y de los intereses particulares, por encima del bien común. Existe poca consciencia sobre cómo la ciudadanía es parte del problema. La corrupción se percibe con fuerza en el mundo de la institucionalidad pública, pero no en el mundo de los ‘ciudadanos de a pie’”.
Un factor común en las mesas locales es que los ciudadanos ven la corrupción como un problema que está en manos del Estado, “cuya respuesta ante este fenómeno al aplicar la justicia y legislar se da a favor de los corruptos y de los intereses particulares, por encima del bien común. Existe poca consciencia sobre cómo la ciudadanía es parte del problema. La corrupción se percibe con fuerza en el mundo de la institucionalidad pública, pero no en el mundo de los ‘ciudadanos de a pie’”.
Existe, además, inconformidad desde la ciudadanía con los órganos de control: “La Personería, la Contraloría, la Veeduría, nunca están, los controles no funcionan porque quienes tienen el mando no funcionan”, dice una de las personas que asistió a las mesas locales. Agrega otro participante que “a veces nos quedamos sin dientes para saber en qué va la sanción. Nuestros entes de control están coaptados políticamente, en ellos hay unos intereses políticos que no dan garantía de lo público”.
Hubo en ejercicio en las mesas locales en donde los ciudadanos entendieron que la corrupción es algo más cotidiano de lo que parece. El problema se manifiesta, según la Veeduría, en los siguientes casos: faltas en la convivencia (como el comportamiento de “el vivo vive del bobo” o el irrespeto permanente al otro); indiferencia frente a lo público (“se indigna ante la corrupción, pero cuando tiene la posibilidad de participar de algún beneficio de forma irregular, lo hace”); tráfico de influencias para el beneficio particular; evasión de impuestos, contrabando, especulación con los precios; detrimento del erario público (estafa, falsedad documental, fraude, soborno) y falta de transparencia electoral (manipulación de electores mediante compra de votos a cambio de beneficios con bienes o servicios”.
Las propuestas de la ciudadanía para cambiar el panorama actual van desde un cambio personal y familiar (“cambios orientados a recuperar valores y principios éticos”) hasta promover reformas normativas para establecer sanciones más severas contra los corruptos (como no aplicar casa por cárcel ni permitir reducción de penas por buen comportamiento). Un factor central, señala el estudio, es que los ciudadanos consideran necesario elecciones populares para elegir a los alcaldes locales. Es necesario, además, “ejercer control social, a través de veedurías proyectos o convenios. Acceder a la información pública, exigir control político e involucrar a la ciudadanía en las decisiones administrativas”.
Uno de los jóvenes que asistió a las mesas locales concluyó: “Las personas no tienen criterios para entender lo que pasa a su alrededor, en las mesas de participación por ejemplo. Se debe cambiar la cultura así la institución no ayude. ¿Cómo hacer para que las personas entiendan que esto puede cambiar? Nosotros los jóvenes participamos y tenemos un vacío ahora que salimos de los colegios. ¿Para dónde vamos? Deben educarnos para participar”.
Cronograma de la semana de la transparencia
El jueves 5 de diciembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., se realizará el acto de “Reconocimiento al Control Social 2013” en el Planetario Distrital. Allí, la Veeduría Distrital, Avina, Transparencia por Colombia y Fundación Corona destacarán a los ciudadanos y organizaciones sociales que realizaron ejercicios de control social y tuvieron resultados exitosos de seguimiento a la gestión pública distrital.
De 1:30 p.m. a 4:00 p.m. se entregarán los resultados y propuestas de las mesas que se realizaron en 13 localidades entre septiembre y noviembre de este año con la participación de cerca de 500 ciudadanos. El 9 de diciembre se realizará el Foro Empresarios por la Transparencia en la Cámara de Comercio. El 9 de diciembre, de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. se realizará el Foro “Transparencia y Lucha contra la corrupción: un desafío en el Postconflicto” en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos; el Alcalde Gustavo Petro; el coordinador Residente de Naciones Unidas, Frabrizio Hochschild, y la Veedora Distrital, Adriana Córdoba.
Son numerosos los casos de corrupción que han aflorado en diversas comunidades autónomas españolas en los últimos años (ver resumen aquí). Han causado una abrumadora percepción de corrupción en todo el país. En ellos están involucrados políticos de diversos partidos, pero también empresarios y profesionales. La Vanguardia del 20 de enero publicaba una encuesta online – sin valor científico pero significativa – en la que el 91% afirmaba que la corrupción es ahora el principal problema de España. La corrupción y el fraude también ha aumentado en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su valoración como problema nacional. Su percepción ha pasado de 9,5 puntos en noviembre a 17, 2 en diciembre de 2012. Los políticos y los partidos políticos como problema sigue siendo alto (sólo superan a estos dos problemas, la preocupación por el paro y la situación económica).
Es evidente que la corrupción hace mucho daño: crea desconfianza, incentiva nuevas conductas abusivas, detrae dinero de finalidades sociales, desanima el esfuerzo y rompe el principio de legalidad. Es, pues, necesario luchar con energía contra la corrupción. Pero, ¿cómo? Pienso que en varios frentes, incidiendo en las causas de la corrupción, tomando medidas disuasorias a actuaciones corruptas y persiguiendo enérgicamente la corrupción. Se puede actuar:
- Asumiendo y fomentando la sensibilidad hacia la defraudación y la corrupción, tomado conciencia de los daños que ocasionan y de la importancia de eliminar estas prácticas. Los partidos políticos suelen utilizar la corrupción como arma arrojadiza contra sus adversarios, pero la reacción pública contra la corrupción es todavía demasiado débil Fomentar la sensibilidad social pasa por afinar el sentido de responsabilidad por el dinero público, tanto en su recaudación como en su distribución. Responsabilidad que se extiende al deber moral de pagar impuestos y a la preocupación por el buen uso de los caudales recaudados.
- Promoviendo transparencia en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos y las instituciones públicas. Cuando las cuentas son claras y comprensibles y se dan a conocer, el riesgo que hacer trapas o actuar con favoritismo disminuye, si más no, por el riesgo de que se descubra.
- Implementando medidas disuasorias de comportamientos corruptos. Junto a la transparencia, pueden contribuir a disuadir actuaciones corruptas leyes exigentes, códigos de conducta bien elaborados y que se hagan cumplir, y adecuados medios de vigilancia y control, incluyendo grabaciones conocidas por todos.
- Consiguinendo una mayor eficiencia en la administración de justicia y en la actuación de otros poderes públicos. No basta con tener leyes, sino que deben hacerse cumplir. La lucha contra la corrupción exige inspecciones bien programadas y una actuación decidida de inspecciones o de la fiscalía y aun creando potenciado fiscalías específicas, como ya se ha hecho en diversos lugares. La justicia, además de responder a su nombre, que es lo primero, tiene que se rápida y eficiente. No es de recibo que un proceso judicial por corrupción tarde 14 años en ser resuelto, como ocurrió en la “Caso Pallerols”.
- Eliminando estructuras o políticas que incentiven la corrupción. Es lo que ocurre con una mala regulación de la financiación de los partidos políticos, la cual puede incentivar alternativas irregulares de financiación. También con subvenciones poco claras o faltas de un control efectivo, que favorecen los sobornos.
- Aumentando el control social sobre las instituciones. Pueden hacerlo instituciones de con observatorios específicos, los medios de comunicación, o bien organismos específicos. Este control exige evitar conflicto de intereses, y en concreto que el controlador tenga intereses sobre quien lo controla.
- Educando en la honradez. Lo más importante a largo plazo Según una encuesta reciente, el 42% de los jóvenes de 16 a 24 años justifica la evasión de impuestos y el fraude, si bien están en desacuerdo con los recortes sociales. La pregunta es, ¿se educa suficientemente en la honradez? ¿Qué medidas tomas las escuelas ante las copias en los exámenes y los plagios en los trabajos? ¿Cómo se presenta y ejemplifica el valor de la honradez?
Siete ideas para pensar, y seguro que hay más. Con todo, pienso que lo más importante, en último término, son las personas y sus motivaciones para actuar bien. ¿Qué puede motivar tal comportamiento?
